Inhabilitada por 12 años para ejercer cargos públicos, quien además argumentó padecer una enfermedad mental
La polémica ex alcaldesa del municipio de Argelia (Antioquia), Flor Dey Granada Valencia (2012 – 2015) fue destituida e inhabilitada por 12 años para ejercer cargos públicos por la Procuraduría General de la Nación, por la apropiación de recursos del Estado en beneficio propio.
La Provincial de Rionegro comprobó que la exalcaldesa simuló la celebración de un contrato de prestación de servicios 0157-2013 de apoyo a la gestión de la Secretaría de Planeación en la revisión de los proyectos del Sistema General de Regalías (S.G.R.), para cancelar los honorarios de un abogado que ejercía su defensa en procesos disciplinarios que adelantaba en su contra la Procuraduría.
El Ministerio Público calificó la conducta de Granada Valencia como gravísima, a título de dolo, porque abusó de su cargo como alcaldesa al apropiarse de recursos de la entidad municipal para el pago de su abogado, con lo que violó lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 48 la Ley 734 de 2002, en concordancia con el artículo 397 del Código Penal (peculado por apropiación).
Pero este no es el único proceso que se le siguió a la exmandataria.
Ya en el 2015 la ex alcaldesa había sido sancionada dos veces por la Procuraduría por comprar una retroexcavadora en $70 millones de pesos más de lo facturado y tampoco cumplió con la licitación pública. Granada Valencia pagó $210 millones 845 mil pesos por la máquina, a pesar de haber sido facturada en $140 millones de pesos.
Luego fue enviada a la cárcel de manera preventiva tras la audiencia de imputación de cargos en donde la Fiscalía la acusó de celebración indebida de contratos.
Según la investigación, la mandataria municipal firmó convenios por cerca de 180 millones de pesos para la compra de materiales de construcción, mangueras, colchones, bienes y servicios en general, los cuales nunca fueron adquiridos.
Además, se supo que la alcaldesa invirtió 8 millones de pesos para el suministro de paquetes alimentarios para población vulnerable; $250 millones de pesos, para el suministro y dotación de enseres para el hogar de los adultos mayores; 13 millones para el suministro de papelería y otros insumos de oficina; $18 millones, para el suministros de mangueras de agua para la población vulnerable y otro por $18 millones, para suministro de manguera para el acueducto de la población del área rural.
El monto total de los contratos fue de $574 millones de pesos, más un peculado por 80 millones de pesos.
Así mismo estaba cobijada con medida de aseguramiento en el marco de otro proceso por un presunto hurto a su excompañero sentimental.
Sin embargo, posteriormente en abril del 206 el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Medellín, ordenó la reclusión intrahospitalaria de la exalcaldesa de Argelia, de 45 años, para que reciba tratamiento siquiátrico.
En ese entonces el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses estableció que la exfuncionaria padecía “una enfermedad muy grave que no es compatible con la vida en reclusión formal por la presencia de ideación (sic) de muerte que implica un riesgo de autoagresión”.
Según algunos conocedores del tema, su supuesta enfermedad mental fue una “artimaña” de la ex mandataria para hacerle el quite a la justicia.
