Entre 2024 y 2025, el presupuesto de Santa Marta creció con fuerza, pero el agua siguió faltando, la violencia siguió marcando el pulso urbano, la informalidad laboral siguió devorando el empleo digno y la movilidad siguió matando. Esta investigación cruza ejecución de ingresos, gastos, regalías, deuda pública, Plan de Desarrollo, Plan de Acción, PISCC, indicadores ciudadanos, fuentes oficiales y alertas periodísticas para responder la pregunta que más incomoda al poder: si entró más dinero, ¿por qué la ciudad todavía no siente que le llegó el gobierno?
En Santa Marta el presupuesto engordó antes que la esperanza. Los números subieron con la elegancia fría de una hoja de Excel: más ingresos, más transferencias, más capital, más músculo contable. Pero en la calle el agua siguió llegando a cuentagotas, la violencia siguió escribiendo sus propias actas y el ciudadano siguió levantándose cada mañana con una pregunta que en Colombia ya parece patrimonio cultural: dónde está la plata cuando el problema sigue intacto. Esta no es una discusión de enemigos y fanáticos; es una revisión de documentos públicos, líneas presupuestales y promesas de gobierno que, puestas una junto a otra, muestran algo peor que un error: muestran una administración que todavía no convierte su tamaño financiero en alivio estructural para la ciudad.
Seguimos en el departamento del Magdalena. Vamos a auscultar la gestión municipal de Santa Marta, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Carlos Pinedo Cuello. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana… Y cuando uno abre esas herramientas —planes, presupuestos, ejecuciones, regalías, informes de calidad de vida, advertencias de control y reportes de prensa— aparece una verdad incómoda: Santa Marta no está ante un colapso de caja, sino ante algo más grave, una administración con recursos cuantiosos, promesas ambiciosas y resultados demasiado desiguales en los problemas que más golpean a la gente
Cuando la caja está llena pero el grifo sigue seco
El primer dato que desarma el triunfalismo es simple. En 2024, Santa Marta registró ingresos totales por $1,485 billones. Para 2025, el presupuesto definitivo subió a $2,139 billones. El crecimiento ronda el 44 %. No es poca cosa. Es una expansión que, en teoría, debería sentirse en los hogares, en los barrios y en la infraestructura más básica. Pero la ciudad que describen los ciudadanos y los informes independientes no es una ciudad reconciliada con sus servicios esenciales: es una ciudad que sigue peleando por agua, por seguridad, por empleo digno y por calles menos letales. Basado en la revisión de los ingresos 2024 y 2025 suministrados por el CUIPO y el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027.
El problema no es solo cuánto entra, sino de dónde depende lo que entra. En 2024, las transferencias corrientes sumaron $1,020 billones, equivalentes a cerca del 68,7 % del total de ingresos. En 2025, esas transferencias llegaron a $1,240 billones, todavía alrededor del 58 % del total. Es decir: Santa Marta mejora, sí, pero sigue siendo una ciudad fiscalmente sostenida en gran parte por recursos que llegan de afuera, no por un salto estructural de autonomía local. Cuando un gobierno presume gerencia, conviene mirar si produjo riqueza propia o si apenas administró con buena retórica una dependencia vieja.
A la par, los ingresos tributarios pasaron de $314.693 millones en 2024 a $513.428 millones en 2025, mientras los recursos de capital crecieron de $121.853 millones a $341.206 millones. El comportamiento luce expansivo. Pero una caja más grande solo sirve si produce una ciudad más vivible. Y ahí empiezan las preguntas que el boletín oficial no siempre responde. Basado en los anexos de ingresos 2024-2025 suministrados por el usuario.
La contabilidad del poder: gasto social arriba, angustia ciudadana también
En el gasto, la administración concentra montos fuertes en salud, educación y administración central. Los pagos detallados consolidados pasan de $1,413 billones en 2024 a $1,551 billones en 2025. Entre los rubros más pesados aparecen las transferencias del sector salud, con alrededor de $508.400 millones en 2024 y $519.100 millones en 2025, además de una nómina docente robusta, PAE y otros componentes de educación. Sobre el papel, el mensaje es tranquilizador: hay recursos importantes en sectores sensibles. En la práctica, la ciudad sigue mostrando síntomas de enfermedad estructural.
