Entre 2024 y 2025, el presupuesto de Santa Marta creció con fuerza, pero el agua siguió faltando, la violencia siguió marcando el pulso urbano, la informalidad laboral siguió devorando el empleo digno y la movilidad siguió matando. Esta investigación cruza ejecución de ingresos, gastos, regalías, deuda pública, Plan de Desarrollo, Plan de Acción, PISCC, indicadores ciudadanos, fuentes oficiales y alertas periodísticas para responder la pregunta que más incomoda al poder: si entró más dinero, ¿por qué la ciudad todavía no siente que le llegó el gobierno? 

Santa Marta, la ciudad que contrató su acueducto a dedo el 31 de diciembre: Carlos Pinedo Cuello, recalificado con 5,89/10 🟡 REGULAR

Por Hipólito Palencia, corrupcionaldia.com

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona.»

Nota de corrección editorial

Esta es la segunda versión del análisis forense de la gestión del alcalde Carlos Pinedo Cuello, publicado originalmente el 23 de marzo de 2026 bajo el título «Balance de Carlos Pinedo Cuello en Santa Marta: más plata, más anuncios y la misma ciudad rota y podrida». Aquella versión tenía tres defectos de método que esta corrige.

  1. La calificación no era la de la metodología. La nota de 3,9 sobre 10 salió del promedio simple de cinco problemas comunitarios. Ese promedio es un solo componente, el del Plan de Desarrollo, que pesa el 20 % de la calificación. La versión anterior no midió el Índice de Desempeño Institucional (FURAG) de Función Pública, que pesa el 25 %; no calificó la ejecución presupuestal CUIPO como componente; no midió la contratación con el dato de SECOP II, sino con relatos de prensa; y no puntuó por separado los ODS ni la percepción ciudadana.
  2. La adjetivación estaba mal. El texto llamó «regular» a la nota de 3,9. En la escala de corrupcionaldia.com, 3,0 a 4,9 es MEDIOCRE, indicador PREOCUPANTE. Regular empieza en 5,0. La tabla del artículo decía «REGULAR/MEDIOCRE», dos etiquetas para una cifra.
  3. El análisis del prevaricato por omisión se esquivó. La regla metodológica es que con nota igual o inferior a 6,9 el análisis jurídico del Artículo 414 del Código Penal se desarrolla completo, como examen y no como acusación. La versión anterior lo mencionó en un párrafo y lo dejó ahí.

Esta versión aplica los seis componentes ponderados, incorpora datos oficiales publicados después del 23 de marzo de 2026 (FURAG vigencia 2025, cierre de homicidios 2025 de Medicina Legal, pobreza monetaria 2025 del DANE, encuesta Datanálisis de abril de 2026, contratación SECOP II de 2024 y 2025 y el contrato de gerencia de El Curval) y conserva las cifras financieras de CUIPO 2024 y 2025 de la versión anterior con las limitaciones que se declaran en cada sección. Cada corrección queda señalada donde corresponde.


Apertura

Nos encontramos en el municipio de Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico, capital del departamento del Magdalena, ciudad de 500 años cumplidos en 2025 y sede de un presupuesto que en 2024 registró ingresos por $ 1,485 billones. Vamos a auscultar la gestión municipal de Santa Marta, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, el trabajo del alcalde Carlos Pinedo Cuello. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana: los formularios CUIPO, FUT y SGR del CHIP, el SECOP II, el FURAG de Función Pública, el Plan Distrital de Desarrollo «Santa Marta 500+» 2024-2027, el PISCC 2024-2027, y las mediciones independientes de Santa Marta Cómo Vamos, Medicina Legal, el DANE, la ANSV, la FLIP, la Contraloría y la prensa nacional y regional.

La tesis de esta versión cabe en una frase: Santa Marta tiene una administración con desempeño institucional por encima del promedio nacional, con un presupuesto que creció 44 % en un año y con la mayor reducción de pobreza monetaria del país en 2025, que al mismo tiempo dejó a la ciudad hasta 15 días sin agua en plena temporada turística de 2026, mantuvo una tasa de homicidios de 31,3 por 100 mil, la novena más alta entre las 23 capitales del país, contrató el 88,4 % del valor de sus contratos de 2025 por vía directa y firmó el 31 de diciembre de 2025, sin competencia, el contrato de gerencia integral de su acueducto por $ 893.052 M, en el que los costos financieros superan el costo de la obra. El resultado de cruzar ambas columnas con la metodología de seis componentes es 5,89 sobre 10: gestión Regular, indicador VIGILAR. Ese resultado obliga a desarrollar el análisis del prevaricato por omisión.

Cada cifra tiene fuente oficial o de prensa verificable, citada en su sección y en el anexo final. El lector puede replicar el cálculo.


Metodología: cómo calificamos la gestión municipal

Este artículo aplica la metodología de calificación de corrupcionaldia.com, una escala de 0 a 10 construida como promedio ponderado de seis componentes, cada uno evaluado en relación con el punto de partida del municipio y los recursos disponibles. La escala no es absoluta: un 7,0 en Toluviejo no es equivalente a un 7,0 en Medellín, pero los estándares mínimos de transparencia, eficiencia y respeto por la ley son igualmente exigibles. La metodología es pública, replicable y transparente. Cualquier lector con acceso a las fuentes oficiales citadas puede verificar cada cifra.

