La polémica que se ha desatado en Bogotá por el contrato que la Alcaldía le adjudicó a la firma Conconcreto para construir las aceras y ciclorrutas a lo largo de la calle 116 entre la carrera novena y la Avenida Boyacá, por más de $40 mil millones de pesos, lo que deja ver es que en este país las sanciones y multas por conductas corruptas no tienen ningún peso en la hoja de vida ni de una persona, ni de una empresa.
Las críticas a la administración de Claudia López surgen porque Conconcreto hace parte del consorcio envuelto en el escándalo de la construcción de Hidroituango que tiene un cuantioso sobrecosto. Conconcreto forma parte del Consorcio CCC con un 35 % (los brasileños Camargo Correa con el 55 %, y Coninsa Ramón H con el 10%).
El contrato se suscribió por valor de $40.890.789.547.00, para las obras de la calle 116 entre carrera Novena hasta la Autopista Norte y desde la calle 116 con avenida Boyacá hasta la Autopista Norte.
Para defender su actuación el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) del Distrito, indicó que “conforme a los procedimientos y verificación de las sanciones e incumplimientos en el Registro Único Empresarial RUES (registro en el que las entidades están en la obligación de registrar sanciones e incumplimientos), se constató que a la fecha de adjudicación de la licitación Pública IDU-LP-SGI-008-2020, la empresa Constructora Conconcreto S.A. no reportó sanción o incumplimiento alguno”.
Y reiteró que: “Por ende no se dan los presupuestos de ley para considerar que la citada empresa estuviera incursa en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad. El IDU hará seguimiento permanente tanto a posibles incumplimientos y acciones judiciales que tenga el contratista, como a la ejecución del contrato con el fin de mitigar cualquier riesgo contractual que pueda poner en riesgo la ejecución y los recursos públicos”.
Además agrega el IDU que “la licitación fue un proceso competitivo, con 20 firmas participando y pluralidad de oferentes. Durante su desarrollo no se dio ningún cuestionamiento, ni durante la adjudicación, realizada en audiencia pública”.
El tiempo estimado para este trabajo, que se pagará con recursos de valorización, es de 24 meses; el corredor, tendrá una longitud de 3,3 kilómetros.
Pero lo que no entra a aclarar el IDU y que ratifica que en Colombia, a los contratistas que infringen las leyes y normas para de manera corrupta hacerse al dinero público, nada les impide seguir una y otra vez haciéndolo, es que Conconcreto se ha visto envuelta desde ya hace algún tiempo en cuestionables actuaciones contractuales.
En el 2017 empezaron las dificultades legales cuando la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC le impuso una multa por $368 millones de pesos por el incumplimiento el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retie), específicamente en la construcción del Hotel Estelar Cartagena de Indias a lo cual la empresa interpuso los recursos de ley.
Luego en julio de 2019, la misma SIC les impuso la millonaria multa por 21.601 millones de pesos, luego de comprobarse que la empresa incumplió instrucciones y no ayudó en la investigación del órgano sancionador, por presuntas prácticas anticompetitivas dentro del proceso de selección que llevó a la adjudicación del tercer carril Bogotá – Girardot; proceso que aún sigue en curso y al cual Conconcreto S.A. sigue vinculado.
La Superintendencia inició esta investigación en el 2018 y cabía la posibilidad de que la firma recibiera una sanción de $78.000 millones de pesos por “posible omisión de acatar en debida forma, las solicitudes de información efectuadas por dicha entidad, sus órdenes o instrucciones”, por prácticas restrictivas de la competencia.
Esa mismo proceso licitatorio del tercer carril Bogotá-Giradot, se mantiene bajo investigación por parte de la Fiscalía, por el delito de colusión, es decir supuestamente haber realizado acuerdos anticompetitivos para direccionar dicha licitación pública, tanto al presidente de Conconcreto Juan Luis Aristizabal, como al expresidente de Conalvías, Andrés Jaramillo (preso desde febrero de 2017 por cargos de interés indebido y peculado por apropiación en el carrusel de la contratación en Bogotá).
La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, entregó en agosto de 2016 la construcción de la obra mediante Asociación Público Privada – APP, al consorcio Estructura Plural Vías a Girardot, conformado por las empresas Constructora Conconcreto (75 %) e Industrial Conconcreto (25 %), por un monto $ 2.4 billones de pesos. La Fiscalía investiga si Estructura Plural se alió con su competidor, Concesionaria Vías del Desarrollo (conformada por Benton SAS y China Gezhouba Group Company) para quedarse con el contrato.
Para la época, fue el propio vicepresidente German Vargas Lleras quien prendió las alarmas. Según su denuncia, el consorcio chino presentó una oferta el 68,8% más baja del valor propuesto: “Esta propuesta generó una presión a la baja sobre el valor medio, lo cual pudo resultar ser determinante para favorecer a Estructura Plural Vías a Girardot”. En la actualidad, mediante una reconfiguración societaria, esta concesión a 30 años, esta a cargo del contratista Vía 40 Express conformado en un 25 % de Constructora Conconcreto, un 25 % de Industrial Conconcreto y un 50 % de la francesa Vinci Highways.
Pese a todos estos antecedentes, el gobierno de Claudia López le adjudicó el pasado mes de enero a Conconcreto S. las obras de dos de los nueve contratos que componen la licitación de los trabajos de la carrera 68 para Transmilenio.
A Conconcreto le adjudicaron el tramo 5: entre la calle 46 hasta la avenida calle 66 por valor de 216 mil 363 millones de pesos. Y el tramo 8 entre la carrera 65 hasta la carrera 48 por 207 mil 527 millones de pesos.
Es decir que el Distrito le asignó $423.890 millones de pesos de los 3.2 billones licitados por el Distrito para el megaproyecto.
Y ahora vuelve a premiarlo con el contrato de los andenes.
En resumen pareciera que en Colombia da mejor fama ser sancionado o investigado que no serlo.
