El Ministerio ordenó proteger la protesta pacífica. La respuesta de la Universidad del Atlántico fue convocar una contramanifestación obligatoria con hachas y puños.
La pedagogía del hacha: lecciones de «normalidad» en Bellas Artes
Hay algo profundamente obsceno en la escena: un patrimonio cultural recién restaurado convertido en campo de batalla, estudiantes perseguidos con objetos cortopunzantes, un decano amenazado y burlado públicamente, todo mientras el rector cuya gestión está bajo escrutinio ministerial decide que la mejor respuesta a una orden de proteger la protesta pacífica es… convocar una contramanifestación obligatoria.
Bienvenidos a la Universidad del Atlántico de Leyton Barrios, donde «continuidad académica» es un eufemismo para «intimidación sistemática» y donde la respuesta institucional a las denuncias de violencia es programar más violencia, pero esta vez con nómina.
El 26 de noviembre, el Ministerio de Educación Nacional fue claro en su comunicación 2025-EE-350542: debían adoptarse «medidas administrativas idóneas para salvaguardar la integridad de quienes participan en la asamblea permanente u otras formas de manifestación, evitando cualquier forma de hostigamiento, estigmatización o interferencia indebida«.
La traducción institucional de Barrios a esta orden ministerial llegó 24 horas después: convocar, «por instrucción del Jefe de Talento Humano«, a todos los contratistas y docentes para «impulsar la continuidad de actividades académicas» en Bellas Artes. Misma fecha. Misma hora que la asamblea multiestamentaria convocada por los sindicatos. Convocatoria obligatoria.
¿Casualidad? Solo si también es casualidad que esa «normalidad académica» incluya el porte de hachas, agresiones físicas y verbales, y lo que el propio Ministerio calificó como «actos de sabotaje a la manifestación pacífica«.
El sistema que opera en las sombras
Aquí está la ingeniería del terror institucional en su forma más pura: cuando no puedes ganar el debate, secuestras el espacio. Cuando no puedes convencer, intimidas. Cuando te ordenan proteger el derecho a la protesta, organizas una contraprotesta con tu planilla de contratistas —esa misma que depende de tu firma para su supervivencia económica— y los enviás a «defender la universidad«.
Porque así funciona esta maquinaria: la dependencia económica se convierte en lealtad forzada, la lealtad forzada en brazo armado, y el brazo armado en «espontánea defensa de la institucionalidad«. Todo perfectamente documentado, todo perfectamente negable.
El edificio patrimonial de Bellas Artes —ese que «ha costado levantar, que ha costado ser reconstruido«— no fue atacado por vándalos externos ni por estudiantes descontrolados. Fue sitiado por una estructura de poder que entiende que en Colombia, históricamente, quien controla el espacio físico controla la narrativa. Y quien controla la narrativa, controla la verdad institucional.
La pregunta no es si Leyton Barrios leyó el comunicado del Ministerio. La pregunta es si lo leyó como advertencia o como instructivo.
Los actores y sus roles: la jerarquía de la impunidad
En la cúspide está Leyton Daniel Barrios Torres, rector cuya «responsabilidad de la dirección administrativa y académica» —según el artículo 28 de los Estatutos— incluye, aparentemente, decidir que la mejor estrategia ante denuncias de violencia es programar más violencia institucional.
Un peldaño abajo, el Jefe de Talento Humano, cuya identidad el Ministerio menciona sin nombrar, pero cuya instrucción para convocar obligatoriamente a contratistas y docentes queda documentada. Ese funcionario que entiende que «talento humano» puede significar, en ciertas coyunturas, «recurso humano disponible para confrontación«.
Después están los contratistas —esos cuya estabilidad laboral depende de renovaciones anuales, de buenas relaciones con la administración, de no hacer olas— convocados a «impulsar la continuidad«. ¿Impulsar con qué? Con su presencia obligatoria en el mismo espacio y momento donde se realiza una manifestación que cuestiona precisamente a quien firma sus contratos.
Y finalmente, los «inadaptados mercenarios y politiqueros» de las redes sociales: estudiantes y contratistas que defienden a Barrios con una devoción que solo puede explicarse entendiendo que en esta universidad, la lealtad al rector no es opcional cuando tu futuro académico o laboral depende de su benevolencia.
El impacto real: cuando el patrimonio se convierte en campo de batalla
Juan David González, Decano de Bellas Artes, no fue amenazado en un callejón oscuro ni en un encuentro fortuito. Fue amenazado y burlado «por parte de estudiantes y contratistas defensores de la Administración de Leyton Barrios«. En su propia facultad. En un edificio patrimonial que representa décadas de inversión pública.
Los estudiantes que rechazan la continuidad de Barrios no fueron dispersados por la Policía ni desalojados por orden judicial. Fueron atacados con objetos cortopunzantes, perseguidos, golpeados. Por otros miembros de su propia comunidad universitaria.
La sede de Bellas Artes no fue vandalizada por manifestantes. Fue convertida en escenario de «batalla campal» —palabras de los propios reportes— entre dos bandos que deberían estar discutiendo en asambleas democráticas, no repartiéndose golpes en pasillos patrimoniales.