Tabla 1. Escala de calificación corrupcionaldia.com

RangoCalificaciónIndicadorInterpretación
0,0 a 2,9PÉSIMO🔴 CRÍTICOGestión deficiente; indicios de irregularidades graves; posible prevaricato por omisión
3,0 a 4,9MEDIOCRE🟠 PREOCUPANTEGestión por debajo del estándar mínimo; señales de ineficiencia administrativa
5,0 a 6,9Regular🟡 VIGILARGestión aceptable pero con déficits relevantes; requiere seguimiento ciudadano
7,0 a 8,4Bueno🟢 BIENGestión que cumple el estándar; con margen de mejora en componentes específicos
8,5 a 10,0Excelente🟢 BIENGestión sobresaliente; referente regional o nacional

Fuente: corrupcionaldia.com, Metodología de calificación.

Tabla 2. Componentes y pesos

ComponentePesoDescripción
FURAG (IDI)25 %Índice de Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública
Ejecución presupuestal CUIPO20 %Ejecución de ingresos y gastos del presupuesto municipal (CHIP)
Avance Plan de Desarrollo20 %Progreso en las metas y compromisos del Plan de Desarrollo 2024-2027
Transparencia SECOP15 %Transparencia en la contratación pública y modalidades utilizadas
Cumplimiento ODS10 %Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Percepción ciudadana10 %Percepción inferida de redes sociales, prensa local y participación ciudadana

Regla del prevaricato por omisión: si la calificación final es igual o inferior a 6,9, se desarrolla el análisis jurídico del Artículo 414 del Código Penal. Si es igual o superior a 7,0, el análisis penal se omite por lógica metodológica.


Componente 1 (25 %): FURAG, una capital medida como municipio intermedio

Este componente no existía en la versión anterior. Es el más objetivo de los seis, porque lo mide una entidad del orden nacional con un instrumento único para las 1.102 alcaldías del país.

El reporte «Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025» de Función Pública asigna a la Alcaldía Distrital de Santa Marta un Índice de Desempeño Institucional de 83,90 puntos sobre 100. El primer dato que llama la atención no es la cifra sino la casilla: Función Pública clasifica a Santa Marta en el grupo par «Alcaldía Grupo 3», el de los municipios intermedios, y no en el Grupo 1 donde están las otras capitales del Caribe: Cartagena, Barranquilla y Cúcuta comparten mesa con Bogotá, Medellín y Cali. Santa Marta, capital de departamento y distrito con régimen especial, se mide contra 233 alcaldías de menor complejidad y ahí ocupa el puesto 47.

El contexto nacional: de 1.102 alcaldías, 1.099 reportaron IDI; el promedio nacional es 70,19, la mediana 71,27, y solo 24 alcaldías superan los 95 puntos (las cinco primeras: Funza 98,90, Sabaneta 98,74, Bogotá 98,63, Fredonia 98,09 y La Gloria 97,85). Santa Marta está 13,7 puntos por encima del promedio nacional y ocupa el puesto 218 de 1.099: dentro del primer quinto del país, lejos del primer decil.

Entre las capitales del Caribe, la comparación es la que sigue.

Tabla 3. IDI 2025 de las capitales del Caribe

CapitalIDI 2025Grupo par
Cartagena de Indias97,09Grupo 1
Barranquilla86,01Grupo 1
Valledupar85,24Grupo 2
Santa Marta83,90Grupo 3
Montería80,43Grupo 2
Sincelejo73,06Grupo 2
Riohacha60,81Grupo 2

Fuente: Función Pública, Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025, territorio.

En el Magdalena, donde 30 alcaldías reportan, Santa Marta es sexta: la superan San Sebastián de Buenavista (95,53), Santa Bárbara de Pinto (90,54), Sabanas de San Ángel (88,52), Ariguaní (87,60) y El Banco (84,38). Que la capital del departamento, con un presupuesto de más de un billón de pesos y una planta administrativa que ninguno de esos cinco municipios tiene, quede detrás de Santa Bárbara de Pinto en el instrumento oficial que mide la calidad de la gestión pública es un dato que el Distrito no ha explicado.

Puntaje: 83,90 / 10 = 8,39.

Calificación componente 1: 8,39/10, Bueno

Componente 2 (20 %): CUIPO, la caja que creció y la deuda que no se ve

Las cifras de esta sección provienen de los formularios B_EJECUCION_DE_INGRESOS, D_EJECUCION_DE_GASTOS, FUT_DEUDA_PUBLICA y SGR de CUIPO 2024 y 2025, tal como fueron reportadas en la versión anterior, con la aritmética verificada. Se complementan con la auditoría 2024 de la Contraloría y la calificación de Fitch de octubre de 2025.

Tabla 4. Ingresos 2024 y 2025 por fuente (millones de pesos)

Fuente2024%2025%
Ingresos tributarios314.69321,2 %513.42824,0 %
Transferencias corrientes1.020.00068,7 %1.240.00058,0 %
Recursos de capital121.8538,2 %341.20616,0 %
Otros ingresos corrientes28.4541,9 %44.3662,0 %
Total ingresos1.485.000100 %2.139.000100 %

Fuente: CHIP, CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS, DIC A DIC 2024 y 2025. El renglón «otros ingresos corrientes» se reconstruye por diferencia contra el total para que la tabla cuadre. La versión anterior describió la cifra de 2025 como «presupuesto definitivo»; se conserva y se declara la limitación en el anexo.

