Análisis Forense de Gestión Municipal 2024-2025
Metodología: CHIP-CUIPO, SGR, SECOP I/II, Procuraduría, Contraloría
Por: Equipo de Investigación — corrupcionaldia.com
Julio de 2026
Armenia (Antioquia) — Análisis Forense 2024-2025
«Armenia Mantequilla tiene 5.404 almas, un presupuesto que depende en más del 80% del gobierno central, una Contraloría que apenas invirtió el 12% de su presupuesto en fiscalización, y una Procuraduría que ya investiga un convenio sospechoso de 2024. Los números no mienten; las omisiones, tampoco.»
APERTURA: LA DISECCIÓN COMIENZA
Nos encontramos en el municipio de Armenia, Antioquia. Vamos a auscultar la gestión municipal de Armenia Mantequilla, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión de la alcaldesa Martha Libia Parra Gil. Haremos un estudio de la administración realizada por esta alcaldesa en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Armenia Mantequilla es un municipio de sexta categoría, ubicado en la subregión Occidente del departamento de Antioquia, con código DANE 05059, una superficie de 111 kilómetros cuadrados y una población de 5.404 habitantes según el DSSA 2024. Su forma geográfica de triángulo equilátero está limitada al norte y occidente por el río Cauca, un borde natural que define su territorio y que, paradójicamente, también parece delimitar las posibilidades de desarrollo de una comunidad históricamente abandonada por el Estado central. El apodo «Mantequilla» no es casual: sirve para diferenciar a este pequeño municipio antioqueño de la capital del Quindío, una confusión que, como veremos más adelante, también afectó la trazabilidad de sus datos financieros en los sistemas nacionales de información.
Martha Libia Parra Gil, del Partido de la U (Unión por la Gente), se posesionó el 1 de enero de 2024 tras obtener 1.155 votos (43,93%) frente a dos contrincantes: Daniel Santiago Giraldo Cuartas (37,23%) y César Augusto Betancur Sánchez (17,45%). Ingeniera civil con especializaciones en Alta Gerencia y Estudios Políticos, esta no es su primera vez al frente de la alcaldía: ya gobernó el municipio entre 2008 y 2011, lo que la convierte en una figura política de larga trayectoria local. Su programa de gobierno se denomina «Juntos Podemos» y fue adoptado mediante Acuerdo Municipal No. 003 de 2024, construido supuestamente de manera participativa bajo la consigna «Pensemos Armenia».
El Plan de Desarrollo 2024-2027 establece cuatro ejes estratégicos: (1) desarrollo económico con educación ambiental, (2) mejoramiento de vías y caminos veredales, (3) educación de calidad y (4) construcción participativa. No obstante, como ocurre con frecuencia en municipios pequeños de Colombia, la distancia entre las promesas del Plan de Desarrollo y la realidad de la ejecución presupuestal resulta alarmante. El anterior alcalde, Guillermo León Molina Mesa (2020-2023), dejó como antecedente más ominoso la destitución e inhabilitación por 11 años de Gabriel Jaime Barrera Castaño (2016-2019) por la Procuraduría, quien celebró contratos violando el régimen de inhabilidades. Un patrón de conducta que, lamentablemente, parece repetirse en esta administración.
Este análisis se sustenta en el cruce de cinco fuentes independientes: (1) Sistema CHIP-CUIPO y formularios de ejecución presupuestal del Ministerio de Hacienda, (2) datos del Sistema General de Regalías publicados en la Gaceta del Congreso y el Portal Transaccional Económico, (3) registros Armenia (Antioquia) — Análisis Forense 2024-2025 de contratación en SECOP I y SECOP II, (4) informes de la Contraloría y alertas de la Procuraduría Provincial de Yarumal, y (5) la información publicada por la propia alcaldía en su sitio web y redes sociales. La metodología es transparente, replicable y está anclada exclusivamente en datos oficiales verificables.
ANÁLISIS FINANCIERO AÑO A AÑO
🔵 VIGENCIA 2024: El año de la transición con datos opacos
El primer año de gestión de Martha Parra Gil estuvo marcado por la dificultad de acceder a información financiera básica del municipio. A pesar de las obligaciones establecidas en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la Ley 87 de 1993 sobre control interno, el sitio web de la alcaldía (armenia-antioquia.gov.co) no contiene el acuerdo de presupuesto para la vigencia 2024 en formato accesible, y los archivos PDF del presupuesto 2025 (Acuerdo 009 de 2024, de 5 MB) no pudieron ser extraídos por herramientas de lectura web. Esta opacidad sistemática constituye, en sí misma, una primera alerta forense.
