Lo hemos venido insistiendo: la Justicia en Colombia está completamente tomada por la corrupción, hasta el punto que la confianza en ella está por el suelo. ¿Quién mete las manos al fuego para respaldar la imparcialidad y sapiencia de un juez o magistrado, o para respaldar las buenas prácticas jurídicas de un fiscal, o apoyar una absoluta confianza y prontitud en los fallos de las altas cortes?

Obviamente, de este árbol podrido y enfermo, encontramos algunas ramas sanas que se resisten a la plaga que lo devora (la corrupción).

Una prueba de esta plaga salió a la luz con el descubrimiento de una banda de delincuentes, conformada por dos empleados públicos de la rama judicial y cuatro abogados, que se dedicaba a pagar dádivas y coimas a jueces y funcionarios judiciales con el fin de direccionar fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en el Departamento.

Esto no es nada nuevo, es una vieja práctica que enriquece a operadores judiciales, fiscales, jueces y magistrados. Solo que esta vez, Eduard Alirio Calderón, director Especializado contra la Corrupción de la Fiscalía General de la Nación, reportó la información de un caso de 2014 a través de los canales institucionales.

El investigador señaló que por un trabajo investigativo del ente se puso al descubierto un entramado criminal que, entre abril y agosto de 2014, presuntamente direccionó seis fallos en favor de particulares que demandaron administrativamente a distintas entidades en Atlántico.

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No entendemos por qué si desde el 2014 se había descubierto esta práctica criminal en el Atlántico, solo hasta ahora se anuncia a los medios. Es increíble, algo más debe haber detrás de esta información.

Calderón explicó, además, que desde una oficina de abogados se habría concertado la entrega de dádivas a funcionarios judiciales y de la Procuraduría para tales fines. Y que la investigación da cuenta de varios eventos en los que los procesados habrían intervenido.

La banda delincuencial estaba conformada por la funcionaria Faicy León Mass, quien se desempeñaba como sustanciadora grado 11 de la Tercera delegada para la Vigilancia Administrativa de Barranquilla; María Milagros Navarro Lobo, asesora del Tribunal Administrativo del Atlántico; los abogados Victoriano Apolinar Sierra Nerio, Yenny Bustamante Toscano, Yina Paola Sindris María Benthan Arias.

Las dos funcionarias fueron acusadas por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho impropio; mientras que los abogados por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Los hechos

La Fiscalía dio a conocer algunos pormenores del modus operandi de los acusados, por ejemplo que al parecer, los abogados le dieron 10 millones de pesos a un juez Administrativo de Barranquilla y otra suma a una juez de Sabanalarga a efectos de obtener una rápida y favorable decisión en un caso tramitado en esos juzgados.

Sin embargo, el fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción no dio razón, ni chica ni grande, sobre los jueces implicados en esta trama de corrupción. Algo insólito, pues tan corruptos son los abogados que dieron las dádivas como los funcionarios que las recibieron.

Así mismo, el ente acusador estableció que María Milagros Navarro Lobo proyectó una sentencia en la que el Tribunal Administrativo de Atlántico ordenó a la Policía Nacional indemnizar a un grupo de personas, decisión que fue avalada por la procuradora León Mass. Al parecer, en estas actuaciones medió la entrega de 12 millones de pesos repartidos entre las dos funcionarias.

En otro hecho, la servidora del tribunal Navarro Lobo, presuntamente, acordó recibir 20 millones de pesos para promover un fallo de segunda instancia que declarara responsable a la Policía Nacional por el posible actuar irregular de un uniformado que dejó varias personas afectadas.

A esto se suma que la funcionaria de la procuraduría habría intercedido en el aplazamiento del reparto de una decisión de segunda instancia, de tal manera que el expediente llegara a un juzgado que beneficiaría los intereses de varios recicladores, representados por los abogados acusados y que pedían no ser desalojados de un área de espacio público en la zona portuaria.

Finalmente, la funcionaria de la procuraduría y los abogados ofrecieron y entregaron dinero a un funcionario judicial encargado de proyectar o suscribir un fallo de primera instancia. Aquí se acreditó que conocieron la decisión anticipadamente como garantía de que saldría a su favor y así poder desembolsar la suma pactada.

Así funciona nuestra Justicia en todos sus niveles.

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