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Por: Norman Alarcón Rodas

Las 426 páginas del proyecto de Plan de Desarrollo Distrital de Barranquilla marcan la ruta del cuatrenio 2020-2023 en armonía con “el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND) del Gobierno Duque” y con los planes de desarrollo desde 2008 hasta nuestros días, la era “Char”. El PND o Ley 1955 de 2019 se ciñe a los objetivos “recomendados” por la OCDE: privatizaciones en educación y salud, nuevos recortes a normas laborales y pensionales, aumentos en contribuciones y gravámenes y el capítulo de Electricaribe para asumir el pasivo pensional y los tres tarifazos eléctricos contra el bolsillo de los usuarios.

Se detalla en el proyecto distrital que “los ingresos fiscales reales entre 2007 y 2018 se incrementaron en 3,6 veces más que en cualquier otra capital” (página 35), es decir 33% anuales, lo que explica los aumentos exponenciales de los tributos a los barranquilleros en los últimos doce años.

En cuanto a los servicios públicos domiciliarios (página 96), el proyecto plantea la construcción de un Nuevo Sistema de Acueducto Regional del Norte en el Distrito de Barranquilla, consistente en “una nueva bocatoma, sistema de tratamiento de agua y distribución para pasar de producir 7.600 a 8.200 litros por segundo”, un aumento de solo 7,89% con altísimos costos y sin poder resolver el fenómeno de la cuña salina, cuando hay una mejor solución ampliando la actual planta de tratamiento de la Triple A del Puente Pumarejo, cuya viabilidad ha sido señalada por varios operarios.

También se propone “un colector de alcantarillado de la zona occidental del Distrito para eliminar los vertimientos sobre el arroyo León”, sin mayor claridad sobre las obras que requiere el corregimiento La Playa, cuya comunidad exige una nueva planta de tratamiento, porque el alcantarillado colapsó al pasar la población de doce mil habitantes hace 20 años a 34.000, hoy con Villa Campestre y corredor universitario.

Sobre los proyectos de normalización de redes eléctricas (PRONE), el proyecto solo contempla dos zonas, cuando Barranquilla tiene más de cuarenta barrios mal llamados subnormales. Le agrega a los proyectos del Plan de Ordenamiento Territorial (Decreto 012 de 2014) la construcción de un “muelle embarcadero en el Parque Isla Salamanca” (página 49), situado en el municipio de Sitio Nuevo, Magdalena, lo cual desbordaría la jurisdicción territorial distrital. En la educación pública propone constituir alianzas público- privadas en ocho instituciones educativas (página 73).

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PLAN FINANCIERO

La parte financiera se basa en un contexto macroeconómico en el cual el PIB nacional tendría una caída máxima del 2,4% (FMI), pero el Banco de la República está situando la recesión en un 7% este año, más del doble del proyecto, lo que trae consecuencias no tenidas en cuenta.

El Marco de Renta y Plan Financiero tiene un valor total para los cuatro años de $17.1 billones, distribuidos así: ingresos tributarios y no tributarios, 35%; transferencias, 36%; ingresos de capital, 29%. Llama la atención que el servicio de la deuda en el cuatrenio es de $1.8 billones y el total de ingresos del predial en los cuatro años es de $1.7 billones. Otras alternativas de financiamiento: impuestos futuros (TIF) para proyectos de infraestructura urbana. Queda faltando una explicación sobre las vigencias futuras extraordinarias que podrían llegar hasta el año 2034 y exigen erogaciones cuantiosas.

En las cifras que presenta el proyecto sobre el impuesto predial se aprecian diferencias muy grandes en cuanto a las proyecciones de aumentos durante los cuatro años ya que se afirma en la página 394 que “la tasa promedio de crecimiento anual proyectada para el cuatrienio 2020-2023 es del 11,2%”, la cual de por sí es muy alta por encima del IPC, sin embargo las mismas cifras presentan una realidad muy distinta en contra de los contribuyentes. Veamos.

El dato de la Secretaría de Hacienda – Gerencia de Gestión de Ingresos es que el recaudo real del predial en el año 2019 fue de $264.831 millones. Las proyecciones para 2020 de la página 396 del proyecto son las siguientes: para 2020, $332.347 millones, un incremento del 25.5% con respecto al 2019; para 2021, $394.599 millones, aumento del 18.7%; para 2022, $473.978 millones, alza de 20.11% y para 2023, $569.046 millones, aumento de 20.0%. Total incrementos del predial en los cuatro años es 84,31%, un promedio de 21% anual y no del 11,2%. Esto requiere explicación

Aumentos de otros gravámenes. Impuesto de industria y comercio, 10.9%; sobretasa a la gasolina, 6.3%; estampillas adulto mayor-procultura-deportes, 7.2%; estampilla prohospital 1 y 2, 7.3%; alumbrado público, 7.1%; contratos obras públicas, 7.2%. Para acabar de completar, el artículo 7° (página 420) otorga facultades al Alcalde Distrital para reestructurar la administración, “suprimir o fusionar empleos (…) remover funcionarios” durante diez meses y el artículo 11° (página 424) autoriza un cupo de endeudamiento por $1.1 billones para financiación parcial del PDD.

Sobre las Fuentes Alternativas de Financiamiento, señala: “Titularización del mayor valor del recaudo futuro del impuesto predial unificado, emisión de bonos de deuda pública, participación en el mercado de capitales, derecho real accesorio de superficie para infraestructura de transporte y un mecanismo basado en el modelo Business Improvement Districts (BID)” (página 267). Esto quiere decir que el Distrito de Barranquilla quedará al vaivén de la especulación financiera, ya que los cinco mecanismos de financiación caen en esa órbita.

En resumen, los puntos más gruesos del PDD implican mayores cargas impositivas para la población, clase media y sector empresarial; mayor endeudamiento del Distrito pagadero vía impuestos, privatización de colegios públicos vía alianzas público-privadas, despidos masivos en la administración, y todo en medio de la peor crisis en la historia del país.

No hay derecho a un tratamiento tan injusto y descomunal contra la población para enriquecer a una pequeña minoría interna y externa.

 

 

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