La corrupción en Colombia no es un fenómeno aislado, sino un complejo ecosistema perverso que se infiltra profundamente en todas las instancias del Estado. Sus raíces, como venas interminables, se extienden y conectan, alimentando cada rincón de la administración pública y perpetuando un mal social que corroe los cimientos de la democracia.
Este entramado corrupto no solo afecta las grandes instituciones, sino que también penetra en los niveles más bajos de la administración, asegurando que la impunidad y el abuso de poder se mantengan a lo largo y ancho del país. Para desmantelar este sistema, es crucial entender que no basta con atacar casos individuales; es necesario abordar la corrupción como un problema estructural que requiere reformas profundas y un compromiso real de todas las fuerzas políticas y sociales.
El espectro de la corrupción en Colombia se despliega nuevamente en su forma más insidiosa, esta vez entrelazando dos escándalos de gran envergadura: las irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y la investigación por corrupción contra el exsenador Ciro Ramírez. Las similitudes en los nombres de los involucrados, las empresas y las prácticas fraudulentas revelan un entramado oscuro que cuestiona la integridad de las instituciones públicas.
La Caída de Ciro Ramírez: Un Primer Capítulo de Corrupción
El 15 de diciembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia capturó al exsenador Ciro Ramírez bajo acusaciones de corrupción en la contratación pública. Según las investigaciones, Ramírez orquestó un esquema para manipular contratos en el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), utilizando a la empresa Proyecta como fachada para recibir sobornos por $1.000 millones y asegurar su proyecto político. Entre noviembre de 2021 y 2023, al menos 13 contratos fueron adjudicados de manera fraudulenta bajo este esquema.
Ungrd: Emergencia Invernal y Corrupción Descarada
Menos de un año después, en noviembre de 2022, Colombia fue testigo de otro escándalo de corrupción, esta vez en la Ungrd, tras la declaración de desastre nacional debido a la ola invernal. Bajo la dirección de Olmedo López, la entidad se vio inmersa en una serie de contratos exprés financiados por la Fiduprevisora, que en lugar de destinarse a la atención de emergencias, terminaron siendo el botín de un esquema corrupto. Tanto López como su subdirector, Sneyder Pinilla, confesaron haber saqueado la entidad en beneficio de congresistas, altos funcionarios del Gobierno y la guerrilla del ELN.
Vínculos Siniestros: Los Mismos Nombres, Las Mismas Prácticas
Las investigaciones de El Espectador revelaron conexiones alarmantes entre los contratos de la Ungrd y los actos corruptos liderados por Ciro Ramírez. Empresas como Inversiones y Proyectos Altamira S.A.S. y Proyectos de Ingeniería Civil La Fe S.A.S., beneficiadas con contratos millonarios para obras en Chinácota y Ciénaga de Oro, tienen lazos directos con los actores claves del caso Ramírez: Raúl Cardozo Ordóñez, Hernán Julio Barrios Castillo y Luis Adrián Mejía Álvarez.
Tres nombres se repiten en ambos escándalos: Raúl Cardozo Ordóñez, Hernán Julio Barrios Castillo, y Luis Adrián Mejía Álvarez. Estas figuras clave no solo están ligadas a empresas beneficiarias de contratos, sino que también tienen vínculos personales y familiares, lo que refuerza la sospecha de colusión en la adjudicación de los contratos.
Un esquema de colusión: Fingiendo competencia para robar al Estado
En un patrón que se repite, las invitaciones a presentar propuestas para los contratos en cuestión fueron enviadas a empresas que, aunque diferentes en apariencia, estaban conectadas entre sí por lazos de propiedad, asociaciones previas o incluso relaciones familiares. La Corte Suprema ha señalado que estas prácticas no eran más que una fachada para legitimar una operación fraudulenta en la que el beneficiario final ya estaba decidido de antemano.
Las prácticas utilizadas en ambos casos reflejan un patrón de colusión. Las empresas participantes en los procesos de contratación eran, en realidad, cómplices que simulaban competir para asegurar que los contratos fueran adjudicados a una entidad previamente acordada. Esta puesta en escena permitió desviar miles de millones de pesos que debían ser destinados a obras públicas críticas, mientras las empresas favorecidas obtenían ganancias ilícitas.
Óscar Hernández, director para América Latina de Open Contracting Partnership, alerta sobre la gravedad de estos hechos: «Es inadmisible que, bajo la excusa de una emergencia, se permita una contratación tan opaca y claramente diseñada para beneficiar a unos pocos. La colusión no es solo inmoral, es ilegal y debe ser castigada con todo el peso de la ley«.
La Falta de Transparencia: Un Obstáculo Persistente
La opacidad en estos procesos de contratación es alarmante. La mayoría de los contratos revisados no están disponibles en el Sistema de Datos Abiertos (Secop), lo que contraviene los principios de transparencia y publicidad establecidos por la ley. Expertos en contratación pública, como Óscar Hernández de Open Contracting Partnership, advierten que estas irregularidades no solo erosionan la confianza pública, sino que facilitan la colusión y el mal uso de los recursos públicos.
Conclusión: Un Sistema Corrupto Que Requiere Reformas Urgentes
El nexo entre los escándalos de la Ungrd y Ciro Ramírez es un reflejo claro de cómo la corrupción se arraiga en las instituciones públicas, socavando la democracia y el bienestar de la sociedad. La repetición de los mismos nombres y prácticas corruptas subraya la necesidad de una intervención decidida para desmantelar estos entramados y garantizar que los recursos del Estado se utilicen para el bien común, y no para engrosar los bolsillos de unos pocos.
La lucha contra la corrupción en Colombia debe ir más allá de capturar a los actores individuales; requiere una reestructuración profunda del sistema, donde la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad sean los pilares fundamentales de la gestión pública. Solo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y garantizar un futuro más justo para todos los colombianos.
La Fiscalía ha iniciado 154 líneas de investigación relacionadas con el escándalo de la Ungrd, pero queda por ver si los responsables serán llevados ante la justicia y si se implementarán reformas para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro. La sociedad colombiana exige respuestas y, sobre todo, acciones concretas para erradicar la corrupción que tanto daño ha causado al país.