Si se mira con bisturí, el gasto no exhibe una falla de ausencia absoluta de dinero, sino una falla de traducción entre dinero y resultado. La ciudad puede pagar salud y educación, pero aun así mantener agua deficiente, homicidios altos, informalidad persistente, deserción preocupante y una mortalidad vial que avergüenza cualquier discurso de ciudad sostenible. Esa es la tragedia administrativa de muchas alcaldías colombianas: ejecutan, pero no transforman; pagan, pero no corrigen; informan, pero no convencen. Source
Composición de ingresos: dependencia de transferencias
2024
- Tributarios: 21,2 % █████
- Transferencias corrientes: 68,7 % ████████████████
- Recursos de capital: 8,2 % ██
- Otros corrientes: 1,9 % ▌
2025
- Otros corrientes: 2,0 % ▌
- Tributarios: 24,0 % ██████
- Transferencias corrientes: 58,0 % ██████████████
- Recursos de capital: 16,0 % ████
Lo que la gente pide vs. lo que el gobierno muestra
El Plan Distrital de Desarrollo “Santa Marta 500+” identifica como problemas ciudadanos más repetidos el acceso al agua y saneamiento, la seguridad, la pobreza e informalidad, la educación y la infraestructura/movilidad. Ese diagnóstico coincide casi milimétricamente con el informe de Santa Marta Cómo Vamos: 62,8 % de insatisfacción con el servicio de agua, 208 homicidios en 2024, pobreza monetaria de 37,9 %, informalidad laboral de 59,8-62,3 %, 5.015 desertores escolares y la tasa de mortalidad vial más alta del país con 131 muertes en 2024. Cuando plan y ciudadanía coinciden en el diagnóstico y el problema persiste, la evaluación ya no es de discurso: es de ejecución.
Visualización de datos: desafíos, metas y avances 2024-2025
| Problema principal | Meta/compromiso oficial | Evidencia 2024-2025 | ODS | Nota /10 |
|---|---|---|---|---|
| Agua y saneamiento | PTAP El Curval (800 l/s), 11 km de conducción, 48 km de redes, desalinizadora Taganga, colectores y EBAR Norte | 62,8 % de insatisfacción con el agua; IRCA 6,3: agua no apta; la respuesta institucional siguió siendo contingente (“Ruta del Agua”) mientras la crisis hídrica obligó a medidas extraordinarias; la Alcaldía reportó avances parciales en colectores, pero el problema estructural sigue abierto | ODS 6 | 3,5 |
| Seguridad y convivencia | Bajar hurto de 1019 a 866 por 100.000; extorsión de 24 a 20; homicidio de 35 a <30; reducir violencia contra la mujer | 2024 cerró con 208 homicidios y alta violencia; para 2025 hay reportes de reducción a 166 homicidios, pero el punto de partida fue tan grave que no alcanza para hablar de éxito sólido | ODS 16 | 2,0 |
| Empleo y pobreza | Agencia pública de empleo; 6.000 colocaciones; 3.000 certificaciones; formalización de 200 vendedores y 4.000 unidades productivas | Bajó el desempleo y la pobreza monetaria, pero la informalidad sigue entre las más altas del país; es el frente con mejor comportamiento relativo, no por milagro, sino por mejora parcial | ODS 8 / ODS 1 | 5,5 |
| Educación | 3 sedes nuevas, 3 mejoradas, PAE al 100 %, bajar deserción a 4,45 % | Suben algunos indicadores de ICFES y tránsito a superior, pero persisten 5.015 desertores, baja calidad relativa de la red pública y enorme brecha frente al sector privado | ODS 4 | 5,0 |
| Movilidad e infraestructura | Política de movilidad multimodal, plan maestro, movilidad activa, 83 km de vías terciarias, 13 puentes peatonales | Santa Marta fue la ciudad con mayor tasa de mortalidad vial; hubo anuncios y pedagogía, pero los resultados materiales son débiles y la contratación vial quedó bajo advertencias de control | ODS 11 | 3,5 |
Promedio global: 3,9 / 10 → REGULAR/MEDIOCRE.
