Análisis forense de la gestión municipal 2024-2025 (versión corregida y completada)

Por Hipólito Palencia, corrupcionaldia.com

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

Nota de corrección editorial

Esta es la segunda versión del análisis forense de la gestión del alcalde Dumek Turbay Paz, publicado originalmente el 12 de junio de 2026. La primera versión calificó la gestión con 5,50/10 usando cinco indicadores de peso igual. Esa calificación no aplicó la metodología de seis componentes ponderados de corrupcionaldia.com y omitió el componente de mayor peso: el Índice de Desempeño Institucional (FURAG) que mide el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta versión corrige ese vacío, incorpora datos oficiales publicados después del 12 de junio de 2026 (pobreza monetaria DANE 2025, cierre de homicidios 2025, entrega de los hospitales de Canapote y Nelson Mandela, crisis del agua de mayo a agosto de 2026) y rectifica cuatro errores de la versión anterior: el nombre del Plan de Desarrollo, el número de homicidios, el dato de pobreza atribuido a 2025 y la suma de la tabla de deuda pública. Cada corrección queda señalada en su sección.


Apertura

Nos encontramos en el municipio de Cartagena de Indias, Distrito Turístico, Histórico y Cultural, capital del departamento de Bolívar, puerto sobre el Caribe con cerca de un millón de habitantes, patrimonio de la humanidad y, al mismo tiempo, una de las siete ciudades con mayor pobreza monetaria entre las 23 principales del país. Vamos a auscultar la gestión municipal de Cartagena, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Dumek José Turbay Paz (coalición Unidos para Avanzar, con avales de Nuevo Liberalismo, En Marcha y Demócrata Colombiano y apoyo de sectores liberales y conservadores), posesionado el 1 de enero de 2024 tras imponerse con 159.524 votos (cerca del 42 %) en las elecciones territoriales del 29 de octubre de 2023. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: los formularios CUIPO y FUT del Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP), el FURAG de Función Pública, el Plan de Desarrollo y sus informes de seguimiento, y las mediciones independientes de Cartagena Cómo Vamos, Funcicar y el DANE.

Este no es un balance complaciente. Tampoco es un libelo. Es una disección con reglas escritas de antemano, aplicadas a un alcalde que llegó a La Aduana con la experiencia de haber gobernado Bolívar entre 2016 y 2019, con nueve procesos disciplinarios abiertos en la Procuraduría y nueve investigaciones en fiscalías delegadas ante la Corte Suprema según La Contratopedia Caribe, y con la promesa de terminar los elefantes blancos que Cartagena arrastra desde hace más de una década.

¿Gobernar es solo no robar, o es también cumplir? En Cartagena la pregunta tiene una forma concreta: 410 homicidios en 2025, uno menos que en 2024; barrios de la zona suroriental que en mayo de 2026 quemaron llantas porque llevaban días sin agua; un 53 % de cartageneros que se sienten inseguros; y, en la otra columna del balance, 59.000 personas que salieron de la pobreza en un solo año, tres hospitales entregados, y la mejor nota de desempeño institucional de todo Bolívar. El resultado de cruzar ambas columnas con la metodología de seis componentes es 6,90 sobre 10: gestión Regular, indicador VIGILAR, a una décima del umbral de Bueno. Ese resultado, y no otro, activa el examen jurídico del prevaricato por omisión que cierra este texto.

Cada cifra de este artículo tiene fuente oficial o de prensa verificable, citada al pie de cada tabla y en el anexo final. El lector puede replicar el cálculo.


El municipio y el plan «Cartagena Ciudad de Derechos»

Corrección: la versión anterior identificó el plan de desarrollo como «Cartagena Cambia» con cinco ejes (Seguridad Humana, Economía para el Bienestar, Territorio Sostenible, Buen Gobierno y Cartagena Global). El nombre oficial del plan es «Cartagena Ciudad de Derechos» 2024-2027, adoptado por el Concejo Distrital mediante el Acuerdo 139 del 29 de mayo de 2024, aprobado por unanimidad con 19 votos. Sus líneas estratégicas son cinco, más un capítulo étnico: Seguridad Humana; Vida Digna; Desarrollo Económico Equitativo; Ciudad Conectada y Sostenible; Innovación Pública y Participación Ciudadana; y el Capítulo Étnico. En la misma sesión el Concejo elevó el cupo de endeudamiento de $ 1 billón a $ 1,5 billones, decisión que explica buena parte de lo que sigue.

Cartagena es municipio de categoría Especial (Ley 617 de 2000), con un presupuesto de ingresos que superó los $ 4,6 billones en 2025. No es municipio PDET. Su punto de partida en 2024 combinaba una pobreza monetaria de 41,1 % (DANE, 2024), una tasa de homicidios de las más altas entre ciudades capitales, un contrato de acueducto con Aguas de Cartagena (Acuacar) vigente desde 1995 y hasta 2034, del cual el Distrito posee el 50 %, y una lista de obras inconclusas heredadas: los hospitales de Canapote y Nelson Mandela llevaban más de diez años sin terminar.

Dumek Turbay, abogado, nacido el 2 de septiembre de 1971, gobernador de Bolívar 2016-2019, pertenece a una de las casas políticas tradicionales del departamento y llegó a la Alcaldía con el respaldo de los clanes Montes, Blel y García, según documentó La Contratopedia Caribe. Ese dato no es un juicio: es el contexto que obliga a mirar con lupa la contratación.


Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Este artículo aplica la metodología de calificación de corrupcionaldia.com, una escala de 0 a 10 construida como promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. La escala no es absoluta: un 7,0 en Toluviejo no es equivalente a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. La metodología es pública, replicable y transparente. Cualquier lector con acceso a las fuentes oficiales citadas puede verificar cada cifra.