Tres lecturas. Primera: los ingresos tributarios crecieron 63 % en un año, de $ 314.693 M a $ 513.428 M, y el esfuerzo propio pasó de 21,2 % a 24,0 % del ingreso. Es el mejor dato fiscal del período y merece el crédito que la metodología permite. Segunda: la dependencia de transferencias bajó de 68,7 % a 58,0 %, por debajo del umbral de 75 % que la metodología penaliza. Tercera: los recursos de capital casi se triplicaron, de $ 121.853 M a $ 341.206 M, y esa es la partida donde entra el crédito. El presupuesto de 2026 (Acuerdo 014 del 25 de noviembre de 2025) autorizó $ 250.000 M de nuevo crédito interno y destinó $ 65.076 M al servicio de la deuda.

Tabla 5. Gastos pagados y regalías (millones de pesos)

Concepto20242025Variación
Pagos consolidados (vigencia, reservas y cuentas por pagar)1.413.0001.551.000+9,8 %
Transferencias del sector salud508.400519.100+2,1 %
Ingresos SGR (segundo nivel)21.6932.818-87,0 %
Pagos SGR12.7531.427-88,8 %

Fuente: CHIP, CUIPO D_EJECUCION_DE_GASTOS y SGR, DIC A DIC 2024 y 2025.

La deuda que el CHIP no muestra. Los formularios FUT_DEUDA_PUBLICA de 2024 y 2025 listan créditos, bancos, sectores y una operación reestructurada, pero todos los campos monetarios están en cero: cero monto aprobado, cero desembolso, cero saldo, cero intereses. Eso no es una entidad sin deuda; es una entidad que no rinde su deuda en el formulario que la ley le exige. Lo que el CHIP calla lo dicen dos fuentes externas. Fitch Ratings, en octubre de 2025, mantuvo la calificación A-(col) con perspectiva estable y proyectó un aumento de deuda cercano a $ 408.000 M desde 2025, con una deuda neta ajustada estimada de $ 1 billón en 2029 y una razón de repago de 6,9 veces. La Contraloría, en su auditoría de la vigencia 2024, encontró una razón corriente de 0,07: siete centavos disponibles por cada peso que se debe a corto plazo, un déficit de capital de trabajo de $ 41.832 M y un activo compuesto en 96 % por anticipos y diferidos. La calificación A-(col) dice que los indicadores de la Ley 358 de 1997 están dentro de los límites legales; la razón corriente de 0,07 dice que la caja no lo está.

Vigencias futuras. El Concejo autorizó vigencias futuras excepcionales para El Curval mediante los Acuerdos 021 de 2024 y 017 de 2025, con financiamiento a 111 meses a través de un patrimonio autónomo. Hay acto administrativo válido: la metodología lo reconoce. Lo que la metodología no reconoce es la proporción: en la estructura reportada por Opinión Caribe en abril de 2026, la obra cuesta $ 410.759 M y el financiamiento $ 451.115 M; en la reportada en julio, $ 441.936 M y $ 239.770 M. En cualquiera de las dos, Santa Marta paga entre 54 centavos y un peso de intereses por cada peso de tubería, y la matriz de riesgos del propio proyecto califica con 8 sobre 10 la «insuficiencia de recursos en el patrimonio autónomo» y el «incumplimiento de obligaciones financieras».

Regalías. Los ingresos SGR de segundo nivel cayeron 87 % entre 2024 y 2025, de $ 21.693 M a $ 2.818 M. En una ciudad con el déficit hídrico y vial que describen las siguientes secciones, la vía de inversión que deja obra visible se secó. Santa Marta no es municipio PDET.

Cálculo del componente CUIPO (base 5,0):

CriterioDatoAjuste
Participación de la inversión en el gastoNo desagregada en los formularios reprocesados; el gasto está dominado por transferencias de salud y educación, que CUIPO clasifica como inversión. Se asigna el ajuste mínimo y se declara la limitación+0,5
Pagos sobre obligacionesNo disponible por sección en la extracción; sin ajuste0
Deuda dentro de límites Ley 358 y 617Fitch A-(col) indica cumplimiento legal; FUT en cero y razón corriente 0,07 (Contraloría) impiden acreditarlo0
Vigencias futuras con acto administrativo válidoAcuerdos 021/2024 y 017/2025+0,5
Dependencia de transferencias68,7 % y 58,0 %, inferior a 75 %0
Compromisos sin pago reiteradosNo documentado0
Ajuste editorial: esfuerzo tributario +63 % en un añoSí+0,5
Ajuste editorial: formularios de deuda en cero, liquidez 0,07, costo financiero de El Curval igual o superior al costo de la obra, regalías -87 %Sí-0,5
Total6,00
Calificación componente 2: 6,00/10, Regular

Componente 3 (20 %): el Plan de Desarrollo y los cinco problemas que preocupan a los samarios

El Plan Distrital de Desarrollo «Santa Marta 500+» 2024-2027 identifica como problemas ciudadanos más repetidos el acceso al agua y saneamiento, la seguridad, la pobreza e informalidad, la educación y la infraestructura y movilidad. Coinciden con el Informe de Calidad de Vida 2024 de Santa Marta Cómo Vamos y con los reclamos que la encuesta Datanálisis de abril de 2026 recoge: aguas residuales, inseguridad y promesas de campaña sin cumplir. Los cinco problemas de la versión anterior se conservan; sus notas se actualizan con los datos conocidos después de marzo de 2026.

