Unos cimientos de hierro oxidados y consumidos por la maleza y un tanque de agua de 10 mil metros cúbicos, guardado de una bodega y que además fue importado de Inglaterra, es lo que hasta ahora hay de la obra de infraestructura que iba a mejorar el servicio de acueducto en la capital del Tolima. 

El contrato de obras 2511 para ampliar el sistema de abastecimiento de agua potable de la futura zona de expansión de Ibagué: Etapa I, completa 5 años desde que se firmó su acta de inicio; la estructura que en el proceso de licitación estaba prevista que se construyera en 5 meses permanece sin terminar y en completo abandono. 

En lo que quedó el megatanque de Ibagué.

El contraste 

En contraste, en Costa Rica, país centroamericano al que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) otorgó en mayo del año pasado un préstamo por US$111 millones, para la construcción de seis proyectos de agua potable y saneamiento, que forman parte del “Programa de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Costeras, Gestión de la Calidad y Eficiencia del Servicio”, y que tienen plazo hasta el 2024 para su culminación, fueron inaugurados la última semana de octubre de 2020 dos de ellos. 

Con una inversión de más de US$61 millones, fue entregado el proyecto en su etapa II del sistema de Abastecimiento de Limón y que beneficiará a más de 132 mil habitantes de esa zona de Costa Rica. 

Y el otro proyecto que inauguró el presidente de este país, Carlos Alvarado, que favorece a un total de 35 mil habitantes del Pacífico Central de Costa Rica, incluyendo cerca de 7 mil turistas que visitan la zona, es el de “Mejoras al Acueducto de Quepos y Manuel Antonio” que incluyó rehabilitación, reconstrucción y ampliación de los elementos principales para el abastecimiento del agua, incluyendo la instalación de dos tanques de almacenamiento. Demandó una inversión de US$103 millones 

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Mientras tanto acá en Colombia 

La inversión inicial prevista para este tanque de almacenamiento en Ibagué fue de $9.970 millones con el consorcio Atria 2015 e incluía la instalación de un tanque 10 mil metros cúbicos en inmediaciones de la Fiscalía, mismo que iría interconectado a los tanques de la empresa de Acueducto y Alcantarillado, Ibal, de la calle 29, Mirolindo y Picaleña, pero al momento el contrato que ya pasa por dos nuevas administraciones sigue en puntos suspensivos. 

La Veeduría Agua para Ibagué (V.A.P.I.) alertó a las autoridades por el estado de las obras pues son un mero “elefante blanco” donde se evidencia un detrimento patrimonial y a tal punto que ahora se definirá en los estrados judiciales para determinar quién incumplió el proceso contractual. 

Con el tanque de 10 mil metros cúbicos, un diámetro de 26 metros y una altura equivalente a un edificio de 8 pisos; se proyectaba mejorar el servicio a la denominada zona de expansión. Se sabe que el gigantesco recipiente que fue importado desde Londres se encuentra en una de las bodegas del Parque Logístico, pero se desconoce en qué estado se encuentra. 

La Veeduría ha enviado misivas tanto a la Alcaldía de Ibagué, como a la Contraloría municipal en las que cuestionan esta contratación. 

Según denunciaron desde el momento mismo de sus inicios durante el gobierno de Luis H. Rodríguez, que el objeto del contrato hacía parte de las competencias de Ibal y no de la cartera de Desarrollo Rural, que quedó al tanto del proceso, para ese entonces en manos del titular de esa cartera Francisco Montoya, esto pese a que todos los estudios previos estaban sustentados en la consultoría que realizó el consorcio IEH Grucon – Profinvest para Ibal en 2012. 

En la administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, el proceso contractual continuó en manos de la Secretaría de Desarrollo Rural y después pasó a la cartera de Medio Ambiente. 

En 2018, después de tres años con el contrato suspendido, llegó el tanque de almacenamiento, desde Londres, situación que informó el entonces secretario de Desarrollo Rural, César Picón. 

En estrados judiciales 

Para ese entonces ya el consorcio solicitaba una adición de $3 mil millones de pesos por ítem no previstos, y daños y perjuicios por sobrecostos asumidos por los contratistas, recursos que fueron avalados por el Municipio, pero en noviembre de 2018 la Alcaldía inició la audiencia de incumplimiento por los constantes retrasos.  

Con la llegada del nuevo gobierno de Andrés Fabián Hurtado, el Municipio y el consorcio Atria 2015, siguen sin llegar a un acuerdo, y la situación ahora se discute en los estrados judiciales. 

El secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo, César Gutiérrez, indicó que supuestamente la aseguradora ya logró recuperar parte de la inversión, pero no precisó la cifra. El proceso ahora reposa en la Oficina Jurídica. 

En marzo, el exjefe de la Oficina Jurídica de la Alcaldía, Andrés Bedoya, indicó que el contratista le está reclamando al Municipio más de $4 mil millones, en donde suma la actualización de precios, la permanencia en la obra y los trabajos que logró ejecutar; sin embargo, en el Juzgado se definirá si se le da la razón o no al consorcio. 

Antes, en 2019 el consorcio Atria denunció y recusó en la Fiscalía a la exsecretaria de Medio Ambiente, Amparo Cortés, así como al entonces asesor, Diego López, por presuntas irregularidades del Municipio en el proceso sancionatorio. Según el contratista, el Municipio ni siquiera otorgó los permisos ambientales y de servidumbres para la ejecución del proyecto. De hecho, en la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), reposan dos autos del 2016 en donde la solicitud de aprovechamiento forestal la hace directamente el contratista. 

Y mientras esto ocurre en los espacios de oficinas, en el sector donde se supone debería estar instalado el tanque de almacenamiento, lo que hay es monte y la estructura de hierro para hacer la cimentación del tanque y que tiene cerca de 28 metros de diámetro, está completamente oxidado. 

“La malla de cerramiento está deshecha, nacieron plantas al interior de la cimentación, estamos frente a un detrimento patrimonial único y del orden de los $10.000 millones”, advirtió la veeduría. 

“¿Será que las piezas del tanque metálico, sus empaques de neopreno y demás componentes del mismo, habrán sufrido deformación y deterioro por tener 4 años almacenados y hayan perdido el ajuste entre sí, cuando lo empiecen a armar sobre la cimentación correspondiente?”, se cuestionó la veeduría. 

VAPI no dudó en indicar que: “existió una total descoordinación entre la Secretaría de Desarrollo Rural y el Ibal”, porque incluso tampoco se lograría establecer si la garantía del fabricante por el tanque de almacenamiento existe, cómo se va a llenar el mismo, si no está presente la tubería que trae el agua del tanque ubicado en la calle 29 o incluso quién es el responsable del pago de la bodega en donde desde el 2018 reposarían las partes del tanque, que armado supera los 16 metros de altura. 

En cuanto a la petición que hicieron a la Contraloría Municipal para que entre a indagar sobre lo ocurrido con esta obra, la Veeduría indicó que solo respondieron que el requerimiento lo hará a través de la Dirección Técnica de Control Integral; no obstante, y que el proceso auditor tiene cerca de 6 meses para poder emitir una respuesta de fondo, es decir, hasta marzo del 2021. 

Sin embargo, en 2018 el ente de control de finanzas públicas ya había hecho un reparo por un hallazgo disciplinario con posible alcance penal al celebrarse el contrato sin el presunto cumplimiento de los requisitos legales. 

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