Apenas una semana después de que el entonces Superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal, denunciara una presunta red de corrupción, al interior de varias EPS intervenidas por la entidad, el Gobierno nacional decidió retirarlo de su cargo. Otro funcionario más que lucha contra la corrupción y es retirado por el gobierno del presidente Petro.
En septiembre pasado Leal ordenó auditorías en las EPS intervenidas en las cuales se encontraron posibles irregularidades en la gestión del dinero que se le estaba girando a las EPS.
Un mes después, el pasado 21 de octubre, el mismo Leal daba a conocer que al interior de las EPS, Coosalud EPS S.A., Servicio Occidental de Salud S.A. (S.O.S.), Asmet Salud EPS S.A.S., y Emssanar EPS S.A.S., estas tres últimas bajo intervención de la Supersalud, se habría encontrado un entramado para la postulación y direccionamiento de contratos y recursos hacia las mismas instituciones prestadoras de servicios de salud por parte de las EPS. Y afirmó que detrás de estas irregularidades y red de corrupción, estaría Mario Andrés Urán, un conocedor del sistema de salud y experto lobista.
| La entidad de vigilancia encontró: Confabulación para la asignación de contratos: Se sospecha que Mario Andrés Urán, en su rol de asesor en la EPS Coosalud, influyó en la asignación de contratos hacia ciertas IPS específicas dentro de las tres EPS intervenidas (S.O.S., Asmet Salud y Emssanar). Concentración de pagos sin justificación: La investigación detectó una concentración de pagos a determinadas IPS, sin razones justificadas, lo que habría afectado la asignación de recursos a otras entidades de salud. Sobrecostos por el uso de terceros en funciones de los interventores: Se habrían generado sobrecostos al pagar a terceros para realizar funciones propias de los agentes interventores. Autorización de giros condicionada: Según los hallazgos, los interventores habrían solicitado autorización de Mario Andrés Urán para realizar giros directos de recursos, sugiriendo un control indebido sobre las decisiones financieras. Favorecimiento de laboratorios y productos específicos: Se presume que Urán, en complicidad con dos personas identificadas como Indira Ocando y Tony Negrette, habría direccionado un plan de compras para beneficiar a ciertos laboratorios y marcas. Perfiles de funcionarios de la Supersalud: Se descubrió la solicitud de perfilamiento de funcionarios de la Superintendencia, lo cual representa un riesgo para su seguridad e integridad, además de interferir en sus labores de inspección y control. |
Las tres intervenidas
Servicio Occidental de Salud (SOS), que tiene unos 750 mil usuarios, la mayoría de ellos en el Valle del Cauca, fue la sexta EPS intervenida en el gobierno Petro, después de EPS Sanitas, Coomeva, Nuevas EPS, Emssanar, Asmet Salud. La intervención a esta EPS, se dio en la primera semana de abril de este año.
El interventor designado por la Súperintendencia para administrar SOS Carlos Marino Escobar Vásquez por un término de un año, finalizará el 10 de abril de 2025.
En cuanto a Asmet Salud, su intervención se dio por las constantes fallas en la atención de esta EPS y por la crítica situación financiera de la entidad que para la fecha de esta intervención forzosa tenía un poco más de 2 millones de afiliados en 12 departamentos del país.
La Supersalud designó como su interventor al doctor Rafael Joaquín Manjarrés González, un médico y cirujano general, especialista en seguridad social y seguros.
La tercera EPS intervenida que resultó involucrada en las investigaciones de la Supersalud, dentro de las posibles maniobras de corrupción fue Emssanar EPS, con amplia presencia en los distritos especiales de Cali y Buenaventura, donde tiene el 42,15% de los usuarios y en los departamentos de Nariño y Putumayo, donde tiene el otro 51,15% de afiliados. La intervención se dio en junio de 2024.
La Supersalud basó la intervención a Emssanar en sus millonarias obligaciones por cancelar. A mayo de 2024, la cartera de esta EPS se acercaba a los $495 mil millones. El Agente Interventor de Emssanar es el doctor César Augusto Sánchez, a quien se le designó para administrar la entidad aseguradora.
