Por: William Hundelshauseen Carretero
Presidente Nacional APIC

CARTAGENA SACUDIDA POR BOCHORNOSOS ESCANDALOS DE CORRUPCIÓN Y LAS DENUNCIAS HACEN CASOS JUZGADOS EN LOS DESPACHOS JUDICIALES

Cartagena afronta la más compleja y difícil circunstancia política, administrativa y social de su historia. La inestabilidad institucional por procesos electorales fallidos y sucesivos encargos en la alcaldía, generaron consecuencias graves al incumplimiento de los planes de desarrollo aprobados, y la parálisis en la ejecución de proyectos en diferentes frentes.

Simultáneamente hay una limitada capacidad operativa en el Concejo Distrital, como resultado de la ausencia de buenas relaciones con el alcalde, y también porque la mitad de sus integrantes, fueron detenidos en la administración pasada y otros más investigados por presuntos actos de corrupción.

Todo esto ha generado una total desconfianza ciudadana y una precaria gobernabilidad y por eso el caos administrativo, de pronóstico reservado que encuentra cada alcalde.

Por eso hoy, y por considerarlo de mayor importancia, me referiré en esta crónica periodística, al problema de la corrupción administrativa que invade a la ciudad, aspecto éste que ocupa la atención de las personas honestas que verdaderamente buscan un cambio ante tanta perversidad en los organismos de control.

Mi escrito busca señalar el compromiso social que requiere la atención de este gravísimo problema que, a pesar de su antigüedad apenas empieza a ser examinado en profundidad en sus orígenes, manifestaciones y consecuencias sociales, económicas y políticas.

Son múltiples las causas atribuibles a la existencia del fenómeno de la corrupción. Para el caso de Cartagena puede mencionarse, en forma muy general, la ineficiencia, la mala calidad del control interno, la falta de un código de responsabilidades aplicable a los encargados de la administración de recursos públicos, la no existencia de un severo régimen de sanciones para castigar de manera ejemplar a quienes incurran en prácticas de exacerbación, la débil o ausente participación de las organizaciones de intereses de los ciudadanos en la tarea de vigilancia de la gestión pública, y la discrecionalidad con que algunas veces se manejan los grandes negocios del Estado.


Todo ello ha permitido que la putrefacción disponga de su propio lenguaje, y sus propios mecanismos de defensa, reclutamiento, reparto y operación, hasta el punto de conseguir que se inviertan los valores sobre los cuales se supone que debería funcionar el sistema.

Así, los funcionarios más corruptos se convierten en el modelo, en el deber ser, y son nombrados en las posiciones más importantes del país, cuando cometen faltas en los cargos que desempeñan son llevados a otros de mejor importancia, para ocultar lo que realizaron en el anterior, dándole paso a la impunidad, ejemplos patéticos: el ministro de Hacienda, y todos aquellos que han salido de su cargo por actos de corrupción, bien sea en el gobierno nacional, departamental o distrital; mientras los honestos son marginados, silenciados y nunca tenidos en cuenta porque tienen una hoja de vida llena de méritos morales. 

Casos para recordar

Como no recordar algunos de los casos más sonados de corrupción en Cartagena de indias, protagonizados por los últimos 15 alcaldes, que no terminaron su periodo y todo porque la gran mayoría de habitantes se convirtieron en masoquistas al permitir durante tantos años que a su ciudad la siguieran saqueando los políticos de turnos con estrategias que en cada elección se inventan para seguir engañando a un pueblo sin dolientes y por eso compran a los líderes ofreciendo lo que nunca van a cumplir, porque hay que sacar los costos excesivos de cada campaña para favorecer a los financistas y jefes políticos, de ahí que se habla en primera instancia del contrato que cada vez que se acerca una campaña política, en las plazas públicas todos manifiestan que revisarán.