Lectura visual: Agua ▓▓▓░░░░░░░ | Seguridad ▓▓░░░░░░░░ | Empleo ▓▓▓▓▓▓░░░░ | Educación ▓▓▓▓▓░░░░░ | Movilidad ▓▓▓▓░░░░░░
Fuentes de la matriz: PDD Santa Marta 2024-2027 PISCC Santa Marta 2024-2027 Informe de Calidad de Vida 2024 DANE Santa Marta-Magdalena
Desafíos vs. logros 2024 y 2025
| Problema | Severidad del desafío (0-10) | Respuesta/avance verificable (0-10) | Balance |
|---|---|---|---|
| Agua y saneamiento | 9.5 | 3.5 | Déficit crítico |
| Seguridad | 8.5 | 2.0 | Déficit grave |
| Empleo e informalidad | 7.0 | 5.5 | Mixto |
| Educación y permanencia | 6.5 | 5.0 | Mixto-débil |
| Movilidad y siniestralidad | 8.5 | 3.5 | Déficit alto |
La ciudad que pidió agua y recibió contingencia
El Plan de Desarrollo reconoce que el acceso a agua y saneamiento es una de las grandes urgencias de Santa Marta. La alcaldía exhibe anuncios de alto calibre: la planta de tratamiento de El Curval, una desalinizadora para Taganga, redes de conducción y distribución, además de medidas de contingencia como la Ruta del Agua y avances en colectores pluviales como Pescaito y Bellavista.
Pero la vida real se encargó de arruinar la propaganda. El informe de calidad de vida reportó 62,8 % de insatisfacción con el agua, y la ciudad llegó a declarar calamidad pública por sequía y crisis de abastecimiento. La gestión del agua, por tanto, no puede calificarse por el tamaño del render ni por el volumen del comunicado, sino por la capacidad de cerrar la brecha entre promesa y servicio. Y en 2024-2025 esa brecha siguió demasiado abierta.
La ironía administrativa es brutal: una ciudad que habla de plantas, redes y soluciones estructurales sigue dependiendo de medidas de emergencia para que barrios enteros no se queden mirando tuberías secas. En una ciudad turística, el agua dejó de ser servicio para volverse síntoma político y el agua podrida de las alcantrillas fluyendo por sus calles.
Seguridad: el expediente donde la realidad contradice el discurso
Santa Marta sí tiene un instrumento formal de seguridad. El PISCC 2024-2027 fija metas para reducir homicidios, hurtos, extorsión, violencia intrafamiliar, violencia sexual y otros indicadores, y proyecta recursos de FONSET para sostener la política de seguridad. También hubo anuncios de fortalecimiento operativo a la fuerza pública y medidas de control. Source Source
Sin embargo, el panorama ciudadano siguió siendo áspero. El informe de calidad de vida reportó 208 homicidios en 2024, aumento fuerte de muertes violentas y un deterioro severo de la percepción de seguridad. En otras palabras, la ciudad tiene plan, metas y aparato institucional, pero todavía no logra un control suficientemente visible de la violencia. Y ese detalle importa: en seguridad, la diferencia entre gestionar y proteger se mide en vidas. Source
Cuando la administración habla de fortalecimiento y el ciudadano sigue contando muertos, lo que falla no es la narrativa periodística sino el rendimiento del Estado. Una alcaldía puede alegar herencias, contextos y complejidades, y muchas veces tendrá razón. Pero cuando el problema central sigue respirando con fuerza propia, la ciudad no premia excusas: cobra resultados. Source
Empleo: la estadística que maquilla el rebusque
En empleo, el panorama es más ambiguo. Santa Marta reporta niveles de desempleo que no lucen catastróficos frente a otras capitales, y existen esfuerzos institucionales para formular política de trabajo decente y fortalecer mecanismos de intermediación laboral. Source Source
Pero esa foto se amarga cuando aparece la palabra que en Colombia explica la mitad del mercado laboral: informalidad. El informe ciudadano la ubica entre 59,8 % y 62,3 %, una cifra que significa que una buena parte de la población no vive de empleo digno sino de supervivencia administrada. El desempleo puede moderarse, sí, pero si la ciudad sigue descansando sobre el rebusque, entonces el mercado laboral no está sano: apenas está anestesiado. Source Source