Antes de dejar el cargo, Luis Carlos Leal logró poner en manos de la Fiscalía los hallazgos encontrados.
Es decir que ni la intervención del gobierno logró salvar estas EPS de la mano de funcionarios que al parecer las siguieron usando para desangrar al estado, hechos por el cual los tres interventores designados también tendrán que responder.
El papel de Mario Andrés Urán
El documento de la denuncia de Leal, de 34 páginas, destaca la posible participación de Urán en todos estos movimientos en las EPS. Se trata de un antiguo asesor de Coosalud y aparentemente figura cercana al Gobierno de Gustavo Petro, en la administración de los recursos.
La auditoría de la Supersalud reveló que fondos destinados a la salud podrían haber sido desviados hacia paraísos fiscales.
El día 22 de septiembre de 2024 el Superintendente Nacional de Salud fue informado por un tercero acerca de oficio cuyo título es “Injerencia de Mario Andrés Urán en las intervenciones de Emssanar, AsmetSalud y SOS”, en los cuales presuntamente funcionarios de las EPS intervenidas y señaladas en el título del documento remitan al señor Mario Andrés Urán la postulación de pagos a clínicas y hospitales por giro directo antes que fueran enviada a la Superintendencia Nacional de Salud.
Según la investigación, los correos electrónicos que presuntamente eran enviados a (Mario Andrés Urán Pulido) desde los correos (Edgar Zamudio Pulido) y de Lida los cuales se identifican entre otros 1 como ‘Postulación final GD RS Julio’, ‘Certificaciones abril a junio 2024′, se lee en el primer párrafo del documento.
El informe también menciona que Urán, que trabajaba como asesor en una de las EPS, habría contado con el apoyo de Indira Ocando y Tony Negrete, quienes actuaban como enlaces con empresas de auditoría en el sector salud. Estos individuos habrían facilitado el acceso de Urán a información crítica, como los puestos de mando unificado, lo que le permitió manipular pagos y contratos con clínicas y hospitales.
La investigación reveló que parte de los fondos desviados se dirigieron a empresas como Eve Distribuciones SAS y la Organización Clínica General del Norte, controladas por Ventum Investments 2020, una entidad con sede en las Islas Caimán. Este esquema financiero fue el que denunció Leal ante la Fiscalía General de la Nación.
Este hecho ha suscitado interrogantes sobre las implicaciones políticas del caso y las posibles conexiones de Urán con altos funcionarios del Gobierno, en especial porque se especula que la salida de Leal está relacionada al hecho de “volverse incomodo” para algunas personas importantes para el alto Gobierno.
El sospechoso historial corrupto de Urán
Urán es un hombre poderoso del sector salud que trabajó en Caprecom, Roche, y en su carrera de lobista se hizo buenos amigos políticos. Y surge la pregunta de quién lo protege y por qué estaría teniendo control sobre los agentes interventores y gerentes de estas cuatro EPS.
Fue gerente de asuntos corporativos del laboratorio Roche entre 2006 y 2010. A través del empuje y complicidad del cirujano, la empresa suiza, recibió en los tres últimos años del gobierno de Álvaro Uribe cerca de $400 mil millones de pesos en recobros de medicamentos del Fosyga, el desaparecido fondo administrador de salud.
Y al frente de este laboratorio, impulsó la compra por parte del Estado colombiano de 426 mil dosis, por $16 mil millones de pesos, de un medicamento llamado Tamiflu para amortiguar la gripa porcina, o A-H1N1.
Urán no abandonó las instalaciones del Ministerio de Salud hasta haber firmado el contrato del Tamiflu con el Gobierno.
Ese mismo abril de 2009 la declaración de desastre nacional para enfrentar el virus y las noticias que llegaban de México o Estados Unidos no eran alentadoras. La gravedad de la enfermedad en Colombia, sin embargo, no resultó ser la que se había presagiado y más de la mitad de las dosis adquiridas caducaron en un sótano en la calle 32, en las dependencias del Ministerio de Salud de Bogotá.
