Hernando Escobar Medina
Investigador y Defensor de Derechos Humanos. Presidente de la veeduría ciudadana “No Mas Corrupción en Colombia”
El domingo 27 de octubre de 2019 fue un día de regocijo para el avezado ingeniero y contratista Alvaro José Díaz Guerra al ser elegido Alcalde de San Juan del Cesar, en La Guajira. Cuatro años atrás, en octubre de 2015, Díaz Guerra había conocido la otra cara de la moneda de la suerte electoral y tuvo que resignarse, cabizbajo y triste, aceptar que sus paisanos no lo eligieron como mandatario y aplazar sus planes de gobernar.
Con la elección de Alvaro Díaz Guerra, muchos daban por descontado que el municipio sería atendido con acciones de gobierno de adelanto y progreso, por cuenta de su amplia experiencia y conocimientos en la contratación y ejecución de obras públicas y de su formación profesional, habida consideración de sus estudios especializados en Contratación Pública.
En la campaña electoral que determinó su elección como Alcalde, con el sugestivo programa de gobierno “Momento de Cambio”, Alvaro Díaz mimetizó su esencial naturaleza de contratista y se presentó como un líder regional interesado en el bienestar de sus coterráneos y pudo ocultar algunos cuestionamientos penales a su conducta pública y privada que, de haberse conocido, muy seguramente hubieran dado al traste con su candidatura y triunfo.
La promesa de convertir a San Juan del Cesar en un territorio próspero, seguro, organizado y con un alto crecimiento agroindustrial, ambiental, comercial y turístico; de garantizar un cambio de estilo de gobierno, mostrando transparencia y desarrollar una lucha frontal y total contra la corrupción para que se invirtieran los recursos públicos de manera eficiente, fue tan solo una quimera, una evidente frustración para quienes terminaron siendo testigos mudos de la más escabrosa y grosera instrumentalización de la corrupción y el delito, delictuosamente concebida para apropiarse de millonarios recursos del erario en desmedro de una noble y mansa población, de sus niños, jóvenes, ancianos, campesinos y de los más pobres y vulnerables, en la zona rural y urbana de ese municipio.
La invitación y propuesta que hizo Díaz Guerra a sus coterráneos de transformar a San Juan del Cesar en modelo de liderazgo, integración y desarrollo, en el departamento de La Guajira, a efecto de conquistar el respaldo electoral de quienes hoy son sus avasallados gobernados, fue el resultado de una preconcebida y engañosa estrategia publicitaria implementada para atraer incautos y asegurar, a su antojo, el manejo de la contratación pública municipal.
Alvaro Díaz Guerra habría urdido un plan para incrementar delictiva e injustificadamente su patrimonio, aprovechándose del ejercicio del poder como Alcalde de San Juan del Cesar, a partir de lo que mejor conoce y en lo que siempre ha trajinado: la contratación pública.
Para lograr su perfido objetivo, el primer paso que dio Díaz Guerra, de manera por demás ilegal, fue incumplir la obligación preceptuada en la Ley 2013 de 2019, respecto de la presentación y registro de su declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, tal como lo ha certificado la Directora de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano del Departamento Administrativo de la Función Pública y se evidencia, sin lugar a duda alguna, en el link https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana, lo que de por si implica una grave falta disciplinaria. Así, los Organismos de Control y la ciudadanía no sabrían cuál era su patrimonio y capital al posesionarse como Alcalde, ni mucho menos cual sería el monto de recursos públicos que tomaría para si en su gobierno. Tal vez, eso pensó El.