Escuelas, alimentos y la pregunta que no se rinde
El Plan de Desarrollo promete ampliar el PAE, reducir deserción, mejorar infraestructura y empujar calidad educativa. En la ejecución del gasto, educación sigue siendo una de las grandes bolsas del presupuesto. El problema es que el informe de calidad de vida registró 5.015 desertores en 2024, un aumento de la deserción respecto de años previos y un desempeño educativo que todavía deja a Santa Marta mal posicionada frente a otras capitales. Source Source
Eso obliga a desconfiar del automatismo oficial según el cual más gasto educativo equivale a mejor educación. No siempre. A veces equivale apenas a sostener la estructura. A veces alcanza para alimentar y pagar, pero no para retener. Y una ciudad que no retiene estudiantes está incubando su próximo fracaso social mientras inaugura PowerPoints. Source Source
Las calles donde también se gobierna con funerales
Pocas cifras son tan moralmente obscenas como esta: Santa Marta cargó con la tasa de mortalidad vial más alta del país, con 131 muertes en 2024, muchas de ellas de motociclistas. Frente a eso, la ciudad mostró campañas pedagógicas y acciones de regulación. Pero cuando la realidad es un cementerio estadístico, la pedagogía sin transformación urbana se vuelve consuelo institucional. Source Source
La movilidad no se arregla con eslóganes. Se arregla con control, infraestructura, señalización inteligente, política pública sostenida y reducción real del riesgo. Si la ciudad sigue matando en sus vías, entonces la administración no puede hablar de progreso sin mirar antes el parte forense. Source
Proponemos estos cinco indicadores forenses, no como propaganda sino como tablero de control ciudadano:
| Problema | Indicador propuesto | Lectura 2024-2025 | Nota /10 |
|---|---|---|---|
| Agua | Índice de resolución hídrica estructural = proyectos estratégicos operativos / proyectos prometidos | Hay contingencia y avances parciales, pero no solución estructural consolidada | 3.5 |
| Seguridad | Índice de seguridad efectiva = avance real frente a metas PISCC | Persisten homicidios y violencia en niveles incompatibles con la narrativa de control | 2.0 |
| Empleo | Índice de formalización útil = empleo creado con reducción de informalidad | Desempleo relativamente moderado, pero informalidad muy alta | 5.5 |
| Educación | Índice de permanencia educativa = mejora de cobertura/calidad con caída de deserción | Hay metas y gasto; la deserción sigue siendo alerta | 5.0 |
| Movilidad | Índice de seguridad vial = reducción de siniestros fatales | La mortalidad vial sigue en nivel crítico | 3.5 |
Promedio simple: 3,9 / 10
Regalías: la inversión que se encogió cuando más se necesitaba
Uno de los hallazgos más delicados aparece en las regalías. En 2024, los ingresos SGR consolidados rondaron $21.693 millones y los pagos cerca de $12.753 millones. En 2025, los ingresos cayeron a $2.818 millones y los pagos a $1.427 millones. Eso implica una contracción cercana al 87 % en ingresos y al 88,8 % en pagos. Para una ciudad con tantas necesidades estructurales, esta caída no es un tecnicismo: es un retroceso en capacidad de inversión territorial.
La comparación es brutal. Mientras las transferencias corrientes representan casi 68,7 % de los ingresos en 2024 y 58 % en 2025, la inversión pagada vía regalías pesa menos de 1 % del gasto detallado en 2024 y apenas cerca de 0,1 % en 2025. En términos simples: la ciudad flota sobre recursos corrientes, pero invierte muy poco por la vía que podría dejar huella visible en obras y transformación.
