Odebrecht, peculado y sobrecostos: el historial criminal del único consorcio que se presentó a licitar $634 mil millones en Caldas
Mientras en Caldas se ilusionan con un aeropuerto que promete desarrollo y progreso, en Bogotá se cierra silenciosamente una licitación de $634 mil millones con un detalle inquietante: solo se presentó un oferente. Pero no cualquier oferente. Se trata de un consorcio conformado por dos empresas cuyo historial criminal haría sonrojar hasta al corrupto más descarado. Bienvenidos al Ciclo Secreto de la contratación estatal colombiana, donde los mismos de siempre vuelven una y otra vez, como si la impunidad fuera un derecho adquirido.
El presidente Gustavo Petro anunció en agosto de 2024, con bombos y platillos, la licitación para construir la primera fase del llamado Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas. El Ministerio de Transporte, optimista hasta la ingenuidad, aseguró que más de 15 empresas nacionales e internacionales habían manifestado su interés. Pero cuando llegó el momento de la verdad —el cierre de propuestas el 13 de noviembre— resultó que solo un consorcio tuvo el «coraje» de presentarse: el Consorcio Aeropuerto del Café SK, conformado por KMA Construcciones S.A.S (66%) y Solarte Nacional de Construcciones – Sonacol (34%).
¿Casualidad? No. Sistema Silencioso en pleno funcionamiento.
KMA Construcciones: El apellido Odebrecht como herencia
Hablemos primero de KMA Construcciones S.A.S., la joya de la corona del empresario Menzel Amín Bajaire y su hijo Menzel Amín Avendaño. Esta firma no solo está vinculada al escándalo de Odebrecht y la concesión Ruta del Sol II —ese monumento a la corrupción transnacional que nos costó miles de millones de dólares y varios funcionarios presos— sino que ha acumulado un historial digno de estudio criminológico.
La Fiscalía General de la Nación le reactivó en 2023 un proceso penal a Menzel Amín Avendaño por su participación en el escándalo Odebrecht. Actualmente, un juzgado especializado de Bogotá adelanta un proceso de extinción de dominio contra el empresario. Pero mientras tanto, su empresa sigue operando, sigue contratando, sigue manejando recursos públicos. ¿Cómo? Porque el sistema lo permite. Porque en Colombia, estar investigado por corrupción no es impedimento para seguir alimentándose del erario.
KMA Construcciones controla 35 peajes en Colombia y ha tenido a cargo siete concesiones viales, entre ellas la propia Ruta del Sol 2, que irónicamente le fue adjudicada en mayo de 2022 en reemplazo de Odebrecht. Es decir, el Estado colombiano sacó a una firma corrupta brasileña para meter a una firma corrupta colombiana. Cambio de uniforme, mismo partido.
Pero espere, hay más. KMA Construcciones ha sido objeto de múltiples demandas judiciales por incumplimiento de contratos, irregularidades en el manejo de recursos y demoras sistemáticas en la entrega de obras. No estamos hablando de retrasos de una semana. Hablamos de proyectos que se arrastran años, sobrecostos que se duplican y comunidades que esperan eternamente mientras los contratos se «renegocian» una y otra vez.
Y aun así, aquí están, ofertando para construir un aeropuerto. Porque en la Red Subterránea de la contratación estatal colombiana, el historial criminal no es un estigma, es un currículum.
Sonacol: Peculado, principio de oportunidad y vuelta al ruedo
Si pensaba que KMA era el único problema, permítame presentarle a su socio: Solarte Nacional de Construcciones – Sonacol. Esta firma fue acusada en 2021 por la Fiscalía de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tras la revelación de presuntas irregularidades en la apropiación de anticipos por más de $8.000 millones de pesos en un proyecto en Antioquia.
¿Fueron a la cárcel? No. Se acogieron al principio de oportunidad. Ese mecanismo legal que en Colombia permite que los corruptos negocien su libertad a cambio de devolver una fracción de lo robado, contar algunas verdades convenientes y prometer no volver a hacerlo. Spoiler: siempre lo vuelven a hacer.
Sonacol también estuvo en el Consorcio Vial Puerta del Sol, responsable del desastroso corredor vial San Gil–Charalá–Límites. Un contrato que originalmente era de $113.000 millones terminó costando $147.000 millones. Sobrecostos del 30%. Una obra que debía tardar dos años, terminó arrastrándose durante más de cinco. Comunidades enteras esperando una vía decente mientras los recursos se «reajustaban» misteriosamente.
Y ahora, esta misma firma, con su historial de peculado negociado y sobrecostos estratosféricos, se presenta como socio minoritario (34%) en la licitación del Aeropuerto del Café. Porque en Colombia, la impunidad no es la excepción. Es la regla.
El Patrón que nadie quiere ver
Aquí está el verdadero escándalo, el que va más allá de los nombres y los números: el sistema está diseñado para que esto siga sucediendo. No es un error. No es una coincidencia. Es un Ciclo Secreto perfectamente aceitado donde los mismos actores corruptos vuelven una y otra vez porque saben que nadie los va a detener.
