Cooptación del Estado y corrupción, van de la mano

Los actos de corrupción traen consecuencias desastrosas para las sociedades, donde sus necesidades o no son resueltas, o son resueltas con sobreprecios que el Estado debe asumir de manera directa, lo que además desemboca en un incremento de impuestos que termina pagando la ciudadanía.

La corrupción abarca desde procesos sofisticados con impactos a largo plazo como la captura y cooptación del Estado por parte de grupos económicos, hasta sobornos de ciudadanos a miembros de la fuerza pública para evitar multas de tránsito.

En el caso que nos ocupa, en Colombia el fenómeno cooptación del Estado empezó a cristalizarse luego de que el Gobierno de César Gaviria Trujillo sancionara varias leyes que abrieron el camino para que inversionistas privados prácticamente se apoderaran de los principales sectores macroeconómicos del país: La Ley 80 de Contratación de 1993, que permitió concesionar las vías terrestres (Eso sí, de las que se puede sacar mayores dividendos); la Ley 100 que creó el Sistema de Seguridad Social; otras dos leyes determinantes en 1994: la Ley 142 de servicios públicos y la Ley 143 de régimen para la generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad.

Estas leyes permitieron la llegada de privados a operar servicios públicos, como el manejo de acueducto, basuras y sector eléctrico, previamente suministrados por el Estado, así como dejó en manos de aseguradoras (EPS), la salud de los colombianos.

Además, el proceso de privatización de la administración Gaviria se reflejó con mayor fuerza en el sistema financiero. En esos cuatro años pasaron a manos del sector privado treinta entidades crediticias que estaban en poder del Estado

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Ya en el año 2000, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, Colombia vendió Carbocol, la productora estatal de carbón que era dueña del 50% de la mayor mina de carbón de cielo abierto de Latinoamérica: el Cerrejón Zona Norte en la Guajira. La venta, por US$384 millones, se hizo al consorcio conformado por el grupo minero británico Billiton Pic, la empresa sudafricana Anglo America Pic y la empresa suiza Glencore International AG. Cinco años más tarde, el Fondo de Garantías de Instituciones Financiera (Fogafin) vendió el Banco Granahorrar por $970.000 millones de pesos al banco español BBVA.

Así mismo el Gobierno vendió el 50% más una acción de la Empresa Colombia Telecomunicaciones (Telecom) en el 2006. En la subasta participó la multinacional mexicana Telmex, pero finalmente la asociación se hizo con el Grupo Telefónica de España. La transacción fue de US$369 millones.

Ese mismo año se dio la privatización más grande hasta el momento a manos de la Empresa de Energía de Bogotá, la cual compró a Ecogas, especializada en el transporte de gas natural, por un monto de $3 billones; aproximadamente US$ 400 millones.

En el 2007, Ecopetrol presentó por primera vez una oferta para la compra de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta oferta vino acompañada de la emisión de la Ley 1118 del 2006, la cual autorizó a Ecopetrol para «la emisión de acciones para ser colocadas en el mercado y que así estas puedan ser adquiridas por personas naturales o jurídicas», asegurándose que «la Nación conserve, como mínimo, el ochenta por ciento (80%) de las acciones en circulación, con derecho a voto»

En el 2011 Ecopetrol lanzó una segunda emisión de acciones. A raíz de esto, el estado colombiano vendió el 11% de la empresa, lo cual llevó a que se diera la mayor privatización de patrimonio público del país.

En el 2016 se dio la venta de Isagen, empresa que se dedica a la generación de energía y que fue la segunda mayor privatización más alta en la historia reciente del país. Sin embargo, para esta solo hubo una oferta que fue por parte del fondo de inversión canadiense Brookfield. Esta adquirió 57,61% de la empresa por un monto de $6,49 billones de pesos.

Finalmente, se concluyó el proceso de la democratización del 16,1%, equivalente a 1.486 millones de acciones de la participación accionaria que tiene el distrito de Bogotá en el Grupo de Energía de Bogotá.

A nivel regional las leyes que impulsó Gaviria permitieron la cooptación por parte de privados, de empresas de acueductos, alcantarillado y aseo, principalmente.