Conviene recordar que Colombia no fue el único país que perdió dinero por cuenta del Tamiflu. Para varias fuentes la acción del ministro de Salud de entonces, Diego Palacio, condenado a seis años de cárcel por otros asuntos, fue hasta cierto punto prudente dado el mal pronóstico que difundía la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Luego, en 2010, dos semanas después de salir de Roche, saltó de nuevo a la esfera pública como director de Caprecom.
Abrigado por la impunidad reinante
Allí llegó de la mano del entonces ministro Mauricio Santamaría y del senador del Partido de la U Roy Barreras.
Según su versión, durante su paso por Caprecom, “depuró” la entidad en los frentes financieros y misionales.
Sin embargo, un investigador, cuenta que en la etapa de Urán y de José Ricardo Rodríguez Doncel, el director que lo sucedió en la dirección de la EPS, “degradaron todos los requisitos de contratación. Le metieron mano al reglamento de contratación de Caprecom con el argumento de que era una entidad que estaba compitiendo con entidades del sector privado, relajaron los principios de selección objetiva y transparencia”.
A los cuatro meses de entrar a la entidad, detalla otra fuente en un artículo publicado por La Liga contra el Silencio, Urán “elimina todos los soportes que debe tener un manual de contratación estatal en términos de la Ley 80. Eso da vía libre para que todo se adjudique a dedo y una serie de empresas como Distritodo y Farmared empiecen extrañamente a verse beneficiadas de manera repetida”.
El desfalco, en ese periodo, también corrió por cuenta de un puñado de ocho o diez cooperativas agrupadas bajo el paraguas de una entidad fantasma bautizada como Cooperamos. “Toda la contratación se le entregaba a ese grupo”, indica un investigador, “donde se encontró una nómina paralela de cientos de contratistas y servicios tercerizados por parte de Caprecom a Cooperamos. Todos los temas de papelería, de ambulancias, los temas logísticos y los temas administrativos se los entregaron en contratos directos”.
Urán sostiene que todas las investigaciones en su contra «fueron concluidas».
Las denuncias y quejas relacionadas con el manual de contratación se radicaron en 2012 ante la Fiscalía y la Contraloría. A día de hoy, según abogados enterados del caso, las investigaciones en Fiscalía no han sido “impulsadas”. Tampoco han sido citados para responder por su responsabilidad ni Mario Andrés Urán ni José Ricardo Rodríguez Doncel.
La Liga Contra el Silencio encontró en los servicios de información de la rama judicial que Urán también tiene una sanción por desacato de 2011.
En consecuencia y conocido su talante de ‘camaleón’, seguro no le faltaron razones al ahora exsuperintendente Luis Carlos Leal para mencionar a Urán en todo el entramado de corrupción en las mencionadas EPS.
También se habla de una lucha interna por el poder entre funcionarios cercanos al presidente Gustavo Petro. Entre otras, que Beatriz Eugenia Gómez, esposa del actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien trabaja en la Superintendencia desde septiembre de 2022, asumió un papel de mucha relevancia en las decisiones de las investigaciones a los actores del sistema.
Y según algunas voces, también habría intervenido en la salida de Leal de la Supersalud.
Por lo pronto Urán se apresta a enfrentar las acusaciones de corrupción que se le abrieron. Pero, parece poco probable que reciba alguna condena, y es más factible que también salga airoso de este nuevo escándalo de corrupción que lo involucra.
Conclusión: un sistema atrapado en su propia Matrix
El caso de las EPS intervenidas es solo un ejemplo de cómo la corrupción se reproduce en el país como un virus que muta y se adapta. Las intervenciones, los controles y las denuncias parecen ser parte de un ciclo interminable de impunidad. Es hora de que Colombia despierte y rompa con esta Matrix de corrupción que devora los recursos públicos y la confianza de los ciudadanos.
