Imagine un negocio perfecto: usted recibe un cargo vitalicio, tiene el poder de certificar la legalidad de documentos cruciales para la vida de los ciudadanos, cobra tarifas establecidas por el Estado, y si sus ingresos no son suficientes, no se preocupe, el Gobierno le subsidia hasta con $12 millones de pesos mensuales. Ah, y nadie puede verificar cuánto dinero realmente entra a sus arcas porque sus informes financieros están «bajo reserva».
Bienvenido al lucrativo mundo de las notarías colombianas, donde la corrupción no es la excepción sino, aparentemente, el requisito de entrada.
La fe pública en venta al mejor postor
En Colombia existen 920 notarías distribuidas en 628 círculos notariales. A primera vista, parecen instituciones diseñadas para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos. La realidad es más oscura: se han convertido en preciadas fichas de negociación política, instrumentos para la apropiación ilegal de tierras y refugios para quienes necesitan un ingreso seguro después de ocupar cargos públicos.
«Presidente: donde ponemos el dedo sale pus«, le confesó Jorge Enrique Vélez, entonces superintendente de Notariado, al presidente Juan Manuel Santos en 2011, tras revisar apenas 10 de las 192 oficinas de registro público del país. Calculó que cerca de 150 mil hectáreas de la Nación o de campesinos habían cambiado de manos irregularmente, con la posible complicidad de registradores, notarios y el Incoder.
El caso que sacudió una nación: «Yidispolítica»
El escándalo más emblemático de cómo las notarías se utilizan como moneda de cambio político fue sin duda el conocido como «Yidispolítica». Lo que parecía ser un simple cambio de opinión de los entonces representantes Yidis Medina y Teodolindo Avendaño resultó ser un elaborado esquema de sobornos para modificar la Constitución y permitir la reelección del expresidente Álvaro Uribe.
El pago por estos servicios a la democracia: notarías. A Medina le ofrecieron la Notaría Segunda de Barrancabermeja, mientras que Avendaño recibió la Notaría 67 de Bogotá, donde fue nombrado Luis Camilo O’meara, quien posteriormente compró a Avendaño dicho despacho por $450 millones de pesos.
Diez años después del escándalo, el entonces superintendente Manuel Cuello Baute confesó ante la Corte Suprema de Justicia que 34 congresistas recibieron 79 notarías a cambio de sus votos a favor de la primera reelección presidencial. Una democracia comprada con sellos notariales.
El subsidio: cuando la corrupción se vuelve política pública
Quizás el aspecto más perverso del sistema es el subsidio notarial. En teoría, está diseñado para mantener el servicio en las zonas menos rentables del país. En la práctica, es una fuente inagotable de recursos públicos mal vigilados.
Para las 496 notarías que supuestamente no generan ingresos suficientes, el Gobierno colombiano ha establecido un sistema de subsidios que puede llegar hasta los $12.807.555 pesos mensuales por notaría. El único requisito: declarar ingresos menores a cierto umbral en informes que, convenientemente, están protegidos bajo reserva.
Es decir, un notario puede declarar ingresos por debajo de 5.800.000 pesos mensuales y automáticamente recibe más del doble en subsidios estatales. Todo esto sin que nadie, excepto la cuestionada Superintendencia de Notariado, pueda verificar la veracidad de estos informes.
Para esas 496, el Gobierno nacional destina un subsidio, que aumenta de acuerdo a los rangos como se explica en la tabla siguiente:
| Rango | INGRESOS EN S.M.M.L.V 2023 | Valor del Subsidio 2024 | |
| Minimo | Máximo | ||
| Rango1 | $ – | $ 5.800.000 | $ 12.807.555 |
| Rango 2 | $ 5.800.001 | $ 10.440.000 | $ 10.547.389 |
| Rango 3 | $ 10.440.001 | $ 16.240.000 | $ 9.040.626 |
| Rango 4 | $ 16.240.001 | $ 23.200.000 | $ 6.990.327 |
Creando notarías donde no se necesitan
El escándalo no se detiene en los subsidios. En mayo de 2022, el Ministerio de Justicia decretó la creación de nuevas notarías a pesar de que la propia Oficina Asesora de Planeación de la Superintendencia las consideró improcedentes por no cumplir con los requisitos legales.
