El pasado 24 de enero la empresa Tigo-UNE, de propiedad mayoritaria de Empresas Públicas de Medellín, anunció que celebró un contrato para la venta de 1.132 puntos de infraestructura (antenas) con la sociedad Towernex Colombia S.A.S. por valor de USD $76 millones aproximadamente, poco más de $300.000 millones de pesos.

Tal venta se produjo luego de que la asamblea de accionistas acordara en enero de este año salir de pasivos alegando la capitalización de la compañía.

En este caso, la venta de 1.132 antenas debe ser considerada como la enajenación de patrimonio público, ya que se trata de una empresa con una participación mayoritaria de EPM.

Revisando quiénes son Towernex Colombia, encontramos que es una microempresa creada el 23 noviembre de 2023 en Bogotá, con apenas dos millones de pesos de capital. Es decir, Tigo-UNE le va a entregar un negocio de $300.000 millones de pesos a una empresa creada hace apenas cuatro meses y un pírrico capital.

Según denuncias hechas en el Concejo de Medellín por el concejal Juan Carlos Upegui, además de su poca capacidad financiera, el representante legal es otra empresa, BPO Gestoría SAS, la cual tiene como único fin servir de representante legal de otras empresas cuando los verdaderos dueños no quieren mostrar la cara.

Afirmó que se van a vender $300.000 millones de patrimonio público sin saber quién está del otro lado del negocio, en una maniobra que da cuenta de prácticas empresariales no éticas e irresponsables y que deja una duda inmensa sobre quiénes son los verdaderos dolientes de la infraestructura.

¿Por qué quieren vender las antenas?

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Congresistas de Antioquia han pedido explicación a Tigo UNE sobre qué los llevó a salir de unos pasivos (las torres), para luego tener que arrendar esas mismas torres que vendieron.

Alejandro Toro, representante a la Cámara de Antioquia, por el Pacto Histórico señaló que «Estaríamos ante un absurdo donde Tigo-UNE le vende a un tercero un bien propio sólo para que dicho tercero pueda recuperar la inversión a punta de contratos con Tigo-UNE, la dueña original. Maniobra que puede ser interpretada como una terrible lectura para los negocios de parte de los directivos o como un intento descarado de acabar con la empresa pieza por pieza».

Pero lo que más llama la atención es que las socias de Tigo-UNE, EPM y Millicom no hayan finalmente llegado a acuerdos para acceder a capitalizar la compañía, conforme se lo habían prometido al Gobierno nacional en el tercer trimestre del año pasado, para poder seguir operando y prestando el servicio a sus casi 12 millones de usuarios, así como precisamente mantener la infraestructura con la que cuenta.

La situación financiera de la empresa ha ido empeorando y en la actualidad mantiene una deuda que llega casi a los $3 billones de pesos.

Fondo de inversiones KKR

Todo indica que quién realmente está detrás de la compra de las torres, no es otro que el fondo de inversiones estadounidense KKR, que acostumbra buscar pequeñas empresas, capitalizarlas o simplemente volverlas sus filiales para así acceder a grandes negocios, en los cuales por la normatividad sería más difícil participar.

De hecho, el 25 de enero, diversos medios de comunicación, anunciaban la venta de más de mil torres de Tigo-UNE al Fondo de Inversión KKR.

Ese día, Waldemar Szlezak, socio del equipo de Infraestructura de KKR, dijo que, con esta compra, KKR permitirá el desarrollo de la industria de telecomunicaciones en América Latina, a través de activos como fibra óptica, torres y celdas pequeñas.

La adquisición, explicó Szlezak, se suma a inversiones en fibra óptica de KKR en Chile, Colombia y Perú. «Este acuerdo importante con Tigo está en línea con nuestra estrategia de asociaciones a largo plazo con empresas líderes en la región», apuntó.

Mientras que Mauricio Ramos, CEO y presidente de la Junta de Millicom (socia de EPM), explicó que la transacción era otro paso hasta la «cristalización del valor de nuestras torres en toda América Latina, simplificando nuestro negocio».

