Tres énfasis, una propuesta audaz y una pregunta que pocos se atreven a hacerse: ¿puede un candidato del mismo sistema que produce la corrupción prometernos que la va a erradicar?
Por Hipólito Palencia | corrupcionaldia.com | 30 de marzo de 2026
Iván Cepeda habla de macrocorrupción, de casos emblemáticos, de ciudadanía activa. Todo muy bien. Ahora díganme cuántos de los corruptos que nombra están en la cárcel.
La última semana de marzo de 2026, Iván Cepeda Castro —senador, candidato presidencial, heredero político del progresismo colombiano— sentado en un estudio de Caracol Radio, planteó lo que él llama los tres nuevos énfasis de su política anticorrupción. Lucha de sistema, casos concretos y rebelión ciudadana. Palabras poderosas. Arquitectura conceptual sólida. El tipo tiene lecturas. Tiene historia. Tiene credenciales.
Y aun así, Colombia lleva setenta años escuchando discursos anticorrupción. Y setenta años enterrando a sus más pobres bajo lingotes de oro que nunca llegaron a sus calles.
Entonces, ¿qué hace diferente a Cepeda? ¿Y qué le falta? Eso es lo que vamos a diseccionar hoy.
LO QUE DIJO CEPEDA — Y LO QUE VALE
El candidato fue enfático en algo que sus colegas suelen evitar: la corrupción no es un problema de individuos malos, es un problema de sistema. «No basta con un discurso genérico contra la corrupción», afirmó. Y tiene razón. Completísima razón.
Colombia no tiene un problema de corruptos aislados que de repente deciden robar. Colombia tiene lo que el jurista y académico Alejandro Nieto describe en El desgobierno de lo público como corrupción estructural: una práctica sistemática integrada al funcionamiento del Estado. No es un tumor que se extirpa. Es el tejido mismo.
El ejemplo que usó Cepeda es devastador en su obviedad: los departamentos con mayor cantidad de regalías son los más pobres del país. El Cesar. La Guajira. Arauca en los noventa, con su piscina de olas y sus elefantes blancos. Miles de millones. Cero hospitales funcionando. Cero agua potable. Ninguna cárcel de máxima seguridad para quienes se los robaron. Algunas condenas menores. Mucha prescripción. Más impunidad.
«¿Cómo es posible que se hayan robado de esa forma los recursos de las regalías?», preguntó Cepeda. La respuesta es incómoda: porque nadie pagó el costo de robárselas. Esa es la lógica del Ciclo Secreto.
Su segundo énfasis —la investigación criminal del sistema, no del individuo— es técnicamente correcto y políticamente valiente. La macrocorrupción no se desmantela con tipos penales diseñados para el funcionario de ventanilla que cobra una mordida. Necesita herramientas de inteligencia financiera, cooperación internacional, análisis de redes. Lo que él llama «mecanismos de investigación que no se han aplicado» son exactamente esos.
Y el tercero —la rebelión ciudadana— toca un nervio que la clase política colombiana raramente se atreve a nombrar: la postración moral. Sus palabras exactas. Los colombianos hemos aceptado el transcurrir de la corrupción. Hemos normalizado que el alcalde llegue en camioneta nueva. Hemos elegido al que reparte mercados. Hemos votado por el que «por lo menos roba pero hace».
LO QUE NO DIJO CEPEDA — Y LO QUE SE LE DEBE EXIGIR
Aquí viene la pregunta incómoda. Iván Cepeda es una figura política formada dentro del mismo sistema que él critica. Ha sido senador durante décadas en un Congreso que ha sido epicentro de múltiples escándalos de financiación ilegal, parapolítica y clientelismo. No estamos diciendo que Cepeda sea corrupto. Estamos diciendo que ningún candidato puede presentarse como agente anticorrupción sin explicar cómo va a combatir la corrupción dentro de su propio partido, de su propia bancada, de su propia coalición.
