El Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó una sentencia que obliga al municipio de Fundación a tomar medidas urgentes para proteger a miles de habitantes de cinco barrios que han sufrido graves inundaciones desde 2014. La decisión, emitida el 4 de septiembre de 2024, ratifica el fallo de primera instancia que determinó la vulneración del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres.
Los barrios Ariguaní, Las Tablitas, Paz del Río, Chimila y La Feria han estado expuestos durante casi una década a inundaciones causadas por el desbordamiento del río San Agustín. A pesar de múltiples peticiones ciudadanas y el respaldo de entidades como la Presidencia de la República y la Procuraduría General de la Nación, el municipio no ha implementado soluciones definitivas.
La administración municipal intentó argumentar que había superado la problemática mediante un contrato de obra pública por $2.368 millones firmado en 2018. Sin embargo, el Tribunal consideró que presentar únicamente el contrato, sin evidencia de su ejecución, era insuficiente para demostrar que el riesgo había sido mitigado.
«No basta con solo anunciarlo sino obligatoriamente debió acreditarlo«, señaló la magistrada ponente Elsa Mireya Reyes Castellanos en el fallo, destacando la falta de informes de interventoría u otra documentación que probara la realización efectiva de las obras.
El caso se remonta a octubre de 2014, cuando fuertes lluvias causaron graves inundaciones en la zona. Los habitantes denunciaron que el deficiente mantenimiento del cauce del río por parte de las autoridades locales agravó la situación, permitiendo la acumulación de sedimentos y escombros que aumentaron el impacto de las avalanchas.
La sentencia ordena al alcalde de Fundación gestionar los recursos necesarios para la construcción del muro de contención, el dragado del río y la implementación de otras medidas técnicas recomendadas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Una vez obtenidos los fondos, el municipio tendrá seis meses para ejecutar las obras.
Para garantizar el cumplimiento de la sentencia, se conformará un comité de verificación integrado por representantes de la comunidad, autoridades locales y organismos de control. Este caso evidencia las consecuencias de la inacción administrativa en la gestión del riesgo y la importancia de las acciones populares como mecanismo para proteger los derechos colectivos.
La corrupción en Fundación: un muro de contención que nunca se construyó
En Fundación, Magdalena, la corrupción y la negligencia han dejado a la comunidad expuesta a desastres naturales que podrían haberse evitado. La historia de un muro de contención que nunca se construyó es un reflejo de cómo la mala gestión de recursos y la falta de acción de las autoridades pueden tener consecuencias devastadoras para los ciudadanos.
El proyecto que nunca fue
En 2014, la comunidad de Fundación, Magdalena, enfrentó graves inundaciones debido a las torrenciales lluvias que causaron destrozos significativos en barrios como Ariguaní, Las Tablitas, Paz del Río, Chimila y la Feria. La administración municipal, en lugar de tomar medidas preventivas, se limitó a elaborar un proyecto de prevención de desastres que nunca se llevó a cabo. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había establecido un presupuesto para la construcción de un muro de contención, pero las acciones necesarias no se tomaron.
La negligencia que costó vidas
La falta de acción de la administración municipal y la negligencia de las autoridades locales resultaron en la pérdida de vidas y propiedades. Las grandes avalanchas que se originaron en la sierra donde nace el río San Agustín fueron las principales causantes del desastre en Fundación Magdalena. La defectuosa gestión del cauce del río permitió que las avalanchas arrastraran sedimentos, árboles, basura, piedras y otros escombros, provocando graves destrozos.
El papel de las autoridades
La UNGRD y otras entidades como la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación respondieron favorablemente a las peticiones de la comunidad para la construcción del muro y la socialización del proyecto. Sin embargo, la administración local no tomó ninguna acción. La falta de voluntad política para ejecutar las disposiciones necesarias para evitar futuras calamidades es un reflejo de la negligencia institucional que caracteriza a Fundación.
La responsabilidad compartida
La comunidad de Fundación no es la única responsable de la gestión del riesgo. La Constitución Política de 1991 consagra una serie de derechos colectivos, incluyendo el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. La administración municipal tiene la obligación de tomar medidas preventivas para proteger a los ciudadanos, pero en Fundación, esta responsabilidad ha sido ignorada.
El costo de la corrupción y la negligencia
La falta de acción de la administración municipal y la negligencia de las autoridades locales han tenido consecuencias graves para la comunidad de Fundación. La pérdida de vidas y propiedades es un recordatorio de la importancia de la gestión responsable de los recursos y la necesidad de tomar medidas preventivas para proteger a los ciudadanos.
Conclusión: una llamada a la acción
El caso del muro de contención que nunca se construyó en Fundación es un recordatorio de la importancia de la gestión responsable de los recursos y la necesidad de tomar medidas preventivas para proteger a los ciudadanos. La corrupción y la negligencia no solo tienen consecuencias económicas, sino que también ponen en riesgo la vida y el bienestar de las comunidades. Es hora de que las autoridades tomen acción y cumplan con su responsabilidad de proteger a los ciudadanos.
¿Estamos listos para enfrentar la verdad y exigir el cambio que Fundación necesita? La respuesta está en nuestras manos.
