A comienzos de junio, medios alternativos sacudieron el panorama al revelar una denuncia interpuesta ante la Superintendencia de Industria y Comercio contra la infame empresa de energía Air-e.

El informe apunta a que la empresa, controlada por Alberto Ríos Velilla, se embolsó jugosos beneficios mediante una licitación pública que excluyó a otras empresas, resultando en una autocompra de energía a precios exorbitantes.

Air-e, que distribuye energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira, lanzó una convocatoria pública en febrero para cubrir la demanda de energía entre marzo de 2024 y diciembre de 2026. Pero, ¡sorpresa! Los requisitos ridículamente estrictos ahuyentaron a todos los oferentes, dejando el campo libre para su filial, Air-e Generador.

Sí, leíste bien. Air-e se compró energía a sí misma a $689 por kilovatio hora, mientras que el precio promedio del mercado era de $311. Esta jugada maquiavélica promete disparar las facturas de los usuarios finales. Según documentos filtrados, 600,000 usuarios pagarán tarifas altísimas en 2024, cifra que podría elevarse a 2.5 millones para 2026.

Air-e, que no pierde oportunidad para señalar a los usuarios que supuestamente le roban energía, ahora enfrenta acusaciones de ser igual de fraudulenta. Enfrentan un proceso por prácticas anticompetitivas y aumentos artificiales de tarifas.

Expertos afirman que Air-e intenta redistribuir sus pérdidas contables, debido a la falta de pagos y robo de energía, entre todos los colombianos. Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, señaló que la situación tarifaria en la costa Caribe es estructural, influenciada por la densidad de población y el clima cálido.

Aunque Air-e se defiende, alegando que las condiciones de la convocatoria fueron justas y que no limitaron la competencia, los hechos sugieren lo contrario. Además, defienden que el alto costo de la energía comprada no se trasladará completamente a los usuarios, pero la realidad parece ser otra.

Y como si fuera poco, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) también denunció a Air-e por fraude. La empresa habría declarado inversiones para mejorar el servicio que nunca realizó, cargando estos costos al usuario final.

Según la CREG, Air-e reportó cifras infladas de inversiones a la autoridad, permitiendo cobrar más en la facturación. En 2023, Air-e afirmó haber invertido 81,190 millones de pesos, pero al LAC le reportó 183,609 millones.

En resumen, Air-e manipula la regulación de inversiones para seguir estafando a sus usuarios. Las quejas por las tarifas abusivas y la pésima calidad del servicio son constantes, provocando marchas y protestas en varias ciudades.

La corrupción y el fraude de Air-e en el sector energético del Caribe exigen una respuesta contundente. Los usuarios merecen justicia y un servicio digno.

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