Manaure: La gestión mediocre de Jhon Galvi Pimienta, dos años de sed,  hambre y un grave escándalo criminal

El análisis forense de la gestión del alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu (2024-2025) revela un presupuesto de $175 mil millones gastado con el agua potable como última prioridad, regalías por $41 mil millones ejecutadas a medias, y un escándalo institucional que amenaza con destruir la poca gobernabilidad que le quedaba a un municipio wayúu condenado a depender del gobierno central para existir.

Nos encontramos en el municipio de Manaure, La Guajira. Vamos a auscultar la gestión municipal de Manaure, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu. Haremos un estudio forense de la gestión realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.

Los números hablan un idioma que los políticos quisieran que nadie aprendiera. En Manaure, La Guajira, el alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu lleva dos años al frente de una de las administraciones más complejas y urgentes de Colombia: un municipio de mayoría wayúu, aplastado por décadas de abandono estatal, con niños que mueren de sed y hambre a kilómetros de una de las mayores minas de sal del continente. Dos años después de asumir el poder, los archivos oficiales del CUIPO —el sistema de información presupuestal del gobierno colombiano— nos cuentan una historia que la Alcaldía preferiría que no existiera.

El Escándalo que Precede al Análisis

Antes de entrar a los números, el contexto político es inseparable del análisis de gestión. El 25 de marzo de 2026, El Tiempo y medios nacionales revelaron que desde las cuentas de Instagram y Facebook del alcalde Pimienta se difundió un video íntimo de Catherin Paola Torres Barros, una psicóloga de 27 años que días antes había sido baleada —mientras estaba embarazada— desde una motocicleta en Uribia, La Guajira.

La Alcaldía de Manaure emitió un comunicado señalando que las cuentas habrían sido hackeadas. Pero en la cultura wayúu, donde el origen de un daño importa menos que el daño mismo, el caso podría activar la justicia propia del pueblo. Un palabrero consultado por El Tiempo advirtió que ya existe ‘un problema potencialmente clanil’ y que, si la víctima sobrevive, la compensación podría alcanzar 80 reses, 600 chivos, 10 collares y dos tumas —valuados entre 600 y 700 millones de pesos.

«Aquí no solo responde la persona, sino todo su clan. Si no se maneja bien, puede agravarse.»

Este escándalo no es un accidente marginal. Es el síntoma de una gestión que desde su nacimiento estuvo manchada: durante las elecciones de octubre de 2023, Infobae Colombia documentó audios en los que el entonces candidato Pimienta aparentemente gestionaba votos, y el conductor de su campaña fue señalado como el agresor de un uniformado en los disturbios post-electorales en la sede de la Registraduría. El alcalde más esperado en la historia de Manaure —como lo llamó la prensa guajira— llegó al poder entre sombras, y dos años después, las sombras se han hecho más densas.

El Municipio Que Vive de lo que la Nación le Da

Manaure (código CUIPO 216044560) es un municipio de categoría 6, de mayoría indígena wayúu, con una economía basada en la sal marina y la minería artesanal. Según los datos reportados al CUIPO en 2025, el municipio recaudó en 2024 un total de $175.148 millones de pesos en ingresos ordinarios.

El número impresiona. El problema es lo que hay detrás: de ese total, solo el 8% —$13.999 millones— corresponde a ingresos tributarios propios (predial, ICA, sobretasas). El 87% restante son transferencias del gobierno nacional: el Sistema General de Participaciones (SGP), los recursos del ADRES para el régimen subsidiado de salud, y otras transferencias. En 2025, la situación apenas varió: 8% propio, 81% transferencias.

Lo que esto significa es brutal en su claridad: Manaure no existe financieramente sin el gobierno central. Si Bogotá cerrara el grifo, el municipio no podría pagar ni su nómina. El ICA —el impuesto de industria y comercio— subió de $3.965 millones a $5.013 millones en un año (+26,5%), lo cual es positivo. Pero el predial apenas creció de $617 a $651 millones. La sal —la riqueza histórica wayúu— sigue sin generar tributación local significativa. Dos años de gobierno de un alcalde empresario, y el catastro y la capacidad fiscal del municipio permanecen prácticamente intactos.