Tabla 1. Escala de calificación corrupcionaldia.com

RangoCalificaciónIndicadorInterpretación
0,0 a 2,9PÉSIMO🔴 CRÍTICOGestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión
3,0 a 4,9MEDIOCRE🟠 PREOCUPANTEGestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa
5,0 a 6,9Regular🟡 VIGILARGestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano
7,0 a 8,4Bueno🟢 BIENGestión que cumple el estándar; con margen de mejora en componentes específicos
8,5 a 10,0Excelente🟢 BIENGestión sobresaliente; referente regional o nacional

Fuente: corrupcionaldia.com, Metodología de calificación.

Tabla 2. Componentes y pesos

ComponentePesoDescripción
FURAG (IDI)25 %Índice de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública
Ejecución presupuestal CUIPO20 %Ejecución de ingresos y gastos del presupuesto municipal (CHIP)
Avance Plan de Desarrollo20 %Progreso en las metas y compromisos del Plan de Desarrollo 2024-2027
Transparencia SECOP15 %Transparencia en la contratación pública y modalidades utilizadas
Cumplimiento ODS10 %Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Percepción ciudadana10 %Percepción inferida de redes sociales, prensa local y participación ciudadana

Regla del prevaricato por omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9, se desarrolla el análisis jurídico del Artículo 414 del Código Penal. Si es igual o superior a 7,0, el análisis penal se omite por lógica metodológica.


Componente 1 (25 %): FURAG, la alcaldía mejor calificada de Bolívar y la décima del país

Este componente no existía en la versión anterior. Es el más objetivo de los seis, porque lo mide una entidad del orden nacional con un instrumento único para las 1.102 alcaldías del país.

El reporte «Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025» de Función Pública, con fecha del 17 de junio de 2026, asigna a la Alcaldía Distrital de Cartagena de Indias un Índice de Desempeño Institucional de 97,09 puntos sobre 100, en el grupo par «Alcaldía Grupo 1».

El contexto convierte el número en noticia. De 1.102 alcaldías, 1.099 reportaron IDI. El promedio nacional es 70,19 y la mediana 71,27. Solo 24 alcaldías superan los 95 puntos. Cartagena ocupa el puesto 10 del país, empatada con Hobo (Huila), por debajo de Funza (98,90), Sabaneta (98,74), Bogotá (98,63), Fredonia (98,09), La Gloria e Íquira (97,85), Envigado (97,63), Ubaté (97,37) y Valparaíso, Caquetá (97,15). Entre las 18 alcaldías del Grupo 1 (grandes ciudades), Cartagena es segunda, solo detrás de Bogotá; supera a Bucaramanga (95,17), Cali (94,96), Medellín (93,93), Barranquilla (86,01) y Cúcuta (85,03). El promedio del Grupo 1 es 85,67.

En Bolívar, donde el promedio de las 48 alcaldías con dato es 64,40, Cartagena es primera; la sigue Cantagallo (96,95), y en la cola aparecen El Peñón (26,09), Pinillos (30,86) y Cicuco (31,79). El departamento tiene tres alcaldías entre las diez peores del país y una entre las diez mejores.

Un IDI de 97,09 significa que la administración cumple, en el papel y en los sistemas, con los estándares del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: control interno, gestión documental, transparencia activa, talento humano, seguridad digital, rendición de cuentas. Lo que el FURAG no mide es si el agua llega a los barrios, si los pagos llegan a los contratistas o si los homicidios bajan. Por eso pesa el 25 % y no el 100 %.

Puntaje: 97,09 / 10 = 9,71.

Calificación componente 1: 9,71/10, Excelente

Componente 2 (20 %): CUIPO, ejecución presupuestal línea por línea

Las cifras de esta sección provienen de los formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS de CUIPO, extraídos del CHIP para las vigencias 2024 y 2025, tal como fueron reportados en la versión anterior de este análisis. Se verificó la aritmética de cada tabla.

Tabla 3. Ingresos distritales por fuente, 2024 y 2025 (millones de pesos)

Fuente2024%2025%Variación
Ingresos tributarios1.376.55232,9 %1.581.10034,0 %+14,8 %
De los cuales: Predial unificado399.0379,5 %451.2499,7 %+13,1 %
De los cuales: Industria y comercio904.76321,7 %1.036.77622,3 %+14,6 %
De los cuales: Otros tributarios72.7521,7 %93.0752,0 %+27,9 %
SGP (transferencias)1.171.22528,0 %1.402.94130,1 %+19,8 %
Recursos de capital717.06117,2 %688.48514,8 %-4,0 %
No tributarios y otros913.64821,9 %982.60421,1 %+7,5 %
Total ingresos4.178.486100 %4.655.130100 %+11,4 %

Fuente: CHIP, CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS, DIC A DIC 2024 y 2025. Las cuatro fuentes principales suman exactamente el total; los subrubros tributarios son desagregación del primer renglón.

La lectura forense de los ingresos es favorable. Cartagena depende de las transferencias del SGP en un 28,0 % (2024) y 30,1 % (2025), muy por debajo del 55 % a 75 % típico de municipios de categoría 3 y 4 y a años luz del 80 % a 95 % de los municipios de categoría 6. El esfuerzo propio, medido en ingresos tributarios, creció 14,8 % en un año, con el predial subiendo 13,1 % y el ICA 14,6 %. La versión anterior presentó como hallazgo negativo el aumento de la dependencia del SGP de 28,0 % a 30,1 %; con rigor, ese aumento se explica por el crecimiento del 19,8 % de las transferencias nacionales (educación +21,6 %, salud +17,2 %), no por una caída de los recursos propios, que crecieron. Se mantiene la observación, pero no como anomalía.

