Villa de Leyva: cae preso el alcalde por el predio de los Megacontratistas Solarte y amenazan al que lo reemplazó

El caso San Cayetano no es el expediente de un funcionario. Es la radiografía de un municipio donde firmar una licencia se volvió un deporte de riesgo, y donde el poder de sancionar cambió de silla sin que la presión cambiara de dueño.

Nos encontramos en el municipio de Villa de Leyva, Boyacá, el pueblo de la plaza empedrada más grande de Colombia, donde el turismo paga la nómina y la piedra colonial es patrimonio de la Nación. En la vereda Sabana, sobre un predio llamado San Cayetano, se levantó una hacienda de más de cinco mil metros cuadrados con dos lagos artificiales, piscina, pesebreras de dos niveles y una capilla. La licencia que amparaba ese terreno autorizaba una cosa distinta: una vivienda de un piso, 551 metros cuadrados. Lo que se construyó es casi diez veces lo permitido. El avalúo de la obra ronda los seis millones de dólares, más de veinte mil millones de pesos. Por decidir qué hacer con ese ladrillo, un alcalde terminó preso. Y el funcionario que lo reemplazó ya recibe mensajes de texto que le advierten que se cuide con sus decisiones.

Más allá del titular, este no es el cuento de un mandatario que cayó. Es la disección de un mecanismo. En Villa de Leyva, la capacidad de otorgar, negar o sancionar una licencia se convirtió en el punto donde se concentra tanto dinero que quien la administra queda expuesto a la coacción, venga de donde venga. Primero cayó Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, capturado el 7 de mayo de 2026 en plena plaza por el CTI de la Fiscalía. Ahora es Nicolás Méndez Figueroa, secretario de Gobierno convertido en alcalde encargado, quien radica una denuncia penal por amenazas. La silla cambió de ocupante. La presión, no.

La mecánica de este lío

Reconstruyamos la mecánica, porque en los detalles vive el sistema. En diciembre de 2020, la firma Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. pagó dos mil millones de pesos por el predio San Cayetano. En mayo de 2022, durante la administración anterior, obtuvo una licencia para una vivienda unifamiliar de un piso: 551 metros cuadrados.

Para septiembre de 2023, la construcción ya había desbordado con creces ese límite, y los dueños pidieron modificar la licencia para legalizar lo que ya estaba levantado. El alcalde Gamboa negó la ampliación y confirmó la negativa en febrero de 2024, argumentando que la obra violaba el Plan de Ordenamiento Territorial y generaba afectaciones ambientales. La empresa demandó al municipio. Un juzgado administrativo de Boyacá confirmó la nulidad.

En abril de 2026, la Inspección de Policía impuso una multa cercana a los $232 millones de pesos y ordenó demoler más de cinco mil metros cuadrados. Esa multa, conviene recordarlo, se tasó primero en treinta mil millones de pesos y luego bajó a $232 millones al ajustarla a la ley. La distancia entre una cifra y otra da para pensar sobre la precisión con que operan nuestros aparatos de control.

Hasta aquí, la historia de una obra ilegal sancionada. El giro llega con los audios. Según la Fiscalía, en grabaciones de marzo de 2026 el alcalde habría exigido a la empresaria un pago equivalente al veinte por ciento del valor de la licencia, más la contratación de un allegado con salario de trece millones de pesos mensuales, a cambio de dejar pasar las irregularidades. La empresaria dice que se negó, denunció y entregó los audios. La Fiscalía imputó concusión y prevaricato por acción. La defensa del alcalde sostiene que todo es un montaje, que la negativa de la licencia fue una decisión técnica legítima y que la contratación del allegado la propuso la propia empresa. Nadie ha sido condenado. Las dos versiones conviven en el expediente, y esa convivencia es el terreno donde la corrupción, si existe, se vuelve difícil de probar.

Pongámosle nombre a las fuerzas. De un lado, un municipio de unos diecisiete mil habitantes que vive del turismo, con una estructura administrativa modesta y órganos de control fragmentados: Planeación, la Inspección de Policía, Corpoboyacá, los juzgados administrativos. Del otro, María Victoria Solarte Daza, representante de Inversiones San Jacinto y heredera de Luis Héctor Solarte, una de las dos cabezas del clan constructor de Guaitarilla, Nariño, que durante décadas fue de los reyes de las carreteras en Colombia. El apellido pesa. El emporio vial de los Solarte levantó túneles, dobles calzadas y concesiones de cuarta generación, y también quedó marcado por el escándalo de Odebrecht, con Carlos Alberto Solarte y su hija Paola procesados y condenados por el contrato Tunjuelo Canoas.

María Victoria no figura en esos procesos, y en el caso de Villa de Leyva la ley la trata como denunciante y víctima, no como investigada. El dato importa para entender la asimetría: de un lado, un pueblo; del otro, un apellido con abogados, patrimonio y décadas de experiencia litigando frente al Estado.

En el centro, la silla. Gamboa, capturado, con medida de aseguramiento privativa de la libertad, separado del cargo y llamado a enfrentar la etapa de juicio por concusión. Méndez, su reemplazo, denunciando amenazas cuyo origen se desconoce y que la Fiscalía apenas empieza a investigar. Conviene subrayarlo con todas las letras: no hay una sola persona identificada ni imputada por esas amenazas. Atribuirlas a alguien en concreto sería irresponsable. Lo que sí puede afirmarse, con los documentos sobre la mesa, es que quien ocupa el cargo de alcalde en Villa de Leyva quedó en la línea de fuego de un conflicto que mueve seis millones de dólares.

