A propósito del escándalo que tiene contra las cuerdas a la ministra de las TICS, Karen Abudinem, relacionado con la conectividad de cientos de instituciones educativas públicas en el país, vale recordar que no es la primera contratación en este sector, que se da en condiciones fraudulentas.
Este es un campo en donde los corruptos, ya sea en cargos públicos o delincuentes disfrazados de contratistas, se han movido muy bien y se han robado miles de millones a la vista de todas las autoridades y entes de control.
En septiembre del 2019, la Procuraduría General de la Nación, suspendió preventivamente al gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, por presuntas irregularidades en la contratación de un programa de bilingüismo para el departamento y que tenía un alto componente de conectividad.
El caso fue calcado del de La Guajira que también sacó de su cargo a su homólogo, Wilbert Hernández.
En Nariño
Pero también en el 2019 la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos al gobernador ad hoc de Nariño, Edgar Roberto Mora Gómez, y al gerente de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones de Ipiales, Unimos S.A. E.S.P. Jaime Andrés Oliva Ortega, por las presuntas irregularidades en la firma de un contrato ejecutado en el 2016 para brindar conectividad de internet a 219 colegios públicos del departamento, por más de $3.300 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación disciplinaria, el contratista seleccionado aparentemente no contaba con la capacidad técnica y financiera para prestar el servicio, lo que habría ocasionado que subcontratara la ejecución de las actividades a realizar, e incumpliera con la entrega de las obligaciones contraídas.
Para el Ministerio Público, Mora Gómez habría vulnerado los principios de moralidad y de responsabilidad que rigen la contratación pública, al suscribir en agosto de 2016 el contrato en su calidad de Gobernador ad hoc sin que el contratista acreditara el requisito de experiencia específica ni demostrara que contaba con la capacidad técnica necesaria para ejecutar el objeto contractual.
El ente de control, como en la mayoría de sus investigaciones, no vinculó al comité evaluador ni a la firma interventora, quienes también deben responder por el fraude cometido.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la conducta cometida por Mora Gómez como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima, mientras que Oliva Ortega habría cometido una falta gravísima a título de culpa grave.
Este último caso involucra al entonces gobernador de Nariño, Camilo Romero Galeano, quien no obstante haberse declarado impedido para actuar a nombre del departamento en asuntos del municipio de Ipiales, en donde su papá era el alcalde 2016 -2019, firmó el mencionado contrato de conectividad.
El contrato GN1871 se firmó entre la gobernación y la telefónica de Ipiales (Unimos) por valor de $3.307 millones de pesos a sabiendas que esa empresa no tenía la infraestructura necesaria, estaba quebrada y, lo más grave, es que según la Contraloría no se cumplió ni siquiera el 25 por ciento del mismo.
Fuentes conocedoras del tema además señalaron que entre el gobernador ad-hoc Roberto Mora, y el alcalde de Ipiales Ricardo Romero Sánchez, nombraron a Jaime Oliva Ortega (su amigo) en la gerencia de Unimos.
En efecto Unimos subcontrató a seis empresas para adelantar este contrato, a Doo Comunicaciones por la suma de $696 millones de pesos; a Isp-Pcx por $483,4 millones de pesos; Newcom International Speed Cast por $193 millones de pesos y Media Commerce por $113,7 millones de pesos.
Según el balance entregado por la actual administración de Unimos, los ingresos netos por el mencionado contrato fueron de $1.938.245.261 y le acarreó costos por $1.853.993.481, es decir que cualquier ganancia que pueda haber dejado este contrato para la empresa de telecomunicaciones de Ipiales, terminó en los bolsillos de los contratistas.
En cuanto a las tan cacareadas investigaciones de los organismos de control, se sabe que la Contraloría General de la República abrió una investigación al contrato interadministrativo 1871 de 2016 Conexión Total en el 2018, pero las indagaciones no han avanzado.
Así mismo reposan en la oficina jurídica de Unimos documentos que dan cuenta de una investigación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Provincial de Ipiales relacionada con las inconsistencias encontradas en el contrato 038 de 2016 entre Unimos y Pcx SAS por las diferencias entre el valor contratado y el facturado sin los respectivos soportes, así como inconsistencia en los documentos de las demás firmas subcontratadas presuntamente para dar cumplimiento al contrato entre la Gobernación y Unimos.
Adicional a esto, cabe decir que Jaime Andrés Oliva fue hasta el 2015 uno de los accionistas de la empresa Doo Comunicaciones la mayor beneficiada en la subcontratación con más de $800 millones de pesos.
Los otros subcontratados según los corrillos de pasillos, fueron amigos del alcalde de Ipiales y según parece, ese despilfarro de dinero se hizo en aras de buscar adeptos políticos para favorecer la campaña de José Aulo Polo al senado de la república.
Denuncias ciudadanas dan cuenta además de que se pasaron por alto la contratación de una interventoría. No hay certificación de cumplimiento de obra y según la Contraloría, un solo municipio dice haber contado con una adecuada conexión a internet.
En resumen, el cuestionado contrato del Ministerio de las Tics, que le ha costado al país, un faltante de unos $70 mil millones de pesos, por lo menos de lo que se conoce, no es más que el ejemplo a una escala mayor de lo que ya venía sucediendo a nivel regional.
En Norte de Santander
En el caso de Norte de Santander, se trató de un contrato firmado directamente por $11 mil millones entre la Gobernación de Norte de Santander y Niutelco SAS, empresa que fue creada en el primer mandato de Villamizar a través del Instituto Financiero de Norte de Santander, Ifinorte, con un super poderoso socio que creció en buena parte con millonarios contratos que recibió a dedo o procesos de único oferente en varias regiones del país.
Al igual que el caso que hoy tiene en el ojo del huracán a la ministra de las TICS, fueron contratos de conectividad, que, por sus características, resulta difícil para veedurías ciudadanas hacer seguimiento por el alto componente técnico.
Para la Procuraduría no estuvo claro cómo se tasó el presupuesto ni cómo se iba a invertir, y que en todo el proceso de contratación no se evidenció por qué Niutelco era la ideal para ejecutarlo.
También en este caso, la experiencia que entregó Niutelco para soportar su idoneidad para el programa de bilingüismo en Norte, que se firmó tres meses antes que el de La Guajira, y lo que presentó fue una relación de cuatro contratos que aunque tienen un componente educativo no están directamente relacionados con ese objeto.
Todos fueron ejecutados por Funtics, empresa que es de Juan Carlos Cáceres, megacontratista (https://corrupcionaldia.com/mega-contratistas-en-colombia/) que fue el socio estratégico de Ifinorte en la creación de Niutelco, y el que le traspasó su experiencia.
Y lo que genera más indignación es que a sabiendas de lo que ya había ocurrido a nivel regional, los organismos de control, como están acostumbrados, se hicieron la vista gorda y pese a las alertas que desde los medios de comunicación se lanzaron desde antes de la contratación, solo meses después se pusieron en la tarea de investigar lo ocurrido.