Tabla 4. Distribución del SGP por sector (millones de pesos)

Sector20242025Variación
Educación692.698842.650+21,6 %
Salud383.503449.344+17,2 %
Agua potable y saneamiento39.09946.348+18,5 %
Propósito general, libre inversión42.75749.291+15,3 %
Alimentación escolar (PAE)5.2906.227+17,7 %
Deporte4.5005.189+15,3 %
Cultura3.3753.891+15,3 %
Total SGP1.171.2251.402.941+19,8 %

Fuente: CHIP, CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS.

Tabla 5. Gastos: compromisos contra pagos, 2024 y 2025 (millones de pesos)

ConceptoCompromisos 2024Pagos 2024Pagos / compromisosCompromisos 2025Pagos 2025Pagos / compromisos
Funcionamiento506.385467.45792,3 %594.708564.59394,9 %
Inversión969.631631.12465,1 %2.115.933945.68344,7 %
Servicio de la deuda19.77012.23761,9 %23.29323.293100,0 %
Total1.495.7861.110.81874,3 %2.733.9341.533.56956,1 %

Fuente: CHIP, CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS, sección VIGENCIA ACTUAL / ENTIDADES TERRITORIALES – ADMINISTRACIÓN CENTRAL. Los totales de la versión anterior (1.495.787 y 2.733.935) diferían en un peso por redondeo; se corrigen a la suma exacta de las líneas.

Aquí está el hallazgo central, que la versión anterior identificó correctamente y esta versión conserva. La inversión comprometida pasó de $ 969.631 M en 2024 a $ 2.115.933 M en 2025: el Distrito más que duplicó su apuesta de inversión. Pero los pagos de inversión solo llegaron a $ 945.683 M. De cada $ 100 comprometidos en inversión en 2025, $ 44,7 se pagaron dentro de la vigencia. Los $ 1.170.250 M restantes pasaron a reservas presupuestales y cuentas por pagar que gravitan sobre 2026.

Hay dos lecturas posibles y el forense debe presentar ambas. La primera: obras grandes (Gran Malecón del Mar, intercambiador de La Carolina, hospitales, colegios) se contratan en un año y se pagan por actas de avance en los siguientes; un pago del 44,7 % en el año de contratación de un portafolio de obras plurianuales no es en sí mismo anómalo. La segunda: el Distrito tiene una planta de ejecución que no da abasto para la cantidad de proyectos comprometidos, y los contratistas esperan. La prueba de cuál lectura prevalece estará en los formularios de RESERVAS y CUENTAS POR PAGAR de 2025 y en la ejecución de 2026, que este análisis no pudo revisar (ver limitaciones).

Un dato que la versión anterior no advirtió: los ingresos recaudados en 2024 fueron $ 4,18 billones y los compromisos de gasto de la sección analizada, $ 1,50 billones. La diferencia indica que la sección VIGENCIA ACTUAL / ADMINISTRACIÓN CENTRAL del formulario D no captura la totalidad del gasto distrital (los establecimientos públicos, los fondos y las secciones con destinación específica tienen sus propios registros). Las tasas de pago reportadas aplican a la sección analizada, no al gasto consolidado del Distrito.

Cálculo del componente CUIPO (base 5,0):

CriterioDatoAjuste
Participación de la inversión en el gasto64,8 % (2024), 77,4 % (2025), promedio bienal 72,9 %+1,0
Pagos sobre compromisos74,3 % (2024), 56,1 % (2025)0
Deuda dentro de límites Ley 358 y 617 (saldo $ 154.698 M a diciembre de 2025 frente a ingresos de $ 4,66 billones)+0,5
Vigencias futuras con acto administrativo válidoSí (AA 152 y 154 de 2024; AA 191 de 2025)+0,5
Dependencia de transferencias30,1 %, inferior a 75 %0
Compromisos sin pago reiterados (inversión pagada 65,1 % y 44,7 % en dos vigencias consecutivas)-1,0
Ajuste editorial: esfuerzo tributario propio (34 % del ingreso, crecimiento 14,8 %)+0,5
Total6,50

Para un municipio de categoría Especial, cuyo benchmark de inversión está entre 40 % y 55 %, una inversión del 72,9 % del gasto es alta. La penalización viene de un solo lugar: el Distrito contrata más rápido de lo que paga.

Calificación componente 2: 6,50/10, Regular

Deuda pública, vigencias futuras y regalías: la hipoteca de $ 1,5 billones

Tabla 6. Portafolio de créditos reportado en FUT_DEUDA_PUBLICA 2025 (millones de pesos)

Entidad financieraSectorMonto aprobadoDesembolsado 2025Fecha de aprobación
BancolombiaTransporte279.74935.52330-nov-2024
FindeterVivienda330.000010-feb-2025
BBVA ColombiaAmbiente198.00029.54817-feb-2025
Banco de OccidenteTransporte103.23935.00007-may-2025
BancolombiaEducación170.251020-dic-2024
Banco de BogotáVivienda70.000025-nov-2025
AV VillasVivienda75.000015-sep-2025
Banco de OccidenteDeporte89.446007-mar-2025
Banco de BogotáEducación60.0002.38931-jul-2025
Bancolombia (heredado)Vivienda63.439004-oct-2019
BBVA ColombiaTransporte15.097031-ene-2025
Banco de Bogotá (heredado)Transporte20.734001-dic-2022
Suma de las doce líneas1.474.955102.460

Fuente: CHIP, FUT_DEUDA_PUBLICA, formularios CREDITOS y CREDITOS_POR_SECTOR, ENE A DIC 2025.