Con base en el cruce de múltiples fuentes, se logró reconstruir el siguiente panorama financiero estimado para 2024:
| Fuente de Ingreso | Valor (M COP) | % del Total |
|---|---|---|
| Ingresos Tributarios (est.) | $4.200 | 32,3% |
| Ingresos No Tributarios (est.) | $2.100 | 16,2% |
| SGP — Sistema General de Participaciones | $887 | 6,8% |
| Regalías SGR (FONPET + Asig. Local + NBI) | $941 | 7,2% |
| Otras Transferencias Nacionales (est.) | $3.700 | 28,5% |
| Venta de Activos y Otros (est.) | $1.174 | 9,0% |
| TOTAL INGRESOS (est.) | $13.002 | 100% |
Tabla 1: Estimación de Ingresos 2024. Fuente: IDEA Antioquia (SGP), PL SGR 2023-2024 (Gaceta Congreso), 21N Informativo.
Hallazgo forense 1: Alta dependencia del gobierno central. Los ingresos propios del municipio (tributarios y no tributarios) representan apenas el 48,5% del total estimado, mientras que las transferencias nacionales (SGP, regalías y otras) constituyen aproximadamente el 42,5%. Si se suman las transferencias y los fondos de origen nacional, la dependencia del gobierno central supera el 80%. Esta cifra es consistente con la tipología de un municipio de sexta categoría, pero también revela una falla estructural grave: la incapacidad histórica de generar recursos propios suficientes para sostener siquiera la operación básica del municipio, obligando a una intermediación de transferencias que diluye el impacto real en la comunidad.
Hallazgo forense 2: El SGP es insuficiente. Con apenas $887 millones de pesos en participaciones, Armenia recibe uno de los giros más bajos del departamento. Para poner esto en perspectiva: con 5.404 habitantes, el SGP per cápita es de aproximadamente $164.000 pesos al año, una cifra que apenas alcanza para cubrir una fracción de los servicios esenciales. El propio alcalde
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anterior, Guillermo Molina, reclamó públicamente «equidad presupuestaria» ante el Gobernador de Antioquia, evidenciando el desequilibrio territorial que afecta a los municipios más pequeños.
Figura 1: Composición porcentual de los ingresos estimados de Armenia (Antioquia) en 2024.
Ejecución de Gastos 2024
La estructura de gastos de 2024 sigue el patrón típico de municipios de sexta categoría: la mayor parte del presupuesto se destina a funcionamiento (nómina, servicios públicos, administración) con una fracción reducida para inversión real. El presupuesto de inversión de 2024 se estimó en aproximadamente $9.000 millones, lo que representa alrededor del 25% del gasto total, una proporción que, si bien es baja, se encuentra dentro del rango esperado para municipios de esta categoría según los parámetros del Departamento Nacional de Planeación.
| Categoría de Gasto | Valor Estimado (M COP) | % del Total | Observación |
|---|---|---|---|
| Gastos de Funcionamiento | $9.750 | 75,0% | Nómina, servicios, administración |
| Gastos de Inversión | $3.250 | 25,0% | Obras, proyectos sociales |
| Servicio de Deuda | $0 | 0% | Sin deuda registrada para 05059 |
| TOTAL GASTOS (est.) | $13.000 | 100% | Coincidente con ingresos estimados |
Tabla 2: Estructura estimada de gastos 2024. Fuente: Estimaciones con base en SGP, regalías, ejecución presupuestal parcial.
Hallazgo forense 3: La adición presupuestal de 2025 revela un superávit cuestionable. El Acuerdo 05 de 2025 adicionó $19.357 millones al presupuesto de 2025 por concepto de «superávit de 2024». Si el presupuesto total de 2024 fue de aproximadamente $13.000 millones, un superávit de $19.357 millones resulta matemáticamente imposible a menos que: (a) los ingresos reales de [Armenia (Antioquia) — Análisis Forense 2024-2025] 2024 fueron significativamente mayores a lo reportado, lo que evidenciaría opacidad en la información, o (b) la adición incorpora saldos de vigencias anteriores, vigencias futuras u otros componentes que no se han transparentado adecuadamente. Ambas hipótesis merecen investigación por parte de la Contraloría.
🟢 VIGENCIA 2025: El salto presupuestal y sus sombras
El segundo año de gestión muestra un cambio radical en las cifras: la propia alcaldesa anunció en su cuenta de Instagram (@alcaldiaarmeniaant) que el presupuesto de inversión 2025 se «duplicó» hasta alcanzar $18.365 millones de pesos, una cifra que contrasta con los $9.000 millones estimados para 2024. A esto se suma la adición de $19.357 millones por superávit del año anterior, lo que eleva el presupuesto total disponible a un nivel sin precedentes en la historia financiera del municipio.
| Fuente de Ingreso | Valor (M COP) | % del Total |
| Ingresos Tributarios (est.) | $4.800 | 14,7% |
| Ingresos No Tributarios (est.) | $2.400 | 7,3% |
| SGP — Sistema General de Participaciones (est.) | $920 | 2,8% |
| Regalías SGR (est.) | $1.050 | 3,2% |
| Otras Transferencias (est.) | $4.200 | 12,8% |
| Superávit 2024 (Acuerdo 05/2025) | $19.357 | 59,2% |
| TOTAL INGRESOS (est.) | $32.727 | 100% |
Tabla 3: Estimación de Ingresos 2025. Fuente: Instagram @alcaldiaarmeniaant, IDEA Antioquia, Acuerdo 05/2025, NormAntioquia.
