36 son las modalidades de prácticas abusivas y de corrupción con el que los actores del sistema de salud en Colombia se han apropiado de millonarias sumas de dinero a lo largo de varios años.
La nota crédito simulada, la carterizacion, los contratos de comodatos, los falsos abogados, los falsos cobradores, el no hacer contratos para pagar tarifas plenas de SOAT, entregar dinero para montar una factura, o para que paguen por prestación de un servicio, son algunas de las artimañas corruptas que se dan en el sector salud, según lo confirmó el propio Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal Ángel durante su reciente visita a Barranquilla.
…si no corregimos esas malas prácticas y ese deterioro, no va a haber modelo ni sistema que aguante, por muy bueno que sea
“Junto con la Fiscalía General de la Nación hemos detectado 36 modalidades de robo al sector, luego no podemos decir que el sistema no sirve, ni el modelo; y lo que queda en evidencia es que si no corregimos esas malas prácticas y ese deterioro, no va a haber modelo ni sistema que aguante, por muy bueno que sea”, sentenció el funcionario.
Al hablar de responsables, prefiere no particularizar, pues tiene claro que todos son responsables.
“Yo no me cargo hacia las EPS, ni a ningún lado; a los entes territoriales, a los hospitales públicos y a los privados, incluso a la Adres toca vigilarlos, porque todos somos responsables”, dijo al recalcar que una EPS no roba dinero sola, se lo roba con un proveedor y el proveedor se presta para eso y hay un cohecho y eso es abuso y corrupción.
A principios de este año el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que los millonarios desfalcos por hechos de corrupción le han arrebatado recursos por un billón de pesos al sector de la salud en todo el país.
El año pasado la Fiscalía reveló algunos casos que evidencian las distintas formas o prácticas corruptas mediante las cuales desfalcan al sistema, advirtiendo que el presupuesto anual para el sector salud en el 2018 superó los 42 billones de pesos.
En el 2016 la Fiscalía creó un grupo de trabajo especial para delitos que afectan el sistema de seguridad social en salud, el cual ha ido identificando los ‘modus operandi’ y eslabones de la cadena de corrupción en EPS, IPS y entes territoriales.
Y tal como lo afirma el Superintendente, las modalidades son diferentes: van desde grandes carteles con IPS fachada que perfeccionaron la técnica para inventar pacientes, manipulación y alteración de historias clínicas, pasando por falsa contratación de empleados en hospitales, hasta pequeñas redes que se quedan sobrefacturando con plata o con sobrecostos en contratos.
Algunos casos
En el 2018 en la Clínica Guadalajara de Buga, fue desmantelada una red que los últimos tres años había hecho 307 cobros fraudulentos al Fosyga por la suma de 3 mil millones de pesos. Los cobros por supuestas cirugías y atenciones médicas para víctimas de accidentes de tránsito ocasionados por carros fantasmas, se hicieron con historias clínicas, facturas y autorizaciones falsas. Y, aunque esos accidentes nunca ocurrieron y las supuestas víctimas solo aparecían en el papel, la red logró quedarse con la millonaria suma.
Cabe mencionar los carteles de la aparición de carteles como el de la hemofilia, del síndrome de Down y el sida –y la Fiscalía ya descubrió el cartel de las gafas y de los tratamientos odontológicos–, lo cierto es que el desangre no solo compromete a poderosos políticos regionales, también en hospitales de pequeños municipios se han armado organizaciones para esquilmar el sistema de salud.
Son 41 casos que la Fiscalía General ha judicializado en el último año, por los que 203 personas entre funcionarios públicos y particulares están vinculadas, y que le han costado a la Nación 451.225 millones de pesos.
Hay por lo menos 18 rutas con las que se roban la plata de la salud, como redes en las EPS que se quedan con la unidad de pago por capacitación, reportando usuarios fallecidos, recobros por servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud, pero que en realidad no se hicieron, o inversión de los recursos públicos en planes que no tienen que ver con este servicio.
Uno de esos llamativos casos es el desfalco que se descubrió en el departamento de Córdoba que se le conoce como el cartel de las ‘chapas’ dentales para adultos mayores y que habría sobrefacturado para quedarse con recursos públicos.
Para poder facturar una persona se encargaba de conseguir a los adultos mayores en los barrios populares que eran llevados a la IPS FM Maxilofacial, donde a un paciente que necesitaba dos dientes le facturaban ocho, y así se generaba el sobrecosto con el que, a su vez, se les pagaba la coima a los funcionarios públicos.
Cobros injustificados
En otra modalidad de corrupción que es la de cobrar servicios no prestados, como el que destapó en el Meta la Fiscalía en el Meta, donde la ESE Solución Salud y la firma Global Environment and Health Solutions firmaron un contrato por 37.142 millones de pesos para adquirir equipos básicos de urgencias, hospitalización, obstetricia y laboratorios. En ese millonario negocio se le pagaron 13.537 millones de pesos al contratista por elementos que, según la Fiscalía, no fueron entregados.
Por tratamientos de alto costo se evidenció una defraudación a la Nueva EPS, donde la Fiscalía identificó 269 autorizaciones que serían fraudulentas a nombre de 38 pacientes, con las que se entregaron 6.123 dosis de medicamentos por 1.261 millones de pesos.
En el hospital Universitario del Valle se firmó un contrato por 2.646 millones de pesos sin que se enviaran las invitaciones a los demás oferentes.
En síntesis el sistema de salud no está blindado pues los mecanismos directos de control sobre sus recursos como la Superintendencia Nacional de Salud y las entidades territoriales como secretarías departamentales, distritales o municipales, se quedan cortas frente a la cantidad de dinero que se mueve en el sector, el tamaño y el número de sus actores y la cantidad de vías de fuga de los recursos.
El país hoy día cuenta con más de 36 EPS de los regímenes subsidiado, contributivo e indígenas, no menos de 32 mil Instituciones Prestadoras de Salud, es decir hospitales públicos, clínicas y entidades de carácter comercial que prestan servicios de laboratorio, óptico, odontológico y de cualquier otra rama de la medicina, lo que presume mucho más complicado la detección de hechos de corrupción y su consabido castigo por parte de las autoridades.