Corrección: la versión anterior reportó un total de $ 1.534.956 M. Las doce líneas publicadas suman $ 1.474.955 M. La diferencia de $ 60.001 M corresponde con toda probabilidad a una línea del formulario omitida en la transcripción; como no fue posible reconstruirla, esta versión trabaja con la suma verificable de las líneas listadas y advierte al lector. El cupo autorizado por el Concejo en el Acuerdo 139 de 2024 es de $ 1,5 billones, cifra coherente con cualquiera de los dos totales.

El dato forense relevante no cambia: de un portafolio aprobado cercano a $ 1,5 billones, en 2025 se desembolsaron $ 102.460 M, el 6,9 %. Diez de los doce créditos, incluyendo los $ 330.000 M de Findeter para vivienda y los $ 170.251 M de Bancolombia para educación, no registraron desembolso alguno. El saldo de la deuda al cierre de 2025 fue de $ 154.698 M. Esto tiene dos caras: el Distrito no está endeudado hoy (el servicio de la deuda es el 0,9 % del gasto), pero ha firmado la autorización para endeudarse en una magnitud que compromete a la administración siguiente, y los créditos aprobados sin desembolsar suelen indicar proyectos sin estudios completos o sin licencias, o bancos que esperan el cumplimiento de condiciones precedentes.

Tabla 7. Vigencias futuras autorizadas

Vigencia de autorizaciónObjetoActo administrativoMonto (millones)Distribución
2024EducaciónAA 154 del 30-sep-2024403.4852025: 129.708; 2026: 128.113; 2027: 145.663
2024Ordenamiento territorialAA 152 del 30-sep-202416.150
2025Inversión(según FUT)289.9272026: 135.763; 2027: 145.663
2025FuncionamientoAA 191 del 20-dic-202513.421
Total 2024419.635
Total 2025303.348

Fuente: CHIP, FUT_VIGENCIAS_FUTURAS, formulario AUTORIZACIONES, OCT A DIC 2024 y 2025.

Las vigencias futuras están respaldadas con actos administrativos y su objeto principal (educación, $ 403.485 M) corresponde a la prestación del servicio educativo y alimentación escolar, que por naturaleza es plurianual. Esto suma en el componente CUIPO. La coincidencia del monto de 2027 ($ 145.663 M) en las dos autorizaciones sugiere que la autorización de 2025 es una reprogramación de la de 2024 y no una adición; el FUT no permite confirmarlo.

Regalías. El formulario SGR de segundo nivel registró para 2024 ingresos por asignaciones directas cercanos a $ 43.730 M, compromisos de inversión por $ 32.329 M y pagos por $ 17.055 M: una ejecución de pagos del 52,7 %. En 2025 el Concejo aprobó el Acuerdo 006 de 2025 (julio), que amplió el capítulo de inversiones con regalías de 24 a 46 proyectos, gracias a los recursos adicionales de la Ley 2441 de 2024 y a rendimientos y reintegros. Entre los proyectos figuran el Distrito Creativo de Manga (contratado en agosto de 2026 por $ 90.000 M con el Consorcio Distrito CTC, según 724 Noticias), la modernización tecnológica de Transcaribe, un centro de bienestar animal, laboratorios para la Universidad Mayor de Cartagena, reconstrucción de colegios y 300 mejoramientos de vivienda. Ninguna fuente pública consultada desagrega el valor por proyecto; se registra como limitación.


Componente 3 (20 %): el Plan de Desarrollo y los cinco problemas que preocupan a los cartageneros

El informe de rendición de cuentas «Diálogos de Superciudad» del 19 de diciembre de 2025 reportó un avance del 38 % de las metas del cuatrienio y del 61 % de lo programado para 2025 (corte al 15 de septiembre). Por línea: Seguridad Humana 40,9 %; Vida Digna 42,2 %; Desarrollo Económico Equitativo 39,5 %; Ciudad Conectada y Sostenible 41,9 %; Innovación Pública y Participación 43,8 %; Capítulo Étnico 22,46 %. A la mitad del período, un avance del 38 % al 42 % está en línea con el calendario; el capítulo étnico, a la mitad de ritmo, es el rezago más visible. La Alcaldía informó en 2026 un cumplimiento del 82 % de lo programado para el año 2025 completo.

Pero el avance del plan se mide contra las metas que la propia administración escribió. Este componente se mide contra lo que la gente pidió. Los cinco problemas se identificaron a partir de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos (febrero de 2026), la prensa local y las mesas del plan.

Problema 1. Seguridad y convivencia. Meta del plan: bajar la tasa de homicidios a 28 por 100.000 habitantes en 2027. Corrección: la versión anterior reportó 388 homicidios en 2024 y 359 en 2025. Cartagena Cómo Vamos, con datos de la Policía Nacional y Medicina Legal publicados el 17 de marzo de 2026, registra 411 homicidios en 2024 y 410 en 2025, una tasa de 40,5 por 100.000, frente a 27,9 del promedio nacional. El sicariato representa el 35 % de los casos. Los hurtos bajaron 10 % (de 7.249 a 6.493), pero la tasa (641,9 por 100.000) sigue por encima del promedio nacional (548,2). El 53 % de los ciudadanos se siente inseguro, 13 puntos más que en 2024; solo el 16 % se siente seguro; el 63 % cree que en Cartagena no se respeta la vida. Se construyeron 23 garitas en playas y Distriseguridad ejecutó 417 contratos por $ 24.913 M en 2024. Resultado: la meta del plan está a 12,5 puntos de tasa y los homicidios no se movieron en dos años. Calificación: 4,0.