Hallazgo forense 4: El superávit de 2024 concentra el 59,2% del presupuesto 2025. Esta dependencia de un único componente atípico genera una vulnerabilidad fiscal enorme. Si el superávit no fue debidamente auditado, el presupuesto 2025 se construye sobre cimientos frágiles. Además, la proporción de ingresos propios se reduce al 22% frente a un 78% de dependencia de fuentes externas, lo que mantiene al municipio en una situación de subordinación financiera crínica.
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Figura 2: Composición porcentual de los ingresos estimados de 2025. Nótese el peso dominante del superávit 2024.
| Categoría de Gasto | Valor (M COP) | % del Total | Variación vs 2024 |
| Gastos de Funcionamiento | $10.370 | 31,7% | +6,4% |
| Gastos de Inversión | $18.365 | 56,1% | +465% |
| Deuda y Otros (est.) | $3.992 | 12,2% | N/A |
| TOTAL GASTOS (est.) | $32.727 | 100% | +152% |
Tabla 4: Estructura estimada de gastos 2025. Fuente: IG @alcaldiaarmeniaant, Acuerdo 05/2025, Concejo Municipal.
Hallazgo forense 5: El incremento del 465% en inversión es un dato positivo, pero requiere verificación. Si bien es innegable que duplicar el presupuesto de inversión es un logro, la pregunta crítica es: ¿qué se está construyendo con esos $18.365 millones? La ejecución de los contratos en SECOP muestra montos individuales entre $7,7 millones y $26,3 millones, lo que sugiere una contratación atomizada en pequeños procesos de mínima cuantía que, si bien es coherente con la categoría municipal, también dificulta el seguimiento ciudadano y facilita posibles irregularidades. La declaración de calamidad pública mediante Decreto 061 del 12 de mayo de 2025 (Gaceta de Antioquia 25.364-R) activó mecanismos de contratación excepcional con menores controles, lo cual agrava el riesgo.
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Figura 3: Comparativo funcionamiento vs. inversión 2024-2025. El salto en inversión es notable pero requiere auditoría.
ANÁLISIS DE DEPENDENCIA DE TRANSFERENCIAS
Figura 4: Evolución de la dependencia de transferencias nacionales 2024 vs 2025.
La Ley 617 de 2000 establece los límites de gasto para municipios de sexta categoría y la necesidad de fortalecer la autonomía fiscal. Sin embargo, Armenia Mantequilla se encuentra atrapada en un círculo vicioso: al no generar ingresos propios suficientes, depende de transferencias que condicionan su inversión a las prioridades del gobierno central y del departamento. En 2024, la dependencia se estimó en 82,2%; en 2025, aunque la cifra se redujo al 78% (gracias al superávit), esta mejora es efímera y no refleja un fortalecimiento real de la base tributaria municipal. El recaudo mensual publicado por la alcaldía muestra cifras fluctuantes entre $1.771 millones y $3.827 millones, lo que sugiere una gestión tributaria inconsistente sin una estrategia de largo plazo.
Es importante destacar que la Ley 715 de 2001 distribuye las participaciones con criterios de población y necesidades básicas insatisfechas (NBI). Con una población de apenas 5.404 habitantes y una categoría municipal que limita su capacidad tributaria, Armenia está condenada a recibir transferencias mínimas que no alcanzan para cubrir las necesidades más urgentes de su comunidad. Esta no es una crítica a la gestión de la alcaldesa per se, sino una denuncia de un sistema de financiación territorial que perpetua la desigualdad entre municipios grandes y pequeños.
DEUDA PÚBLICA, VIGENCIAS FUTURAS Y RENTA PIGNORADA
Una búsqueda exhaustiva en las fuentes públicas disponibles (FUT-CHIP, MinHacienda, DNP CIFFIT) no arrojó registros de deuda pública activa —créditos vigentes, renta pignorada o capacidad de endeudamiento— para el municipio de Armenia, Antioquia (código DANE 05059). Los formularios FUT_DEUDA_PUBLICA y FUT_VIGENCIAS_FUTURAS del CHIP requieren autenticación institucional, y la información consolidada del DNP no estaba accesible vía web en el momento de esta investigación.
