Cereté: la alcaldía que cuadra las cuentas pero no cierra el grifo

Said Bitar heredó una hacienda ordenada y una crisis de agua de décadas. Dos años después, las finanzas siguen en verde. El agua, no.

Nos encontramos en el municipio de Cereté. Vamos a auscultar la gestión municipal, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Said David Bitar Castilla. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Cruzamos dieciséis reportes oficiales del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el Plan de Desarrollo Municipal «Cambiando el Rumbo 2024-2027», dos años de cobertura de prensa regional, un hallazgo documentado de la Contraloría General de la República por más de 11.550 millones de pesos, y el Índice de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. El resultado es una fotografía incómoda: un municipio que administra su plata con más disciplina que la mayoría de sus vecinos en Córdoba, y que aun así no ha logrado que miles de sus habitantes tengan agua todos los días.

El mecanismo expuesto: cuando la hacienda sana no alcanza

Said David Bitar Castilla llegó a la alcaldía de Cereté el 1 de enero de 2024 con 23.264 votos (42,28%), bajo el movimiento «Cambiemos el Rumbo», tras vencer a Edgardo Alonso Peñaloza Carvajal y al político tradicional Francisco Padilla. Se posesionó, simbólicamente, no en el centro del municipio sino en el corregimiento de Rabolargo. Diputado de la Asamblea de Córdoba en 2019 con la votación más alta del departamento, y presidente de esa corporación en 2022, Bitar llegó al Palacio Municipal como outsider frente a las estructuras políticas tradicionales de la región. Ninguna de nuestras fuentes documenta vínculo alguno entre Bitar y el llamado Clan Chagüi, la familia que, según nuestra propia investigación «El Clan Chagüi de Cereté: Radiografía de un poder corrupto en Córdoba», controló la alcaldía y media docena de negocios estatales en el municipio durante décadas, con un exalcalde condenado por homicidio culposo y otro destituido por violar el régimen de inhabilidades. Esa ausencia de vínculo documentado es, en sí misma, un dato que corrupcionaldia.com registra con la misma rigurosidad con la que registraría lo contrario.

Los números duros, sin embargo, no mienten y no perdonan intenciones. Según el reporte CUIPO del CHIP, Cereté recaudó $168.741.078.668 en 2024 y $188.053.283.237 en 2025, un incremento del 11,44%. De ese total, apenas el 11,94% en 2024 y el 12,64% en 2025 provino de impuestos propios: predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina. El resto, más del 87%, llegó de Bogotá: Sistema General de Participaciones, recursos del régimen subsidiado de salud (ADRES) y, en un año particularmente generoso, del Sistema General de Regalías. Solo en transferencias corrientes, el municipio recibió $129.651.796.143 en 2024, de los cuales $61.954.831.813 correspondieron al SGP y $64.292.938.530 a recursos ADRES para el aseguramiento en salud.

¿Y las regalías? Ahí está uno de los hallazgos más reveladores del cruce documental. En 2024, Cereté ingresó $103.068.510.099 por el Sistema General de Regalías, una cifra extraordinaria para un municipio de su tamaño, impulsada principalmente por $68.960.540.924 bajo la línea «Asignación para la Inversión Regional, Departamentos», casi con certeza asociada al Acueducto Regional Cereté-San Carlos, un proyecto de $11.954 millones aprobado por OCAD en 2020 y reactivado en septiembre de 2024 tras una suspensión. En 2025, ese ingreso por regalías se desplomó a $22.905.395.685, una caída del 77,77%, típica de los ciclos bianuales del SGR pero que exige, aun así, vigilancia ciudadana sobre en qué se invirtió cada peso del año extraordinario. Y aquí un segundo dato que no es menor: mientras en 2024 el municipio pagó efectivamente el 92,28% de lo que comprometió en regalías, en 2025 esa ejecución de pagos cayó a 66,61%, es decir, un tercio de lo comprometido en regalías durante el segundo año de gobierno de Bitar quedó obligado en el papel, pero sin plata efectivamente girada a los contratistas o beneficiarios a cierre de vigencia. Eso, en el idioma de la hacienda pública, se llama atraso en la ejecución real, y en el idioma de la gente que espera una obra, se llama promesa aplazada.

