Cuando la formación de alto nivel se convierte en un negocio para élites, el país pierde más que becas: pierde su futuro
El Escándalo que Nadie Quiere Ver
La noticia cayó como bomba mediática en plena Navidad: el gobierno de Gustavo Petro retirará el financiamiento a Colfuturo a partir de 2026. Los titulares se sucedieron con indignación ensayada, políticos gritaron «traición a los jóvenes», y las redes sociales ardieron con la narrativa de siempre: el gobierno acabando con las oportunidades educativas.
Pero hay algo que la mayoría prefiere ignorar. Durante dos décadas, cerca de 25,000 colombianos accedieron a maestrías y doctorados en el exterior a través del programa, con un compromiso conjunto de USD 892 millones. Suena impresionante. Hasta que examinas quiénes fueron esos 25,000 privilegiados.
La realidad es brutal y las cifras no mienten: entre 2014 y 2022, cerca del 80% de los beneficiarios se concentró en 14 departamentos y Bogotá, y alrededor del 60% pertenecía a los estratos 4, 5 y 6. Es decir, durante años el Estado colombiano subsidió con dinero de todos los contribuyentes la educación de quienes tenían mayor capacidad económica para financiarse por sí mismos.
Pero aquí viene lo más obsceno del asunto: solo el 1% de los recursos llegó a jóvenes del estrato 1, y apenas el 26% benefició a estudiantes de estratos 1, 2 y 3, que representan cerca del 80% de la población joven del país.
Leíste bien. El 80% de la juventud colombiana recibió apenas el 26% de los recursos. Mientras tanto, las élites de Bogotá, Medellín y otras pocas ciudades se repartían el pastel con total naturalidad.
El Modelo de la Vergüenza: Cuando los Banqueros Administran la Educación Pública
Pero el problema va más allá de las cifras de desigualdad. La estructura misma de Colfuturo representa todo lo que está mal con la tercerización de las responsabilidades del Estado. La junta directiva de esta fundación privada está conformada por representantes de los grandes grupos económicos del país: Luis Carlos Sarmiento Angulo del Grupo Aval, representantes del Grupo Santo Domingo, ex primeras damas y figuras de las élites financieras y políticas.
¿Alguien se sorprende entonces de que bajo su administración el dinero público terminara concentrado en los estratos altos?
El presidente Petro lo planteó sin ambages: «Cogieron el dinero público para servicios de élite, ¿a cuántos hijos de megarricos ayudaron?». Y aunque la pregunta sea retórica, su contundencia expone la realidad que pocos quieren reconocer.
Esta no es una discusión ideológica. Es una cuestión de sentido común: cuando entregas dinero público a una entidad privada administrada por banqueros y grupos económicos, ¿a quién esperas que beneficie prioritariamente? La respuesta está en los datos.
Y por si fuera poco, la Contraloría General de la República encontró hallazgos en auditoría realizada en junio de 2024, configurándose dos hallazgos: uno con incidencia fiscal por el no reintegro de cartera recuperada y otro de carácter disciplinario. Es decir, no solo concentraron recursos en las élites, sino que además hubo irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
Pero claro, hablar de esto es «atacar la educación». Como si subsidiar doctorados de quienes pueden pagarlos fuera un acto de justicia social.
La Responsabilidad del Estado: Lo Que Realmente Está en Juego
Aquí está el meollo del asunto que la oposición y los medios tradicionales prefieren ocultar: la educación de posgrado, especialmente la formación de doctores e investigadores, no es un negocio privado. Es una responsabilidad inalienable del Estado.
La formación de alto nivel es la columna vertebral del desarrollo científico, tecnológico y social de un país. Cuando un Estado delega esta responsabilidad en intermediarios privados, no solo pierde control sobre quiénes se benefician, sino sobre las áreas de conocimiento prioritarias, las condiciones de retorno, y la manera en que ese conocimiento se pone al servicio del país.
El modelo de Colfuturo opera bajo una lógica crediticia. Aunque ofrezca condonaciones, la base es el endeudamiento. ¿Y quiénes pueden asumir riesgos crediticios? Las familias con respaldo económico. Los estudiantes de estratos 1 y 2, incluso con condonación parcial, saben que cualquier imprevisto los puede dejar endeudados de por vida. Por eso la brecha: el riesgo es asimétrico.
El Estado colombiano debe asumir directamente la financiación de maestrías y doctorados porque solo así puede garantizar equidad real, descentralización territorial y alineación con las necesidades del país. No como negocio, sino como inversión estratégica en su futuro.
El Nuevo Modelo: ¿Regreso a la Responsabilidad Estatal?
La ministra de Ciencia, Yessenia Olaya, defendió la decisión argumentando que el gobierno seguirá apoyando estudiantes, pero sin tercerizar recursos. En 2026 se habilitará una nueva convocatoria que permitirá a los aspirantes postularse a apoyos financieros para cursar maestrías y doctorados en el país y en el exterior.
El nuevo esquema busca corregir las fallas del modelo anterior. Entre 2023 y 2025, el acceso a los apoyos para formación de alto nivel se extendió a 17 departamentos, con incrementos relevantes en regiones como Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó. Es decir, se está llevando la formación de alto nivel a territorios históricamente excluidos.
Además, el Ministerio de Ciencias ha financiado la formación de 7,995 personas en programas de maestría y doctorado, con una inversión total de $1,2 billones. La inversión en formación no solo continúa, sino que se ha ampliado territorialmente.