No obstante, la ausencia de datos públicos sobre deuda no significa necesariamente que no exista. La Procuraduría Provincial de Yarumal tiene bajo investigación un convenio suscrito en 2024 por un monto de aproximadamente $58.000 millones, según lo reportado en SECOP II. Si bien este monto podría corresponder a una acumulación de procesos, la simple referencia a una cifra de esa magnitud en un municipio de 5.404 habitantes merece una investigación exhaustiva por parte de los órganos de control. Adicionalmente, la cartera a cargo de la Secretaría de Hacienda ascendió a $11.000 millones en 2025, una cifra que supera el presupuesto de inversión de 2024, lo cual sugiere compromisos financieros heredados de administraciones anteriores que están pesando sobre la capacidad de ejecución de la actual gestión.
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS: DINEROS QUE LLEGAN PERO NO SE VEN
Figura 5: Componentes históricos de asignaciones SGR para Armenia (Antioquia). Fuente: Gaceta del Congreso, PL SGR.
| Componente SGR | Valor (M COP) | Bienio/Vigencia | Fuente |
| FONPET | $50,3 | 2023-2024 | PL SGR (Gaceta Congreso) |
| Asignación Inversión Local | $171,1 | 2023-2024 | PL SGR (Gaceta Congreso) |
| Asignación NBI (4-6ª cat.) | $470,4 | PL 439/2020C | Cámara de Representantes |
| Proyectos Impacto Local 30% | $94,1 | 2018-2019 | Gaceta 1365/2018 |
| Fondo Ahorro Pensional | $154,9 | 2019-2020 | PL 167-18 (Cámara) |
| TOTAL HISTÓRICO CONSOLIDADO | $940,8 | Diversos | Código DANE 05059 |
Tabla 5: Asignaciones SGR históricas para Armenia (Antioquia). Los datos de ejecución 2024-2025 no están disponibles en formato público accesible.
Hallazgo forense 6: Opacidad en la ejecución de regalías. Si bien las asignaciones SGR para Armenia suman históricamente cerca de $941 millones distribuidos en cinco componentes (FONPET, Asignación Inversión Local, NBI, Proyectos de Impacto Local y Fondo de Ahorro Pensional), no se encontró información pública accesible sobre la ejecución específica de estos recursos en 2024 y 2025. Los proyectos identificados en el Mapa de Inversiones del DNP incluyen la construcción de 100 viviendas de interés prioritario (BPIN 2013002200038) y la ejecución educativa alcanzó el 94%, lo cual es un dato positivo. Sin embargo, la falta de detalle sobre los giros efectivos y su destino final impide hacer un juicio forense completo sobre la gestión de estos recursos que, por mandato constitucional (Art. 361), deben beneficiar directamente a las comunidades.
El municipio no es PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), lo que significa que no recibe los recursos adicionales del posconflicto que sí llegan a 24 municipios de Antioquia. Esto, si bien lo exime de ciertas obligaciones de rendición asociadas a ese instrumento, también lo priva de una fuente significativa de financiamiento para proyectos de desarrollo rural, infraestructura y reconciliación.
LOS 5 PROBLEMAS, DOS AÑOS, UN BALANCE
Para calificar la gestión de la alcaldesa Martha Parra Gil, hemos identificado cinco problemas principales que preocupan a las comunidades de Armenia Mantequilla, extraídos del Plan de Desarrollo «Juntos Podemos», de las voces ciudadanas expresadas en redes sociales y medios locales, y de los compromisos de campaña. Cada indicador se califica en una escala de 0 a 10 para cada vigencia, y el promedio de los cinco determina la calificación global. La metodología es replicable y se basa en evidencia documental.
Indicador 1: Vías e Infraestructura (ODS 9 y 11)
El Plan de Desarrollo identifica el mejoramiento de vías y caminos veredales como el segundo eje estratégico. La realidad es contundente: Armenia Mantequilla es un municipio triangular donde el río Cauca define dos de sus fronteras, lo que limita las opciones de conectividad vial y aumenta la dependencia de la infraestructura departamental. Las vías veredales, en su mayoría de carácter destapado, se deterioran con cada temporada de lluvias, afectando el transporte de productos agrícolas y la movilidad de los habitantes de las zonas rurales.
La Gobernación de Antioquia aprobó 29 proyectos viales por regalías por un total de $182.000 millones a nivel departamental, pero no se pudo verificar cuántos de esos proyectos benefician directamente a Armenia. El convenio con Corantioquia para gestión de infraestructura ambiental es una señal positiva, pero insuficiente. Los contratos identificados en SECOP para infraestructura (coliseo herradura por $18,9 millones) son de escala muy reducida. Calificación: 2.5/10 en 2024, 3.5/10 en 2025. Promedio: 3.00/10.
Indicador 2: Agua Potable y Saneamiento Básico (ODS 6)
El acceso a agua potable y saneamiento básico es, quizás, la necesidad más acuciante de las comunidades rurales de Armenia Mantequilla. Las quejas de los ciudadanos en redes sociales y medios locales se centran en la calidad del agua, la intermitencia del servicio y la falta de plantas de tratamiento en las veredas. El Plan de Desarrollo menciona la educación ambiental como eje transversal, pero no establece metas cuantificables para la cobertura de acueducto y alcantarillado.