Problema 1. Agua y saneamiento. Compromiso: PTAP El Curval (800 l/s), 11 km de conducción, 48 km de redes, desalinizadora de Taganga, colectores y EBAR Norte. Evidencia: 62,8 % de insatisfacción con el agua (ICV 2024); IRCA 6,3, agua no apta; calamidad pública por sequía; y en julio de 2026, según El Tiempo, sectores con hasta 15 días sin servicio en plena temporada turística, el río Manzanares con 70 % menos caudal, más de 5.000 trabajadores hoteleros afectados y el alcalde pidiendo al Gobierno Nacional que le devuelva Essmar, intervenida por la Superintendencia desde noviembre de 2021. El Curval se adjudicó el 3 de junio de 2026 al Consorcio Planta Curval por $ 410.758 M, con 44 meses de obra: la primera gota llegaría, si todo sale bien, en 2030, dos administraciones después. Lo que existía al cierre de 2025 era el contrato de gerencia con EDUS, la EBAR Norte ($ 30.276 M, contratación directa, enero de 2025) y los estudios del plan maestro de acueducto y alcantarillado ($ 32.822 M, concurso de méritos, septiembre de 2025). Dos años de gobierno produjeron el diseño y el gerente; el agua sigue en carrotanque. Calificación: 3,5.

Problema 2. Seguridad y convivencia. Compromiso (PISCC 2024-2027): bajar hurto de 1.019 a 866 por 100 mil, extorsión de 24 a 20, homicidio de 35 a menos de 30. Evidencia: 2024 cerró con 208 homicidios; 2025, según Medicina Legal citado por Santa Marta Cómo Vamos, con 182, tasa de 31,3 por 100 mil, novena entre las 23 capitales del país, con 86,8 % de los casos con arma de fuego. La reducción es real (-12,5 %) y todavía está por encima de la meta intermedia del propio PISCC. La versión anterior citó reportes de 166 homicidios en 2025; la cifra consolidada de Medicina Legal es 182. Corrección: se reemplaza. Calificación: 3,0 (sube de 2,0 por la reducción verificada).

Problema 3. Empleo y pobreza. Compromiso: agencia pública de empleo, 6.000 colocaciones, 3.000 certificaciones, formalización de 200 vendedores y 4.000 unidades productivas. Evidencia: el dato más favorable del período, y la versión anterior no lo tenía completo. Según el DANE (GEIH, junio de 2026), la pobreza monetaria de Santa Marta bajó de 37,9 % en 2024 a 28,6 % en 2025: 9,3 puntos, unas 46.000 personas, la mayor reducción del país en el año. La ciudad sigue siendo la 12 con mayor pobreza entre las 23 principales, y la informalidad, entre 59,8 % y 62,3 % en el ICV 2024, no tiene dato nuevo que la contradiga. Una reducción de pobreza de ese tamaño en un año tiene causas nacionales (crecimiento del ingreso laboral, transferencias) y locales; la administración la reclama como propia sin desagregarla. Calificación: 6,5 (sube de 5,5).

Problema 4. Educación. Compromiso: 3 sedes nuevas, 3 mejoradas, PAE al 100 %, deserción al 4,45 %. Evidencia: 5.015 desertores en 2024 (ICV), aumento frente a años previos; el PAE se contrató por licitación en los tres años ($ 40.881 M en enero de 2024, $ 50.670 M en enero de 2025 y $ 52.636 M en enero de 2026), lo que cuenta a favor de la transparencia del componente 4; mejoras en ICFES y tránsito a educación superior sin cifra oficial de deserción 2025 publicada al cierre. Calificación: 5,0.

Problema 5. Movilidad e infraestructura. Compromiso: política de movilidad multimodal, plan maestro, 83 km de vías terciarias, 13 puentes peatonales. Evidencia: Santa Marta tuvo en 2024 la tasa de mortalidad vial más alta de las 23 ciudades principales: 131 muertes, 23,3 por 100 mil, 87 de ellas motociclistas (ANSV y Medicina Legal). El consolidado 2025 no estaba publicado al cierre; el parcial de enero a abril de 2026 registra 47 muertes en la ciudad, más de la mitad de las 90 del departamento, que a su vez subió 11,1 % frente al mismo período de 2025. La malla vial se contrata por gerencia integral con EDUS, a dedo ($ 16.523 M en abril de 2025, $ 37.442 M en diciembre de 2025, $ 34.391 M en enero de 2026), y un contrato vial por $ 26.000 M recibió advertencia de riesgos de la Procuraduría en octubre de 2025. Calificación: 3,5.

Tabla 6. Los cinco problemas comunitarios: compromiso, avance y calificación

ProblemaCompromiso del planAvance documentado 2024-2025Calificación
Agua y saneamientoEl Curval 800 l/s, redes, desalinizadora, EBAR Norte62,8 % de insatisfacción; calamidad por sequía; hasta 15 días sin agua en 2026; obra adjudicada en junio de 2026 a 44 meses3,5
SeguridadHomicidio de 35 a menos de 30 por 100 mil208 → 182 homicidios; tasa 31,3; novena entre 23 capitales3,0
Empleo y pobreza6.000 colocaciones; formalizaciónPobreza monetaria 37,9 % → 28,6 %, mayor reducción del país; informalidad sin dato nuevo6,5
EducaciónDeserción al 4,45 %; PAE 100 %5.015 desertores en 2024; PAE licitado los tres años5,0
MovilidadPlan maestro; vías; puentesMortalidad vial más alta del país en 2024 (131); 47 muertes en cuatro meses de 2026; advertencia de Procuraduría3,5
Promedio4,30

Fuente: PDD 2024-2027, PISCC 2024-2027, Santa Marta Cómo Vamos (ICV 2024), Medicina Legal, DANE (GEIH 2025), ANSV, El Tiempo, Opinión Caribe, Seguimiento.co, Diario La Libertad, SECOP II.

