Mientras el municipio sobrevive de la caridad del gobierno central, la administración de Antenor de la Hoz Movilla ahoga el futuro de sus habitantes en un mar de contrataciones directas y metas fantasma.
Nos encontramos en el municipio de Zapayán. Vamos a auscultar la gestión municipal de Zapayán, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Antenor Enrique de la Hoz Movilla. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Más allá de los titulares complacientes y las fotos sonrientes en redes sociales, la realidad financiera y social de Zapayán cuenta una historia muy distinta. Una historia donde los números no cuadran con el bienestar prometido. En un municipio donde más del 85% de los recursos provienen de las transferencias del gobierno nacional, cada peso mal invertido es una condena a la pobreza perpetua. ¿Cómo es posible que con ingresos superiores a los $66 mil millones en dos años, los problemas estructurales sigan intactos? La respuesta yace en un mecanismo invisible de ineficiencia y posible prevaricato que hoy desnudamos línea por línea.
El Mecanismo Expuesto: La danza de los miles de millones
Porque claro, hablar de «Bienestar y Progreso» —el rimbombante nombre de su Plan de Desarrollo— suena mucho mejor que admitir una dependencia absoluta y una ejecución cuestionable. Nuestro análisis forense a los documentos financieros oficiales (2024-2025) revela una radiografía profunda de la inoperancia.
En 2024, Zapayán reportó ingresos por $28.315 millones, ejecutando gastos por $27.350 millones (96.59%). Para 2025, la cifra de ingresos saltó a $37.888 millones, con compromisos de gasto por $35.929 millones (94.83%). A simple vista, un contador novato aplaudiría esta «eficiencia» en el gasto. Pero el diablo está en los detalles.
El municipio es un paciente en cuidados intensivos que sobrevive conectado al respirador artificial del Sistema General de Participaciones (SGP). La generación de ingresos propios es raquítica, demostrando una nula capacidad de gestión fiscal. Se gasta rápido, sí, pero ¿en qué? Al cruzar estos datos con el SECOP, el panorama se oscurece: de 926 procesos históricos analizados, 773 corresponden a contratación directa y mínima cuantía. Es decir, el 83.5% de las veces, la alcaldía prefiere el camino corto, eludiendo la pluralidad de oferentes. Qué casualidad que justo cuando hay más recursos, la competencia desaparece.
Los Actores y Sus Roles: Promesas de campaña vs. Realidad forense
El alcalde Antenor Enrique de la Hoz Movilla se sentó en la silla principal prometiendo solucionar cinco problemas históricos. Hoy, a mitad de su mandato, le pasamos la factura de cobro mediante cinco indicadores de gestión construidos a partir de sus propias metas:
1.Salud y Bienestar (Calificación: 3/10 – Deficiente): Prometió un 90% de cobertura en servicios de salud de calidad. La realidad muestra una ejecución que a duras penas roza el 75%. Mientras tanto, los contratos fluyen, pero las medicinas y la atención oportuna no llegan a las veredas.
2.Desarrollo Económico (Calificación: 4/10 – Deficiente): La meta era generar 500 empleos y dinamizar la economía más allá de la pesca y la ganadería de subsistencia. El resultado es un estancamiento evidente, con menos de la mitad de la meta cumplida y un turismo que sigue siendo un espejismo.
3.Infraestructura Vial (Calificación: 5/10 – Regular): Se comprometió a mejorar 50 kilómetros de vías rurales. Los reportes y contratos evidencian intervenciones parciales (apenas unos 25-30 km) y mantenimientos de «puntos críticos» que se lavan con el primer aguacero.
4.Desarrollo Institucional (Calificación: 6/10 – Regular): La debilidad institucional persiste. Aunque se han realizado auditorías, el control interno sigue siendo reactivo y no preventivo, permitiendo la fiesta de la contratación directa.
5.Medio Ambiente (Calificación: 4/10 – Deficiente): Frente al riesgo de inundaciones y el cambio climático, la meta de reforestar 100 hectáreas se quedó en el papel, con una ejecución pírrica que deja a las comunidades a merced de los fenómenos naturales.
Calificación Global de la Gestión: 4.4 / 10 (MEDIOCRE)
El Impacto Real: El costo humano de la ineficiencia
¿Cuánto cuesta comprar la conciencia de un pueblo? En Zapayán, parece que cuesta exactamente lo que vale un contrato de mínima cuantía. Pero el verdadero costo lo pagan los ciudadanos. Cada peso que se gasta en burocracia innecesaria o en contratos entregados a dedo, es un peso que se le roba al niño que no tiene un PAE digno, al campesino que no puede sacar sus productos por vías intransitables, y al enfermo que encuentra el puesto de salud cerrado.
El impacto oculto de esta gestión mediocre es la perpetuación de la pobreza. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en Zapayán son un saludo a la bandera. No hay fin de la pobreza (ODS 1) cuando no hay empleo; no hay salud y bienestar (ODS 3) con indicadores en rojo; y definitivamente no hay paz, justicia e instituciones sólidas (ODS 16) cuando la transparencia brilla por su ausencia.
El Sistema que lo Permite: ¿Ineficiencia o Prevaricato por Omisión?
Y por supuesto, la administración actuó con total «transparencia» y «buena fe». Pero la ley colombiana es clara. El Artículo 413 del Código Penal tipifica el Prevaricato por Omisión: «El servidor público que en ejercicio de sus funciones, por acción u omisión, incumpla sus deberes funcionales...".
Aquí no estamos hablando de simples errores administrativos. Estamos ante un patrón sistemático de incumplimiento. Cuando un alcalde tiene los recursos (más de $66 mil millones en dos años), tiene el mandato legal (Plan de Desarrollo aprobado) y tiene la necesidad urgente de su pueblo, pero omite ejecutar las acciones necesarias para cumplir las metas, causando un daño evidente a los derechos fundamentales de la comunidad, estamos pisando los terrenos del derecho penal.
La omisión en la ejecución de programas prioritarios de salud, la falta de inversión real en infraestructura rural y el abandono de las políticas ambientales no son solo muestras de una gestión mediocre; son indicios razonables de una conducta delictuosa. Es la institucionalización de la desidia.
Cierre
La pregunta no es si hubo ineficiencia en Zapayán. Los números, fríos y exactos, ya nos dieron la respuesta. La verdadera pregunta es si los entes de control (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía) van a seguir permitiendo que el presupuesto público se maneje como caja menor de intereses particulares, mientras el pueblo sigue sumido en el atraso.
Cada peso mal ejecutado es una oportunidad perdida. Cada silencio cómplice de los entes de control, una injusticia perpetuada. El sistema no se cambia solo, pero tampoco puede cambiar sin ciudadanos informados que exijan resultados reales, no solo cifras maquilladas en un Excel.
Metodología y Fuentes
Análisis forense realizado mediante el cruce de 5 fuentes independientes: 1) Archivos oficiales de ejecución de ingresos y gastos (2024-2025); 2) Reportes de Deuda Pública y Vigencias Futuras; 3) Plan de Desarrollo Municipal «Bienestar y Progreso para Zapayán 2024-2027»; 4) Base de datos del SECOP I y II (Colombia Licita); 5) Ley 599 de 2000 (Código Penal Colombiano).