El de Aguas de Barcelona (AGBAR) que posteriormente y con el 45% de las acciones de AGBAR se constituyó Aguas de Cartagena (ACUACAR), es un ejemplo. Son muchas las irregularidades que se cometieron a la firma del mismo y sin embargo y muy a pesar que el veedor Jorge Piedrahita Aduen, Q.E.P.D, denunció, y tenía todas las pruebas de este lamentable episodio que lesiona los intereses del cartagenero y solicitó a la Contraloría General de la Republica un CONTROL EXCEPCIONAL este nunca se realizó.

El veedor Jorge Piedrahita Aduen.

Recuerdan ustedes las 233.109 acciones del Distrito de Cartagena en la Sociedad Portuaria Regional de Cartagena, que pasaron a manos privadas, gracias al INMORAL ZARPAZO contra la ciudad, tal como lo calificó EL UNIVERSAL en el editorial de mayo 17/94.

Por escritura pública 3427/93 Notaria 3ª se constituyó la Sociedad Portuaria. En este gran negocio, 31.250 acciones fueron pagadas al Distrito a razón de 500 pesos cada una y resultó como una de las grandes socia de la empresa la señora Cecilia Buelvas Rivera, muchacha de servicio doméstico.

La ciudadanía esperó impaciente los resultados de la demanda que para este caso entablo el veedor Jorge Piedrahita Aduen el día 6 de noviembre del 2002 ante el tribunal administrativo de Bolívar y nunca se dieron los resultados favorables al Distrito de Cartagena y ahora menos cuando los dos protagonistas fallecieron.

El contrato de la operación de la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios de la ciudad en el relleno sanitario de Henequén en la fase II, de acuerdo al plan ambiental aprobado por Cardique, por lo cual la Fiscalía Seccional Catorce de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública de Cartagena de Indias, impuso para la época medida de aseguramiento al alcalde CARLOS DIAZ REDONDO, por realizar contratos sin cumplimiento de requisitos legales, pero no ha pasado absolutamente nada, todo quedó archivado en las gavetas de los recuerdos.

Quien no recuerda los múltiples contratos sin el lleno de los requisitos legales, y lo peor aún, que nunca se efectuaron en su gran mayoría del PLAN TORNIQUETE, implementado por la Presidencia para afrontar en parte la calamidad del invierno en 1995, sometido a una auditoría por parte de la Contraloría General de la República, siendo contralor David Turbay Turbay.

Turbay Turbay instaló comisiones en los siete departamentos de la Costa, donde se hizo control integral a las inversiones realizadas por los gobernadores con los $25.000 millones de pesos asignados.

Esta denuncia fue interpuesta por el exsenador ARMANDO VILLEGAS CENTENO, que comprobó en la ocasión que se construyeron puentes donde nunca han habido ríos, reconstrucción de jarillones contra inundaciones en sitios nunca anegables, el caso específico el que supuestamente hicieron sobre el arroyo el Polón en el municipio de Turbaná, los que hicieron en los corregimientos de Bolombolo, quebrada Guacamaya, Sudan, los Cañitos y Solís, donde sus habitantes certificaron que nunca en su existencia ha llegado contratista alguno a realizar cualquier obra de beneficio social.

Según el denunciante el corregimiento de Boltaye, donde se realizaron la mayor contratación no existía porque se lo llevó el río Magdalena. En Peñoncito, Chimí, Santa Rosa, Guacamayo, Tres Cruces, Puerto Isabel, Buena vista, Magangué y Simití, no se hicieron las obras.

En el Carmen de Bolívar no se trabajó el arroyo Alférez, tampoco los jarillones de Menchiquejo, El Gato y Punta de Horno. La pregunta que nos hacemos hoy es ¿por qué si estos actos de corrupción fueron demostrados en esa época, ya que no se realizaron, sino que se robaron el dinero, no se ha hecho nada para recuperar el patrimonio de los Bolivarense?

Hablemos del contrato del manejo de los residuos sólidos con la empresa TIRSA S.A.. Mediante el acuerdo Nro. 010 De 19 de junio de 2003, se autorizó al alcalde mayor, comprometer vigencias futuras con el fin de garantizar por 8 meses la prestación de este servicio con la firma INGEAMBIENTE S.A. y terminado ese plazo contratar de manera irregular con la firma TIRSA S.A., ocasionándole un deterioro económico al distrito por la mala contratación que se demostró posteriormente al anularse el contrato.

