El CTI de la Fiscalía General de la Nación  capturó a Emilio Tapia y al representante legal de la Unión Temporal (UT) Centros Poblados, Luis Fernando Duque, por el polémico contrato de conectividad del Ministerio de las TIC. 

Su detención se dio en la Clínica La Misericordia de Barranquilla, luego de ser acusado de hacer parte de un posible entramado de corrupción que tiene en riesgo de pérdida $70.000 millones de un anticipo que le giró el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a la Unión Temporal Centros Poblados, dentro de un contrato por $1,07 billones para llevar internet a escuelas de 15 departamentos. 

El operativo se llevó a cabo en la capital del Atlántico y en Medellín, con las detenciones de Luis Fernando Duque y Juan José Laverde, también investigados por el escándalo en Min TIC. 

A Tapia se le señala de ejecutar irregularidades a través de ICM Ingenieros, una de las firmas de la Unión Temporal que –según la Fiscalía– controlaría por interpuesta persona (un excuñado). Esta empresa terminó recibiendo $12.000 millones del anticipo perdido. 

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Este es el tiempo que nos queda.

Una de las empresas socias del cuestionado contrato 1043 de diciembre de 2020 para llevar conectividad digital a las escuelas del país…

Por su parte, a Duque, como representante legal de Centros Poblados, se le investiga por las falsas garantías bancarias que llevaron a la adjudicación del contrato, y por incumplimientos en las obras. En el caso de Laverde, es por ser el representante de Rave Seguros, empresa a la que contactó la Unión Temporal para que se encargara de tramitar las pólizas del contrato que el banco Itaú terminó denunciando como fraudulentas. 

En la audiencia de legalización de cargos la fiscal del caso reveló que las mismas falsedades que usó el contratista, es decir los seguros y pólizas, en el contrato de la Unión Temporal con el MinTic, los pretendió usar en un proceso de contratación con la Empresas Municipales de Cali, Emcali. 

Carlos Arias, secretario general de Emcali, manifestó que hasta el momento dicha entidad no ha suscrito contrato alguno con la empresa Centro de Mantenimiento y Centro de Construcciones SAS, ni con ninguno de los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados. Arias señaló que de todas maneras adelantarán una auditoría interna para verificar esta información. 

Además, la Fiscalía reveló que Tapia era el que movía los hilos de toda la contratación con el Mintic y que fue quien promovió la presentación de pólizas y seguros falsos para lograr cumplir con la totalidad de los términos de la adjudicación del contrato. 

En esta cita ante el juez 53 de control de garantías los tres implicados se declararon inocentes de los cargos de fraude procesal y falsedad en documento privado, que les imputó la Fiscalía. 

El escándalo en este contrato fue el detonante que condujo a la renuncia de la ministra, Karen Abudinen, el pasado 9 de septiembre. Este dinero, al parecer, estaría en un paraíso fiscal en Estados Unidos, aunque el presidente Iván Duque ha manifestado que ese monto está protegido. 

A mediados de agosto, La periodista de W Radio, Paola Herrera, encontró que el contratista condenado por el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá, Emilio Tapia Aldana, sería el dueño en la sombra de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal. En 2017, dicha empresa se ganó una licitación del Instituto Nacional de Vías (Invías) para el mejoramiento de la vía Medellín – Quibdó. Un contrato de 117.000 millones de pesos, que logró junto a las firmas Intec de la Costa, Belmira Construcciones y Corvez Ingeniería. 

Precisamente, a Intec de la Costa fue a quien se le encargó la obtención de los documentos para la presentación de garantías con el MinTIC, según el representante de la UT. En esta empresa aparece el nombre de Fernando Lorduy Fernández, al cual señalan como ex cuñado de Tapia. Estas pólizas, recordemos, fueron identificadas como falsas por parte del banco Itaú, entidad bajo la cual, supuestamente, se habían expedido los documentos. 

En medio de las investigaciones, la Fiscalía ha evidenciado una serie de chats, reuniones y trámites que involucrarían a Tapia dentro del proceso. Además, de acuerdo a la información conocida por Semana, las autoridades avanzan en la captura de otros tres implicados en el polémico contrato. 

Pero además no es claro porqué Tapia podía viajar por todo el país sin ninguna restricción, a sabiendas de que fue condenado en 2015 a 17 años de cárcel por el mencionado carrusel (aunque luego el Tribunal de Bogotá le redujo la pena por su colaboración) y luego le adicionaron 3 años más por lavado de activos. 

Hace poco más de dos años le dieron casa por cárcel y, además, un juez de Barranquilla le dio libertad condicional. Sin embargo, hace un año un juez de Bogotá revocó esa libertad porque, argumentó, el togado de Barranquilla no tuvo en cuenta la gravedad del delito de Tapia. 

El prontuario de Tapia 

El controvertido abogado sucreño, Emilio Tapia, inicio su carrera administrativa en las oficinas del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá (IDU), luego se dedicó exclusivamente a la contratación y, allí, se convirtió en un millonario empresario con lujosas propiedades y un jet. 

Tapia apareció involucrado en un primer proceso penal por el carrusel de la contratación, en el que fue condenado. Ahora enfrenta esta nueva acusación por el escándalo de contratación de MinTIC y Centros Poblados. 

Tapia fue condenado a 17 años de prisión por corrupción, pero realizó una negociación con la Fiscalía y le quedó la pena en siete años, pagó las tres quintas partes y pasó de La Picota a un batallón del Ejército en la costa.  

Sin embargo, le dieron la detención domiciliaria y con este beneficio fue visto en un carnaval de Barranquilla, por lo que la juez la revocó.  

Emilio Tapia también fue condenado por el delito de lavado de activos, por la cual recibe una condena de 48 meses de prisión. 

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