Mientras los campesinos mueren de hambre, el Senado opera como una oficina inmobiliaria clandestina. Revelamos cómo el mismo sistema que les toleramos por décadas les enseñó que las tierras públicas son su herencia privada.
MÁS ALLÁ DE LOS TITULARES: CUANDO EL CONGRESO SE CONVIERTE EN HACIENDA
Catorce senadores de la República. Diecinueve procesos administrativos. Cinco partidos políticos. Miles de hectáreas de baldíos apropiados. Y la pregunta que nadie se atreve a formular: ¿Cuántas veces más tendremos que fingir sorpresa ante lo que siempre supimos?
La Agencia Nacional de Tierras mantiene abiertas investigaciones a 14 senadores por presunto acaparamiento de tierras y apropiación irregular de baldíos, utilizando mecanismos que incluyen el uso de familiares, empresas financiadoras y testaferros para encubrir sus nombres. Pero esto no es corrupción en el sentido tradicional que nos gusta denunciar con indignación de domingo. Esto es algo peor: es el funcionamiento normal del sistema que les hemos tolerado construir durante décadas.
Porque cuando Felipe Harman, director de la ANT, revela que uno de cada tres congresistas tendría algún tipo de relación con temas de baldíos, no está exponiendo una anomalía. Está describiendo el ADN del poder legislativo colombiano: una institución que ha mutado de cuerpo colegiado democrático a cartel inmobiliario con inmunidad constitucional.
EL MECANISMO INVISIBLE: CÓMO CONVERTIR LA LEY EN PROPIEDAD PRIVADA
Aquí está el truco que nos han vendido durante años: los senadores no «roban» tierras. Eso sería demasiado burdo, demasiado evidente. No. Lo que hacen es mucho más sofisticado: utilizan el mismo aparato legal que ellos mismos diseñaron para transformar bienes públicos en patrimonio familiar.
El método es elegante en su perversidad. Primero, identifican terrenos baldíos —esos que por ley deberían redistribuirse entre campesinos víctimas del conflicto o comunidades vulnerables—. Luego activan la maquinaria: un familiar aquí, una empresa financiadora allá, un juez complaciente que reconoce propiedad privada donde no existe. La Superintendencia de Notariado y Registro ha alertado sobre el uso indebido de la prescripción adquisitiva para apropiarse de baldíos, una práctica que se ha extendido gracias a la intervención de jueces que reconocen propiedad privada donde no corresponde.
Observemos los casos:
Juan Samy Merheg
(Partido Conservador): El predio «Los Cambulos» en Valle del Cauca —54.4 hectáreas— está registrado a nombre de Inveragro S.A.S., empresa que casualmente financió su campaña. La ANT no pudo establecer el origen ni la cadena de dominio. Qué conveniente.
Carlos Mario Farelo Daza
(Cambio Radical): «La Gracia de Dios» en Magdalena —497.3 hectáreas— aparece a nombre de su cónyuge. El predio excede por mucho los límites legales para la zona, pero claro, cuando tu pareja es senador, las leyes sobre Unidad Agrícola Familiar se vuelven… flexibles.
Liliana Esther Bitar Castilla
(Partido Conservador): Tres predios en Córdoba con documentación «extraviada» y superposición con áreas de hidrocarburos. ¿El patrón? Falta de documentos que acrediten propiedad privada. Es decir: tierras del Estado que milagrosamente terminaron en manos privadas.
Lidio Arturo García Turbay
(Partido Liberal): Cuatro investigaciones. Predios sin registro de área. Folios sin información suficiente. Y aun así, de alguna manera —que seguro tiene que ver con coincidencias cósmicas— todos esos terrenos terminaron vinculados al senador.
EL SISTEMA SILENCIOSO: CUANDO LA IMPUNIDAD SE CONVIERTE EN PROCEDIMIENTO
Pero analicemos lo realmente obsceno de esta situación: no es que existan senadores corruptos. Es que el sistema está diseñado para protegerlos mientras lo son.
La inmunidad parlamentaria es un privilegio anacrónico, un rezago de cuando se requería proteger a los parlamentos frente al poder excesivo de los reyes. Pero en la Colombia de 2025, este mecanismo no protege la democracia. Protege el latrocinio institucionalizado.
Cuando un proyecto para reducir el salario de los congresistas se hunde porque nueve senadores se declaran impedidos y otros simplemente abandonan el recinto para romper el quórum, no estamos ante un fracaso legislativo. Estamos ante la demostración de poder más descarada imaginable: «Nosotros decidimos cuándo nos aplicamos las reglas y cuándo no».
Los mismos senadores que votaron contra la reforma laboral —argumentando afectaciones a empresarios por incremento de costos salariales— mantienen intactos sus privilegios de $48 millones mensuales, más viáticos, escoltas y beneficios que ningún trabajador colombiano jamás verá. Como afirmó el senador Iván Cepeda: «Los senadores a la hora de lesionar los derechos de los trabajadores son implacables, y a la hora de mantener sus privilegios son permisivos y ausentistas«.
