En un fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación impuso prácticamente la muerte política por doce años al ex alcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo Omar.
Esta decisión de primera instancia , firmada por la procuradora delegada para la moralidad pública Olga Lucía Alfonso, destituye e inhabilita a Caicedo por un período de 12 años al considerar que el ex alcalde incurrió en irregularidades en contratos de obras relacionados con los pozos de agua.
Se trata de un contrato del 2014 que también involucra a Efraín Vargas Corvacho, exgerente de infraestructura del distrito de Santa Marta, a quien se le impuso una destitución e inhabilidad por 11 años. La entidad encontró que tanto Caicedo como Vargas Corvacho incurrieron en irregularidades en la contratación de pozos de agua durante una emergencia ambiental.
El ministerio público señaló que en ese año se celebraron dos contratos para el abastecimiento de agua potable, pero no se hicieron siguiendo los principios de igualdad, ni los lineamientos establecidos para ello.
Según la Procuraduría, el exalcalde de Santa Marta cometió una falta gravísima al celebrar dos contratos con la firma Ingeniería del Caribe Ltda para construir dichos pozos.
La irregularidad, afirma el órgano disciplinario,se dio porque en la firma del contrato se desconocieron “los principios de igualdad, selección objetiva, transparencia y economía”.
Para la Procuraduría la firma que se quedó con el contrato no era idónea para desarrollar el proyecto, por lo que no cumplió con las obras estipuladas.
Lo interesante del fallo
La Procuraduría enfiló sus baterías para sacar del juego político a Carlos Caicedo y alega que, en relación al contrato señalado, su gestión desconoció “los principios de igual, selección objetiva, transparencia y economía”.
La Confederación Colombiana de Ciudadanos Contra la Corrupción se congratula de que por fin la Procuraduría esté pendiente de relacionar el comportamiento de los funcionarios públicos que firman contratos de obras con las posibles violaciones al régimen contractual estatal.
Es por ello que así como acusa a Caicedo por desconocer “los principios de igualdad, selección objetiva, transparencia y economía” en este contrato de obra, también debería ponerle la lupa a todos los contratos de obra que hemos denunciado e investigado en este portal, que en un 99% desconocen estos principios neurales para la contratación.
Para no ir tan lejos, ante sus propios ojos la Procuraduría tiene el mega contrato de la Vía de la Prosperidad, y todos los contratos del actual gobierno departamental.