Resumen financiero

Hallazgos clave: (1) opacidad de trazabilidad en el reporte de deuda 2025 (solo se detalla individualmente el nuevo crédito BBVA de $5.000 millones; los 6 créditos activos de 2024 no se re-detallan); (2) caída de 25,67 puntos en ejecución de pagos de regalías en 2025; (3) salto de +600,8% en vigencias futuras que compromete al próximo alcalde (2026-2027).

Los actores y sus roles: lo que sí funciona

Sería deshonesto, y contrario a la metodología forense que aplicamos en cada municipio, presentar solo el lado oscuro. La disciplina fiscal de Cereté durante los dos primeros años de Bitar es, con datos en mano, sobresaliente para el estándar colombiano.

El gasto de funcionamiento, la burocracia, la planilla administrativa, representó apenas el 6,97% del gasto total en 2024 y el 7,88% en 2025, muy por debajo del límite que la Ley 617 de 2000 exige a municipios de categorías similares. La inversión, en cambio, se llevó el 90,45% del presupuesto en 2024 y el 89,36% en 2025. La ejecución presupuestal, la proporción de lo comprometido que efectivamente se pagó, pasó de 92,22% a 96,71%, una mejora que cualquier contralor departamental calificaría de encomiable.

La deuda pública, por su parte, está lejos de ser un problema. El saldo de la deuda a cierre de 2025 ($20.687.594.053) representa apenas el 12,20% de los ingresos corrientes del municipio, y los intereses pagados equivalen a solo el 1,07% de esos mismos ingresos, ambos indicadores muy por debajo de los límites de solvencia y sostenibilidad que fija la Ley 358 de 1997. Cereté tiene, en otras palabras, un margen de endeudamiento enorme que no ha usado a fondo, salvo por un nuevo crédito con el BBVA Colombia S.A. firmado el 10 de diciembre de 2025 por $5.000 millones, destinado a pavimentación y a la modernización del pabellón de carnes de la plaza de mercado, con garantía sobre el 32,50% de rentas propias.

Ese mismo rigor se refleja en el reconocimiento institucional: según el Índice de Desempeño Institucional (IDI/FURAG) del Departamento Administrativo de la Función Pública, Cereté fue uno de apenas seis de los treinta municipios de Córdoba que superaron el promedio nacional en 2025, junto a Montería, Sahagún, Planeta Rica, Lorica y Ciénaga de Oro. En infraestructura vial y espacio público, el balance de obras 2025 documenta 20,55 kilómetros de vías urbanas y rurales rehabilitadas, 23 kilómetros adicionales tratados con concreto o asfalto, 27.153 metros cuadrados de parques y plazas renovados en nueve sectores, y 19,4 kilómetros de canales de drenaje limpiados.

Ahora bien: una cosa es administrar bien la caja, y otra muy distinta es que esa buena administración se traduzca en la solución de lo que de verdad le quita el sueño a un ceretano.

El impacto real: lo que la plata bien administrada no ha resuelto

Le preguntamos a la evidencia periodística, no a los comunicados de prensa, cuáles son los problemas que de verdad le importan a la gente de Cereté. La respuesta, cruzada con más de veinte notas de La Razón, El Heraldo, Chicanoticias y El Noticion entre 2024 y 2026, es contundente: el agua.