Esta demanda fue interpuesta por el abogado MILTON FERNANDEZ GREY en la Fiscalía 14 Seccional y también se está a la espera de la retribución de los bienes del Distrito que fueron lesionado con este contrato, sin embargo fue la empresa TIRSA S.A la que contrademandó al Distrito, y los resultados le fueron favorable, pues de condenó al distrito a cancelar $1.700 millones de pesos como consecuencia de la liquidación del contrato suscrito, muy a pesar de la incapacidad de esta empresa para desarrollar el objeto contractual, al decretar bilateralmente la caducidad del contrato y no de manera unilateral.

Y si seguimos hablando de contratos que se investigan y la ciudadanía está a la espera de sus resultados, hay que anotar los siguientes: el del cartel de la hemofilia, el del Sida, cartel de los Enfermos Mentales, Cartel de los Abuelos, de la Chatarrización, cartel de las Regalías, del Síndrome de Down, Cartel de los Cuadernos, el cartel del Cemento, Cartel del escalafón, el de los alimentos para niños PAE, el del coronavirus, el de la Fase Final del cierre del basurero Henequén; la doble contratación y nominas paralela, el déficit de $16.500 millones de pesos en la contratación que hizo el DADIS durante el año 2005, las ARS que han sido sometidas, devastadas por la politiquería. No solo el Régimen Subsidiado, sino toda la salud ha sido expoliada.

Los trabajos de dragado que se adelantaron en el caño de Bazurto, denunciado por el ambientalista RAFAEL VERGARA NAVARRO; el robo de la BASE DE DATOS del proceso de identificación y afiliación al SISBEN de los Cartageneros, donde estaban comprometidos los del estrato 5 y 6, correspondientes a los que albergan a los usuarios con mayores recursos económicos, los cuales deben pagar sobrecostos (contribución) sobre el valor de los servicios públicos domiciliarios, salud y educación, beneficiándose de lo que el gobierno otorga a los de estrato 1 y 2, donde el encargado de esa dependencia en ese entonces, rogó hasta el cansancio para que lo escucharan sobre lo que el sabía, lo cual involucraba a concejales y altos políticos de la ciudad comprometidos con este millonario saqueo que a través del SISBEN se le hizo a la ciudad.

La licitación y otorgamiento de la explotación del CHANCE en el departamento, donde por parte de la procuraduría general de la nación se formuló pliego de cargos contra los exgerentes WILSON ROQUE PEINADO VARGAS y ENRIQUE CARLOS NADAD MEJIA, pero de ahí no pasó nada; el mal manejo del Programa Escuelas Flexibles denunciado por la exsecretaria de educación distrital Roxana Segovia.

El contrato con URBASER para la prestación del servicio de aseo en la ciudad, por lo cual el alcalde debe dar muchas explicaciones por qué se adjudicó, conociendo que la superintendencia de Servicios Públicos recomendó que esa empresa no podía prestar ningún servicio público en Colombia.

Las múltiples irregularidades denunciadas por diputados y concejales en el control político realizado a las secretarias de Educación, Edurbe, Salud, Hacienda, Corvivienda, Participación Ciudadana, Dadis, Distriseguridad, EPA, Transito, Iderbol, Lotería de Bolívar, entre otras dependencias seriamente cuestionada por la multiciplicidad de irregularidades efectuadas en la contratación, no son exentas de esta gama de hechos notorios de la corrupción en Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar, cuyos resultados esperados por la comunidad para la devolución de lo saqueado ha sido nulo, y por el contrario siguen haciendo casos juzgados en las diferentes dependencia de control y judiciales.