Piénselo: más de 15 empresas dijeron estar interesadas en la licitación del Aeropuerto del Café. Pero cuando llegó el momento de presentar propuestas, solo apareció un consorcio. ¿Por qué? Porque las empresas serias, las que realmente quieren construir sin robar, las que tienen reputación internacional que cuidar, miran el panorama colombiano y huyen. Saben que competir contra empresas que operan en la sombra, que tienen conexiones políticas, que manejan anticipos como si fueran suyos y que negocian su impunidad con fiscales, es una batalla perdida.
Entonces se retiran. Y quedan los de siempre. Los que saben cómo funciona el juego. Los que tienen los contactos. Los que han perfeccionado el arte de robar sin consecuencias.
Este no es solo el caso del Aeropuerto del Café. Es el patrón de toda la contratación estatal en Colombia:
- Se anuncia una licitación millonaria
- Se genera expectativa mediática
- Misteriosamente, solo se presentan uno o dos oferentes
- Esos oferentes tienen historiales cuestionables
- Se adjudica el contrato
- Empiezan los sobrecostos y las demoras
- Nadie va preso
- El ciclo se repite
El costo real de la impunidad
Mientras escribimos esto, $634.275.135.745 pesos están a punto de ser entregados a un consorcio conformado por una empresa vinculada a Odebrecht con proceso de extinción de dominio activo, y otra acusada de peculado que se acogió al principio de oportunidad. ¿Qué podría salir mal?
Todo.
Porque cuando entregas recursos públicos a quienes ya demostraron que no les importa desviuarlos, no estás construyendo un aeropuerto. Estás financiando el siguiente escándalo. Estás garantizando sobrecostos. Estás asegurando que en dos años estaremos hablando de demoras, de anticipos mal utilizados, de obras inconclusas.
Y lo peor: estás diciéndole a las empresas serias que no vale la pena competir en Colombia. Que el sistema está capturado. Que la Red Subterránea de corrupción es más poderosa que la ley.
Las Preguntas que nadie hace
¿Por qué el Ministerio de Transporte no hizo públicos los nombres de las supuestas 15 empresas «interesadas»? ¿Por qué ninguna de ellas se presentó finalmente? ¿Hubo presiones? ¿Amenazas? ¿O simplemente el olor a corrupción las ahuyentó?
¿Cómo es posible que una empresa con proceso de extinción de dominio activo pueda seguir contratando con el Estado? ¿Dónde están los filtros? ¿Dónde están las inhabilidades? ¿O es que en Colombia tener un proceso penal activo es solo un detalle menor?
¿Qué va a pasar cuando, dentro de dos años, el Aeropuerto del Café lleve un 40% de avance, un 200% de sobrecostos y KMA o Sonacol pidan «reajustes» porque «las condiciones del terreno eran más complejas de lo previsto«?
¿Quién va a responder cuando descubramos que los anticipos se utilizaron para otros fines? ¿Cuando resulte que las obras no cumplen con las especificaciones técnicas? ¿Cuando la comunidad de Caldas descubra que les vendieron un sueño y les entregaron una pesadilla sobrefacturada?
El Silencio Cómplice
Y mientras todo esto sucede, el silencio es ensordecedor. No hay investigaciones periodísticas profundas. No hay movilizaciones ciudadanas. No hay control político efectivo. El Congreso guarda silencio. Los medios tradicionales publican la nota de adjudicación como si fuera un logro, sin investigar quiénes son realmente los beneficiados.
Porque así funciona el Sistema Silencioso: en la superficie todo parece normal. Hay licitaciones, hay transparencia, hay procesos. Pero debajo, en la red invisible de conexiones, favores y complicidades, los mismos de siempre se reparten el pastel.
Y nosotros, los ciudadanos de a pie, pagamos la cuenta. Literal. Con nuestros impuestos. Con servicios públicos deficientes. Con infraestructura que nunca llega. Con la certeza amarga de que, sin importar quién gobierne, los corruptos siguen ganando.
La Pregunta Final
¿Es este el aeropuerto que merece Caldas? ¿O es simplemente otro capítulo en la historia interminable de corrupción estructural que sangra a Colombia?
Porque no se trata solo de un aeropuerto. Se trata de un sistema que premia la impunidad, que protege a los corruptos, que permite que empresas con historiales criminales sigan alimentándose del erario mientras las comunidades esperan eternamente por el desarrollo prometido.
El Aeropuerto del Café debería ser un símbolo de progreso para Caldas. Pero con estos actores, con este historial, con este patrón repetitivo de corrupción institucionalizada, corre el riesgo de convertirse en un símbolo más de lo que está profundamente roto en Colombia.
Y mientras no rompamos el Ciclo Secreto, mientras no desmantelemos la Red Subterránea, mientras no enfrentemos al Sistema Silencioso, seguiremos viendo los mismos nombres, los mismos escándalos, los mismos resultados.
Porque en Colombia, la corrupción no se combate. Se recicla.
¿Hasta cuándo?
Este artículo forma parte de la cobertura permanente de corrupcionaldia.com sobre la contratación estatal en Colombia y los patrones sistemáticos de impunidad que perpetúan el desvío de recursos públicos.