El Dinero que Llegó y en qué se Gastó

En cuanto a los gastos, el panorama tiene una cara positiva y una cara preocupante. La cara positiva: en 2024, el 94,8% del presupuesto ordinario se destinó a inversión ($150.645 millones) y solo el 5,2% a funcionamiento ($8.319 millones). En 2025, la proporción es similar: 95,1% inversión. Esto indica que la plata no se está quedando en la burocracia.

La cara preocupante: la mayor parte de esa ‘inversión’ son transferencias etiquetadas que la alcaldía recibe y redistribuye sin gestión propia —el dinero del SGP para educación va directamente a las escuelas, el ADRES paga el aseguramiento en salud—. La capacidad de decisión real del alcalde Pimienta sobre cómo invertir está concentrada en los recursos de libre destinación y en las regalías del Sistema General de Regalías (SGR). Y ahí es donde el análisis forense arroja sus hallazgos más reveladores.

Un hallazgo que no puede pasarse por alto: el formulario de vigencias futuras —que reporta compromisos de gasto que se pagarán en años siguientes— aparece vacío en AMBOS años, con la leyenda ‘NO REPORTE DE INFORMACION’. Este es un mecanismo de transparencia presupuestal obligatorio. Su ausencia implica que no hay información pública sobre si la alcaldía adquirió compromisos plurianuales, o que sencillamente no los reportó. En cualquier caso, es una falla grave de transparencia.

El Tesoro de las Regalías: Mucho Compromiso, Poca Agua

Aquí es donde la gestión del alcalde Pimienta muestra su contradicción más dolorosa. En 2024, el municipio de Manaure reportó ingresos del Sistema General de Regalías por $41.046 millones —entre asignaciones directas por explotación minera y asignaciones por inversión local según el índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI)—. El total de compromisos en proyectos de regalías en ejecución alcanzó $146.810 millones, con pagos de $126.995 millones (ejecución del 86,5%).

¿En qué se gastaron? El análisis línea por línea de los archivos CUIPO revela la jerarquía de prioridades real de esta administración:

La sala de tortura está en el último renglón. En un municipio donde UNICEF documenta 136 muertes infantiles en 2023 en La Guajira por enfermedades asociadas a la falta de agua potable —diarrea aguda, infecciones respiratorias, malnutrición—; donde comunidades enteras denuncian tener que recorrer seis kilómetros a pie para conseguir agua potable; donde en 2024 el presidente Gustavo Petro y el Grupo Aval tuvieron que instalar plantas potabilizadoras de emergencia porque la alcaldía era incapaz de garantizar el servicio —en ese contexto, el alcalde Pimienta destinó a acueductos y agua potable el 1,5% de los recursos de regalías. Menos que lo invertido en espacios de esparcimiento. Menos de la décima parte de lo gastado en vías.

«El agua potable recibió $2.269 millones. Las vías recibieron $26.089 millones. Los niños wayúu siguen sin agua potable. Los carros ya tienen carretera.»

En 2025 la situación empeoró en un indicador alarmante: el formulario de ingresos nuevos de regalías reporta CERO pesos —el sistema muestra ‘FORMULARIO VACÍO’—. Esto significa que la alcaldía no reportó nuevas asignaciones de regalías para el municipio, o que no gestionó ante el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación (SMSCE) la acreditación de nuevos recursos. Sin embargo, los compromisos acumulados de proyectos anteriores sumaban $279.841 millones, de los cuales solo se pagaron $151.219 millones: una ejecución del 54%. Más de la mitad de los proyectos comprometidos en regalías, sin ejecutar.