El 14 de mayo de 2025, más de 4.000 habitantes de la zona rural de El Retiro de los Indios tuvieron que abastecerse de agua en un cementerio. La causa: la rotura de una tubería de ocho pulgadas generó succión de agua sin tratar directamente del Caño Bugre, sin previo aviso a la comunidad. Adultos mayores, enfermos terminales y niños con discapacidad quedaron sin servicio durante semanas, mientras vecinos amenazaban con bloquear la vía Cereté-Montería. No fue un hecho aislado: en marzo de 2025 hubo bloqueo en la vía Cereté-Lorica por la misma causa; en septiembre de 2025, Aqualia, la empresa que opera la concesión del acueducto en la región desde hace más de cinco años, suspendió el servicio en cuatro municipios; en mayo de 2026, una nueva fuga por desplome de tierra en la Calle 3 del Estadio afectó a diecisiete barrios completos. El propio alcalde Bitar, agotado de confrontar públicamente al operador, declaró en mayo de 2026: «Aqualia lleva cinco años operando y seguimos en el mismo fracaso». Dio ultimátums. Viajó a Bogotá. Denunció ante la Superintendencia de Servicios Públicos. Nada de eso, hasta el corte de esta investigación, ha resuelto el problema estructural.

Y aquí es donde el cruce documental entrega su hallazgo más duro. La Contraloría General de la República, a partir de una denuncia radicada por el propio Concejo Municipal de Cereté (concejal Camilo Manuel Ballesteros Nova), investiga el Convenio Interadministrativo No. 1072 de 2021, por $11.706.275.548, para la «Construcción de Redes de Alcantarillado y Ampliación de Cobertura del Sector No. 4». Un contrato que debía ejecutarse en 14 meses terminó tomando 40, con cuatro prórrogas y tres reformulaciones. Se usaron diseños de 2012, nunca actualizados. El resultado, documentado en octubre de 2025, es que el 69,57% de los pozos de inspección están colmatados o rebosados, con daños a viviendas y cajas domiciliarias que incumplen las especificaciones técnicas. El sistema fue recibido «a entera satisfacción» pese a no funcionar. El Ministerio de Vivienda, cofinanciador del convenio, intentó lavarse las manos alegando que su rol se limitaba a «impartir directrices», respuesta que la propia Contraloría rechazó, recordándole que la obligación de supervisión era compartida.

Ese convenio es anterior a la llegada de Bitar al Palacio Municipal. Pero sigue vigente, sigue sin funcionar, y sigue siendo la explicación técnica de por qué miles de ceretanos beben agua sin garantía sanitaria mientras el municipio paga religiosamente el servicio de su deuda con la banca privada.

La salud no corre mejor suerte. El Hospital San Diego E.S.E., la principal institución pública de salud del municipio, permanece bajo intervención forzosa de la Supersalud desde 2020, con una deuda histórica de $10.154 millones a agencias temporales y contratistas. En septiembre de 2025 hubo una nueva crisis administrativa; en enero de 2026, el propio personal del hospital denunció irregularidades contractuales y salariales. El alcalde Bitar reconoció públicamente la crisis en octubre de 2025 y pidió apoyo al Gobierno nacional, un gesto correcto, pero que no sustituye la ausencia de una solución estructural en dos años de gobierno.

En gestión del riesgo, el balance es más matizado: hubo inversión municipal e intervención efectiva del Caño Bugre que, según reconoció la propia Gobernación de Córdoba, evitó que «media zona urbana» de Cereté se inundara en enero de 2026. Pero el mismo alcalde admitió, en julio de 2026, que la promesa de terminar integralmente esa obra, origen documentado de la crisis de agua de mayo de 2025, no se cumplió: «La promesa fue terminarlo y no lo terminaron», dijo, atribuyendo la responsabilidad al Gobierno Nacional y a la UNGRD por retirar maquinaria antes de concluir los trabajos.

El sistema que lo permite: la arquitectura de la dependencia

¿Por qué un municipio con semáforos financieros en verde no logra resolver lo que más le duele a su gente? La respuesta no está en un funcionario corrupto con maletín de billetes. Está en algo más estructural y, por eso mismo, más difícil de combatir con un solo titular: la arquitectura de dependencia que heredan casi todos los municipios colombianos de sexta categoría.