LA RED SUBTERRÁNEA: PARTIDO POR PARTIDO, EL MAPA DE LA FEUDALIDAD
Lo fascinante —si ese término puede aplicarse a algo tan repugnante— es que esta no es una cuestión ideológica. Es estructural. Transversal. El acaparamiento de baldíos no distingue entre derecha e izquierda, entre gobierno y oposición. Es el lenguaje común de la clase política colombiana.
Seis congresistas del Partido Conservador. Tres del Centro Democrático. Dos de Cambio Radical. Dos del Partido de la U. Uno del Liberal. La geografía de la corrupción abarca Córdoba, Cesar, Magdalena, Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, Santander y Vichada. Es decir: prácticamente todo el país.
Como reveló Corrupción al Día en su análisis del caso Invias, existe una «red subterránea que no distingue colores políticos«, donde los votos se convierten en moneda de cambio para obtener beneficios personales. Los senadores investigados por baldíos son los mismos que votaron reformas, aprobaron presupuestos y decidieron el rumbo del país. Mientras tanto, construían sus imperios terratenientes en las sombras.
EL CICLO SECRETO: POR QUÉ ESTO SE PERPETÚA
La pregunta que deberíamos hacernos no es «¿cómo llegamos aquí?», sino «¿por qué seguimos tolerándolo?». Y la respuesta es tan incómoda como necesaria: porque hemos normalizado la impunidad legislativa como parte del paisaje democrático.
Como documentó Corrupción al Día en el caso del senador Ciro Ramírez del Centro Democrático, encarcelado por corrupción: «Todos los senadores de la República, incluyendo representantes, les cabe la pregunta del Nazareno: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra». Y es que son generadores de corrupción, el primer anillo del Mal.
El mecanismo es circular y perfecto: los senadores crean las leyes que los protegen, eligen a los magistrados que podrían juzgarlos, controlan los presupuestos de las instituciones que deberían investigarlos y, cuando todo falla, activan el blindaje del fuero constitucional. Como señala un análisis sobre el sistema judicial: «Los mecanismos legales y políticos en Colombia han favorecido tradicionalmente a los gobernantes. Desde el aforamiento hasta la lentitud judicial, pasando por la burocracia como escudo, el sistema está diseñado para proteger a la élite política».
EL IMPACTO OCULTO: LO QUE REALMENTE CUESTA EL FEUDALISMO SENATORIAL
Hablemos de números reales. El presidente Gustavo Petro destacó que en dos años y medio su gobierno entregó 570 mil hectáreas a campesinos, superando décadas de gobiernos anteriores. Pero ¿cuántas de esas hectáreas nunca debieron recuperarse porque ya estaban en manos del Estado? ¿Cuántos recursos se desviaron a recuperar lo que nunca debió privatizarse?
Cada hectárea acaparada por un senador es una familia campesina sin tierra. Cada predio «clarificado» es un año más de proceso judicial. Cada baldío apropiado ilegalmente es la confirmación de que en Colombia la ley protege al poderoso y castiga al vulnerable.
La falta de un censo actualizado de tierras baldías dificulta la labor de verificación y control estatal, convirtiendo el territorio nacional en un limbo jurídico donde todo es posible para quien tiene los contactos correctos. Y los senadores tienen todos los contactos correctos: jueces, notarios, registradores, alcaldes. La Red Subterránea funciona porque cada engranaje del Estado ha sido cooptado.
LA CONEXIÓN PERDIDA: CUANDO EL CONGRESO TRAICIONÓ SU MANDATO
Existe una distorsión fundamental en cómo entendemos el Congreso colombiano. Lo seguimos llamando «honorable», seguimos refiriéndonos a sus miembros como «representantes del pueblo». Pero como denunció el presidente Petro: «Usan el voto popular comprado para llegar al lugar donde se hacen las leyes y lo que buscan no son leyes, sino negocio, como si viviéramos en el feudalismo».
No son representantes. Son terratenientes con credencial parlamentaria. Han convertido el Capitolio Nacional en la oficina comercial de una hacienda multimillonaria donde los bienes públicos se transan como ganado.
Y lo más perverso es que lo hacen amparados en el voto popular. Como señaló Petro: «Han matado, desalojado a millones de campesinos y aún siguen, apropiándose de las tierras de la nación». Cada baldío acaparado tiene detrás décadas de desplazamiento forzado, de violencia paramilitar, de despojo. Los senadores no solo roban tierra: se benefician del sufrimiento que la hizo «disponible».
RADIOGRAFÍA PROFUNDA: LOS PATRONES QUE NADIE QUIERE VER
Analicemos los patrones recurrentes que emergen de estos 19 procesos administrativos:
1. El uso sistemático de familiares como testaferros: Cónyuges, hermanos, hijos. La familia se convierte en estructura empresarial del despojo.
2. La triangulación mediante empresas financiadoras: ¿Quién financió tu campaña? Ah sí, la misma empresa que casualmente ahora es dueña de 500 hectáreas de baldíos.