La Deuda Pública: Un Crédito Hipotecado con Regalías

El análisis de deuda pública revela otro capítulo revelador. En 2024, Manaure reportó un crédito con el Banco de Bogotá por $12.729 millones, reestructurado en diciembre de 2024 (fue originalmente contratado en octubre de 2021 para construir redes de distribución de agua potable y alcantarillado). La garantía de ese crédito: participación en regalías del régimen anterior. Es decir, el municipio hipotecó sus regalías para construir agua potable hace tres años. Y aún no ha terminado.

Para 2025, el CUIPO reporta tres nuevos créditos con FINDETER —la Financiera de Desarrollo Territorial— por un total de $12.429 millones, todos con el mismo propósito: construcción de redes de agua potable y alcantarillado. También garantizados con regalías. También reestructurados en diciembre de 2024. El municipio lleva al menos cuatro años intentando construir un acueducto con dinero prestado, sin terminarlo. Los intereses pagados en 2025 ascendieron a $1.282 millones —plata que pagan los contribuyentes manaureros por un servicio que aún no existe.

Los Cinco Indicadores de Gestión: La Radiografía Profunda

A partir del cruce de cinco fuentes independientes —CUIPO, SGR, UNICEF, El Tiempo y Portafolio— construimos los cinco indicadores de gestión directamente relacionados con los cinco problemas que las comunidades de Manaure señalan como prioritarios, y que el alcalde Pimienta se comprometió a resolver:

Indicador 1: Agua Potable y Saneamiento Básico → Puntaje: 3.0/10

La crisis hídrica en Manaure es una emergencia humanitaria reconocida por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-302 de 2017. En dos años de gestión del alcalde Pimienta, las evidencias muestran: $2.269 millones en acueductos (1,5% del SGR 2024); un crédito con FINDETER por $12.429 millones para redes de agua que lleva años sin terminarse; cero nuevas intervenciones de agua potable en 2025 según el reporte SGR; y la cobertura real de agua segura en comunidades rurales wayúu dependiendo de intervenciones del gobierno nacional (MinVivienda-Findeter) y privadas (Grupo Aval-Promigas). La alcaldía es un espectador en la tragedia del agua en su propio territorio.

Indicador 2: Desnutrición Infantil y Seguridad Alimentaria → Puntaje: 2.5/10

Sin evidencia de programas propios de la alcaldía en los archivos CUIPO. Las huertas comunitarias y la alimentación de emergencia en comunidades de Manaure en 2024 fueron ejecutadas por Prosperidad Social y la alianza Misión La Guajira (Grupo Aval-Promigas), no por la administración municipal. Los recursos del PAE (Programa de Alimentación Escolar) se transfirieron via SGP, pero no existe reporte público de auditoría de su ejecución. El presupuesto ordinario de 2025 incluye una partida de $73.225 millones para atención integral a primera infancia ejecutada dentro del SGP, que es positivo, pero no es una iniciativa del alcalde: es una transferencia constitucional obligatoria. Puntaje: 2,5/10.

Indicador 3: Educación e Infraestructura Escolar → Puntaje: 5.5/10

Este es el indicador más favorable. La inversión en ambientes educativos vía regalías fue real y significativa: $15.572 millones en 2024, con proyectos en construcción de colegios en múltiples BPIN. El transporte escolar ejecutó $19,5 millones en 2025. El SGP de educación se transfirió correctamente. La asistencia técnica en formulación de proyectos educativos sumó $58 millones. Sin embargo, la caída en ejecución SGR al 54% en 2025 amenaza la finalización de las obras escolares comprometidas, y las brechas educativas históricas en comunidades rurales wayúu requieren una intervención estructural que los datos no evidencian. Puntaje: 5,5/10.