Y es que este “modelito” ha sido insertado en las instituciones estatales y atornillado por la rosca que están trabajando arduamente para seguir usufructuando de un Estado permisivo que no logra, en su paquidérmico funcionamiento, desterrar el flagelo de la corrupción, muy a pesar que los políticos, en todos los actos públicos, manifiestan que no patrocinarán corruptos en determinada administración a la que le hacen campaña con caras nuevas pero con el mismo sello de la clase política.

Los hechos siempre demuestran lo contrario, o sino detengámonos a recordar que la salud en Cartagena, está en estado de coma, debido al gran déficit que arrastra año tras año.

Y es que para el Cartagenero, no es fácil entender que la dependencia que recibía en el año 2017, $460 mil millones de pesos al año, tenga a la fecha un déficit acumulado muy protuberante que cada año se incrementa, lo cual ocasiona un trauma en los pagos a los hospitales y clínicas que le prestan servicio a los estratos 1 y 2, lo cual, directa o indirectamente, redunda en la eficiencia del sistema, convirtiéndolo en el famoso paseo de la muerte, mientras que a todos los secretarios del Dadis, en las últimas administraciones, los acusan de ser los responsables de la crisis que enfrenta la salud, y en especial el déficit que el sector viene arrastrando.

Todos los Directores del DADIS al posesionarse advierten que es insostenible el déficit del DADIS, y anuncian públicamente que, mientras de ellos dependa, algunas cuentas presentadas por las IPS no van a ser canceladas, por la existencia de serias dudas sobre su legalidad, sobre todo las facturas presentadas por FUNDACAR, una empresa que durante los últimos años han venido encargándose de diligenciar la atención en salud a los enfermos de SIDA.

Observen como se juega con la salud de enfermos terminales sin que las IAS investiguen a fondo para saber quiénes son los dueños o socios de esas IPS, que tanto daño le han causado a Cartagena.

En el caso de Colombiatón, la terquedad de un viceministro que le restó importancia a las observaciones del personero de la época, sobre la presencia de químicos tóxicos en el lote adquirido, retardó por varios meses el proyecto de vivienda causándole un perjuicio irreparable.

Sobre la concesión del aseo, aun pudo evitarse millonarias demandas y un detrimento, si se hubiese corregido debidamente las anomalías que gremios, veedores y periodistas advirtieron de manera oportuna, para que no ocurriera algo similar al fallo de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, en el cual se dictó resolución de acusación contra los exalcaldes de Cartagena CARLOS DIAZ REDONDO, ALBERTO BARBOZA SENIOR y varios de sus entonces funcionarios, por el delito de celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

William Dau Ch., alcalde mayor de Cartagena.


La lucha contra la corrupción en Colombia y en especial en Cartagena de Indias no admite aplazamiento. La falta de credibilidad de los Cartageneros en sus instituciones es excesiva. La nueva Cartagena trazada por el alcalde mayor WILLIAM DAU CHAMT, donde se ha incrementado el cartel de los malandrines, con actos de corrupción que son el pan de cada día, requiere, y de manera urgente, de un replanteamiento moral y específicamente del enfrentamiento de la corrupción en la administración pública. Sobre todo cuando los principios de honestidad del funcionario y transparencia en la gestión pública deberían retomar su importancia.

Información veraz, oportuna y transparente

Por otro lado, sin información la posibilidad de fiscalización de la ciudadanía y de los entes fiscalizadores es casi imposible, pues se carece de medios idóneos de control y evaluación. De ahí la necesidad de verdaderos periodistas y veedores, que digan y saquen a la luz pública la verdad de todos los acontecimientos que ejecutan los administradores de la cartera estatal, suplan este vacío.

Varias preguntas surgen al respecto: ¿Cómo se pueden generar sistemas de información que permitan detectar comportamientos ilícitos por parte de los funcionarios públicos? ¿Cómo se puede utilizar la información pública para detectar evidencias de actos corruptos y generar indicios acerca de la vulnerabilidad de las organizaciones para cometerlos? ¿Cómo se puede utilizar la información de agentes externos para detectar actos de corrupción? ¿Cómo se puede involucrar más directamente a la ciudadanía en la denuncia de actos potenciales de corrupción? ¿Cómo podemos creer las manifestaciones de algunos periodistas y veedores, cuando unos tienen pautas publicitarias y los otros contratos directos con la empresa comprometida en actos de corrupción?