Problema 2. Agua potable y saneamiento. Compromiso: garantizar agua a los barrios periféricos. Lo ocurrido: la Contraloría General denunció en enero de 2025 un presunto detrimento de $ 239.553 M en el contrato GISAA con Aguas de Cartagena (cinco hallazgos) y trasladó el expediente a Fiscalía y Procuraduría. El 11 de mayo de 2026, tras bloqueos y quema de llantas en las zonas suroriental y suroccidental, Acuacar anunció racionamientos sectorizados. El alcalde demandó y un tribunal ordenó a Acuacar suspender los cortes (julio de 2026); la Alcaldía abrió proceso de caducidad del contrato; Acuacar respondió con un Índice Único Sectorial de 94,39 %; la Contraloría inició auditorías; y el 19 de agosto de 2026 la Procuraduría advirtió al alcalde sobre los riesgos patrimoniales del proyecto de crear una empresa pública de agua sin los estudios que exige la Ley 489 de 1998, siendo el Distrito dueño del 50 % de Acuacar. El SGP de agua potable ($ 46.348 M en 2025) es apenas el 1 % del ingreso. El alcalde eligió la confrontación con el operador; los barrios siguieron sin agua. Calificación: 4,0.

Problema 3. Educación y primera infancia. Compromiso: reducir la deserción y mejorar la calidad. Datos: el SGP de educación creció 21,6 % hasta $ 842.650 M; el Distrito garantizó servicio en 107 instituciones educativas; las vigencias futuras de educación ($ 403.485 M) aseguran continuidad; el puntaje promedio de las pruebas Saber 11 subió de 65,8 a 68,3 (Informe de Calidad de Vida 2025, julio de 2026). Del otro lado: el 31 % de los hogares reporta barreras económicas para acceder al sistema educativo, y el PAE es el servicio peor calificado por la ciudadanía (46 % de satisfacción). Hay recursos, hay continuidad, hay un avance medible en calidad; falta que el plato de comida llegue bien. Calificación: 6,0.

Problema 4. Salud. Compromiso: terminar los hospitales inconclusos. Actualización: el Hospital de El Pozón fue entregado en 2024; el de Canapote, en enero de 2026; el de Nelson Mandela, que al 30 de diciembre de 2025 tenía un avance del 97 %, fue entregado el 26 de enero de 2026 tras catorce años de espera, para más de 100.000 habitantes de 32 sectores. La versión anterior registró Canapote al 89 % y Nelson Mandela al 55 %; los datos de cierre de 2025 y comienzo de 2026 obligan a subir la nota. Persisten los problemas de acceso: el 65 % de los cartageneros identifica la salud como la prioridad número uno y la satisfacción con el servicio es del 52 %, con quejas por tiempos de espera y entrega de medicamentos. Los hospitales se hicieron; la atención dentro de ellos es la deuda pendiente. Calificación: 7,0.

Problema 5. Pobreza y empleo. Meta del plan: pobreza monetaria del 8 % en 2027. Corrección: la versión anterior citó 41,1 % como dato de 2025. Esa cifra es de 2024. El DANE publicó en junio de 2026 los resultados de 2025: pobreza monetaria 34,6 % (331.000 personas), 6,5 puntos menos que en 2024; pobreza extrema 9,2 %, frente a 13,2 %, por primera vez por debajo del promedio nacional; Gini de 0,486, frente a 0,525, la mayor reducción entre las 23 ciudades principales. Cerca de 59.000 personas salieron de la pobreza y 36.000 de la pobreza extrema en un año. El DANE atribuye la mejora al aumento del ingreso de los trabajadores por cuenta propia y a las transferencias entre hogares, no a políticas distritales específicas; y Cartagena sigue siendo la séptima ciudad con más pobreza del país. La meta del 8 % es inalcanzable y fue escrita sin fundamento técnico; el avance real es el mayor de todos los indicadores. Calificación: 7,5.

Tabla 8. Los cinco problemas comunitarios: compromiso, avance y calificación

ProblemaCompromiso del planAvance documentado 2024-2025Calificación
SeguridadTasa de homicidios 28 por 100.000 en 2027411 → 410 homicidios; tasa 40,5; 53 % se siente inseguro4,0
Agua potableAgua para los barrios periféricosHallazgo Contraloría $ 239.553 M; racionamiento y protestas 2026; pulso con Acuacar4,0
EducaciónMenos deserción, más calidadSaber 11 de 65,8 a 68,3; 31 % con barreras; PAE 46 % de satisfacción6,0
SaludTerminar hospitales inconclusosEl Pozón (2024), Canapote y Nelson Mandela (enero 2026) entregados; satisfacción 52 %7,0
Pobreza y empleoPobreza al 8 % en 2027Pobreza 41,1 % → 34,6 %; extrema 13,2 % → 9,2 %; Gini 0,525 → 0,4867,5
Promedio5,70

Fuente: Cartagena Cómo Vamos (2026), DANE (junio 2026), El Universal, El Tiempo, Contraloría General, Alcaldía de Cartagena.

Calificación componente 3: 5,70/10, Regular

Componente 4 (15 %): transparencia en la contratación pública (SECOP)

Los datos de contratación provienen de los informes de la Unidad Asesora de Contratación del Distrito, analizados por Funcicar, y de las alertas de esa fundación cívica reportadas por Cambio y El Universal.