Cereté recibe el 87% de sus recursos ordinarios de Bogotá y, en años de bonanza, hasta el 62% de sus recursos totales (sumando regalías) del nivel central o departamental. Esa dependencia no es un pecado exclusivo de Bitar, es la fotografía fiscal de la inmensa mayoría de los municipios de Córdoba y del país, pero sí es un problema que su administración tuvo la oportunidad de atacar con más ambición. El recaudo tributario propio pasó de representar el 7,41% al 11,27% de los recursos totales del municipio entre 2024 y 2025: una mejora real, documentada, pero insuficiente para romper la lógica de que Cereté depende casi por completo de lo que otros deciden girarle, y de lo bien o mal que un operador privado como Aqualia decida invertir en infraestructura que no es suya, pero que administra desde hace más de un lustro sin rendir cuentas satisfactorias.

Ese es el sistema que permite que la crisis del agua se repita año tras año sin que nadie, ni el municipio, ni el departamento, ni el operador, ni el Gobierno Nacional, asuma la responsabilidad completa. Cada uno señala al otro. Mientras tanto, en El Retiro de los Indios, la gente sigue cargando baldes.

Las vigencias futuras: la apuesta que compromete al próximo alcalde

Un dato que merece vigilancia ciudadana explícita: las vigencias futuras autorizadas por el Concejo Municipal pasaron de $6.778.535.573 en el último trimestre de 2024 a $47.502.793.321 en el mismo período de 2025, un salto del 600,8%. Ese salto compromete recursos del período 2026-2027, buena parte de ellos en vías (Sistema General de Participaciones) y en programas sociales financiados con estampillas. No es necesariamente irregular: las vigencias futuras son una herramienta legal y común para financiar obras plurianuales. Pero un incremento de esa magnitud en el segundo año de gobierno, sin que el detalle sectorial completo del Plan de Desarrollo esté disponible al público en formato descargable en el sitio oficial de la Alcaldía, es exactamente el tipo de decisión que corrupcionaldia.com recomienda vigilar de cerca durante lo que resta del cuatrienio.

Los cinco indicadores de gestión frente a las prioridades ciudadanas

Calificación final: REGULAR, 5.10 sobre 10

Promediando los cinco indicadores con ponderación igualitaria, la gestión de Said Bitar en sus dos primeros años al frente de Cereté obtiene una calificación de 5.10 sobre 10, que según la escala editorial de corrupcionaldia.com (Tabla 9) se adjetiva como REGULAR, VIGILAR.

Es una calificación que no se presta para el titular fácil de «alcalde corrupto» ni para el elogio acrítico de «gestión ejemplar». Es, precisamente por eso, la que exige más matices: Cereté tiene una hacienda pública ordenada, una deuda manejable, una ejecución presupuestal alta y un reconocimiento institucional (FURAG) que la ubica entre los seis mejores municipios de Córdoba. Pero esa solidez fiscal convive con una crisis de agua potable que ya cumplió más de dos años sin solución estructural, con un hospital público bajo intervención desde hace media década, y con un hallazgo de la Contraloría por más de 11.500 millones de pesos en una obra de alcantarillado que no funciona pese a haber sido recibida «a satisfacción».

Análisis jurídico: ¿hay lugar al Prevaricato por Omisión?

El artículo 414 del Código Penal colombiano tipifica el Prevaricato por Omisión para el servidor público que omita, rehúse, retarde o deniegue un acto propio de sus funciones. corrupcionaldia.com reserva el desarrollo extenso de esta figura para gestiones calificadas en los rangos Pésimo o Mediocre, con evidencia de inacción deliberada y sistemática. No es el caso de Cereté bajo Bitar: la calificación de 5.10/10 (Regular) y la evidencia recopilada, confrontación pública y sostenida al operador Aqualia, denuncias formales ante Superservicios, gestión ante UNGRD y Gobernación, inversión municipal propia en el Caño Bugre, describen a un alcalde que ha ejercido, con resultados insuficientes pero visibles, las funciones de gestión y reclamo que le corresponden.