Deuda pública: nombres de bancos, cifras en cero
Los anexos de CUIPO de deuda pública listan registros, sectores programáticos, entidades financieras y fechas de reestructuración. Aparecen bancos, sectores como deporte y ambiente, e incluso operaciones identificadas como reestructuradas. Pero en la extracción consolidada disponible, los campos monetarios aparecen en cero. Cero monto aprobado, cero desembolso, cero saldo, cero intereses, cero amortización. No es creíble como fotografía financiera de una entidad territorial con crédito reportado. Source Source
Esto puede significar archivo defectuoso, exportación incompleta o rendición deficiente. Las tres hipótesis son malas. En deuda pública, la forma también es fondo: si el ciudadano no puede seguir la ruta del dinero prestado, entonces el control fiscal queda ciego y la narrativa oficial gana sombra donde debería haber trazabilidad. Source Source
Publicidad, contratos y el perfume del escándalo
La FLIP reportó que Santa Marta gastó $8.479 millones en publicidad oficial, superando por más de $3.000 millones el total de la administración anterior en un periodo comparable. El dato no prueba por sí mismo ilegalidad, pero sí una prioridad política: en una ciudad donde el agua falta y la violencia sobra, gastar tanto en visibilidad oficial no luce precisamente como un acto de austeridad ética. Source
A eso se suman alertas periodísticas y de control sobre contratación vial. Semana informó advertencias de la Procuraduría sobre riesgos en un contrato para la malla vial; Infobae habló de posible evasión de normas en un proceso de gran tamaño. En paralelo, El Informador reportó hallazgos fiscales por cerca de $21 mil millones en el SETP. El expediente todavía requiere disección contractual uno a uno, pero ya ofrece un aroma suficientemente fuerte como para que nadie honesto pida ambientador en vez de auditoría. Source
En corrupcionaldia.com también han circulado señalamientos sobre contratos y el uso político de recursos festivos y de infraestructura. Como toda publicación periodística, esos contenidos deben leerse con verificación cruzada; pero su existencia refuerza una conclusión editorial razonable: la gestión ya no puede blindarse solo con comunicados, porque entró de lleno en la zona donde el control ciudadano y periodístico empieza a juntar piezas. Source Source
La zona jurídica: lo que se puede decir sin convertir periodismo en panfleto
Con la evidencia consolidada hoy, no es responsable afirmar como hecho que el alcalde haya cometido prevaricato. Eso le corresponde a las autoridades competentes, no a una columna encendida. Lo que sí se puede sostener, sin temblor ni exageración, es que existen elementos suficientes para justificar control disciplinario, fiscal y eventualmente penal si se demostrara que hubo omisiones arbitrarias, incumplimientos deliberados de deberes funcionales, bloqueo injustificado de actuaciones obligatorias o decisiones contractuales adoptadas prescindiendo de requisitos sustanciales. Source Source
Si una investigación formal probara que un servidor público dejó de cumplir obligaciones claras frente a crisis estructurales, órdenes judiciales o procedimientos contractuales obligatorios, ahí sí podría discutirse la hipótesis de prevaricato por omisión o figuras cercanas. Pero el periodismo serio no reemplaza el expediente: lo prepara. No condena; documenta. No sentencia; ilumina. Source
Anomalías y banderas rojas
La primera bandera roja es la calidad de la información de deuda: créditos identificados, bancos identificados, reestructuraciones identificadas, pero montos en cero. En finanzas públicas eso no es normalización; es opacidad funcional o mala rendición. La segunda es la caída abrupta de regalías ejecutadas, incompatible con una narrativa de aceleración transformadora. La tercera es la brecha entre el peso presupuestal y el resultado urbano: más presupuesto no ha corregido la crisis del agua ni la violencia ni la siniestralidad. Y la cuarta es el ruido contractual: gasto récord en publicidad oficial, alertas de Procuraduría sobre un contrato vial y hallazgos fiscales severos en SETP. Una administración no se condena por ruido; pero cuando el ruido viene de varias esquinas, el deber del periodismo es no bajar el volumen.
