Martín Zuleta Mieles se presenta como un abnegado médico del pueblo. Con ese slogan lanzó su candidatura en el 2019 a la Alcaldía de La Paz (Cesar), y logró conquistar a sus paisanos. 

Zuleta dejó las tierras bolivarenses donde desarrolló buena parte de su carrera como funcionario público, para quedarse y “servir” a la tierra que lo vio nacer. 

Pero al único que ha servido, es a sí mismo. 

El mandatario es uno de los implicados en el escándalo de los recursos del Ocad-Paz, pues él, junto a su homólogo de Uribe (Meta), Marcelino Chacón, representaban el nivel municipal, en el comité valuador de los proyectos a aprobarse con recursos de la paz. 

Según audios revelados por investigaciones que desarrollaron periodistas de Blu Radio y de la revista digital Cambio, Zuleta pedía coimas a sus homólogos para poder aprobar proyectos que llegaban al órgano evaluador, versión que ha desmentido. 

Gracias a las investigaciones periodísticas se supo que en el 2019 el Ocad Paz aprobó recursos por el orden de un billón de pesos. Posteriormente en el 2020 otro billón, la cifra fue similar; pero en el 2021 se aprobaron más de 4 billones de pesos, lo que generó suspicacias porque prácticamente se agotaron los recursos para este fin, quedando por fuera numerosos municipios PDET que aspiraban ser beneficiados. 

Las versiones señalan que por cada proyecto se cobraban alrededor del 12% de coima, 2% para la contraloría, 5% para los congresistas y 5% para los funcionarios del DNP 

Pero además, Zuleta Mieles, está inmerso también en el cartel de los paneles solares que según un informe de la Contraloría General de la Nación, además estaría relacionado con el cartel de contratos de redes inalámbricas y habría puesto en marcha un fondo de economía mixta para evadir la licitación pública y ejecutar millonarios recursos en pavimentación rural y urbana, mediante proyectos aprobados en el Ocad. 

Retrocediendo en el tiempo. Martín Zuleta fue director del Centro de Salud de Barranco de Loba (sur de Bolívar) y en dos ocasiones gerente del hospital José Rudecindo López del mismo municipio. 

En diciembre del 2021, Zuleta fue mencionado en un testimonio que entregó ante la Justicia Especial para la Paz (JEP) el exalcalde de esa población en el año 2002, Uldarico Toloza Tundeno, condenado por concierto para delinquir y apoyo a grupos paramilitares por la Corte Suprema de Justicia. 

Y aunque Toloza no fue admitido en la JEP, según su versión, Zuleta “frecuentaba, siendo gerente del hospital, el corregimiento Pueblito Mejía, donde estaba la base del Bloque Central Bolívar de la AUC”. Y lo acusó de ser uno de los encargados para presionar las votaciones regionales en favor de los candidatos de los paramilitares. 

No obstante, no se encuentra mayor información que corrobore esta acusación. 

Lo cierto es que tras la desmovilización de las AUC, y su paso por las entidades de salud, el médico Zuleta se postuló a la Alcaldía de Barranco de Loba, -algunos pobladores dicen que con apoyo de ex paramilitares- ocupando ese cargo entre el 2008 al 2011. 

Algunos años después regresó a La Paz, donde aspiró a la alcaldía en el 2015, perdiendo con su contrincante por 140 votos. Volvió a intentarlo y finalmente fue elegido primer mandatario de la esa población en el 2019. Y en el 2020 fue designado como uno de los alcaldes representantes de los municipios PDET en el Ocad-Paz. 

Una de sus actuaciones también cuestionadas como alcalde, tiene que ver con la creación en marzo del 2021 del “Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y Gestión Social Sierra Nevada”, registrado en la Cámara de Comercio de Valledupar con cinco millones de pesos de capital, donde el mayor accionista es la Alcaldía del municipio de La Paz representada legalmente por Martin Zuleta Mieles. 