Su propuesta habla de «frente común contra la corrupción» con la ciudadanía. Hermoso. ¿Pero qué pasa cuando ese frente común choca con los aliados que lo pusieron en el poder? ¿Qué pasa cuando el alcalde que desvía regalías es del mismo partido? ¿Cuando el congresista que bloquea la reforma judicial es su propio copartidario? Esa es la trampa del Estado Profundo que describe la realidad política colombiana: no importa quién gane las elecciones, las redes de interés sobreviven porque están tejidas en la estructura misma del poder.
El poder no se consigue con las elecciones. Se disputa día a día frente a intereses profundamente arraigados. Ganar la presidencia no es suficiente. Gobernar es otra guerra.
Además, Cepeda no mencionó lo que quizás es el mayor vacío de cualquier propuesta anticorrupción en Colombia: el cambio cultural de los servidores públicos. No el castigo al corrupto que ya robó. La transformación del funcionario que todavía no ha robado y que trabaja rodeado de un ambiente donde robar es la norma, donde la integridad es ingenua, donde «todos hacen lo mismo».
Eso no se resuelve con tipos penales más severos. Eso no se resuelve con fiscalías autónomas. Eso se resuelve con una herramienta que nadie en la campaña ha puesto sobre la mesa todavía: las Zonas Libres de Corrupción.
LA PROPUESTA QUE FALTA — «ZONAS LIBRES DE CORRUPCIÓN»
El concepto existe en política pública comparada y merece adaptarse con urgencia a Colombia. ¿De qué se trata? De designar entidades, municipios o sectores específicos —empezando por los más críticos: salud, educación, contratación de obras públicas— como territorios piloto de integridad institucional radical. No una promesa genérica. Un protocolo verificable.
Una Zona Libre de Corrupción implica, en términos concretos, al menos cinco compromisos simultáneos y auditables:
- 1. Selección de funcionarios por mérito verificado, con veto ciudadano previo a posesión.
- 2. Publicación en tiempo real de cada peso gastado, con tecnología blockchain o equivalente auditable.
- 3. Comités de veeduría ciudadana con poder real —no decorativo— sobre decisiones contractuales mayores.
- 4. Protocolos de formación ética continua para servidores, con incentivos positivos a la denuncia interna.
- 5. Consecuencias inmediatas y públicas para cualquier desviación, sin fuero, sin aforamiento, sin prescripción acelerada.
La idea no es nueva en el mundo. Dinamarca y Nueva Zelanda —que Cepeda mismo cita en sus referentes— no tienen menos corrupción porque sus políticos sean más santos. La tienen porque construyeron entornos institucionales donde la integridad es rentable y la corrupción es costosa. Cambiaron el ecosistema, no solo los individuos.
En Colombia, la propuesta de Zonas Libres de Corrupción serviría exactamente para eso: crear laboratorios de integridad donde los servidores públicos experimenten —quizás por primera vez en sus carreras— qué se siente trabajar en un entorno donde la regla es la ética, no la excepción. Donde denunciar no es suicidio laboral. Donde el colega que roba no es «el vivo» sino el problema.
El cambio cultural no se decreta. Se construye en territorios concretos, con resultados medibles, con ciudadanos que pueden ver la diferencia entre antes y después. Ese es el laboratorio que Colombia nunca ha tenido.
Y aquí está la articulación con los tres énfasis de Cepeda: la rebelión ciudadana que él propone solo es posible si los ciudadanos ven que hay espacios donde la integridad funciona. La investigación de sistema que él plantea necesita instituciones modelo que sirvan de contraste para revelar la corrupción en las demás. Y la lucha contra la macrocorrupción requiere una cultura institucional base desde donde operar.
Sin ese cambio cultural, sin esas zonas piloto de integridad, cualquier plan anticorrupción —el de Cepeda, el de cualquier otro candidato— será una crónica bien redactada del mismo ciclo que llevamos décadas repitiendo.