Indicador 4: Vías, Movilidad e Infraestructura Urbana → Puntaje: 5.0/10

Las vías son la prioridad real del alcalde Pimienta, aunque no la prioridad declarada de las comunidades más vulnerables. $26.089 millones en SGR 2024 para vías y paso deprimido, más $8.491 millones en espacio público. En 2025, los compromisos viales superan los $51.000 millones. La inversión existe, pero plantea la pregunta moral que ningún informe oficial hace: ¿a quién le sirven esas vías? ¿A las comunidades rurales wayúu que viven a seis kilómetros del punto de agua más cercano, o a los sectores urbanos y comerciales que representan el electorado organizado? Puntaje: 5/10.

Indicador 5: Salud, Atención Médica y Epidemias → Puntaje: 3.5/10

Los recursos ADRES del régimen subsidiado se transfirieron correctamente ($57.518 millones en 2025) y el departamental aportó $2.247 millones adicionales. La inversión en salud pública vía SGR fue de $1.490 millones. Sin embargo, en el análisis forense del gasto 2025 aparece una anomalía notable: una transferencia comprometida de $2.912 millones a empresas de atención en salud que registra $0 en pagos —dinero que se comprometió pero no se ejecutó—. El escándalo del video íntimo y la investigación judicial iniciada en 2026 añaden una carga institucional que interfiere directamente con la capacidad de gobernar. Puntaje: 3,5/10.

El Prevaricato por Omisión: Cuando No Actuar Es un Delito

El artículo 414 del Código Penal colombiano tipifica el prevaricato por omisión: ‘El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de dos a cinco años, multa de diez a cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por cinco años.’ La norma es clara. Lo que se debate es si la conducta del alcalde de Manaure la configura.

Los elementos del tipo penal son: (a) que exista un deber legal de actuar; (b) que el servidor omita actuar deliberadamente; (c) que esa omisión cause daño. Los tres se cumplen:

Primero: El deber legal existe. La Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional ordenó al Estado colombiano —incluidas las entidades territoriales— garantizar el acceso al agua potable y la atención de la desnutrición en Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao. El alcalde de Manaure, como jefe de la administración municipal, tiene la obligación constitucional y legal de ejecutar los recursos disponibles para garantizar ese derecho.

Segundo: La omisión es documentable. Con $41.046 millones disponibles en regalías en 2024 y proyectos de acueducto vigentes (BPIN 2020, 2021), la alcaldía destinó solo $2.269 millones al agua potable —y parte de esos recursos son de proyectos iniciados por administraciones anteriores. La decisión de priorizar vías y electrificación sobre agua potable es una elección deliberada, no una imposibilidad técnica.

Tercero: El daño existe y es cuantificable. UNICEF documentó 136 muertes infantiles en La Guajira en 2023 por enfermedades directamente asociadas a la falta de agua potable. Communidades de Manaure protestaron por el servicio en el proyecto Guajira Azul, con testimonios que documentan niños bebiendo agua de jagüey a kilómetros de sus hogares.

«La pregunta no es si hubo omisión. Es si vamos a seguir permitiéndola.»

La calificación definitiva de prevaricato corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces competentes, no a este análisis. Pero los elementos objetivos están documentados en fuentes oficiales: CUIPO, SGR, UNICEF, la Corte Constitucional. Cualquier ciudadano puede interponer una denuncia penal con esta información. Los datos son públicos. El silencio es una elección.

El Cumplimiento de los ODS: Una Deuda con el Futuro

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU definen metas universales que Colombia se comprometió a cumplir para 2030. El alcalde Pimienta, en su Plan de Desarrollo, incorporó lenguaje de los ODS. El análisis de dos años de ejecución arroja el siguiente balance:

ODS 6 (Agua limpia y saneamiento): Sin avance significativo. El municipio sigue dependiendo de ONG y gobierno nacional para garantizar el acceso. El 1,5% del SGR destinado a acueductos es incompatible con la emergencia documentada.

ODS 2 (Hambre cero): Sin avance propio. La seguridad alimentaria de comunidades wayúu en Manaure fue abordada principalmente por actores privados (Grupo Aval) y nacionales (Prosperidad Social).

