Por: Hernando Escobar Medina.

“Los países que protegen adecuadamente las libertades civiles y políticas suelen controlar mejor la corrupción. Las libertades fundamentales de asociación y expresión son esenciales en la lucha por un mundo libre de corrupción.”

Transparencia Internacional
Alcaldías con el mayor número de Delitos Contra la Administración Pública y desconcertantes niveles de corrupción e impunidad en los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena. 

La indolencia del establecimiento político frente a la calamitosa situación social que padecen los colombianos y su creciente connivencia con la impune corrupción fue duramente sancionada en los procesos electorales celebrados este año.

Fue así como, en la elección del pasado 13 de marzo, se decidió quienes serían los miembros del Congreso Nacional en el cuatrienio 2022-2026. Ese mismo domingo, concluido el certamen democrático, al difundirse los resultados del pre conteo, “sonaron” con insistencia campanadas de alerta y el establecimiento desconcertado fue consciente, por primera vez, de lo que se avecinaba en la elección presidencial. La voluntad popular había determinado un giro hacia la izquierda en la conformación del Parlamento colombiano con la elección de 20 senadores y 32 representantes a la Cámara del Pacto Histórico.

Hace cuatro años, ese habría sido un escenario político impensado. Al indiscutido cambio en la conformación política e ideológica del cuerpo legislativo era necesario adicionar el apoque electoral del Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido de la U con la pérdida conjunta de 56 escaños.

El poder político nacional, empresarial y financiero, representado en el Congreso por los partidos Centro Democrático, Liberal, Conservador, la U y Cambio Radical, incluido el Presidente Duque, la vicepresidenta y canciller Martha Lucia Ramírez y hasta el señor Comandante del Ejército, entre muchos otros funcionarios, huérfanos de candidato presidencial propio, cerraron filas y volcaron toda la maquinaria del Estado en favor del paisa “Fico” Gutiérrez, cuya trascendencia política era haber sido, tan solo, Concejal y Alcalde de Medellín. Gutiérrez se convirtió, por necesidad, en el candidato de un establecimiento desgastado, desacreditado por la corrupción, castigado y censurado en la elección de congresistas. Lo peor estaba por venir.

Mientras, Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, recibía “fuego enemigo de artillería pesada” desde las trincheras de la dirigencia gremial y empresarial y de la gran mayoría de medios de comunicación, nacionales y regionales, y un pintoresco, dicharachero, socarrón, travieso y lengüilargo personaje, sin discurso ni programa de gobierno, emergía como la sorpresa política en la contienda presidencial.

Jugadas las cartas y movidas las fichas en el tablero, el 29 de mayo y 19 de junio se llevaron a cabo los comicios presidenciales. En la primera vuelta, el establecimiento quedo borrado de la contienda electoral por cuenta del respaldo popular en favor de Petro y de la inusitada simpatía despertada, entre los electores, por el ingeniero Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga. 

Finalmente, en la segunda vuelta, Gustavo Petro, vocero y exponente de la izquierda progresista, logró interpretar la frustraciones, reclamos y anhelos del colectivo social y conquisto el respaldo mayoritario de los votantes al  proponer cambios trascendentales en las políticas públicas con justicia social y equidad y el compromiso de liderar la lucha contra la corrupción, denunciar a los corruptos, exhibir a quienes se han robado al país y desmontar el poder mafioso enquistado en la contratación del Estado con el fin superior de cambiar la realidad de Colombia. Así, los colombianos, en silencioso y sereno ejercicio de su derecho a elegir, sentenciaron el fin de la hegemonía presidencial partidista. 

La corrupción y el viraje político en Colombia.

Al analizar los resultados de las elecciones de Congreso y Presidencia, resulta imprescindible destacar como los ciudadanos, con el voto de castigo al establecimiento político, reclamaron la negada atención y soluciones efectivas a la gravísima crisis social y la situación de miseria, abandono y desempleo en la que terminaron sumidos los sectores más pobres y vulnerables de la población colombiana, los campesinos, madres cabezas de hogar, ancianos sin pensión, jóvenes bachilleres y profesionales sin oportunidades de empleo formal y quienes han sido estratificados como “clase media”.