Treinta años después

En el 2002, el Banco Mundial, relacionando el concepto de la captura del Estado con la corrupción y la gobernabilidad, la definió como «la capacidad de grupos de interés para influir a través de prácticas corruptas en los procesos de decisión política».

Y llama la atención que, desde el Fondo Monetario Internacional, el mismo que hace 40 años viene impulsando los procesos de privatización en América Latina, ahora entienda la captura del Estado como «el esfuerzo de empresas para moldear las leyes, políticas y regulaciones del Estado para su propio beneficio, a través de la provisión de ganancias privadas ilícitas a funcionarios públicos».

En un informe de la organización internacional Oxfam del 2018 sobre la relación entre la captura del Estado y la desigualdad, titulado Democracias Capturadas, describe lo que ha venido sucediendo en Colombia desde hace ya tiempo: el gobierno de unos pocos, que utilizan diversos mecanismos y modalidades para la captura de Estado.

  • El uso indebido de campañas mediáticas y de lobby por sectores privados con un poder económico desmedido;
  • Las puertas giratorias entre el sector público y privado para ocupar puestos en las instituciones estatales, así como el tráfico de influencias;
  • El aprovechamiento de procedimientos legislativos extraordinarios, de mecanismos del sistema electoral y de financiación de partidos, y de marcos regulatorios excluyentes;
  • El control de conocimiento bajo el manto de tecnicismo respecto a asuntos de naturaleza política;
  • Y finalmente la judicialización de decisiones sobre políticas públicas.

En otras palabras, pasadas tres décadas, en Colombia, los argumentos que justificaron las privatizaciones de empresas estatales, los cambios en el modelo de contratación, que se centraron en la mala administración e ineficiencia de dichas empresas, el saneamiento del déficit fiscal que enfrentaban o la corrupción, quedaron sin sustento, pues prácticamente se regresó a un escenario similar, pero ya sin los activos en poder del Estado, sino de agentes privados.

No se les llena el buche

En un informe de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República se reveló que entre los años 2010 y el primer semestre de 2023 se reportaron más de 57.582 casos de corrupción en el sector público. Y un 94% de esos casos se mantienen en la impunidad, pues no ha habido una condena o captura de los responsables.

Además, la auditora General de la República, María Anayme Barón, reveló, el 22 de diciembre de 2023, que el año pasado los delitos contra el erario público le costaron a los colombianos 50 billones de pesos.

La funcionaria advirtió que esta cifra puede ser mayor, pues “falta calcular el costo social que acarrea. No sabemos cuánto llega a costar que a los niños del país no se les atienda de forma debida, que se les brinde una buena alimentación en las aulas, o por ejemplo, la brecha en temas de vivienda cuando no se ejecutan bien los recursos públicos por parte de los privados”.

Casos emblemáticos

Uno de los ejemplos más claros sobre cómo los privados acaparan los recursos del Estado, aún a costa de los inconvenientes que le puedan causar a la ciudadanía son las concesiones para construcción o mantenimiento de vías y que se financian con la instalación de peajes.

Los peajes en Colombia son manejados (es decir que son quienes recogen los dividendos de las alcabalas) por cinco grupos empresariales: el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, el grupo Construcciones el Cóndor, el grupo MHC, el grupo CAS y el grupo Conconcreto. En el país existen 168 peajes, de los cuales, menos del 15% los administra el Invias.

Y en departamentos como Arauca, Amazonas, Vichada, Vaupés y San Andrés, no existen peajes, evidentemente porque no son rentables. Y fuentes expertas en la materia, estiman que la corrupción en el sector de infraestructura en Colombia pueda llegar al 1,6% del PIB, unos 9 billones de pesos anuales, que bien servirían para unir departamentos aislados o simplemente corregir definitivamente los derrumbes en la Vía Llano.

Incluso la misma Sociedad de Ingenieros considera que el país se encuentra inundado de peajes con un alto costo, que no compensan lo que ofrecen los concesionarios por el mal estado que presentan algunas vías y ratifica que en Colombia existe mucha corrupción relacionada con las tarifas de peajes, porque se desvían los recursos destinados a la construcción y reparación de los corredores viales.

Un caso ejemplarizante de cómo funciona la corrupción en este sector es el de la Ruta del Sol II, ampliamente documentado, donde la multinacional brasilera Odebrecht, se hizo a uno de los contratos de obra más millonarios de la época, dando dádivas a funcionarios públicos de alto nivel, congresistas, entre otros.