EL SISTEMA QUE LO HARÍA DIFÍCIL — Y POR QUÉ SE DEBE INTENTAR DE TODAS FORMAS
Seamos honestos sobre los obstáculos. Implementar Zonas Libres de Corrupción en Colombia no sería un trámite administrativo. Sería una guerra política de baja intensidad y larga duración.
El Estado Profundo —esa red de intereses económicos, mediáticos, judiciales y políticos que sobrevive a los cambios electorales— tiene todos los incentivos para torpedear cualquier iniciativa que reduzca su margen de captura institucional. Lo vemos con la reforma a la salud. Lo vemos con la reforma laboral. Lo veremos con cualquier propuesta que toque contratos, nóminas y licitaciones.
Además, la resignación ciudadana que el propio Cepeda llama postración moral es un obstáculo cultural enorme. James Buchanan, Premio Nobel de Economía, definió la sociedad civil como la comunidad de ciudadanos que vigila el poder y exige rendición de cuentas. En Colombia, esa sociedad civil existe pero está fragmentada, agotada y normalizada por décadas de impunidad. Movilizarla requiere resultados visibles, no promesas abstractas.
Y está el problema de la escala. Colombia no es Dinamarca. Es un país de 50 millones de personas, con 32 departamentos, 1.122 municipios, decenas de miles de contratos públicos anuales, y una capacidad institucional de fiscalización que es, en el mejor de los casos, insuficiente. Implementar una política anticorrupción seria requiere recursos, tiempo y voluntad política sostenida más allá de un período presidencial.
La pregunta no es si el plan de Cepeda es posible. La pregunta es si Colombia está dispuesta a pagar el costo político de que funcione. Porque la corrupción tiene beneficiarios. Y los beneficiarios votan.
Y sin embargo. Sin embargo.
Todo esto son razones para exigir más, no para resignarse. Las Zonas Libres de Corrupción son precisamente viables porque no requieren transformar todo el sistema de golpe. Requieren demostrar que en un hospital, en una alcaldía pequeña, en una secretaría de educación, la integridad institucional es posible. Y ese demostrador —pequeño, medible, replicable— es lo que ninguna campaña presidencial ha ofrecido con la seriedad que merece.
Cepeda tiene los diagnósticos correctos. Tiene el lenguaje técnico adecuado. Tiene las credenciales de una vida entera exponiéndose a los poderes más peligrosos del país para denunciar la verdad. Lo que le falta —lo que le falta a todos los candidatos— es un piloto concreto, una geografía específica, un indicador medible y un plazo real.
Sin eso, el mejor plan anticorrupción de Colombia seguirá siendo lo que ha sido siempre: un discurso que nos indigna y no nos mueve. Una verdad que se lee pero no se siente.
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CIERRE
El candidato cerró su entrevista con Caracol Radio con una frase que merece tomarse en serio: «Gobernar no es repetir consignas. Es escuchar, corregir y avanzar.»
Bien. Entonces escuche esto, senador: Colombia no necesita otro gobierno que hable de corrupción. Necesita el primero que muestre, en un lugar concreto y verificable, que el servidor público colombiano puede trabajar con ética no por temor al castigo, sino porque el entorno lo hace posible, lo hace valorado y lo hace rentable. Esto es la revolución Ética eje de su propuesta de gobierno.
La verdadera revolución anticorrupción no será electoral. Será territorial. Será cultural. Será la mañana en que un funcionario en Riohacha, en Quibdó, en Tumaco, llegue a su oficina y sepa —sin que nadie se lo diga— que aquí las cosas se hacen bien. Esa mañana no ha llegado. Pero alguien tiene que construirla.
La pregunta no es si Cepeda puede. La pregunta es si Colombia lo va a dejar. Y si no, si nosotros, ciudadanos y periodistas, vamos a exigir que lo intente de todas formas.
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