Es innegable que con la elección presidencial de Gustavo Petro y la importante votación registrada por Rodolfo Hernández, en la contienda presidencial se suscitó una muda, arrolladora y tacita expresión y mandato popular contra la corrupción y podemos afirmar que se trató de una manifestación cual plebiscito.

La preocupante situación de penurias sociales, criminalidad y violencia en que hoy se encuentra la nación es, esencialmente, el resultado de muchos años de corrupción en la administración pública. El erario ha sido sistemáticamente saqueado y los recursos financieros del Estado no han tenido dolientes. Ello es tan cierto que los Organismos de Control calculan como los corruptos se apropian anualmente de 50 billones de pesos, por cuenta de sus delitos en la contratación pública, en un país donde la mayoría de las entidades del orden nacional y territorial se encuentran en riesgo medio-alto de corrupción.

En enero del año en curso, Transparencia Internacional dio a conocer los resultados de su Indice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2021. En esa medición, Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100, siendo 0 corrupción muy elevada y 100 ausencia de corrupción. El país se ubica en el puesto 92 entre 180 países evaluados. Una calificación por debajo de 50 puntos indica niveles de corrupción muy serios en el sector público.  

Ante esa apocalíptica e incuestionable realidad, indistintamente de las acciones que emprenda el Presidente Petro para honrar su compromiso de denunciar y exhibir a los corruptos que se apropian del futuro de los colombianos, todos los ciudadanos, sin excepción alguna, con sensatez y revestidos del necesario carácter, debemos asumir la obligación de contender, confrontar y acusar los actos de corrupción, la comisión de delitos contra la administración pública, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito y toda conchabanza de dirigentes políticos, funcionarios públicos y criminales y acabar, de una vez por todas, con el peor de nuestros males; tenemos el imperativo moral de luchar juntos, sin tregua ni pausa, por una Patria libre de las perversas garras de la corrupción. 

Teniendo bien presentes nuestros deberes ciudadanos, habida consideración de lo dispuesto por el artículo 67 del Código de Procedimiento Penal, en el que se preceptúa como “Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio”, desde la Veeduría Ciudadana “NO MAS CORRUPCION EN COLOMBIA” anunciamos la publicación, en esta columna, de nuestras investigaciones y denuncias contra el flagelo de la corrupción y la comisión de delitos en la contratación de Entidades Públicas en los municipios y departamentos de la región Caribe; como son los casos, por ejemplo, de las Alcaldías de El Banco, Ciénaga, Zona Bananera y Plato, en el departamento del Magdalena, Cartagena en Bolívar, Aguachica en el Cesar y Riohacha, Uribia, Barrancas y Hatonuevo en La Guajira, entre otros..  

A propósito, es insospechado, inimaginable lo que viene ocurriendo en El Banco (Magdalena); desde la Alcaldía Municipal, ahora con el determinado concurso y jefatura del alcalde Roy Enrique García Sánchez, se ha consolidado la operación de una estructura criminal con el perverso objetivo de instrumentalizar la comisión de delitos y actos de corrupción a efecto de apropiarse de los recursos públicos, manipular dolosamente la liquidación y recaudo de los tributos municipales, especialmente del impuesto predial, con la estructuración, direccionada adjudicación y falsa, fraudulenta o fingida ejecución de millonarios contratos, el manejo y control del micro tráfico de estupefacientes, la extorsión y el sicariato, disponiendo la operación de bandas y pandillas criminales y generando temores y zozobra con amenazas a la población para que impere la ley del silencio. Todo ello con el concurso cómplice de funcionarios municipales, dirigentes políticos, contratistas y agentes locales de los Organismos de Control del Estado (Fiscalía y Procuraduría Generales de la Nación), bajo el auspicio y la coordinación delictuosa implementada desde la Terminal de Transportes del municipio, regentada por el señor Edgar Jerónimo Arias Ortiz, conocido con el alias de “El Aguao”.  

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