Calificación componente 3: 4,30/10, Mediocre

Componente 4 (15 %): transparencia en la contratación pública (SECOP)

La versión anterior reconoció que «la extracción municipal completa quedó limitada por errores de consulta» y calificó la contratación con prensa. Esta versión la mide con el dato completo del SECOP II, consultado en datos.gov.co (conjunto «SECOP II – Contratos Electrónicos», NIT 891780009, Alcaldía Distrital de Santa Marta, por fecha de firma). Cualquier lector puede repetir la consulta.

Tabla 7. Alcaldía de Santa Marta: contratación por modalidad, SECOP II, 2024 y 2025 (millones de pesos)

ModalidadContratos 2024Valor 2024%Contratos 2025Valor 2025%
Licitación pública (incluye obra)556.569,525,1 %667.146,34,7 %
Selección abreviada (menor cuantía y subasta)1524.197,410,7 %2222.712,31,6 %
Concurso de méritos1545,20,2 %132.822,32,3 %
Mínima cuantía272.081,10,9 %252.021,20,1 %
Subtotal modalidades competitivas4883.393,237,0 %54124.702,18,8 %
Régimen especial1729.412,913,0 %1839.971,72,8 %
Contratación directa2.175112.733,850,0 %2.9101.260.180,088,4 %
Total2.240225.539,9100 %2.9821.424.853,8100 %

Fuente: datos.gov.co, SECOP II Contratos Electrónicos (jbjy-vk9h), consulta del 28 de septiembre de 2026. No incluye SECOP I ni las entidades descentralizadas (EDUS, Essmar, SETP, Indeter). Las sumas por renglón se verificaron contra los totales de la consulta.

Tres lecturas. Primera, en número de contratos: el 97,1 % de los contratos de 2024 y el 97,6 % de los de 2025 se firmaron por contratación directa, 5.085 contratos en dos años, casi todos prestación de servicios personales. Es la nómina paralela habitual de las alcaldías colombianas y Santa Marta no es la excepción.

Segunda, en valor: la directa fue el 50,0 % en 2024 y saltó al 88,4 % en 2025, muy por encima del umbral de 80 % que la metodología penaliza. La causa tiene nombre y fecha: el 31 de diciembre de 2025, último día hábil del año y del segundo año de gobierno, la Alcaldía firmó con la Empresa Distrital de Desarrollo y Renovación Urbano Sostenible, EDUS, el contrato interadministrativo de gerencia integral del proyecto «Construcción del sistema de acueducto denominado El Curval» por $ 893.052 M, sin competencia. Ese solo contrato es el 62,7 % de todo lo contratado en 2025. Ese mismo día se firmó con EDUS la gerencia de la carrera 22 Camino al Río por $ 37.442 M. Sin el contrato de El Curval, la directa de 2025 seguiría en 69,0 % del valor. Con él, el Distrito convirtió la obra más importante de su historia reciente en un contrato a dedo con su propia empresa, que a su vez seleccionó al constructor por «invitación pública de mayor cuantía» de régimen privado, fuera de la Ley 80 y del SECOP II como proceso licitatorio del Distrito. EDUS acumuló en el primer semestre de 2026 más de $ 1 billón en contratos (Opinión Caribe, julio de 2026): alumbrado público ($ 58.425 M), malla vial ($ 34.391 M), vivienda ($ 15.799 M). La gerencia integral se volvió el modo de contratar de Santa Marta.

Tercera, lo que la licitación sí cubrió y lo que el ruido señala. El PAE se licitó los tres años, con oferentes distintos cada vez (Unión Temporal Tsampa, U.T. Avancemos 2025, Unión Temporal Nutrivida): es el contrato grande mejor tramitado del período. En la otra columna: la FLIP documentó $ 8.479 M en publicidad oficial, récord del Distrito, más de $ 3.000 M por encima de la administración anterior en período comparable; la Procuraduría advirtió «riesgos inminentes» en un contrato de malla vial por $ 26.000 M (Semana, Infobae, octubre de 2025); y la Contraloría detectó hallazgos fiscales por cerca de $ 21.000 M en el SETP (El Informador). Ninguno de esos tres expedientes es una sanción de Colombia Compra Eficiente ni un contrato anulado, que es lo que la metodología castiga con -2,0; los tres juntos son el ajuste editorial.