Al parecer dicho fondo fue creado exclusivamente para realizar millonarios convenios con entidades públicas para luego adjudicarles los contratos a dedo a sus contratistas 

Entre sus accionistas figura nada menos y nada más que la ya famosa firma Intec de la Costa SAS, involucrada en el escándalo nacional de la pérdida de 70 mil millones de pesos, a través del contrato otorgado por el Ministerio de las Tecnologías, a la unión temporal llamada Centros Poblados. 

Según reveló en diciembre pasado una investigación de la web El Periódico, el ‘Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y Gestión Social Sierra Nevada’, representando legalmente por Esteban José Cleves Daza, fue constituido el primero de marzo del año 2021 en  Valledupar por nueve aportantes donde el mayoritario es la Alcaldía municipal de la Paz – Cesar, representado por el alcalde Martín Guillermo Zuleta Mieles, con un aporte de $4’000.000. Aparecen también dos empresas jurídicas, una de Montería y otra de la ciudad de Barranquilla, la primera es Intec de la Costa S.A.S. y la segunda; Betcon Ingeniería S.A.S., estas dos empresas entraron al fondo con un aporte de 200 mil pesos. Los otros seis accionistas son personas naturales, la mayoría miembros de una misma familia: Rigo Víctor Carrillo Mejía, Andrés Felipe Cleves Daza, Esteban José Cleves Daza, María Alexandra Pérez Daza, Carlos Eduardo Daza Rumbo y Patricia Cerchiaro Carranza, todos ellos entraron a la sociedad con un aporte de 100 mil pesos. 

Una vez constituido, sin experiencia, el Fondo suscribió un contrato o convenio para obras de pavimentación en La Paz. El contrato 012-2021, aparece con fecha del 2 de noviembre, con una duración de siete meses, no obstante, en el documento se evidencia una fecha de finalización en el mes de diciembre, pero no especifica el año. El valor “aportado” para este convenio, por parte del municipio fue de más de 5 mil millones de pesos.  

Según El Periódico, esta no es la única inconsistencia que se registra; mientras en la parte inicial aseguran que se estará realizando un convenio, al interior del documento se habla de contrato interadministrativo, lo que estaría violando la ley 1474 en el artículo 92 que prohíbe este tipo de contratación, toda vez que los procesos contractuales se deben realizar mediante licitación pública y sobre todo los de esta cuantía. 

El Periódico consultó a la firma Carpio Abogados, a través de su representante Jhon Jairo Diaz Carpio, quien aseguró que en diferentes partes del país se vienen manejando una serie de figuras jurídicas por parte de los entes territoriales para evadir las licitaciones, pero que en el Congreso cursa una ley para ponerles freno. No obstante, sobre el caso del municipio de La Paz, puntualizó: “actualmente estas figuras como Fondos de Economía Mixta existen, normalmente para realizar convenios, no contratos, porque eso lo prohíbe la ley, aquí lo que podemos ver es que existe un contrato interadministrativo y eso está prohibido por la ley, una de las características de los convenios es que no existen pagos, por eso es que están exentos de pagos de impuestos a la DIAN, porque dentro de los convenios interadministrativos la palabra pagos no existe, se realizan aportes y lo que vemos en el documento del municipio de La Paz es que se fijan fechas de pagos y entregas de anticipos, lo que lo convierte en un contrato y no en un convenio”. 

Pero hay más, El Periódico recorrió algunas de las calles donde se realizaría la pavimentación con los 5.850 millones de pesos que consiguió el alcalde de La Paz endeudando al municipio hasta el 2029, y pese a que el contrato se firmó el 2 de noviembre, aún no se ve adelantado ningún trabajo en las zonas referenciadas, al igual que en los estudios previos se concibe como pavimentación de calles y carreras completas lo que saldrá, es la pavimentación de unos recuadros, es decir unas calles mochas, que están sin terminar y no largos trayectos 

“Desde el año pasado se conoció que el alcalde Martín Zuleta Mieles, estaba realizando todas las maniobras para adelantar un empréstito, tal como en pasadas administraciones los realizó el ex alcalde Wilson Rincón y Andrea Ovalle, previendo esto se adelantó la creación de un supuesto Fondo de Economía mixta para que los recursos del empréstito quedaran en manos amigas y no se expusiera a que diferentes oferentes participaran en una licitación abiertamente pública”, denuncia en su informe El Periódico. 