Incumplir la norma legal que le obligaba a presentar, registrar y publicar su declaración de bienes y rentas, los conflictos de interés que se le presentaran y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, al momento de su posesión como mandatario municipal y durante el ejercicio del cargo (2021 al 2023), se constituye en un serio indicio que permite inferir como Alvaro Díaz Guerra, Alcalde de San Juan del Cesar (La Guajira), actuó de manera dolosa y preconcebida para evitar que se evidenciara el acrecentamiento no justificado de su patrimonio, derivado de una u otras formas de actividades delictivas instrumentalizadas en la Alcaldía, bajo su mando y orden, con la perversa finalidad de apropiarse de los sagrados recursos públicos del erario municipal, departamental y nacional, cuyo manejo le había sido confiado en los comicios electorales de octubre de 2019.
Por expresa ordenación de Alvaro José Díaz Guerra, en la Alcaldía de San Juan del Cesar habrían sido concebidos, estructurados con amaño, maliciosamente implementados y adjudicados con direccionamiento previo y mediante “Pliegos de Condiciones de Sastrería”, redactados a la justa medida de quienes terminarían siendo proponentes únicos y contratistas, compuestos y delictuosos procesos contractuales con fingida, supuesta, falsa, parcial o irregular ejecución de sus objetos; financiados, en la mayoría de los casos, con multimillonarios recursos del Sistema General de Regalías (SGR) y del Sistema General de Participaciones (SGP), para lo que se requeriría la necesaria coautoría y determinación criminal del alcalde Díaz Guerra y la coparticipación y coautoría de su amanuense contratista Jader Gustavo Cuello Cuello, de Funcionarios y Contratistas de esa Alcaldía, con evidente violación de los Principios de Publicidad, Transparencia, Legalidad, Moralidad, Selección Objetiva, Planeación, Responsabilidad, Buen Gobierno, Mérito, Igualdad, Economía, Eficacia y Eficiencia y la sistemática comisión de los delitos tipificados como Contrato Sin Cumplimiento de Requisitos Legales, Peculado por Apropiación, Enriquecimiento ilícito, Lavado de Activos, Enriquecimiento Ilícito de Particulares, Cohecho, Falsedad Ideológica en Documento Público, Falsedad ideológica en Documento Privado y otros que serán determinados, con probabilidad de verdad, en la investigación que dispondrá la Fiscalía General de la Nación para atender la DENUNCIA PENAL instaurada por la Veeduría Ciudadana “No Mas Corrupción en Colombia” contra Alvaro José Díaz Guerra, Jader Gustavo Cuello y Funcionarios y Otros contratistas de la Alcaldía en ese municipio.
La denunciada y criminal comisión de esos delitos, con apropiación delictiva de recursos públicos, se dio con lesión efectiva de bienes jurídicos protegidos, tales como la Administración, Contratación y la Función Públicas, los que se hubieran efectivizado en la justa medida en que Alvaro Díaz Guerra hubiera cumplido con el deber legal que le correspondía como mandatario municipal y que había prometido como candidato: gobernar con transparencia e implementar una lucha frontal y total contra la corrupción para que se invirtieran los recursos públicos de manera eficiente. Antes por el contrario, habría participado en una concertada acción criminal con el vil propósito de apropiarse de los millonarios recursos del erario; los que estaban comprometidos y presupuestados con la finalidad de atender las necesidades de los habitantes del área urbana y rural del Municipio de San Juan del Cesar, en el departamento de La Guajira y, esencialmente servir, a los sectores poblacionales más pobres y vulnerables en esa Entidad Territorial; recursos cuya delictiva rebatiña o sustracción habría sido ordenada y dispuesta por el alcalde Díaz Guerra y Funcionarios de su administración, en connivencia con apañados contratistas, como sería el caso de Jader Cuello.
Alvaro Díaz Guerra, Alcalde de San Juan del Cesar, Jader Cuello Cuello, quien sería el contratista cómplice y “calanchín” del mandatario en sus dolosas travesuras, Funcionarios y Otros Contratistas de la alcaldía, en esa población, habrían acrecentado ilegalmente su patrimonio, incurriendo en la comisión de los delitos tipificados como Peculado, Lavado de Activos, Enriquecimiento Ilícito y otros delitos. Por ello, deberán responder penalmente ante la Fiscalia General de la Nación. La investigación por tales conductas ya está en curso y a ella serían vinculados familiares y amigos de los indiciados que hayan prestado sus nombres y cuentas bancarias para intentar esconder el botín de la banda criminal responsable del saqueo de las arcas municipales y que estaría liderada, sin vergüenza ni pudor alguno, por el burgomaestre Díaz Guerra.