En 2024 el Distrito contrató cerca de $ 2 billones en unos 10.400 contratos. El 61 % del valor se adjudicó por modalidades competitivas (licitación pública $ 811.000 M, selección abreviada $ 74.000 M, Tienda Virtual del Estado $ 68.000 M, concurso de méritos y mínima cuantía), el 37 % por contratación directa (servicios educativos, recurso humano, inmuebles) y el 2 % por régimen especial. Entre enero y mayo de 2025, la proporción competitiva bajó al 55 % (licitación $ 322.000 M, incluyendo el Gran Malecón del Mar por $ 196.000 M y el intercambiador de La Carolina por $ 100.000 M), la contratación directa subió al 42 % (servicios educativos $ 111.000 M, recurso humano $ 108.000 M, inmuebles $ 37.000 M) y el régimen especial al 3 %. El Distrito reportó ahorros de $ 5.000 M entre presupuesto oficial y valor adjudicado en licitaciones.

Ese régimen especial es el corazón del problema. Funcicar alertó el 3 de septiembre de 2024 que, entre enero y agosto de 2024, seis entidades distritales (Secretaría General $ 19.345 M, IDER $ 17.363 M, Distriseguridad $ 5.105 M, Transcaribe $ 3.999 M, EPA $ 2.333 M, Localidad 2 $ 970 M) entregaron a Edurbe, empresa industrial y comercial del Distrito, $ 49.118 M en nueve obras mediante convenios interadministrativos. Edurbe, que se rige por derecho privado, subcontrató esas obras por invitación directa, en el 75 % de los casos con una sola empresa invitada. Los tres contratos mayores: Villa Olímpica para el IDER ($ 14.714 M), demolición del edificio Aquarela para la Secretaría General ($ 11.897 M) e infraestructura de playas para Distriseguridad ($ 7.656 M). Para el cierre de 2024, el valor canalizado por Edurbe alcanzó $ 60.000 M, contra $ 39.000 M en todo el cuatrienio anterior. De 13 contratos revisados, 12 sufrieron adiciones en tiempo y 6 adiciones en dinero por $ 10.901 M.

Un caso de publicación tardía: el contrato con Dinacol SAS por $ 3.101 M para obras en la Avenida Santander, firmado el 25 de marzo de 2024, apareció en SECOP el 18 de abril, 24 días después, cuando el Decreto 1082 de 2015 exige publicación dentro de los tres días siguientes.

La Contraloría General, además del hallazgo sobre Acuacar, formuló 12 hallazgos administrativos con presunto detrimento de $ 25.248 M en la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital; el conjunto de $ 264.000 M fue trasladado a Fiscalía y Procuraduría en enero de 2025. La Alcaldía respondió acusando a la Contraloría de «posible extralimitación de funciones».

Cálculo del componente SECOP (base 6,0):

CriterioEvidenciaAjuste
Procesos competitivos en los grandes contratosMalecón del Mar y La Carolina por licitación; 55 % a 61 % competitivo+1,0
Publicación proactivaInformes de la UAC publicados; publicación tardía documentada (Dinacol, 24 días)+0,5
Contratos de alto valor que eluden la competencia$ 49.118 M a $ 60.000 M canalizados por Edurbe y subcontratados a dedo-1,5
Contratación directa superior al 80 %No (37 % a 42 %)0
Sanciones de Colombia Compra Eficiente o contratos anuladosNo documentadas0
Ajuste editorial: hallazgos de la Contraloría por $ 264.000 M trasladados a Fiscalía; 12 de 13 contratos de Edurbe con adiciones-0,5
Total5,50
Calificación componente 4: 5,50/10, Regular

Componente 5 (10 %): cumplimiento de los ODS

Tabla 9. ODS priorizados con evidencia

ODSObjetivoEvidencia 2024-2025Calificación
1Fin de la pobrezaPobreza 41,1 % → 34,6 %; extrema 13,2 % → 9,2 %; Gini 0,525 → 0,4867,0
3Salud y bienestarTres hospitales entregados; satisfacción 52 %; barreras de acceso7,0
4Educación de calidadSaber 11 +2,5 puntos; 107 IE con servicio; PAE al 46 %6,0
6Agua limpia y saneamientoRacionamiento, protestas, hallazgo fiscal, litigio con el operador3,5
11Ciudades sostenibles35 km de vías, 3 puentes, 221.543 m² de espacio público; Transcaribe con 30 % de satisfacción y 40 % de transporte informal6,0
16Paz, justicia e institucionesIDI 97,09; pero 410 homicidios, contratación vía Edurbe, hallazgos fiscales4,0
Promedio5,58

Fuente: elaboración propia con DANE, Cartagena Cómo Vamos, Alcaldía de Cartagena, Función Pública, Contraloría General.

El ODS 16 concentra la contradicción de esta administración: la mejor arquitectura institucional del Caribe colombiano convive con una tasa de homicidios de 40,5 y con un esquema de contratación que evade la competencia.

Calificación componente 5: 5,58/10, Regular

Componente 6 (10 %): percepción ciudadana

La Encuesta de Percepción Ciudadana de Cartagena Cómo Vamos, publicada el 19 de febrero de 2026, entrega un cuadro con dos caras. La favorabilidad personal del alcalde es del 74 %; la aprobación de la gestión de la administración, del 52 %, ocho puntos menos que en 2024; la del Concejo, del 30 %. Solo el 35 % de los cartageneros cree que la ciudad va por buen camino, catorce puntos menos que el 49 % de 2024. El 87 % no participa en ningún espacio institucional.

