En Sabanalarga, Atlántico, los arroyos siguen siendo una amenaza constante, no solo para las viviendas de los barrios afectados, sino también para la paciencia de una comunidad cansada de promesas vacías. Tres años después del anuncio triunfal del exalcalde Jorge Luis Manotas Manotas, las obras de canalización están paralizadas, rodeadas de barro, escombros y un hedor inconfundible: el de la corrupción.
Promesas ahogadas en el pantano de la corrupción
En abril de 2021, Manotas adjudicó con entusiasmo el contrato LP 001 2021 al Consorcio Construcanales 2021 por la módica suma de $8.501 millones de pesos. Se suponía que el proyecto canalizaría 1.306 metros lineales de arroyos en tres barrios críticos y construiría ocho box culverts. Sin embargo, lo que queda hoy es un monumento al abandono y a la mala gestión de los recursos provenientes de las regalías del OCAD Paz, el mismo esquema que ha servido como alcancía para los poderosos.
Un consorcio de escándalos
Construcanales 2021, liderado por SIS Organization SAS (95% de participación), no es ajeno a la polémica. Esta empresa ya figura en investigaciones por contratos similares, como el caso de Jericó, Antioquia, vinculados al exdirector de la UNGRD, Olmedo López. El restante 5% pertenece a Rafael Santiago Naar, cuyo nombre resalta más por las irregularidades que por sus logros.
Y no olvidemos al Consorcio PCC Sabanalarga, encargado de la interventoría por un jugoso contrato de $550 millones de pesos. Entre sus integrantes están firmas con historiales tan cuestionables como Consultorías e Interventorías Técnicas Profesionales SAS, conocida por dejar a medio construir el megacolegio de Suaita, Santander. ¿Coincidencias? Claro, como las lluvias en invierno.
Regalías, una mina para los corruptos
Este caso no es aislado. El esquema de regalías del OCAD Paz ha sido un imán para alcaldes de pequeños municipios que, con la excusa de impulsar el desarrollo, han convertido estos recursos en un botín personal. Sabanalarga es solo otro ejemplo del modus operandi: contratos millonarios adjudicados a consorcios sin capacidad ni intención de cumplir, interventores que miran hacia otro lado y, por supuesto, funcionarios que desaparecen cuando se piden cuentas.
La Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $9.000 millones de pesos contra Manotas y varios funcionarios de su administración, así como contra los consorcios involucrados. Pero, ¿será este otro caso que se ahoga en el sistema judicial mientras los arroyos de Sabanalarga siguen destruyendo vidas?
¿Y los habitantes?
Mientras los responsables se llenan los bolsillos, los moradores de Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto siguen viviendo en el miedo y la frustración. Promesas incumplidas, obras abandonadas y la impotencia de saber que sus derechos son apenas una línea en los discursos políticos.