Y es que esta no es la primera transacción que hace KKR a través de interpuestas empresas. Ya en enero del 2022 anunciaba la compra de la red de fibra óptica a la empresa Movistar.

Lo hizo curiosamente tras comprar una pequeña empresa, denominada Onnet Fibra Colombia SAS, que se había registrado en la Cámara de Comercio apenas el 5 de noviembre del 2021 y que a la fecha dice no tener un patrimonio superior a los $226 millones de pesos.

Aún así, en enero del 2022, el Scotiabank Colpatria S.A., Bancolombia S.A., BBVA Colombia y The Bank Of Nova Scotia (Scotiabank) otorgaron un préstamo en dólares y en pesos colombianos a Onnet Fibra Colombia, que ya era una empresa conjunta del fondo de inversión estadounidense KKR y Telefónica Colombia, por el equivalente de $221 millones de dólares.

Con los fondos del préstamo, KKR financió la compra de los activos de fibra óptica de Telefónica Colombia (Colombia Telecomunicaciones – Coltel) por $500 millones de dólares, aclarando que la operación fue suscrita en julio de 2021, es decir, antes incluso de que se hubiera registrado One Fibra Óptica SAS.

KKR posee una participación de 60 % en Onnet Fibra Óptica y Telefónica Colombia el restante 40 %.

Onnet Fibra Óptica (ON*NET Fibra Colombia) comenzó a operar en enero de ese año, una vez que la transacción entre KKR y Telefónica Colombia recibió la autorización de los organismos reguladores.

Ahora, el mismo KKR termina quedándose con las antenas de Tigo-UNE.

Por otra parte, en la página web de los abogados, Posse Herrera Ruiz que ha asesorado a Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo Colombia) en esta negociación, se lee: «la negociación de la compra de activos con KKR, mediante el cual una sociedad local constituida por KKR adquiriría más de 1000 torres de telecomunicaciones propiedad de Tigo»; es decir que en efecto el fondo de inversiones ha utilizado el mismo modus operandi que con Movistar.

Pero, ¿por qué? algunas luces puede arrojar el mismo comunicado de la firma de abogados publicado el 12 de febrero del 2024 y que señala en su último párrafo: El acuerdo implicó complejas negociaciones de fusiones y adquisiciones, radicaciones y notificaciones ante las instancias antimonopolio y competencia, junto con un profundo proceso de diligencia debida y grupo de representaciones, garantías e indemnidades sobre, principalmente, las especificaciones urbanísticas y permisos de cada activo. Toda vez que, tradicionalmente, los inmuebles donde se ubican las torres no son propiedad del operador de telecomunicaciones, el contrato también tiene una amplia regulación sobre la relación de Tigo y KKR con cada propietario de inmuebles.

Al final, la empresa de telecomunicaciones que aún hoy día sigue siendo la tercera con más abonados en el país y que se mantenía como una de las pocas con participación estatal, probablemente terminará en un tiempo no lejano, en manos de privados.

¿Qué pierden los colombianos?

La venta de las antenas de Tigo-UNE a Towernex Colombia plantea una pregunta fundamental: ¿qué pierden los colombianos con esta transacción? En primer lugar, la enajenación de este importante activo de infraestructura de telecomunicaciones implica una pérdida de control sobre un recurso estratégico para la conectividad y el desarrollo tecnológico del país.

Además, al pasar a manos de una empresa recién creada y de poca capacidad financiera, surgen interrogantes sobre la capacidad de esta nueva entidad para garantizar la calidad y la expansión de los servicios de telecomunicaciones en Colombia.

A lo anterior se suma la falta de transparencia en el proceso de venta y las posibles implicaciones de la participación del fondo de inversiones KKR generan preocupaciones adicionales sobre la protección de los intereses nacionales y la equidad en el sector de las telecomunicaciones.

En resumen, la venta de las antenas de Tigo-UNE plantea desafíos significativos y suscita interrogantes sobre el impacto en los servicios, la competencia y el acceso a la tecnología en Colombia.

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