Lo de la corrupción y la operación de mafias al interior de la Unidad Nacional de Protección, no es nuevo.

De hecho la Fiscalía lleva unos 10 años con investigaciones abiertas sobre el llamado ‘carrusel’ de los carros blindados en las cuales han sido vinculadas cerca de 10 personas entre empresarios, contratistas y funcionarios de la UNP, que presuntamente habrían manipulado licitaciones para la venta, alquiler y mantenimiento de carros blindados.

Y pese a que las investigaciones por lo visto no avanzan, esta semana dieron un vuelco total, luego del atentado de que fue víctima el director de la entidad, Luis Augusto Rodríguez Ballesteros, del cual resultó ileso.

Cuatro hombres fuertemente armados lo esperaron a la entrada de su vivienda para asesinarlo. Su esquema de seguridad reaccionó, Rodríguez resultó ileso, uno de sus escoltas herido y uno de los atacantes fue muerto.

«Augusto denunció las mafias de la contratación en la UNP. Hoy quisieron matarlo, le pido al fiscal acelerar las investigaciones sobre estas denuncias, las pruebas están en sus manos», dijo en un twitter el presidente Gustavo Petro.

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Los antecedentes

La avalancha de información sobre el nivel de corrupción que hay al interior de la UNP, comenzó a crecer con dos casos puntuales y justo después de posesionarse en la dirección de la entidad, Luis Augusto Rodríguez Ballesteros, muy allegado al presidente Petro.

Uno estuvo relacionado con una denuncia conocida en septiembre del año pasado sobre el uso abusivo e inadecuado que daba a una camioneta de la UNP, la hija de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal y de su esposo, el presidente de Fedegan José Félix LafaurieDenisse Lafaurie Cabal, quien la utilizaba para repartir tortas de su negocio de postres.

Pero el más grave y contundente lo dio a conocer el propio director de la UNP el 19 de diciembre. Ese día reveló que Manuel Antonio Castañeda, el chofer de la UNP capturado el 10 diciembre cuando transportaba 168 kilos de cocaína, en una camioneta que pertenecía al esquema de seguridad de Ronald Rodríguez Rozo, subdirector de protección de la misma entidad, le confesó que había participado en la fuga de Juan Larinson Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’, ocurrida el 18 de marzo del 2022, junto con miembros del Gaula de la Policía.

Castañeda aseguró que fue él quien recogió a Matamba tras su fuga de la cárcel La Picota, y lo movilizó hasta la zona del Magdalena Medio. Posteriormente, ‘Matamba’ aparecería muerto tras un aparente combate con la fuerza pública en  Santander; incluso Castañeda sostiene que no hubo fuga, ni hubo combate.

El director de la UNP señala que Castañeda le contó infidencias de cómo se alquilaban esquemas de protección y carros blindados a grupos criminales y narcotraficantes, un tema que Rodríguez Ballesteros puso en conocimiento de la Fiscalía. Sin embargo, la entidad no lo ha llamado a ampliar estas denuncias.

El cuestionado Wilson Devia

Uno de los nombres que salió a relucir nuevamente fue el de  Wilson Javier Devia Pérez, un tolimense de 43 años, quien desde el 2013, tiene un extenso dosier de investigaciones que incluyen acusaciones sexuales, violencia intrafamiliar, hurto, lesiones personales y asuntos relacionados con tráfico de drogas. Pero al que nada le pasa.

Castañeda, quien ofreció entregar información a la Fiscalía, aportó una serie de conversaciones entre Devia y él, cuando hablan de cuentas de vehículos irregularmente arrendados, cobros de coimas y arriendo de esquemas a particulares.

Devia entró al DAS en el año 2000, luego pasó a la UNP, cuando se fundó en 2011, y desde entonces se ha movido en varios cargos y dependencias que le han permitido tejer una amplia red que termina en turbios negocios. 