En la calle, la protesta por el agua de mayo de 2026 fue la ola más visible contra la prestación de un servicio público en el período, aunque dirigida contra Acuacar más que contra el alcalde, que se puso del lado de los manifestantes. No se documentaron sanciones disciplinarias en firme contra el alcalde en el período; un juez revocó en 2025 una sanción por supuesto desacato.

Cálculo (base 7,0): -1,0 por la ola de protestas por el agua; -0,5 editorial por la caída de 14 puntos en el optimismo y de 8 en la aprobación de la gestión; +1,0 por la favorabilidad del 74 % y el reconocimiento nacional del FURAG. Total: 6,50.

Calificación componente 6: 6,50/10, Regular

Radar integral: la calificación final ponderada

Tabla 10. Cálculo desarrollado

ComponentePesoPuntajeProducto
FURAG (IDI 97,09)0,259,712,4275
Ejecución CUIPO0,206,501,3000
Plan de Desarrollo (cinco problemas)0,205,701,1400
Transparencia SECOP0,155,500,8250
Cumplimiento ODS0,105,580,5583
Percepción ciudadana0,106,500,6500
Calificación final1,006,90

Suma: 2,4275 + 1,3000 + 1,1400 + 0,8250 + 0,5583 + 0,6500 = 6,9008, que se reporta como 6,90/10. No se aplica redondeo editorial: la metodología permite ±0,10 con justificación, y en este caso un ajuste de +0,10 llevaría la nota a 7,00 y cambiaría el veredicto y la aplicación de la regla del prevaricato; usar la discrecionalidad editorial para cruzar un umbral que cambia las consecuencias del análisis sería contrario al propósito de la regla. Se reporta la cifra que sale de la fórmula.

Veredicto: 6,90/10, gestión Regular, indicador 🟡 VIGILAR.

La calificación sube 1,40 puntos frente a la versión anterior (5,50). Tres cuartas partes de esa diferencia provienen de incorporar el FURAG, que la versión anterior no midió; el resto, de los datos oficiales de 2025 conocidos después de junio de 2026 (pobreza, hospitales) que mejoran dos de los cinco problemas. Sin el componente FURAG, el promedio ponderado de los otros cinco sería 5,96: la administración Turbay es institucionalmente sobresaliente y, en resultados sobre los problemas de la gente, apenas regular. Esa brecha entre el papel y la calle es la tesis de este artículo.


Análisis jurídico: el prevaricato por omisión (Artículo 414 del Código Penal)

La calificación de 6,90 activa, por regla metodológica, el examen del tipo penal. Este examen no acusa: examina. No condena: indaga. La demostración del dolo excede lo periodístico y corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría.

Tipificación. El Artículo 414 de la Ley 599 de 2000 dispone: «El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años, multa de diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años», con los aumentos de la Ley 890 de 2004 (48 a 108 meses de prisión, multa de 13,33 a 150 SMMLV, inhabilidad de 80 a 180 meses).

Tabla 11. Elementos del tipo frente a la evidencia

ElementoExigenciaEvidencia en el caso CartagenaVerificación
TipicidadOmitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de las funcionesPublicación tardía en SECOP (Dinacol, 24 días); pagos de inversión al 44,7 % en 2025Parcial: la publicación tardía es un acto omitido; el retraso en pagos exige revisar cada contrato
AntijuridicidadDaño al bien jurídico de la administración públicaContratistas sin pago, ciudadanos sin acceso a información oportunaPlausible; no cuantificado
CulpabilidadDolo: conocimiento y voluntad de omitirNo hay evidencia pública de dolo; la Alcaldía ha respondido a los requerimientos de controlNo acreditada
Relación causalVínculo entre la omisión y el dañoRequiere expediente contractualNo acreditada

Omisión documentada 1: publicación tardía en SECOP. El contrato Dinacol SAS ($ 3.101 M) se firmó el 25 de marzo de 2024 y se publicó el 18 de abril. El Decreto 1082 de 2015 (Art. 2.2.1.1.1.7.1) exige la publicación dentro de los tres días siguientes a la expedición del documento. La omisión es objetiva y el ordenador del gasto responde por ella; su sanción natural es disciplinaria (Ley 1952 de 2019), no penal, salvo que se pruebe reiteración dolosa.

Omisión documentada 2: el esquema Edurbe. La entrega de $ 49.118 M a $ 60.000 M en convenios interadministrativos a una empresa de régimen privado que subcontrató a dedo no es, en sí, ilegal: la ley permite los convenios entre entidades públicas. Lo que la Ley 1150 de 2007 (Art. 2, num. 4, lit. c) y la jurisprudencia del Consejo de Estado prohíben es usar ese instrumento para eludir la licitación cuando la entidad ejecutora no tiene capacidad propia y se limita a intermediar. Si Edurbe intermedió, la omisión del deber de selección objetiva (Ley 80 de 1993, Art. 24 y 29) es de quien firmó los convenios. Esta es la omisión de mayor gravedad potencial y requiere que la Procuraduría revise los estudios previos de cada convenio.

Omisión documentada 3: los hallazgos fiscales. La Contraloría General formuló hallazgos por $ 264.000 M (GISAA $ 239.553 M; Catastro $ 25.248 M) y los trasladó a Fiscalía y Procuraduría en enero de 2025. Que la Alcaldía haya respondido cuestionando la competencia del ente de control, en lugar de responder de fondo, es una decisión política, no un delito; pero la omisión de corregir lo señalado, si se confirma en la auditoría de 2026, sí lo sería.