Sí existe, sin embargo, un punto que amerita vigilancia jurídica puntual y que trasciende a esta administración: el deber de supervisión e interventoría sobre el Convenio 1072 de 2021, vigente durante el mandato de Bitar, con hallazgo documentado de la Contraloría por $11.550.920.482 y un sistema de alcantarillado que, según visitas de verificación de octubre de 2025, seguía sin operar correctamente. La obligación de «exigir mutuamente la ejecución idónea y oportuna del objeto convenido», en palabras de la propia Contraloría al rechazar la defensa del Ministerio de Vivienda, recae también sobre la administración municipal actual en su rol de supervisora de un contrato heredado pero activo. No hay, con la evidencia disponible, elementos para afirmar que esa omisión sea deliberada o dolosa; sí hay materia suficiente para que los organismos de control verifiquen si la actual administración adelantó, en tiempo, los requerimientos, multas o procesos de caducidad contractual que la gravedad del hallazgo ameritaba.

Objetivos de Desarrollo Sostenible: la vitrina y la realidad

El Plan de Desarrollo «Cambiando el Rumbo 2024-2027» se presenta bajo la visión de un «territorio productivo, sostenible y en paz», con cuatro ejes que dialogan, al menos en el papel, con los ODS 1, 6, 8, 9, 10, 11, 16 y 17. La crisis crónica de agua potable es la contradicción más visible entre esa vitrina discursiva y la realidad documentada: el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) es, de los diecisiete objetivos, el que Cereté tiene más lejos de cumplir en 2025. No se encontró, en fuentes públicas, un informe municipal de seguimiento formal a indicadores ODS que permita medir con precisión el resto de la promesa.

Cierre: la pregunta que Cereté no puede seguir aplazando

Cereté no es Abejorral ni es El Piñón. No hay aquí un patrón evidente de saqueo, ni un alcalde que se embolsille contratos mientras el pueblo se cae a pedazos. Hay algo distinto, y en cierto modo más difícil de nombrar: una administración que aprendió a cuadrar las cuentas, pero que todavía no ha aprendido, o no ha podido, entre operadores privados que no responden y un Gobierno Nacional que retira la maquinaria a mitad de obra, a resolver lo único que de verdad mide si un gobierno local sirve para algo: que cuando un ceretano abra la llave, salga agua.

La pregunta no es si Said Bitar administra bien la plata. Los números del CHIP dicen que sí. La pregunta es si administrar bien la plata sirve de algo cuando la gente sigue haciendo fila con baldes en un cementerio.

corrupcionaldia.com seguirá vigilando el destino de los 47.502 millones de pesos en vigencias futuras comprometidas para 2026-2027, el desenlace del hallazgo de la Contraloría sobre el alcantarillado del Sector 4, y si el nuevo crédito con BBVA finalmente convierte la promesa del agua en un grifo que no se cierra.

Los 5 problemas prioritarios y calificación

1. Agua potable (crisis crónica, operador Aqualia) — 3.2/10 🟠. Convenio 1072/2021 de alcantarillado: hallazgo Contraloría de $11.550.920.482, 69,57% de pozos colmatados, sistema recibido «a satisfacción» sin funcionar. Crisis de mayo 2025: 4.000+ personas abastecidas en un cementerio.
2. Salud pública / Hospital San Diego — 4.0/10 🟠. Intervención Supersalud desde 2020, deuda $10.154 millones, denuncias de irregularidades en 2026.
3. Gestión del riesgo / Caño Bugre — 5.3/10 🟡. Intervención evitó inundación mayor en enero 2026, pero el propio alcalde admite promesa de terminación incumplida.
4. Seguridad ciudadana (Clan del Golfo) — 5.7/10 🟡. Evidencia limitada en fuentes abiertas; calificación cautelar.
5. Infraestructura vial y espacio público — 7.3/10 🟢. 43,55 km de vías intervenidas, 27.153 m² de parques renovados.

Análisis jurídico — Prevaricato por Omisión (Art. 414 C.P.)

Con calificación Regular (5.10/10), NO se aplica el desarrollo extenso de esta figura (reservado para Pésimo/Mediocre). Sí se documenta un párrafo de vigilancia jurídica puntual sobre el deber de supervisión del Convenio 1072/2021, vigente durante el mandato de Bitar pero heredado, sin imputar conducta delictiva al alcalde actual.

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