3. La prescripción adquisitiva como herramienta de legalización: Jueces que firman sentencias reconociendo propiedad privada donde solo existe ausencia del Estado. O peor: complicidad.
4. La falta de títulos originarios: Predios que surgen de la nada, sin cadena de dominio, sin historia legal. Como si la tierra brotara por generación espontánea en manos de senadores.
5. La superposición con zonas protegidas: Hidrocarburos, reservas forestales, áreas de víctimas. Da igual. Si un senador lo quiere, encuentra la manera.
Como documentó El Tiempo al revisar los expedientes de la ANT, en muchos casos «los registros más antiguos de los predios son sentencias judiciales o escrituras basadas en testimonios», lo que impide consolidar un dominio legal claro. Es decir: la corrupción no es solo en la apropiación, sino en todo el sistema de registro y titulación que la permite.
VERDAD OCULTA: LO QUE LA ANT NO PUEDE DECIR
Hay algo que la Agencia Nacional de Tierras descubrió pero que por protocolo institucional no puede vocalizar completamente: esto no son 14 senadores actuando individualmente. Es un sistema operativo.
Como expuso Corrupción al Día en su análisis sobre la elección de Carlos Camargo a la Corte Constitucional: «Esta elección no es un caso aislado; es la manifestación perfecta del Sistema Silencioso que gobierna Colombia». Un sistema donde «el clientelismo se convierte en virtud, la manipulación en estrategia política y la corrupción en método de gobernanza».
Los senadores no se roban las tierras. Las administran. Como gerentes de un holding criminal que tiene al Estado como subsidiaria. Y lo hacen con tal nivel de coordinación que cuando el director Harman los expone en Consejo de Ministros, menciona nombres específicos con predios específicos en investigaciones específicas, pero todos sabemos que esos son solo los que se pudieron documentar. Los visibles. ¿Cuántos más operan en zonas grises que la ANT aún no ha podido mapear?
PUERTA TRANSPARENTE: LAS GRIETAS EN EL SISTEMA
Pero hay algo que estos senadores no anticiparon: la digitalización de registros y la profesionalización de entidades como la ANT. Por primera vez en décadas, existe capacidad técnica y —más importante— voluntad política para perseguir estas prácticas.
El gobierno nacional ha avanzado significativamente: en Puerto Berrío, Antioquia, las autoridades recuperaron 2.330 hectáreas que pertenecieron al jefe paramilitar alias Macaco y que fueron ocupadas indebidamente por particulares. Cada hectárea recuperada es un antecedente jurídico. Cada proceso iniciado es una fisura en el muro de impunidad.
La pregunta es: ¿será suficiente? ¿O los senadores activarán sus contactos en el poder judicial para enterrar estos expedientes en el limbo procesal donde han muerto tantas investigaciones antes?
LA DECISIÓN QUE NADIE QUIERE TOMAR
El caso de los 14 senadores investigados por acaparamiento de baldíos nos coloca frente a una decisión civilizatoria: ¿Vamos a seguir tolerando que el Congreso funcione como una empresa criminal con fuero constitucional, o finalmente entenderemos que la democracia representativa colombiana es una farsa mientras sus «representantes» se dediquen al latrocinio sistemático?
No se trata de indignarse. La indignación es el opio del ciudadano impotente: te hace sentir moralmente superior sin cambiar nada. Se trata de comprender que cada día que estos senadores permanecen en sus curules es un día más en que validamos el sistema que los protege.
Porque al final, el verdadero escándalo no es que 14 senadores hayan acaparado baldíos. El verdadero escándalo es que tengamos un sistema donde uno de cada tres congresistas puede hacerlo, donde las investigaciones tardan años en abrirse, donde los procesos se entrampan en recursos interminables, donde los privilegios parlamentarios se convierten en escudos de impunidad.
El verdadero escándalo es que esto no nos escandalice.
LA PREGUNTA INCÓMODA
Mientras lees esto, senadores que durante la pandemia «se fueron a viajar por todo el país sin medidas de bioseguridad mientras cobraban viáticos sin justificación» siguen legislando sobre tu futuro. Senadores que convirtieron tierras públicas en haciendas privadas siguen decidiendo el presupuesto de educación de tus hijos. Senadores que utilizaron familiares como testaferros para ocultar despojos masivos siguen votando las leyes que deberías obedecer.
¿Hasta cuándo?
La respuesta no está en estas páginas. Está en el espejo. En si decidimos que el abuso de poder reiterado que les toleramos a nuestros senadores finalmente tiene consecuencias, o si preferimos seguir fingiendo sorpresa cada vez que un nuevo escándalo confirma lo que siempre supimos:
Que el Congreso de la República no nos representa. Nos explota.
Los 19 procesos administrativos contra 14 senadores por acaparamiento de baldíos no son casos aislados de corrupción individual. Son la prueba documental de que Colombia ha normalizado el feudalismo parlamentario como método de gobierno. Mientras la ANT intenta recuperar las tierras robadas, la pregunta permanece: ¿Quién recuperará la democracia que estos senadores nos robaron primero?