Cálculo del componente SECOP (base 6,0):

CriterioEvidenciaAjuste
Procesos competitivos en los grandes contratosPAE licitado; El Curval ($ 893.052 M), EBAR Norte ($ 30.276 M), catastro ($ 22.500 M) y malla vial por gerencia integral, todos directos0
Publicación proactivaSECOP II completo por entidad; portal con sección de contratos de calamidad+0,5
Contratos de alto valor con objeto no definido o sin publicarNo documentados0
Contratación directa superior al 80 % del valorSí, 88,4 % en 2025-1,0
Sanciones de Colombia Compra Eficiente o contratos anuladosNo documentadas0
Ajuste editorial: publicidad récord (FLIP), advertencia de Procuraduría por $ 26.000 M, hallazgos por $ 21.000 M en SETP, contrato de $ 893.052 M firmado el 31 de diciembreSí-0,5
Total5,00
Calificación componente 4: 5,00/10, Regular

Componente 5 (10 %): cumplimiento de los ODS

Corrección: la versión anterior calificó cinco ODS (6, 16, 8, 4 y 11) copiando las notas de los cinco problemas. Esta versión prioriza los seis que exige la metodología (1, 3, 4, 6, 11 y uno temático: 16, por la centralidad de la seguridad) y califica cada uno con evidencia propia.

Tabla 8. ODS priorizados con evidencia

ODSObjetivoEvidencia 2024-2025Calificación
1Fin de la pobrezaPobreza monetaria 37,9 % → 28,6 % (DANE 2025), mayor reducción del país; ciudad 12 con más pobreza6,5
3Salud y bienestarTransferencias de salud $ 508.400 M → $ 519.100 M; agua con IRCA 6,3 no apta; meta 3.6 (siniestralidad vial) con la tasa más alta del país4,0
4Educación de calidadPAE licitado y sostenido; 5.015 desertores en 2024; mejoras parciales en ICFES5,0
6Agua limpia y saneamiento62,8 % de insatisfacción; calamidad por sequía; obra estructural adjudicada en 2026 a 44 meses3,5
11Ciudades sosteniblesMortalidad vial 23,3 por 100 mil (2024); malla vial bajo advertencia; regalías -87 %3,5
16Paz, justicia e institucionesHomicidios 31,3 por 100 mil (2025); IDI 83,9; 88,4 % de contratación directa; publicidad récord3,5
Promedio4,33

Fuente: elaboración propia con DANE, Santa Marta Cómo Vamos, Medicina Legal, ANSV, Función Pública, FLIP, SECOP II, CHIP.

Calificación componente 5: 4,33/10, Mediocre

Componente 6 (10 %): percepción ciudadana

Dos encuestas enmarcan el período. En diciembre de 2024, Guarumo y Ecoanalítica ubicaron a Carlos Pinedo como el sexto mejor alcalde del país, con 55 % de aprobación, cuarto en el Caribe detrás de Char, Turbay y Kerguelén. En abril de 2026, Datanálisis lo ubicó último entre los alcaldes del Caribe, con 35 % de aprobación y 57 % de desaprobación, mientras Char marcaba 90 % y Kerguelén 81 %. Entre una y otra medición hubo dos veranos sin agua, una calamidad pública y un año 500 con gasto récord en publicidad. La caída de 20 puntos en dieciséis meses es el dato de este componente.

Hubo reconocimiento verificable (la encuesta de 2024) y no hubo escándalo judicial que tumbara al alcalde: el Consejo de Estado negó la nulidad de su elección el 21 de agosto de 2025 y la Corte Constitucional la dejó a salvo. Hubo, en cambio, titulares de crisis de servicios durante los dos veranos, con la particularidad de que Essmar está intervenida por la Nación desde 2021 y el alcalde ha hecho de esa intervención su explicación pública; la metodología descuenta los titulares de crisis atribuidos al alcalde y aquí la atribución es compartida, por lo que el descuento se aplica a la mitad. Hubo protestas de gremios hoteleros y comunidades por el agua en 2026.

Cálculo (base 7,0): -1,0 por una ola de protestas contra la administración por el agua; -1,0 por titulares de crisis de servicios con atribución compartida entre Distrito y Nación (mitad del descuento de -2,0); +1,0 por el reconocimiento verificable de la encuesta Guarumo de diciembre de 2024; 0 por participación ciudadana, no documentada más allá de las mesas del plan; -0,5 editorial por el 57 % de desaprobación y el último lugar del Caribe en abril de 2026. Total: 5,50.

Calificación componente 6: 5,50/10, Regular

Radar integral: la calificación final ponderada

Tabla 9. Cálculo desarrollado

ComponentePesoPuntajeProducto
FURAG (IDI 83,90)0,258,392,0975
Ejecución CUIPO0,206,001,2000
Plan de Desarrollo (cinco problemas)0,204,300,8600
Transparencia SECOP0,155,000,7500
Cumplimiento ODS0,104,330,4333
Percepción ciudadana0,105,500,5500
Calificación final1,005,89

Suma: 2,0975 + 1,2000 + 0,8600 + 0,7500 + 0,4333 + 0,5500 = 5,8908, que se reporta como 5,89/10. No se aplica redondeo editorial: la metodología lo permite hasta ±0,10 con justificación, y en este caso ninguna dirección cambiaría la etiqueta ni la obligación de desarrollar el análisis penal.

Veredicto: 5,89/10, gestión Regular, indicador 🟡 VIGILAR.

La calificación sube frente al 3,9 de la versión anterior. La diferencia no es una absolución: viene de que la versión anterior midió un solo componente. El FURAG, que no se había medido, aporta 2,10 de los 5,89 puntos. Sin él, el promedio ponderado de los otros cinco sería 5,06: la administración Pinedo es institucionalmente competente en el papel que Función Pública evalúa y apenas alcanza el mínimo del Regular en los problemas que la gente nombra. La brecha entre el papel y la calle es de 3,3 puntos (8,39 contra 5,06), mayor que la de Barranquilla (2,1) y cercana a la de Cartagena (3,7). Es la brecha de una ciudad que sabe llenar formularios y no sabe llenar tanques.