Zuleta Mieles solicitó al Concejo en mayo del 2021, facultades para hacer un empréstito por $6’000 millones, logrando que le autorizaran el 25 de mayo facultades para pignorar recursos del Sistema General de participación, hasta el 2029. 

Además de estas “jugaditas”, según las investigaciones periodísticas, Zuleta Mieles, también adelantó un convenio interadministrativo con la Empresa de Servicios Públicos de La Paz – Empaz,  por $12 mil millones, para la optimización del sistema de acueducto y construcción del sistema de alcantarillado – Empaz. Para la ejecución de esta obra contrató a Gustavo Rafael Castilla Oñate, quien está vinculado en un presunto carrusel de contratos en el municipio de Pueblo Bello, donde se invirtieron más de 20 mil millones de pesos en acueducto y alcantarillado y en algunos sectores aun no funciona el servicio. 

En febrero de este año, ese mismo Fondo Mixto, contrató a dedo y evadiendo la licitación pública a la firma Sercimec S.A.S, representada por Mauricio Andrés Valle Molinares para la ejecución de las obras de “Pavimentación en concreto rígido en la malla vial 3 en la zona urbana del municipio de María La Baja en el departamento de Bolívar”, por valor de 5 mil millones de pesos. 

En un documento se lee que el contratante es el Fondo Mixto, sin saber si se trata de un encargo de la Alcaldía de esa población. 

A Zuleta Mieles también lo indaga la Procuraduría General de la nación, pòr haber participado en otro entramado de corrupción con recursos del Ocad-Paz. 

El mandatario le habría otorgado a la unión temporal “Energía para la Paz” un contrato por $9.833 millones de pesos, para “Implementación de sistemas autónomos de generación de energía solar fotovoltaica para la energización en las zonas rurales no interconectadas del municipio de La Paz”. Esta unión temporal fue conformada por las siguientes empresas; ESCO COMPAÑÍA DE SERVICIOS con un 35% de participación, DISELECTRICO SAS. con un 30% CONSTRUMOL SAS 20% y INGELCOR INGENIERIA S.A.S 15%. 

El contrato LP – 002 2020 fue adjudicado el 18 de noviembre de 2020 para ejecutarlo en nueve meses. Esta unión temporal era representada por Rusbel Esneider Duarte Balcázar. 

Sobre este tema en particular, la Contraloría advirtió que hubo una “cartelización” de proyectos de paneles solares con un hallazgo por un valor superior a los $66.247 millones, y originó 9 actuaciones de responsabilidad fiscal, contra los posibles presuntos responsables, entre los que aparecen 9 alcaldes de los departamentos de La Guajira y Cesar. Entre ellos, el alcalde de La Paz.  

En 8 de los 9 proyectos auditados por el organismo fiscalizador, se encontró una misma forma de operar: a través de contratos de obra, cobrando un AIU del 30% cuando en realidad los ítems del proyecto son suministros que superan el 90% del valor total del presupuesto.

Se hallaron sobrecostos en el valor de los paneles y una falta de planeación post contractual, al no tener garantizada la operación y sostenibilidad de los proyectos. 

Lo que más llamó la atención de la Contraloría fue que los 8 proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona, a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual, con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camuflada en distintas uniones temporales. 

Entre los municipios donde opera esta cartelización se destacan Dibulla, Fonseca y Urumita, en el Departamento de la Guajira; y La Paz, Pueblo Bello, Codazzi y Becerril, en el Cesar. 

En resumen, el señor alcalde La Paz, Martín Zuleta, resultó ser todo un “convencido” de las bondades del proceso de paz, firmado por el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero más convencido quedó luego de sacar provecho de los dineros públicos que se supone iban a permitir consolidar la paz en el país. 

Por lo pronto el mandatario en cuestión se mantiene en el OCAD-Paz, mientras los órganos de control adelantan “exhaustivas” investigaciones para dar con los responsables de este nuevo escándalo de corrupción. 

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