Las notarías de Rivera (Huila), El Rosal (Cundinamarca), Piamonte (Cauca) y San José de Isnos (Huila) fueron rechazadas en un estudio técnico por no cumplir con el Decreto Ley 960 de 1970, que exige tener en cuenta la población del municipio y el promedio anual de escrituras.
Sin embargo, la superintendente Gohetny Fernanda García Flores desestimó el concepto técnico y avaló la creación de tres de ellas. Ocho días después, decretó la creación de otra en Madrid, Cundinamarca. ¿La razón? El estudio técnico no lo explica.
Cuando los guardianes necesitan guardián
A tal punto ha llegado la corrupción en las notarías y en la propia Superintendencia que en 2011, durante el gobierno de Santos, se consideró intervenir esta entidad. Sí, la entidad encargada de vigilar iba a ser vigilada por corrupción.
El caso de Ana Regina Güete, ex registradora de Carmen de Bolívar, ilustra perfectamente este círculo vicioso. Permitió la venta de 122 predios de campesinos que gozaban de protección legal y que hoy están en manos de empresarios. Veintidós de esos predios los compró el padre de la registradora, quien se negaba a abandonar la oficina alegando violación al derecho a la defensa.
Notarios plagiarios: cuando ni los títulos son auténticos
La ironía alcanza niveles absurdos cuando descubrimos que quienes deben certificar la autenticidad de documentos son capaces de plagiar obras literarias para mejorar su puntaje en concursos de méritos.
En 2018, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena contra cuatro notarios que plagiaron una obra literaria originalmente escrita por la Registraduría. Los notarios Efraín Fandiño Marín, Luis Argemiro Velasco Ariza, William Martínez Downs y Jairo Antonio Montero Fernández fueron sentenciados a 74 meses de prisión y multas millonarias.
Un caso similar fue el de Lázaro del Cristo de León, Notario Segundo de Montería, condenado en 2015 por plagiar varias obras literarias para ese mismo concurso.
¿Qué se puede esperar de estos personajes que dan fe de la legalidad de los documentos, cuando ellos mismos son incapaces de respetar la ley?
El negocio redondo: todos ganan, menos el ciudadano
Las notarías de grandes capitales pueden facturar mensualmente unos 130 millones de pesos. Las pequeñas reciben generosos subsidios estatales. Todas están protegidas por un manto de secretismo en sus finanzas y vigiladas por una entidad cuestionada sistemáticamente por corrupción.
La senadora Aida Avella es una de las voces que ha denunciado durante años los favores políticos que se pagan con notarías y los altos ingresos que devengan los notarios. Y razón no le falta.
Lo sucedido recientemente con la Notaria Segunda de Barranquilla, Ana Dolores Meza Caballero, detenida por peculado, prevaricato, asociación para delitos contra la administración pública y urbanización ilegal, es solo la punta del iceberg de un sistema diseñado para el beneficio de unos pocos a costa del erario público.
La verdad detrás del sello notarial
En un país donde la corrupción se ha convertido en práctica cotidiana, las notarías representan el ejemplo perfecto de cómo un servicio público esencial puede transformarse en un mecanismo invisible de enriquecimiento y favores políticos.
Mientras los ciudadanos pagan tarifas notariales establecidas por el Estado y subsidian con sus impuestos a notarios que podrían estar falseando sus ingresos, quienes deberían vigilar el sistema participan del festín o miran hacia otro lado.
La corrupción en las notarías colombianas no es un problema de manzanas podridas. Es un sistema diseñado para funcionar exactamente como lo hace: un negocio redondo que todos pagan y pocos controlan.