Prevaricato por omisión (Art. 414 del Código Penal): examen, no acusación

La calificación final de 5,89 es inferior a 6,9. Por regla metodológica, se desarrolla el análisis jurídico. Este análisis no acusa: examina. No condena: indaga. La demostración del dolo excede lo periodístico y corresponde a la Fiscalía y a la Procuraduría.

Tipificación. El Artículo 414 de la Ley 599 de 2000 dispone: «El servidor público que omita, retarde o rehúse la realización de un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dieciséis (16) a cincuenta y cuatro (54) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses». La conducta es omisiva y requiere un deber funcional concreto, una omisión, retardo o rehusamiento, y dolo.

Tabla 10. Elementos del tipo frente a la evidencia

ElementoContenidoEvidencia disponible
TipicidadOmisión, retardo o rehusamiento de un acto propio de las funcionesFormularios FUT de deuda con campos monetarios en cero durante dos vigencias; obra estructural del agua adjudicada 30 meses después de la posesión
AntijuridicidadDaño a la administración o a particularesCiudad hasta 15 días sin agua; razón corriente 0,07; costo financiero de El Curval igual o superior al costo de la obra
CulpabilidadDolo: conocimiento del deber y voluntad de omitirNo demostrado; se requiere investigación formal
Relación causalVínculo entre la omisión y el dañoParcial: la intervención nacional de Essmar y la sequía son concausas

Omisión documentada 1: la rendición de la deuda pública. El Decreto 111 de 1996 y la Ley 358 de 1997 obligan a las entidades territoriales a reportar su endeudamiento; la Contaduría General exige el FUT_DEUDA_PUBLICA con montos. Santa Marta reportó en 2024 y 2025 créditos identificados con todos los valores en cero, mientras Fitch proyectaba $ 408.000 M de deuda nueva y la Contraloría hallaba una razón corriente de 0,07. Reportar una deuda en cero cuando existe es, como mínimo, un retardo en el cumplimiento de un deber de información que priva al control fiscal y al ciudadano de la trazabilidad del dinero prestado. Fuente: CHIP, FUT_DEUDA_PUBLICA 2024 y 2025; Fitch, octubre de 2025; Contraloría, auditoría 2024.

Omisión documentada 2: el agua entre la calamidad y el contrato. El Distrito declaró calamidad pública por sequía y desabastecimiento; el Concejo autorizó vigencias futuras en 2024 (Acuerdo 021) y en 2025 (Acuerdo 017); y el contrato de gerencia con EDUS se firmó el 31 de diciembre de 2025, el último día del segundo año. El constructor se seleccionó el 3 de junio de 2026 y la obra tarda 44 meses. Entre la posesión y la primera piedra pasaron 30 meses en una ciudad que ya tenía la calamidad declarada. El retardo en la realización de un acto propio de sus funciones (contratar la solución que el propio plan definió como prioritaria) es la hipótesis que la Procuraduría debe examinar, con la concausa de la intervención de Essmar y de la sequía. Fuente: SECOP II; Opinión Caribe, 27 de abril y 6 de julio de 2026; Seguimiento.co, 3 de junio de 2026; El Tiempo, 2 de julio de 2026.

Omisión documentada 3: la contratación vial bajo advertencia. La Procuraduría advirtió en octubre de 2025 «riesgos inminentes» y «posible evasión de normas» en un contrato de malla vial por $ 26.000 M. Una advertencia preventiva del Ministerio Público es un llamado de atención oficial: si la administración continuó el proceso sin subsanar lo advertido, la hipótesis de rehusamiento de un deber funcional queda planteada. Fuente: Semana e Infobae, octubre de 2025.

Abuso de autoridad y favorecimiento ilícito. No hay evidencia documental en esta investigación de favorecimiento a un particular. La concentración de la obra pública en EDUS, empresa del propio Distrito, es una decisión administrativa legal por la vía interadministrativa; su efecto, sacar $ 893.052 M del régimen de licitación pública, es lo que merece examen de la Contraloría y de Colombia Compra Eficiente.

Conclusiones del examen. Existen tres omisiones o retardos documentados que configuran indicios suficientes para que la Procuraduría abra indagación disciplinaria, la Contraloría audite el patrimonio autónomo de El Curval y los formularios de deuda, y la Fiscalía determine si hubo dolo. Este artículo no afirma que el alcalde haya cometido el delito. Afirma que el expediente para que las autoridades lo determinen ya existe y que está hecho de documentos públicos.


Lo que hizo bien

Subió el ingreso tributario 63 % en un año y bajó la dependencia de transferencias de 68,7 % a 58,0 %. Sostuvo un IDI de 83,90, 13,7 puntos sobre el promedio nacional. Coincidió con la mayor reducción de pobreza monetaria del país en 2025. Redujo los homicidios de 208 a 182. Licitó el PAE los tres años con oferentes distintos. Contrató el plan maestro de acueducto y alcantarillado por concurso de méritos. Consiguió que el Concejo aprobara las vigencias futuras y que un constructor firmara por El Curval, cosa que ninguna administración anterior logró.