ODS 3 (Salud y bienestar): Avance parcial. El aseguramiento en salud se ejecutó correctamente, pero la inversión propia en salud pública es mínima.

ODS 4 (Educación de calidad): Avance parcial. La inversión en infraestructura educativa existe, pero los resultados en cobertura y calidad educativa en comunidades rurales wayúu requieren verificación independiente.

ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles): Avance parcial. Las vías y espacios públicos recibieron inversión, pero la sostenibilidad y el acceso equitativo para las comunidades más vulnerables no están garantizados.

El Veredicto: Mediocre

Con un promedio de 3.9 sobre 10, la gestión del alcalde Jhon Galvi Pimienta Jusayu en sus dos primeros años debe calificarse como MEDIOCRE. No es el peor gobierno imaginable —el dinero se ejecutó, no desapareció—. Pero es profundamente insatisfactorio en lo que más importa: los problemas que matan gente.

Manaure es un municipio donde los niños mueren de sed y hambre. Un alcalde que en dos años destina 11 veces más recursos de regalías a vías que al agua potable no está gobernando para los más vulnerables: está gobernando para los más visibles. Las carreteras tienen cintas de inauguración fotogénicas. Los pozos de agua en rancherías remotas no tienen fotógrafos.

A todo esto se suma un escándalo institucional de proporciones inéditas en la historia reciente del municipio: una investigación judicial en curso, un conflicto clanil wayúu activado, y una pregunta sin respuesta sobre el origen del video íntimo que circuló desde las cuentas oficiales del alcalde. La gobernabilidad de Manaure, ya frágil, ha recibido en 2026 un golpe que el propio alcalde parece incapaz de explicar.

La pregunta que deja este análisis no es si el alcalde Pimienta puede gobernar mejor en sus dos años restantes. La pregunta es si, con los antecedentes documentados, las instituciones colombianas —Fiscalía, Contraloría, Procuraduría— harán su trabajo. Porque los números están ahí, en el CUIPO, en el SGR, en los expedientes del SMSCE. Solo hace falta quien quiera leerlos.

«La corrupción no solo se denuncia, se disecciona. Y cuando la diseccionas, encuentras que a veces no es el robo lo que mata: es la omisión deliberada de proteger a los más vulnerables.»

Fuentes y Metodología

Este análisis se basó en los siguientes archivos y fuentes, todos de acceso público:

• 1. Ejecución de ingresos 2024 y 2025, municipio de Manaure (CUIPO, envíos 4556209 y 4653893).
• 2. Ejecución de gastos 2024 y 2025, municipio de Manaure (CUIPO, envíos 4556209 y 4653893).
• 3. Regalías – Ejecución de ingresos y gastos 2024 y 2025 (CUIPO/SGR, envíos 4555584 y 4654035).
• 4. Deuda pública – Créditos 2024 y 2025, municipio de Manaure (CUIPO, envíos 4551150 y 4662646).
• 5. Vigencias futuras 2024 y 2025 (CUIPO, envíos 4550494 y 4645810).
• 6. El Tiempo: ‘De presunto hackeo a un pleito de $700 millones’, 27 de marzo de 2026.
• 7. Portafolio/El Tiempo: ‘Misión La Guajira lleva soluciones de agua a comunidades de Manaure’, mayo 2024.
• 8. UNICEF Colombia: Proyecto Ayana’ajirawa – Resultados 2024, La Guajira.
• 9. Infobae Colombia: Denuncia de compra de votos y criminalización del MAIS, noviembre 2023.
• 10. Corpoguajira: Asamblea corporativa 2025, Alcalde Pimienta elegido Consejo Directivo.
• 11. SIGEP – Función Pública: Hoja de vida de Jhon Galvi Pimienta Jusayu.
• 12. Sentencia T-302/2017 Corte Constitucional Colombia.
• 13. Artículo 414 Código Penal colombiano – Prevaricato por omisión.

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corrupcionaldia.com
"La corrupción no solo se denuncia, se disecciona."

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