El World Justice Project (WJP) Rule of Law Index® 2021 es el último informe de una serie anual que mide el estado de derecho en función de las experiencias y percepciones del público en general y de los profesionales y expertos jurídicos de todo el mundo.
Estos resultados son de gran importancia porque como cualquier índice serio y científico muestra una fotografía bastante nítida, clara, de nuestro país en cuanto a su desarrollo como Estado de Derecho y al manejo corrupto de sus recursos públicos.
Por mucho que nuestros políticos enfaticen que Colombia es un Estado de Derecho, este índice muestra que estamos bastante lejos de lograrlo.
El WJP Rule of Law Index 2021 (Índice Mundial del Estado de Derecho) presenta un retrato del estado de derecho en 139 países y jurisdicciones al proporcionar puntajes y clasificaciones basadas en ocho factores: Restricciones a los poderes del gobierno, Ausencia de corrupción, Gobierno abierto, Derechos fundamentales, Orden y seguridad, Cumplimiento regulatorio, Justicia Civil y Justicia Penal.
El Proyecto de Justicia Mundial define el estado de derecho como un sistema duradero de leyes, instituciones, normas y compromiso comunitario basados en cuatro principios universales:
Los cuatro principios universales se desarrollan aún más en los siguientes ocho factores del Índice Anual de Estado de Derecho de WJP:
- Restricciones a los poderes del gobierno
- Ausencia de corrupción
- Derechos fundamentales
- Gobierno abierto
- Orden y seguridad
- Aplicación de la normativa
- Justicia civil
- Justicia penal
Marco conceptual del índice de estado de derecho de WJP
El marco conceptual del Índice de Estado de Derecho de WJP se compone de ocho factores desagregados en 44 subfactores. A continuación presentamos los factores 1 y 2, que son los motivos de este artículo, y sus subfactores, para que el lector comprenda bien la exactitud y realidad de estos índices.
La gráfica muestra cómo Colombia ni siquiera alcanza el punto medio (0.50), con un escore de 0.49, ocupamos el puesto 86 entre 139 países, lo que indica que estamos todavía lejos de jactarnos a boca llena que somos un Estado de Derecho.
Tal vez así esté escrito en nuestra Constitución, pero en lo fáctico el panorama muestra otra cosa.
En cuanto a corrupción, el índice de World Justice Project (WJP) Rule of Law Index® 2021, muestra la realidad del país: tomado completamente por la corrupción. Esta es nuestra realidad, somos de los países más corruptos del planeta.
Qué mide cada subfactor
2.1 Los funcionarios gubernamentales del poder ejecutivo no utilizan los cargos públicos para obtener beneficios privados
Mide la prevalencia del soborno, los pagos informales y otros incentivos en la prestación de servicios públicos y la aplicación de las regulaciones. También mide si las adquisiciones gubernamentales y los contratos de obras públicas se adjudican a través de un proceso de licitación abierto y competitivo, y si los funcionarios del gobierno en varios niveles del poder ejecutivo se abstienen de malversar fondos públicos.
2.2 Los funcionarios gubernamentales del poder judicial no utilizan los cargos públicos para obtener beneficios privados
Mide si los jueces y funcionarios judiciales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para desempeñar funciones o agilizar procesos, y si el poder judicial y los fallos judiciales están libres de influencia indebida por parte del gobierno, intereses privados u organizaciones criminales.
2.3 Los funcionarios gubernamentales de la policía y el ejército no utilizan los cargos públicos para obtener beneficios privados
Mide si los agentes de policía y los investigadores penales se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para realizar
servicios policiales básicos o para investigar delitos, y si los funcionarios gubernamentales de la policía y el ejército están libres de la influencia indebida de intereses privados u organizaciones delictivas.
2.4 Los funcionarios del gobierno en el poder legislativo no utilizan los cargos públicos para beneficio privado
Mide si los miembros de la legislatura se abstienen de solicitar o aceptar sobornos u otros incentivos a cambio de favores políticos o votos favorables a la legislación.