En el sector energético, los departamentos de la Región Caribe, siguen padeciendo el mal servicio de energía, a pesar de los constantes cambios de operadores privados, esos que prometían acabar con la corrupción de la desaparecida Corelca y sus empresas afiliadas y un eficiente servicio.

A nivel local, hoy día son pocos los acueductos cuya operación sigue en manos de las administraciones públicas, pues han sido concesionados o vendidos al mejor postor, donde no resultaría nada raro que alcaldes o gobernadores de turno, terminen siendo accionistas a través de testaferros.

El sector de telecomunicaciones y conectividad también ha puesto su porción con el escándalo del contrato Centros Poblados.

Desde diciembre de 2020 medios de comunicación venían advirtiendo evidentes irregularidades en el proceso de contratación para brindar internet a miles de escuelas rurales colombianas, ubicadas en las zonas más apartadas del país, en un primer momento, al evidenciarse que un funcionario activo del MinTic, que tenía estrecha relación con la ministra Karen Abudinen, era, a la vez, el apoderado de uno de los proponentes del proceso de licitación. Posteriormente, el escándalo creció cuando se supo que se había habilitado a la Unión Temporal Centros Poblados para participar del proceso de licitación, a pesar de no tener experiencia alguna en gestión de redes de internet y de estar conformada por empresas con patrimonios muy bajos, algunas de las cuales habían sido denunciadas por incumplir pequeños contratos de obra pública.

Pese a las advertencias el contrato se adjudicó y firmó, quedando la UT Centros Poblados como contratista encargado de ejecutar un billón de pesos (unos 250 millones de dólares) para llevar internet a 7.277 escuelas rurales de Colombia. Superando a reconocidas empresas del sector como la ETB o Skynet.

Sectores como el de salud y educativo tampoco se han escapado de las garras de los corruptos.

En enero de 2022 la Contraloría afirmó que adelantaba 144 procesos por más de 42.000 millones de pesos por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Así mismo, en el 2021, 13 secretarías de Educación Certificadas presentaron los mayores incumplimientos en la implementación del PAE, con fallas en calidad, logística y cobertura. Estas entidades fueron las de Amazonas, Popayán, Putumayo, Pitalito, Nariño, Magdalena, Cauca, Córdoba, Chocó, Neiva, Ibagué, Villavicencio y Vaupés.

Por cuenta de la corrupción, en el 2011 se liquidó Saludcoop, la EPS más grande en el país en ese momento; y a su representante legal, Carlos Palacino, la Contraloría lo sancionó y a otros 14 directivos a devolver los $1,4 billones de pesos que habrían desviado de la salud entre 2002 y 2010.

Usando estados contables, actas de la junta directiva y la plata que entraba y salía del grupo, la Contraloría determinó que en 1998 iniciaron los desvíos de los parafiscales.

El problema, como lo indica la entidad de control, es que esto no se hizo con recursos propios o de sus accionistas, sino dejando, primero, de pagar oportunamente los servicios de salud que le habían facturados los proveedores y, después, apropiándose de una parte de la plata de la salud que entraba a sus arcas y que era registrada como utilidad. Entre 1998 y 2010, Saludcoop, según el fallo, habría desviado 1,05 billones de pesos para construir, ampliar y dotar sus clínicas y hospitales.

También compraron otra EPS para tomar una posición dominante en el mercado. En 2001, con autorización de la junta y en asocio con Cafesalud, compraron en Chile la EPS Cruz Blanca. 

La lista sobre casos que evidencian la cooptación del Estado colombiano en todos sus niveles, local, departamental o nacional, por parte del sector privado, en complicidad de funcionarios públicos corruptos es larga y cada semana crece, porque involucra a casi todos los sectores productivos o de servicios.

Si bien muchos consideran que la inversión privada y su injerencia en el desarrollo económico y social del país ha sido determinante; también es cierto que los indicadores de pobreza, escolaridad, empleo, igualdad o seguridad, no han mejorado en la proporción esperada.

Y en contraste unos pocos colombianos sí han logrado aumentar considerablemente sus ingresos en tiempo récord, a costillas de los recursos públicos.

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