Omisión documentada 4: el agua. La Procuraduría, el 19 de agosto de 2026, dio diez días al alcalde para presentar los estudios de necesidad, conveniencia y viabilidad financiera que exige la Ley 489 de 1998 antes de crear una nueva empresa de acueducto. Si esos estudios no existían al momento de anunciar la empresa, hay una omisión del deber de planeación; si existen y no se publicaron, hay una omisión del deber de transparencia. Cualquiera de las dos merece examen.

Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito. No hay en las fuentes consultadas evidencia de favorecimiento a un tercero determinado atribuible al alcalde. Las series de 724 Noticias sobre concentración de contratistas y contadores comunes en empresas adjudicatarias son indicios periodísticos que este análisis registra sin adoptarlos como prueba.

Conclusión jurídica. Las cuatro omisiones documentadas configuran indicios que merecen examen disciplinario en la Procuraduría y, en el caso del esquema Edurbe y de los hallazgos fiscales, examen penal en la Fiscalía. Ninguna de ellas, con la información pública disponible, permite afirmar que el alcalde cometió el delito de prevaricato por omisión. La versión anterior de este artículo afirmó que la gestión era «un espejismo construido sobre cimientos de deuda»; esta versión, con más datos, sostiene una tesis más precisa: es una administración que planifica y reporta con excelencia y que ejecuta, contrata y paga con debilidades que los organismos de control ya tienen sobre la mesa.


Lo que hizo bien

Terminó tres hospitales que llevaban entre diez y catorce años inconclusos. Obtuvo el décimo mejor IDI del país y el mejor de Bolívar. Mantuvo la dependencia de transferencias en el 30 % con un recaudo tributario que crece al 14,8 %. Sostuvo el 73 % del gasto en inversión, muy por encima del benchmark de su categoría. Respaldó las vigencias futuras con actos administrativos y las orientó a educación. Contrató por licitación las dos obras más grandes del período. Coincidió con el año en que 59.000 cartageneros salieron de la pobreza.

Lo que falta

Pagar lo que contrata: $ 1.170.250 M de inversión comprometida en 2025 sin pagar en la vigencia. Cerrar el atajo de Edurbe y someter las obras a licitación. Responder de fondo a los hallazgos de la Contraloría por $ 264.000 M en lugar de discutir la competencia del ente de control. Resolver el agua con estudios, no con anuncios. Mover la cifra de homicidios, que en dos años bajó de 411 a 410. Convertir un desembolso del 6,9 % de los créditos aprobados en obras con licencias y estudios completos, o devolver el cupo.


Cierre periodístico: la pregunta que queda

Cartagena tiene hoy la paradoja más nítida del Caribe colombiano: la alcaldía que mejor llena los formularios de la Nación es la misma en cuyos barrios se queman llantas por agua y en cuyas calles mueren 410 personas al año. El FURAG mide si la institución funciona; la gente mide si la vida mejora. En 2025, por primera vez en muchos años, la segunda medición dio una buena noticia en pobreza. Que esa buena noticia venga del rebusque y de las remesas entre familias, y no de la inversión distrital, es la pregunta que Dumek Turbay tiene dos años para responder. La vigilancia ciudadana, mientras tanto, tiene tres expedientes que seguir: los convenios de Edurbe en la Procuraduría, los hallazgos de Acuacar y Catastro en la Fiscalía, y las reservas presupuestales de 2025 en el CHIP de 2026.


Anexo: fuentes, metodología y limitaciones

Fuentes oficiales. CHIP (chip.gov.co): CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS, FUT_DEUDA_PUBLICA, FUT_VIGENCIAS_FUTURAS, SGR, vigencias 2024 y 2025. Función Pública: Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025 (17 de junio de 2026). DANE: Pobreza monetaria 2025 (junio de 2026). Concejo Distrital de Cartagena: Acuerdo 139 de 2024 y Acuerdo 006 de 2025. Alcaldía de Cartagena: informes de seguimiento al PDD (septiembre y diciembre de 2025), rendición de cuentas del 19 de diciembre de 2025. Contraloría General de la República: comunicado del 7 de enero de 2025. Procuraduría General: requerimiento del 19 de agosto de 2026.

Fuentes independientes y de prensa. Cartagena Cómo Vamos: Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 (19 de febrero de 2026), Seguridad en Cartagena 2025 (17 de marzo de 2026), Informe de Calidad de Vida 2025 (27 de julio de 2026). Funcicar: informes de contratación 2024 (5 de marzo de 2025) y enero-mayo 2025 (16 de junio de 2025); alerta sobre Edurbe (3 de septiembre de 2024). Cambio, El Tiempo, El Universal, El Heraldo, Noticias Caracol, Valora Analitik, La Contratopedia Caribe, Revista Metro, 724 Noticias.

Limitaciones. (1) No se reprocesaron los formularios CHIP originales; se verificó la aritmética de las cifras publicadas en la versión anterior. (2) No se revisaron las secciones RESERVAS y CUENTAS POR PAGAR de 2025, indispensables para saber cuánto de los $ 1.170.250 M sin pagar tiene respaldo en actas de obra. (3) La sección de gastos analizada no cubre la totalidad del gasto distrital consolidado. (4) La tabla de deuda presenta una diferencia de $ 60.001 M frente al total publicado en la versión anterior. (5) El valor por proyecto de regalías del bienio 2025-2026 no está desagregado en fuentes públicas consultadas. (6) Los hechos de 2026 (agua, Procuraduría) se usan como evidencia de resultados de la gestión 2024-2025 en la medida en que reflejan condiciones que ya existían en el período; la calificación no incluye acciones de 2026.

Gráficas. 01_tortas_2024.png, 02_tortas_2025.png, 03_compromisos_vs_pagos.png, 04_idi_bolivar.png, 05_radar_componentes.png, 06_radar_problemas.png.


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