«Actualmente es presidente del sindicato UT UNP, una organización con apenas 59 afiliados -de los 2.040 que tiene la planta de la entidad- pero que extiende su poder a otros sindicatos y es el núcleo de una federación sindical denominada Propaís, que enlaza varios sindicatos del Inpec, la Fiscalía y otras agencias de seguridad. Con esto Devia ejerce presión y ha instalado una poderosa red que se enfrenta a Augusto Rodríguez. El poder de Devia se desarrolló en los últimos años, al punto de tender puentes con la clase política, como con el senador José Alfredo Gnecco, a quien le hizo abierta campaña», afirma un informe de la revista Cambio.

Por eso no es de extrañar que cuando Rodríguez llegó a dirigir la UNP en agosto pasado, empezaran los enfrentamientos y casi que al poco tiempo este sindicato que no alcanza los 60 afiliados, ya estaba organizando cese de actividades.

Una vez se conocieron las denuncias de Castañeda, y en vista de que en esta oportunidad pareciera que a Devia está a punto de terminársele su “buena suerte”, el personaje de marras intentó el pasado 30 de enero agredir a su jefe jerárquico, es decir a Rodríguez a la salida de la entidad, en medio de una manifestación que hacían aparentemente por mejoras salariales.

Pero, su situación terminó complicándose, cuando la noche del 7 de marzo, el director de la UNP sufrió el atentado.

Este lunes, Devia por fin ha sido citado por la Fiscalía, para imputarle los cargos como líder de la red de corrupción al interior de la UNP.

Petro solicitó a la Fiscalía acelerar las investigaciones y brindar garantías al testigo (Castañeda).

«El testigo dispuesto a hablar fue golpeado dentro de las cárceles para intimidarlo. Es muy importante que el Fiscal General le de las garantías suficientes para conocer este que es uno de los peores hechos de corrupción dado que expone a todas las personas amenazadas en Colombia», dijo el presidente Petro con respecto a las declaraciones de Devia en medios de comunicación, en las que aseguró que el director de la UNP buscaba “falsos positivos” en contra de los sindicatos.

La Fiscalía señaló que aunque Castañeda se encuentra en poder del INPEC como recluso en la cárcel, han alertado a la entidad por riesgos de seguridad indicados por el testigo. Además, que continúan «con el avance de la indagación, mediante un equipo especializado de fiscales e investigadores y la recolección de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, labor que ha desarrollado de manera constante e ininterrumpida».

Entre otras cosas, Castañeda ha contado que se reunió con Devia y una tercera persona en el centro comercial Hayuelos de Bogotá, en marzo del 2019, en un encuentro en el que el líder sindical le dijo que por 200 millones de pesos le podía asignar un esquema de seguridad de la UNP.

Aunque el acuerdo no se firmó por el monto, Devia lo habría vuelto a llamar para ofrecerle un nuevo negocio. «Me hace una propuesta: que consistía en darme un esquema de protección de 1 carro blindado y 3 unidades escoltas incluyendo el dignatario para mi servicio de manera completa, a lo cual se debla dar un manejo interno ya que este esquema legalmente no estaba asignado al suscrito y menos la unidad podría darse cuenta de esto», dice el documento revelado.

Este esquema habría costado siete millones de pesos mensuales, a los que Castañeda asegura haber accedido. Se trasladaron de Bogotá Villavicencio, donde vivía el supuesto protegido, quien tenía que responder por la alimentación de los escoltas. La camioneta tenía un cupo de un millón de combustible, según contó al director de la entidad.

En el año 2022, ambos se habrían distanciado por negociaciones que no llegaron a feliz término.

Todo lo ocurrido estos días deja en claro tanto el nivel de corrupción e infiltración que hay en distintas entidades del Estado, por parte de funcionarios que hasta se amparan detrás del fuero sindical para pasar inadvertidos e impostar de “defensores de derechos laborales”, como su capacidad de hacer daño y “quitar” del camino a quien no se pliegue a sus pretensiones con actuar delictivo, al estilo de las peores mafias.

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