¿Y el ciudadano de a pie? El habitante de Villa de Leyva no construyó ninguna mansión ni recibió ningún soborno, pero paga la factura. Paga con un gobierno municipal atrapado por el escándalo, con un alcalde en la cárcel y otro mirando por encima del hombro. Paga con la señal que el caso manda a cualquier funcionario honesto del país: negar una licencia ilegal puede costarte la libertad si te acusan de pedir plata, o la calma si te amenazan por no dejar pasar la obra. Los $232 millones de la multa son una cifra con la que un municipio de este tamaño financia varios meses de alimentación escolar o el arreglo de buena parte de sus vías veredales. Los seis millones de dólares de la hacienda equivalen a lo que Villa de Leyva invierte en años enteros de infraestructura pública. Mientras el pleito por una casa de lujo consume titulares, jueces y fiscales, las prioridades reales del municipio esperan turno. Ese es el costo de oportunidad que nadie factura: la energía institucional de un pueblo entero secuestrada por unos metros cuadrados que no debieron construirse.

Gráfico 2. La presión no nació con Gamboa ni terminó con su captura: cambió de manos.

Aquí está la raíz, y no es Gamboa ni es Solarte. El sistema colombiano concentra en la firma de un alcalde decisiones que mueven fortunas, y no le pone al lado ningún blindaje real contra la coacción. James Buchanan, premio Nobel y padre de la teoría de la elección pública, lo explicó hace medio siglo: cuando el Estado tiene poder para otorgar o negar un permiso valioso, ese poder se convierte en una renta, y alrededor de esa renta se organiza una competencia por capturarla. La licencia de San Cayetano es esa renta. Alguien intentó capturarla, y el expediente discute quién. Alejandro Nieto, el jurista que escribió sobre el desgobierno de lo público, aporta la otra mitad: cuando los órganos de control están fragmentados, politizados y desbordados, el resultado no es justicia sino un laberinto donde la impunidad encuentra rendijas. Una multa que arranca en treinta mil millones y termina en 232 es el retrato de ese laberinto. Y está la Ley de Brandolini, el principio de asimetría: refutar una mentira cuesta diez veces más que fabricarla. Por eso, alrededor de este caso, circulan más versiones que pruebas, y cada bando alimenta su relato mientras la ciudadanía intenta distinguir la coima del montaje con las herramientas de la sospecha.

Villa de Leyva enseña algo incómodo. La corrupción, o su sospecha, no se cura cambiando de alcalde. Cae uno, entra otro, y la presión sigue ahí porque el problema no es el hombre: es la silla, y el poder desnudo que se le entregó sin contrapesos. Mientras un pueblo entero decide entre el patrimonio y el negocio, entre la ley y la renta, la pregunta que queda no es quién tiene la razón en este expediente. La pregunta es cuántos municipios colombianos tienen su propio San Cayetano esperando, y cuántos alcaldes honestos preferirán mirar hacia otro lado antes que firmar la negativa que les cambie la vida. ¿Vamos a seguir entregando ese poder sin veeduría, o vamos por fin a vigilar la silla en lugar de esperar a que caiga el que se sienta en ella?

Tres expertos discuten el caso

La economista constitucional (marco Buchanan, elección pública)

Lo central aquí es la renta. Una licencia que separa un patrimonio de veinte mil millones de pesos entre la legalidad y la demolición no es un trámite: es un botín regulatorio. La teoría de la elección pública predice que alrededor de ese botín aparecerá siempre una puja por capturarlo, sea el funcionario cobrando por dejar pasar, sea el particular presionando por el permiso. El error de diseño es haber puesto tanto valor en manos de una sola firma sin trazabilidad ni contrapeso. No basta con castigar al que capture la renta. Hay que eliminar la renta, haciendo el trámite reglado, público y auditable en línea, para que ni la coima ni la amenaza tengan de dónde agarrarse.

El jurista administrativista (marco Nieto, el desgobierno de lo público)

Miren el mapa de actores: Planeación, Inspección de Policía, Corpoboyacá, juzgados administrativos, Fiscalía. Cada uno decide un pedazo, ninguno responde por el todo. Esa fragmentación es precisamente lo que Nieto describía como el desgobierno de lo público: un Estado que multiplica competencias y diluye responsabilidades hasta volver la impunidad estructural, no accidental. Una sanción que se calcula primero en treinta mil millones y luego se ajusta a 232 revela un aparato que improvisa. Mientras el control siga repartido en compartimentos que no se hablan, el municipio seguirá produciendo Gamboas y produciendo víctimas, sin importar quién tenga la mejor intención.

El analista de desinformación (marco Brandolini, asimetría del ruido)

El campo de batalla real es el relato. Un bando dice montaje, el otro dice coima, y las pancartas en la plaza gritan David contra Goliat. La Ley de Brandolini es implacable: producir cada una de esas versiones cuesta un tuit; refutarlas con pruebas cuesta meses de investigación judicial. El riesgo para la ciudadanía es quedarse con la versión más ruidosa en lugar de la más documentada. Por eso el periodismo serio no elige bando antes del fallo: fija los hechos probados, la sanción administrativa en firme, la imputación, la denuncia por amenazas, y deja en cuarentena todo lo que aún es palabra contra palabra.

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