¿Educación vial para estudiantes que ni conducen?

El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, parece empeñado en escribir su propio capítulo en el manual de la corrupción política. Esta vez, el contrato con la polémica Asociación Regional de Municipios del Caribe (Aremca) es el protagonista de una historia donde la transparencia parece ausente y la ética, olvidada.

El objetivo, en teoría, es noble: fortalecer la seguridad vial en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Sin embargo, asignar $2.500 millones de pesos provenientes de regalías para dotar de herramientas educativas a estudiantes, muchos de los cuales ni siquiera manejan bicicletas, es, cuando menos, un despropósito monumental.

En el trasfondo se colige que la necesidad de exprimir recursos del erario para favorecer a amigos o a ellos mismos, lleva a muchos ordenadores del gasto a justificar contrataciones absurdas, traídas de los cabellos, y lo peor, ni les importa exponerse al escarnio público.

Así como tampoco les importa que organismos de control y vigilancia hagan llamados de advertencias sobre contratistas, empresarios, ONG, Fundaciones y otro tipo de oferentes cuestionados, multados y salpicados por corrupción.

El papel de Aremca y la fundación contratada

En concreto, el pasado mes de octubre el Distrito de Santa Marta, oficializó un convenio interadministrativo con Aremca, para que esta a su vez, subcontratara al oferente de su preferencia para desarrollar el proyecto de “Fortalecimiento de la conciencia, inteligencia y seguridad vial mediante la dotación de herramientas didácticas para la educación vial en el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta”.

El Distrito destinó recursos de regalías por el orden de los $2.500 millones de pesos, para tal propósito con un plazo de ejecución de escasos 2 meses.

Es decir, según Pinedo en 2 meses los samarios seguramente aprenderán a mejorar su comportamiento vial. Tamaño despropósito en una ciudad con uno de los tráficos más caóticos del caribe, donde pulula el irrespeto a las normas de tránsito y los conductores tanto de motos, taxis y buses imponen la Ley del más vivo.

El 4 de octubre Aremca, a su vez, contrató por dicho valor a la Fundación Editorial Un idos por Colombia, con el Nit de Persona Jurídica 901192574 y su representante legal Nellys Margoth López Yepes, para la ejecución de este proyecto.

Aremca: un viejo conocido de los cuestionamientos

Aremca no es un nombre nuevo en el listado de entidades bajo sospecha. Con 66 contratos firmados entre 2021 y 2023, por montos que oscilan entre 12 millones y 67 mil millones de pesos, ha estado bajo la lupa de la Contraloría General de la República y el Departamento Nacional de Planeación. Su historial incluye numerosas investigaciones por corrupción, especialmente en la Costa Caribe.

Además, en marzo de 2023, el Consejo de Estado determinó que Aremca no podía ejecutar recursos del Sistema General de Regalías, al no cumplir con requisitos básicos como la inscripción en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT).

Un contrato que no convence

La mayor contradicción del contrato radica en su enfoque. Mientras que en la justificación inicial se menciona que los estudiantes serán “multiplicadores” de conocimientos, el propio Distrito argumenta que los materiales serán utilizados por autoridades de tránsito. ¿Entonces, cuál es el objetivo real?

La opacidad en el propósito del contrato y el historial de las entidades involucradas deja pocas dudas: este es otro episodio de saqueo de los recursos públicos, con las mismas prácticas que han empobrecido a Santa Marta y a sus ciudadanos.

Sobre Aremca, toca volver a recordar que en una sentencia del 31 de marzo de 2023, el Consejo de Estado determinó que dicha Asociación no podía ser designada como ejecutora de recursos del Sistema General de Regalías, ya que no estaba inscrita en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales (REAT) del Ministerio del Interior, requisito indispensable para manejar dichos fondos. Aún así Pinedo vuleve a confiarle recursos públicos.

Entre 2021 y 2023, Aremca suscribió 66 contratos en diversas áreas, desde obras públicas hasta asesorías de vigilancia, financiados con recursos de regalías. Los montos de estos contratos oscilan entre $12 millones y $67 mil millones de pesos. Departamentos como Arauca, San Andrés, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba y La Guajira confiaron en Aremca para ejecutar proyectos significativos.

Sin contar con que la entidad ha estado en la mira de entidades como la Contraloría General de la República como el mismo Departamento Nacional de Planeación, precisamente por casos de corrupción en sus múltiples contrataciones a lo largo del país, pero especialmente en la Costa Caribe.

En cuanto a la Fundación Editorial Unidos por Colombia, figuraba en el registro Único de Proponentes como una comercializadora al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería, con sede en Santa Marta.

Y como ya lo había denunciado meses atrás corrupciónaldía.com, en el Registro Único Empresarial y Social (RUES) figura que se inscribió en el Registro Único de Proponentes el 5 de mayo del 2023, pero no fue renovado en el 2024, por lo que aparece como cancelado el 30 de abril del 2024, justo después de que la Alcaldía de Aracataca le adjudicara el contrato de compraventa no. 001 del 11 de marzo del 2024 por valor de $999.810.000, para la adquisición de las 529 tabletas.

Aun así, Aremca le dio otro contrato seguramente por sus “buenas relaciones” comerciales y políticas.

Llama la atención que todos los últimos contratos conseguidos por esta Fundación, tengan como público objetivo (que más parecen conejillos de indias), a estudiantes de Santa Marta y otras poblaciones del Magdalena, que son utilizados para justificar millonarios contratos que en el fondo son simples operaciones de compraventa de materiales didácticos que tal vez no necesitan los supuestos beneficiarios, o son ofrecidos con sobrecostos a las entidades territoriales.

Esto ocurre en las narices de los organismos de control que se mantienen como entumecidos, inactivos o ciegos, guardando un silencio cómplice con los hechos de corrupción que a la postre solo terminan perjudicando a los ciudadanos de a pie.

Conclusión:

Mientras el alcalde Carlos Pinedo insiste en mantener sus “amores” con Aremca y cuestionados contratistas, los samarios observan cómo el erario público se diluye en proyectos dudosos que benefician a unos pocos. ¿Hasta cuándo se permitirá que la corrupción siga siendo el verdadero protagonista en esta ciudad?


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