De ahí que existe gran preocupación por el manejo que últimamente le viene dando la Fiscalía Seccional a los procesos penales que se siguen contra ex-alcaldes, funcionarios, ex-funcionarios, contratistas y ex contratistas del Distrito ante los creciente rumores sobre el manejo que se adelantan y que terminarían a favor de los investigados y es que cuando el nivel de impunidad en Cartagena supera el 85% (el 15% restante corresponde a gente pobre y sin influencia a quienes finalmente se les aplican las normas de derecho con todo el peso y rigor que exige la ley), es indicativo que los Jueces y Fiscales son los responsables de permitir los escandalosos niveles de corrupción pública, como los ocurridos en la salud, educación, contratación, Transcaribe, Edurbe, etc.

Es así como la corrupción que se presenta en el ámbito judicial, constituye la columna vertebral del fenómeno de la corrupción total. Solo cuando los corruptos sean enviados a la cárcel y el dinero sea recuperado para las arcas del Distrito, es que podremos comenzar la verdadera lucha.

Hasta ahora los resultados contra la corrupción han resultado ser más que simples palabras llevadas a la teoría y muy buenas intenciones ya que los verdaderos culpables se pasean orondamente por las calles de Cartagena, haciendo alarde que son perseguido por sus enemigos políticos y siempre protegidos con la coraza de los jefes políticos de los diferentes movimientos que tanto daño le han hecho a este país.

Sin embargo pienso que la corrupción no es inevitable. Que no somos genéticamente corruptos. Que no existe una predisposición incontrolable a la trampa. Dos condiciones son necesarias para salir del problema de la corrupción sistemática: QUERER y PODER.

La primera definición política de afrontarlo y no seguir votando por los mismos, disfrazados de independientes en esta oportunidad. La segunda es la capacidad gerencial y técnica de hacer realidad esa definición política, censurándolos en las urnas en las próximas elecciones del 2022. Muchas veces han aparecidos líderes con vocación de mártires que han querido sinceramente afrontar el problema de la corrupción y no han tenido éxito, esto ha obedecido a: la falta de masa crítica política en apoyo a su liderazgo, porque no les conviene esta clase de personajes a los facinerosos de la CORRUPCION.

Para finalizar esta Crónica Periodística, vemos a una Cartagena sacudida en muchas oportunidades por bochornosos escándalos de corrupción, unas veces denunciados por periodistas y otras por veedores de la ciudad en los que se han visto involucrados alcaldes, concejales, gobernadores, diputados, funcionarios, que si se les atiende las denuncias en su momento, se hubiese evitado un detrimento a las arcas distritales y departamentales y más de un proceso judicial, pero no ha sido posible porque estamos en un estado débil, las autoridades evaden regularmente las leyes y reglamentos.

Los funcionarios públicos y los políticos se coluden secretamente para impedir la aplicación de políticas y la corrupción socava el sistema; es la descripción de un país como Colombia, por ello es necesario un cambio mediante una estrategia y parte de ella es hacer saber la urgencia de eliminar la corrupción y promover los valores como medida de urgencia para que nuestro sistema democrático pueda subsistir y así la corrupción no nos socave.

Esto tiene que cambiar; no podemos seguir eligiendo personas que sólo quieren aprovecharse de los recursos de Cartagena y el departamento de Bolívar. Necesitamos dirigentes que de verdad les duela la ciudad y el departamento, que trabajen por el progreso, que se esfuercen para ayudar a salir adelante con los cambios que necesitamos, por eso en las próximas elecciones es el momento de hacer un cambio y derrotar a las casas políticas tradicionales que han gobernado a la ciudad, y la han acabado por las prácticas abiertamente contrarias al ordenamiento legal colombiano.

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