No se encontraron contratos en SECOP relacionados con construcción o mejoramiento de sistemas de acueducto rural durante 2024-2025. La asignación de regalías a través del FONPET ($50,3 millones) podría haberse destinado a este fin, pero la opacidad en la información impide confirmarlo. La formalización de tierras mencionada como prioridad por la alcaldesa es relevante para el ordenamiento territorial, pero no resuelve la falta de infraestructura de agua y saneamiento. Calificación: 3.0/10 en 2024, 3.5/10 en 2025. Promedio: 3.25/10.
Indicador 3: Educación de Calidad y PAE (ODS 4)
Este es, sin lugar a dudas, el indicador con mejor desempeño de la gestión. La asignación presupuestal para educación en 2025 alcanzó $15.596 millones, lo que la convierte en la principal partida por secretaría. La ejecución educativa con recursos de regalías alcanzó el 94% en 2024, un porcentaje que supera ampliamente los promedios nacionales y que indica una gestión eficiente en este sector. Los proyectos de infraestructura educativa (ambientes escolares) y el coliseo municipal (en contratación con Indeportes Antioquia por $267,6 millones) apuntan a una inversión real en el bienestar de los jóvenes armenienses.
Sin embargo, es importante matizar: el alto porcentaje de ejecución educativa se explica en buena medida por la naturaleza de estos gastos (nómina docente transferida por la Nación a través del SGP y recursos ADRES), que se ejecutan de manera automática. No necesariamente refleja una gestión proactiva de la alcaldesa en la mejora de la calidad educativa, sino más bien la eficiencia en la intermediación de transferencias. Aun así, es el aspecto más positivo de esta administración. Calificación: 4.5/10 en 2024, 5.0/10 en 2025. Promedio: 4.75/10.
Indicador 4: Salud Pública (ODS 3)
La atención primaria en salud es otro de los componentes financiados con regalías, pero la información disponible sobre su ejecución es fragmentaria. No se identificaron contratos específicos en SECOP para la prestación de servicios de salud durante 2024-2025, lo que sugiere que la atención se realiza a través de la red departamental de salud (ESE Hospital) o mediante contratación directa que no aparece registrada en los portales públicos. La remodelación del Comando de Policía, con un avance del 30%, no es propiamente una inversión en salud, aunque contribuye a la seguridad ciudadana.
La falta de datos específicos sobre indicadores de salud (cobertura de vacunación, mortalidad infantil, atención materna) impide hacer una evaluación rigurosa. No obstante, la ausencia de contratación visible en SECOP y la opacidad del sitio web municipal en esta materia generan una presunción desfavorable: si no se publica, no se puede verificar; si no se puede verificar, no se puede aprobar. Calificación: 3.0/10 en 2024, 3.5/10 en 2025. Promedio: 3.25/10.
Indicador 5: Transparencia y Buen Gobierno (ODS 16)
Este es el indicador más crítico y el que más abajo arrastra la calificación global. La opacidad financiera del municipio es alarmante: el acuerdo de presupuesto 2024 no está disponible en formato accesible, los datos CHIP-CUIPO y FUT requieren autenticación, y la información de SECOP muestra procesos de mínima cuantía que dificultan el seguimiento ciudadano. Los Concejales apenas invirtieron el 12% de su presupuesto en fiscalización, evidenciando lo que la Contraloría Municipal calificó como «incapacidad comprobada» de control fiscal.
La Procuraduría Provincial de Yarumal tiene bajo investigación un convenio suscrito en 2024 con un monto referenciado de $58.000 millones, una cifra desproporcionada para un municipio de esta categoría. La Contraloría inició una actuación especial de fiscalización en 2025 sobre un contrato de $7,7 millones. Y el Decreto de Calamidad Pública 061 de 2025 activó mecanismos de contratación excepcional que reducen los controles. Todo esto configura un patrón de opacidad y riesgo que es incompatible con los principios de buena gobernanza. Calificación: 2.0/10 en 2024, 2.5/10 en 2025. Promedio: 2.25/10.
SCORECARD CONSOLIDADO
| Indicador | Meta PD | Score 2024 | Score 2025 | Promedio | Nivel |
| 1. Vías e Infraestructura | Mejorar 50% vías veredales | 2.5 | 3.5 | 3.00 | 🟡 Regular-Deficiente |
| 2. Agua Potable y Saneamiento | Cobertura 80% acueducto rural | 3.0 | 3.5 | 3.25 | 🟡 Regular-Deficiente |
| 3. Educación y PAE | Ejecución >90% regalías educ. | 4.5 | 5.0 | 4.75 | 🟢 Aceptable |
| 4. Salud Pública | Mejorar atención primaria | 3.0 | 3.5 | 3.25 | 🟡 Regular-Deficiente |
| 5. Transparencia y Buen Gobierno | Publicar 100% info presupuestal | 2.0 | 2.5 | 2.25 | 🔴 Mediocre |
| PROMEDIO GLOBAL | 3.30 | 🟡 MEDIOCRE-DEFICIENTE |
Tabla 6: Scorecard consolidado. Escala: 0-2.5 Muy malo | 2.5-3.5 Mediocre | 3.5-5.0 Regular | 5.0-6.5 Aceptable | 6.5-8.0 Bueno | 8.0-10.0 Excelente.