La revisión de contratación incorporó SECOP I y SECOP II como fuentes de trazabilidad, pero la extracción municipal completa quedó limitada por errores de consulta en la interfaz abierta. Por eso, para no exagerar ni inventar, las alertas contractuales aquí recogidas se apoyan en repositorios públicos y en publicaciones periodísticas que citan actuaciones de control o expedientes específicos. En una investigación de segunda fase convendría bajar los procesos uno por uno desde SECOP y armar matriz de contratista, objeto, modalidad, adiciones, supervisor y ejecución. Source Source
ODS: el plan habla 2030, la ciudad responde 2024
El gobierno distrital alinea su Plan de Desarrollo con los ODS, especialmente en agua, empleo, educación, ciudades sostenibles e instituciones sólidas. En el papel, la arquitectura está. En la ejecución, el avance es desigual.
En ODS 6, el agua sigue en deuda. En ODS 16, la seguridad y la confianza institucional siguen heridas. En ODS 8, el empleo mejora menos que la informalidad. En ODS 4, la educación mantiene brechas de permanencia y calidad. En ODS 11, la movilidad y la infraestructura urbana siguen demasiado lejos de la idea de ciudad sostenible. El resultado es un cumplimiento parcial y rezagado, más fuerte en formulación que en transformación. Source Source
| ODS | Estado | Nota /10 | Razón principal |
|---|---|---|---|
| ODS 6 Agua limpia y saneamiento | Rezagado | 3.5 | Persisten crisis hídrica, insatisfacción y respuestas aún contingentes |
| ODS 16 Paz, justicia e instituciones sólidas | Rezagado | 2.0 | Violencia alta y alertas de contratación/control |
| ODS 8 Trabajo decente | Parcial | 5.5 | Desempleo controlado, informalidad aún muy alta |
| ODS 4 Educación de calidad | Parcial | 5.0 | Mejora en metas y cobertura, pero deserción y calidad siguen débiles |
| ODS 11 Ciudades sostenibles | Rezagado | 3.5 | Movilidad letal y déficit de infraestructura urbana básica |
El balance ODS sugiere una administración más efectiva en planeación y formulación que en materialización integral. Santa Marta puede mostrar metas, matrices y capítulos; todavía le falta mostrar que esas páginas ya caminan solas por los barrios.
La nota del alcalde
Para esta investigación, la gestión de Carlos Pinedo Cuello merece una calificación de 3,9 sobre 10. La etiqueta es regular, con tendencia a mediocre en las áreas que más importan al ciudadano común: agua, seguridad y movilidad.
No porque la administración no haga nada. Sí hace. Tiene planes, ruedas de prensa, metas, partidas, campañas y documentos. La nota baja porque la pregunta clave no es cuánto se movió el gobierno, sino cuánto movió la vida de la gente. Y en Santa Marta, entre 2024 y 2025, el gobierno todavía no logra demostrar que el crecimiento de la caja produjo una reducción equivalente del miedo, la sed, el rebusque y el riesgo urbano. Basado en el cruce de anexos financieros 2024-2025 suministrados por el usuario, el PDD, el PISCC, el Plan de Acción 2024, el informe de Santa Marta Cómo Vamos y ODECS.
Conclusión
Santa Marta no está ante un alcalde sin presupuesto; está ante una administración con recursos crecientes y resultados todavía insuficientes. Esa diferencia importa. Porque desmonta la coartada más vieja del poder local: “no hay plata”. Sí la hay. Lo que no aparece con la misma claridad es la transformación estructural.
Y cuando una ciudad sigue pidiendo agua, seguridad, empleo digno, educación que retenga y calles menos mortales después de una expansión presupuestal de ese tamaño, el periodismo tiene la obligación de hacer la pregunta que el protocolo evita: si el dinero llegó, ¿por qué la ciudad no termina de llegar al ciudadano? Source