Lo que falta

Rendir la deuda en el CHIP con cifras y no con ceros. Explicar por qué el financiamiento de El Curval cuesta lo mismo o más que la obra, y quién responde si el patrimonio autónomo no alcanza. Explicar por qué el contrato de $ 893.052 M se firmó el 31 de diciembre y por qué EDUS, y no una licitación pública, es el camino de toda la obra del Distrito. Bajar la contratación directa de 88,4 % del valor a algo que se parezca a la ley. Responder a la Procuraduría por el contrato de $ 26.000 M y a la Contraloría por los $ 21.000 M del SETP. Explicar $ 8.479 M de publicidad en una ciudad que raciona el agua. Y convertir el IDI de 83,90 en agua en la llave: mientras un barrio pase 15 días sin servicio, la nota de Función Pública es un dato, no un logro.


Cierre periodístico: la pregunta que queda

Santa Marta cumplió 500 años con presupuesto récord, publicidad récord y sequía récord. Los números del CHIP dicen que la caja creció 44 %. Los de Función Pública dicen que la administración funciona mejor que 880 de las 1.099 alcaldías del país. Los de Medicina Legal, el DANE y El Tiempo dicen que la ciudad mata menos, empobrece menos y sigue sin agua. Y el SECOP dice que la decisión más grande del gobierno, $ 893.052 M para el acueducto, se tomó a dedo, el último día del año, con una empresa propia y con más intereses que tubería. La nota de 5,89 es exactamente eso: una administración que aprueba en el papel y raspa en la calle. La pregunta para los dos años que quedan es si Carlos Pinedo Cuello va a gobernar para que El Curval llegue en 2030 con las cuentas claras, o para que el próximo alcalde herede un patrimonio autónomo sin fondos y una ciudad con el mismo carrotanque. La vigilancia ciudadana tiene tres expedientes que seguir: el FUT de deuda de 2026, donde se sabrá si los ceros se vuelven cifras; la Procuraduría, por la malla vial; y el acta de inicio de El Curval, donde empieza a contar el plazo de 44 meses.


Anexo: fuentes, metodología y limitaciones

Fuentes oficiales. CHIP (chip.gov.co): CUIPO B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS, FUT_DEUDA_PUBLICA, SGR, vigencias 2024 y 2025 (procesadas en la versión anterior). Función Pública: Resultados de Desempeño Institucional vigencia 2025, territorio. datos.gov.co: SECOP II Contratos Electrónicos (jbjy-vk9h), NIT 891780009, 2024 y 2025, consulta del 28 de septiembre de 2026. DANE: pobreza monetaria 2025 (GEIH), junio de 2026. Medicina Legal: homicidios 2025, vía Santa Marta Cómo Vamos. ANSV: siniestralidad vial 2024 y enero-abril 2026. Alcaldía de Santa Marta: PDD «Santa Marta 500+» 2024-2027, PISCC 2024-2027, Plan de Acción 2024. Concejo Distrital: Acuerdos 021 de 2024, 017 de 2025 y 014 de 2025. Contraloría: auditoría vigencia 2024. Fitch Ratings: calificación A-(col), octubre de 2025. Consejo de Estado, Sección Quinta: sentencia del 21 de agosto de 2025.

Fuentes independientes y de prensa. Santa Marta Cómo Vamos: Informe de Calidad de Vida 2024. Guarumo y Ecoanalítica (diciembre de 2024). Datanálisis (abril de 2026, vía Diario La Libertad). FLIP: gasto en publicidad oficial. El Tiempo (2 de julio de 2026, crisis del agua). Opinión Caribe (27 de abril, 28 de abril y 6 de julio de 2026). Seguimiento.co (adjudicación de El Curval, 3 de junio de 2026; siniestralidad, 27 de febrero de 2025). Hoy Diario del Magdalena (pobreza, 18 de junio de 2026). El Informador (pobreza; hallazgos SETP). Diario La Libertad (siniestralidad, 10 de julio de 2026). Semana e Infobae (advertencia de Procuraduría, octubre de 2025). Santa Marta Al Día (encuesta Guarumo). Prensa y análisis de corrupcionaldia.com sobre Aremca y las fiestas del 500.

Limitaciones. (1) Las cifras CUIPO de 2024 y 2025 provienen de la versión anterior; la cifra de ingresos 2025 fue descrita allí como «presupuesto definitivo» y no se reprocesó contra el formulario para distinguir apropiación de recaudo. (2) La participación de la inversión en el gasto y la relación pagos sobre obligaciones por sección no se desagregaron; el componente 2 asigna el ajuste mínimo y lo declara. (3) Los formularios FUT de deuda están en cero; la deuda se documenta con Fitch y Contraloría. (4) La contratación medida es la de la Alcaldía en SECOP II; no incluye SECOP I ni EDUS, Essmar, SETP e Indeter, que ejecutan la obra pública del Distrito. (5) La cifra de homicidios 2025 (182) es la consolidada por Medicina Legal; la versión anterior citó 166 de reportes preliminares. (6) El consolidado de mortalidad vial 2025 no estaba publicado al cierre; se usa 2024 y el parcial enero-abril 2026. (7) Las dos estructuras de costos de El Curval (abril y julio de 2026) difieren; se reportan ambas. (8) Las regalías se registran como segundo nivel sin desagregación por proyecto BPIN.

Gráficas. 01_idi_capitales_caribe.png, 02_secop_modalidades.png, 03_radar_componentes.png, 04_radar_problemas.png.


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