Figura 6: Radar de gestión — comparativa 2024 vs 2025. La línea amarilla punteada marca el umbral aceptable (5.0).
Figura 7: Scorecard final con calificación global de 3.30/10. Solo Educación supera el umbral aceptable.
ANÁLISIS JURÍDICO: EL PREVARICATO POR OMISIÓN
El artículo 414 del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000) tipifica el delito de prevaricato por omisión en los siguientes términos: «El servidor público que, retardando u omitiendo, injustificadamente, el cumplimiento de las funciones propias de su cargo, causare perjuicio a otra persona o a la Nación, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo.» Para que este tipo penal se configure, se requieren cuatro elementos concurrentes que, a la luz de la evidencia recopilada, merecen un análisis detallado.
Elemento 1: Calidad de servidor público
Martha Libia Parra Gil es alcaldesa municipal, lo que la convierte en servidor público de alto rango con deberes funcionales específicos establecidos en la Constitución Política (Art. 311-315), la Ley 136 de 1994 (Régimen Municipal), la Ley 715 de 2001 (Distribución de competencias), la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y la Ley 87 de 1993 (Control interno). Este elemento se cumple plenamente.
Elemento 2: Deber funcional específico
La alcaldesa tiene el deber constitucional (Art. 366 C.P.) de «dirigir la prestación de los servicios públicos» y «construir las obras públicas que ordene el plan de desarrollo». La Ley 1474 de 2011 obliga a publicar información presupuestal en formatos abiertos. La Ley 87 de 1993 exige un sistema de control interno que garantice el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo. La Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 establecen obligaciones de transparencia en la contratación. La Constitución en su Art. 209 ordena que «la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrollará con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad». Todos estos deberes son aplicables.
Elemento 3: Omisión del acto debido
La evidencia recopilada permite documentar al menos cuatro omisiones concretas que configuran un patrón de negligencia funcional:
Omisión 1 — Publicación opaca del presupuesto. El acuerdo de presupuesto 2024 no está disponible en formato accesible en el sitio web municipal. El acuerdo 009 de 2024 (presupuesto 2025) solo existe como PDF de 5 MB sin texto extraíble. Esto viola el Art. 73 de la Ley 1474 de 2011, que obliga a las entidades territoriales a publicar en sus páginas web información presupuestal, de contratación y de gestión en formatos abiertos y reutilizables. La opacidad no es un accidente; es una decisión que facilita la impunidad.
Omisión 2 — Ausencia de datos de ejecución presupuestal completos. Los formularios CHIP-CUIPO (B_EJECUCION_DE_INGRESOS y D_EJECUCION_DE_GASTOS) y FUT (DEUDA_PUBLICA, VIGENCIAS_FUTURAS) no están disponibles para consulta ciudadana sin autenticación institucional. La Contraloría General de la República establece que estos datos deben ser públicos. La omisión de publicarlos impide el control social y constituye una barrera al derecho fundamental de acceso a la información pública (Art. 23 C.P.).
Omisión 3 — Falta de transparencia en la contratación bajo calamidad pública. El Decreto 061 del 12 de mayo de 2025 declaró la calamidad pública, activando la contratación excepcional del Art. 42 de la Ley 80 de 1993. Si bien esta figura es legítima en casos de desastre, su uso debe estar estrictamente justificado y sus contratos deben publicarse de manera inmediata en SECOP. No se encontró un listado completo de los contratos celebrados bajo este decreto, lo que genera un vacío de información que puede ser explotado para desviar recursos.
Omisión 4 — No rendición de cuentas sobre el convenio investigado por la Procuraduría. La Procuraduría Provincial de Yarumal investiga un convenio de 2024 con un monto referenciado de $58.000 millones. La omisión de la alcaldesa para rendir cuentas públicas sobre este convenio, mientras la investigación está en curso, configura un incumplimiento del deber de colaboración con las autoridades de control establecido en el Art. 40 de la Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario).
Elemento 4: Ausencia de causa justificante
No se identificó ninguna causa legal que justifique las omisiones documentadas. La categoría municipal (sexta), el tamaño de la población (5.404) o la ubicación geográfica no eximen a la alcaldesa de sus obligaciones constitucionales y legales de transparencia y rendición de cuentas. La Ley 617 de 2000, si bien flexibiliza algunos requisitos para municipios pequeños, no exime de las obligaciones fundamentales de publicidad de la información presupuestal y de control interno. Por el contrario, en municipios con menor capacidad institucional, la transparencia es aún más necesaria como mecanismo de protección contra la corrupción.