Recientemente, MinCiencias anunció inversión de $482 mil millones destinados a financiar 851 doctorados y 565 maestrías en todo el país. Son cifras contundentes que desmienten la narrativa del desfinanciamiento.
Pero el debate real no es si hay o no recursos. Es quién debe administrarlos y bajo qué criterios.
La Falsa Defensa de la Meritocracia
Los críticos del retiro de financiamiento a Colfuturo apelan a la meritocracia. «Los mejores estudiantes deben tener oportunidades», gritan. Como si históricamente los «mejores» no fueran sistemáticamente quienes nacieron en las familias con más recursos.
Jerónimo Castro, director de Colfuturo, defendió el programa argumentando que más de la mitad de los beneficiarios pertenecen a estratos 3 y 4. Pero ese argumento es una cortina de humo. Los estratos 3 y 4 no son «clases vulnerables», son clases medias con capacidad adquisitiva. Y cuando se suma el 60% que va a estratos 4, 5 y 6, el panorama es claro: el programa beneficia a quienes menos lo necesitan.
La meritocracia sin equidad es una farsa. Un joven brillante de Chocó o del sur de Bolívar no compite en igualdad de condiciones con uno de El Poblado en Medellín o del norte de Bogotá. No cuando uno tuvo educación privada bilingüe, preparación para pruebas internacionales, redes de contactos académicos, y el otro apenas sobrevivió a un sistema educativo público colapsado.
Defender Colfuturo en nombre de la meritocracia es defender un sistema que perpetúa privilegios con dinero público.
El Circo Mediático y la Hipocresía Política
La congresista Cathy Juvinao, defensora de las EPS privadas que han desangrado el sistema de salud, salió a gritar traición educativa. El precandidato Juan Carlos Pinzón, representante del establecimiento neoliberal, lloró por las oportunidades perdidas de los jóvenes. La periodista Vicky Dávila, desde su púlpito mediático, calificó la decisión como el «regalo de navidad de un gobierno corrupto».
La ironía es abrumadora. Los mismos que durante décadas defendieron la privatización de la educación, la tercerización de servicios públicos y la mercantilización del conocimiento, ahora se rasgan las vestiduras porque el Estado recupera control sobre la formación de alto nivel.
¿Dónde estaban cuando Colfuturo concentraba recursos en las élites? ¿Dónde estaban cuando los jóvenes de Chocó, Cauca o Nariño quedaban sistemáticamente excluidos? Ah sí, celebrando el «éxito» del modelo privado.
Esta indignación selectiva revela su verdadero temor: que el Estado deje de subsidiar a sus círculos cercanos.
La Educación como Derecho, No como Negocio
Aquí está la pregunta que nadie quiere responder: ¿por qué la formación de doctores e investigadores debe operar bajo lógica crediticia? ¿Por qué el acceso a la educación de posgrado debe depender de la capacidad de endeudamiento?
La respuesta es simple: no debería.
La formación de alto nivel es tan estratégica para un país como la defensa nacional o la infraestructura pública. No se puede dejar en manos del mercado ni de intermediarios privados. Debe ser una política de Estado, financiada directamente, con criterios públicos, transparentes y orientados al interés nacional.
El modelo propuesto por MinCiencias apunta en esa dirección: becas directas, sin intermediarios, priorizando equidad territorial y social, con requisitos de retorno que aseguren que el conocimiento adquirido se ponga al servicio de Colombia.
¿Es perfecto? Seguramente no. Ningún sistema lo es. Pero al menos intenta corregir las aberraciones del modelo anterior.
Más Allá de los Titulares: Lo Que Realmente Está en Juego
Este debate trasciende la polémica inmediata. Lo que está en juego es el modelo de país.
¿Queremos un país donde el Estado subsidie a las élites económicas mientras mantiene narrativas de meritocracia? ¿O queremos un país donde los recursos públicos se distribuyan con criterios de equidad real?
¿Queremos que la formación de nuestros investigadores y científicos la administren banqueros y grupos económicos? ¿O que sea una política de Estado con objetivos estratégicos claros?
¿Queremos perpetuar la concentración del conocimiento y las oportunidades en las mismas ciudades y las mismas familias? ¿O construir capacidades científicas en todo el territorio nacional?
Las respuestas a estas preguntas definirán el futuro de Colombia.
Conclusión: El Coraje de Romper con la Tradición
Retirar el financiamiento a Colfuturo no es acabar con la educación. Es acabar con un modelo inequitativo que durante dos décadas concentró oportunidades en quienes menos las necesitaban.
La indignación mediática y política revela más sobre los privilegios que se sienten amenazados que sobre una real preocupación por la educación. Porque si realmente les importara la formación de alto nivel, habrían cuestionado desde hace años por qué el 80% de la juventud colombiana recibía apenas el 26% de los recursos.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad constitucional de garantizar educación con equidad. Durante décadas delegó esa responsabilidad en intermediarios que administraron recursos públicos con lógica privada. Ahora intenta retomar las riendas.
¿Será suficiente? El tiempo lo dirá. Pero al menos es un paso en la dirección correcta: reconocer que la formación del talento nacional no puede ser un negocio para élites, sino una inversión estratégica del Estado en su propio futuro.
La verdad no solo se lee, se siente. Y duele cuando revela cuánto tiempo hemos subsidiado privilegios mientras lo llamábamos meritocracia.