Cada puño que se levantó en Bellas Artes no solo golpeó a un estudiante o a un trabajador. Golpeó el principio constitucional de participación democrática que el propio Ministerio recordó en su comunicado: ese artículo 68 que establece que «la comunidad educativa debe participar en la dirección de las Instituciones de Educación Superior«.
¿Cómo participás democráticamente cuando participar puede significar que te persigan con un hacha?
El sistema que lo permite: la arquitectura de la impunidad universitaria
El Ministerio no envió su segundo comunicado el 27 de noviembre por gusto. Lo envió porque su primera advertencia fue interpretada no como orden sino como sugerencia. Porque en el ecosistema universitario colombiano, particularmente en universidades regionales donde los rectores acumulan poder político y económico durante años, las «fijaciones de condiciones» ministeriales tienen la fuerza vinculante que el rector de turno decida otorgarles.
Leyton Barrios es «la primera autoridad ejecutiva» de la Universidad del Atlántico. Tiene a su cargo «garantizar las condiciones de seguridad en la institución y la protección a los derechos fundamentales«. El Ministerio se lo recordó dos veces en 48 horas.
Su respuesta fue convocar una contramanifestación obligatoria que terminó exactamente como todos sabían que terminaría: en violencia.
Esto no es incompetencia. Esto es estrategia.
Porque cuando la administración pierde legitimidad académica, cuando los sindicatos la cuestionan, cuando el Ministerio interviene, cuando la comunidad se moviliza, solo queda una carta por jugar: convertir la crisis política en crisis de seguridad. Transformar el debate sobre gestión en narrativa sobre «vandalismo«. Hacer que la pregunta deje de ser «¿debe continuar Leyton Barrios?» para convertirse en «¿quién es responsable de la violencia?«.
Y en esa nueva pregunta, la administración siempre puede encontrar culpables externos. Los «infiltrados«. Los «politiqueros«. Los «inadaptados«. Nunca los contratistas convocados obligatoriamente. Nunca el Jefe de Talento Humano que giró la instrucción. Nunca el rector que permite que su administración responda a órdenes ministeriales de proteger la protesta convocando a quienes dependen económicamente de él para que ocupen el mismo espacio que los manifestantes.
La pregunta que nadie hace: ¿para qué sirve una universidad sin libertad?
El edificio de Bellas Artes seguirá en pie cuando termine esta crisis. Será restaurado, será reocupado, volverá a albergar clases y talleres y exposiciones.
Pero la pregunta es: ¿qué se enseña en un aula donde estudiantes y profesores saben que disentir puede significar ser perseguido con un hacha? ¿Qué tipo de «talento humano» se forma en una institución donde la lealtad al rector vale más que la libertad de cátedra? ¿Qué clase de ciudadanía se construye en un espacio donde la respuesta institucional a la protesta pacífica es la confrontación organizada?
Las universidades públicas no son solo espacios de transmisión de conocimiento. Son laboratorios de democracia. Lugares donde se aprende —o se debería aprender— que el disenso no es traición, que la crítica no es vandalismo, que exigir rendición de cuentas no es inadaptación.
Cuando una administración universitaria responde al ejercicio legítimo del derecho a la protesta con intimidación sistemática, no solo viola derechos fundamentales. Enseña una lección mucho más peligrosa: que el poder se defiende con violencia, no con argumentos. Que la autoridad se impone con miedo, no con legitimidad. Que en esta institucionalidad, como en tantas otras de este país, quien tiene el control del aparato administrativo puede hacer lo que quiera con las «fijaciones de condiciones» ministeriales.
¿Es posible construir conocimiento crítico en un ambiente de terror? ¿Es viable la excelencia académica cuando la energía institucional se dedica a sofocar el disenso en lugar de gestionarlo democráticamente? ¿Qué futuro tiene una universidad que forma profesionales en la pedagogía del silencio?
La Universidad del Atlántico no está atravesando «una de sus peores crisis» por la protesta estudiantil y sindical. Está atravesando su peor crisis porque su administración eligió responder a esa protesta con hachas en lugar de con diálogo. Porque interpretó «garantizar condiciones de seguridad» como «neutralizar la disidencia mediante intimidación organizada».
Y lo más aterrador no es que haya sucedido. Es que fue programado. Convocado. Documentado. Con instrucción del Jefe de Talento Humano. Con asistencia obligatoria. En el mismo momento y lugar que la asamblea que debían proteger.
El Ministerio puede enviar todos los comunicados que quiera. Puede reiterar todas las condiciones que considere necesarias. Pero mientras el poder real en la Universidad del Atlántico siga estando en manos de quien cree que «normalidad académica» se impone con contratistas armados y convocatorias obligatorias, cada comunicado será solo un documento más para el archivo de la impunidad institucional.
Porque en esta universidad, como en tantas instituciones colombianas, la pregunta nunca fue si el sistema funciona mal. La pregunta siempre fue: ¿para quién funciona?
Y los estudiantes perseguidos con objetos cortopunzantes en Bellas Artes ya tienen su respuesta.