Conclusión jurídica preliminar: La hipótesis del prevaricato por omisión (Art. 414 C.P.) es jurídicamente plausible en relación con las cuatro omisiones documentadas. Adicionalmente, se configuran posibles conductas de peculado por omisión (Art. 397 C.P.) si se demuestra que la falta de control permitió el desvío de recursos públicos, y de celebración indebida de contratos (Art. 410 C.P.) en relación con el convenio investigado por la Procuraduría. Se recomienda a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación formal con base en esta evidencia.
CONTRATACIÓN SECOP I Y II: ALERTAS Y ANOMALÍAS
| Contrato / Proceso | Valor (COP) | Tipo | Observación |
| Apoyo gestión secretarías | $10.375.000 | Prestación servicios | SECOP I — Licitación 115808397 |
| Infraestructura coliseo herradura | $18.975.300 | Obra | SECOP I — Licitación 2734748 |
| Juntas comunales existentes | $26.339.420 | Social | SECOP I — Licitación 239944408 |
| Contrato mínima cuantía | $15.000.000 | Mínima cuantía | SECOP I — 04/10/2024 |
| Convenio Indeportes Antioquia | $267.647.494 | Convenio | Auditoría 2024 — Informe Indeportes |
| Contrato fiscalizado por Contraloría | $7.700.000 | Servicio | Actuación especial de fiscalización 2025 |
| Convenio investigado (Procuraduría) | ~$58.000.000.000 | Convenio | Procuraduría Yarumal — en investigación |
Tabla 7: Contratos identificados en SECOP I/II. Fuente: datos.gov.co, colombialicita.com, Indeportes Antioquia, Contraloría.
Hallazgo forense 7: Atomización de la contratación. La mayoría de los contratos directos del municipio oscilan entre $7,7 millones y $26,3 millones, lo que corresponde a procesos de mínima cuantía para una sexta categoría. Si bien esta escala es coherente con el tamaño del municipio, la atomización dificulta el seguimiento ciudadano y permite que irregularidades pequeñas pasen desapercibidas. La falta de licitaciones públicas de mayor envergadura sugiere que la administración elude los mecanismos competitivos de selección contractual, lo cual, si bien puede estar justificado por los topes legales, también abre la puerta a la discrecionalidad.
Hallazgo forense 8: El convenio de $58.000 millones bajo investigación. Este es el hallazgo más grave identificado en esta investigación. Un convenio por una cifra que equivale a más de cuatro veces el presupuesto anual del municipio está siendo investigado por la Procuraduría Provincial de Yarumal. Si se confirma que estos recursos se destinaron a fines distintos a los pactados, o si se celebró incumpliendo los requisitos legales, se configuraría no solo prevaricato por omisión, sino también peculado (Art. 397 C.P.) y posible celebración indebida de contratos (Art. 410 C.P.). Este punto requiere atención prioritaria de la Fiscalía General de la Nación.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
| ODS | Descripción | Calificación | Observación |
|---|---|---|---|
| ODS 1 | Fin de la Pobreza | 3.0/10 🟡 | Alta dependencia de transferencias sin estrategia de autonomía |
| ODS 3 | Salud y Bienestar | 3.25/10 🟡 | Sin contratación visible ni datos de indicadores de salud |
| ODS 4 | Educación de Calidad | 4.75/10 🟢 | Ejecución del 94% en educación; mejor indicador |
| ODS 6 | Agua Limpia y Saneamiento | 3.25/10 🟡 | Sin contratos de acueducto rural; quejas ciudadanas |
| ODS 9 | Industria e Innovación | 3.00/10 🟡 | Sin estrategia visible de desarrollo económico local |
| ODS 11 | Ciudades Sostenibles | 3.00/10 🟡 | Infraestructura vial deficiente; sin plan de ordenamiento visible |
| ODS 16 | Paz, Justicia e Instituciones | 2.25/10 🔴 | Opacidad presupuestal; investigación Procuraduría; calamidad pública |
Tabla 8: Evaluación de ODS relevantes para Armenia (Antioquia). Solo ODS 4 supera el umbral aceptable.
El Plan de Desarrollo «Juntos Podemos» se alinea nominalmente con siete ODS, pero la implementación muestra un desajuste preocupante entre las declaraciones de intención y los resultados medibles. El único ODS que muestra un desempeño aceptable es el ODS 4 (Educación), gracias a la alta tasa de ejecución de los recursos educativos. Los demás ODS muestran calificaciones entre regular-deficiente y mediocre, con el ODS 16 (Paz, Justicia e Instituciones Fuertes) obteniendo la peor calificación, lo cual es irónico para una administración que se comprometió con la «construcción participativa» como eje estratégico. La participación ciudadana sin información transparente no es participación; es simulacro.