La lista de los millonarios y delictivos procesos contractuales, instrumentalizados mediante la comisión de los enlistados delitos, con violación de los Principios de la Administración, Contratación y Función Públicas, es inimaginable. Entre ellos, podemos mencionar la delictuosa y fingida ejecución de los contratos de “Implementación de sistemas de generación de energía solar fotovoltaica autónomos, para la energización de viviendas rurales en zonas no interconectadas del municipio”; los espurios convenios y contratos celebrados con la Fundación Vejuniz para el desarrollo del programa integral del adulto mayor; la vergonzosa y descarada adjudicación, celebración y falsa ejecución de la “Construcción del alcantarillado sanitario en los corregimientos de Guayacanal, Corral de Piedras y Zambrano”; la irregular “Construcción, adecuación y mejoramiento de plazas y parques para el ornato y embellecimiento de la cabecera municipal”, sobrecostos, falsas contrataciones y toda suerte de truculencias y falsedades para malversar recursos públicos.
El robo en la Alcaldía de San Juan del Cesar (La Guajira), durante al gobierno de Díaz Guerra, entre los años 2020 y 2023, habría sobrepasado la suma de cuarenta y dos mil millones de pesos y contabilizando. Curiosamente, ese robo coincidiría con la opulencia, prosperidad, compra de vehículos de alta gama para el uso personal y familiar, a través de empresas familiares y de parientes próximos, adquisición de costosos inmuebles hasta en los Estados Unidos de Norteamérica que hoy ostenta el cuestionado e indiciado burgomaestre, durante el mismo periodo.
Díaz Guerra nunca dimensionara la grave afectación que habría causado, con su doloso actuar, al buen nombre de los miembros de su familia ni la lesión infringida en los sentimientos y esperanzas de los sanjuaneros. De poco le serviría la trama de perseguido político maquinada ante las autoridades para ficticiamente pretender asilo político o de perseguido político, junto con los miembros de su familia, en los Estados Unidos de Norteamérica, país escogido para esconderse de la Fiscalia General de la Nación cuando se conocieran sus fechorías. Eso no será posible
Alvaro José Díaz Guerra, alcalde de San Juan del Cesar, junto con Jader Gustavo Cuello Cuello, su direccionado, compuesto y apañado contratista estrella, Funcionarios y otros Contratistas de esa Alcaldía habrían incurrido en la comisión de los delitos que se les endilgan en la denuncia instaurada, en la Fiscalia General de la Nación, con los necesarios elementos materiales probatorios documentales y suficiente evidencia y el concurso de funcionarios de misma Alcaldía. Ahora deberán responder pos sus actos, con sujeción al debido proceso, ante la justicia colombiana, la sociedad y el pueblo sanjuanero que clama administración de justicia pronta y eficaz.
P. D. A propósito de elecciones y candidatos en San Juan del Cesar (La Guajira): ¿sabrán los sanjuaneros que el abogado Enrique Camilo Urbina Suarez, más conocido como “Cubita”, fue sancionado por el Consejo Seccional de la Judicatura de La Guajira con suspensión en el ejercicio de la profesión por seis (6) meses y multa de tres (3) smlmv por habérsele hallado responsable disciplinariamente de promover una causa o actuación manifiestamente contraria a derecho (Numeral 2° del artículo 33 de la ley 1123 de 2007) y que dicha sanción fue confirmada por el Consejo Superior de la Judicatura, mediante providencia del veintitrés (23) de septiembre de dos mil quince (2015), dentro del proceso disciplinario No. 4400111020002012-00032-01?