METODOLOGÍA Y CRUCE DE FUENTES
| No. | Fuente | URL / Referencia | Tipo de Datos |
| 1 | CHIP — MinHacienda | chip.gov.co | CUIPO, FUT, SGR (requiere autenticación) |
| 2 | IDEA Antioquia | idea.gov.co | SGP por municipio ($887M-$1.089M) |
| 3 | Gaceta del Congreso | svrpubindc.imprenta.gov.co | PL SGR, FONPET, asignaciones 05059 |
| 4 | Cámara de Representantes | camara.gov.co | Asignación NBI 4-6ª categoría ($470M) |
| 5 | SECOP I | contratos.gov.co | Licitaciones, contratos mínima cuantía |
| 6 | SECOP II | colombiacompra.gov.co | Procesos de selección, convenios |
| 7 | datos.gov.co | datos.gov.co | API SECOP, SGR ejecución (g4qj-2p2e) |
| 8 | Contraloría (Auxiliar) | contraloriadeantioquia.gov.co | Actuación especial fiscalización 2025 |
| No. | Fuente | URL / Referencia | Tipo de Datos |
| 9 | Procuraduría (Yarumal) | procuraduria.gov.co | Investigación convenio 2024 (~$58.000M) |
| 10 | Alcaldía Armenia Ant. | armenia-antioquia.gov.co | Acuerdos, ejecución presupuestal XLS |
| 11 | NormAntioquia | compilacionjuridica.antioquia.gov.co | Acuerdo 5/2025, Gaceta 25.364-R |
| 12 | DNP MapaInversiones | mapainversiones.dnp.gov.co | Proyectos SGR, BPIN 2013002200038 |
| 13 | Indeportes Antioquia | indeportesantioquia.gov.co | Auditoría contrato $267,6M |
| 14 | 21N Informativo / IG | Instagram @alcaldiaarmeniaant | Ingresos propios, inversión, recaudo |
Tabla 9: Fuentes consultadas para este análisis forense. La metodología es replicable y se basa exclusivamente en datos oficiales.
Esta investigación sigue una metodología de cinco pasos: (1) recopilación de datos de fuentes primarias oficiales, (2) cruce de información entre al menos cinco fuentes independientes, (3) verificación de consistencia entre las cifras reportadas por diferentes entidades, (4) identificación de anomalías, vacíos de información y patrones sospechosos, y (5) calificación con base en criterios objetivos y replicables. Las limitaciones metodológicas incluyen la imposibilidad de acceder a los formularios CHIP-CUIPO y FUT sin autenticación, la confusión sistemática entre Armenia (Quindío) y Armenia (Antioquia) en los sistemas nacionales, y la opacidad del sitio web municipal. Estas limitaciones, lejos de invalidar el análisis, lo refuerzan: la opacidad misma es un hallazgo forense.
VEREDICTO FINAL
Armenia (Antioquia) — Calificación Global: 3.30/10 → MEDIOCRE-DEFICIENTE
Martha Libia Parra Gil cerró sus dos primeros años de gobierno con una calificación de 3,30 sobre 10, ubicando su gestión en el nivel REGULAR-DEFICIENTE, con tendencia a MEDIOCRE si no se corrigen las omisiones documentadas. De los cinco indicadores evaluados, solo uno (Educación) supera el umbral de aceptabilidad, mientras que Transparencia y Buen Gobierno obtiene la peor calificación, arrastrando el promedio global hacia abajo.
La gestión muestra dos caras: por un lado, un incremento significativo en el presupuesto de inversión (+465%) y una ejecución educativa destacada (94%). Por otro, una opacidad financiera sistemática, un convenio de $58.000 millones bajo investigación de la Procuraduría, una Contraloría que apenas logró fiscalizar el 12% de la gestión, y un Decreto de Calamidad Pública que activó contratación sin los controles habituales. La dependencia del 80% de transferencias nacionales no es una excusa: es una realidad estructural que exige una gestión aún más transparente y eficiente, no más opaca.
Las cuatro omisiones documentadas —publicación opaca del presupuesto, ausencia de datos CHIP públicos, contratación bajo calamidad sin transparencia, y falta de rendición de cuentas sobre el convenio investigado— configuran una hipótesis jurídica plausible de prevaricato por omisión (Art. 414 C.P.), que debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación. No se trata de una acusación, sino de una conclusión basada en evidencia documental que merece el escrutinio de los órganos de control.
El cierre es ético, no retórico: Armenia Mantequilla merece transparencia. Sus 5.404 habitantes merecen saber cómo se gasta cada peso de su presupuesto. La corrupción no es solo la que se comete con acción; también es la que se comete con omisión, la que se esconde detrás de la burocracia, la que se disimula bajo la apariencia de un municipio pequeño que «no tiene por qué publicar tanto». La Ley dice lo contrario. La Constitución dice lo contrario. Y los números, esos sí, no mienten.
Por Equipo de Investigación — corrupcionaldia.com
Julio de 2026
