Por: Adlai Stevenson Samper
La crisis de la pandemia ha desatado en políticos, banqueros, industriales y comerciantes un instinto desaforado de sacar partido económico a través de diversos métodos legales e ilegales.
El marco legal de la emergencia permite que se “abran” controles políticos sobre presupuestos en donde cada quien pide un reparto de la tajada sin importar si tal “petición” se hace a través de trifulcas, tal sucedió hace poco entre un senador y un ex secretario de salud de Soledad cuyo trasfondo real es un contrato de $3000 millones de pesos o usando argumentación legalista escenográfica.
La avalancha de denuncias e investigaciones sobre un asalto sistemático a presupuestos nacionales, departamentales, distritales y municipales no dan abasto para los entes de control que tratan en casos puntuales de colocar sanciones y en otras por compromisos y acuerdos de partidos políticos, miran con displicencia hacia otros lados. Para algunos analistas hay una especie de agujero negro en materia presupuestal que ronda por los 25 billones de pesos.
Los recursos solicitados para salud al recibirse rápidamente –estamos en emergencia, recuerden-, se dividen y al final lo que llega en asistencia a los ciudadanos son sumas ridículas e ínfimas sin mayor impacto socio económico. Por ejemplo, se conoció la semana pasada en Barranquilla un contrato interadministrativo de servicios profesionales , con la identificación CD-58 2020-0730, de la Gerencia integral para la administración y mantenimiento de la infraestructura física de los estadios deportivos de Barranquilla, describiendo la intervención como “desarrollo de acciones en Plan de Intervención Colectiva (PIC) dentro del marco de la salud pública y dar respuesta oportuna a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social mediante la resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 a raíz de la pandemia”.
Se preguntarán qué relación tienen los escenarios deportivos y la emergencia por la pandemia, máxime si se encuentran sin uso y fueron reconstruidos o refaccionados no hace más de dos años para los Juegos Centroamericanos del Caribe. La respuesta sería: ninguna, y ese criterio se reafirma al interior del contrato de $10.000 millones vía contratación directa a dedo limpio, con las verdaderas intenciones que es tener a tono, en una emergencia brutal tal es la pandemia, para que la ciudad pueda aspirar a que le otorguen la sede de los Juegos Panamericanos de 2027.
Un verdadero atentado en una ciudad cuyas finanzas se encuentran al debe, con la cuota más alta proporcionalmente de contagiados de covid 19 en Colombia con un promedio diario de 350 infectados y de 40 muertos. Veremos más delante de este reportaje, que por circunstancias similares se han sancionado y suspendido a alcaldes.
Es que el marco legal constitucional de la emergencia social facilita el desborde incontenible de la corrupción administrativa en todas sus posibilidades en donde los entes de control –en estado “normales” de la vida social del país con actitud laxa- no dan abasto persiguiendo; o tratando de hacerlo, a institutos, ministerios, alcaldes, gobernadores que sueltos de madrina, aprovechan la ganga para cumplir compromisos electorales y de cuotas para sus partidos políticos y amigos.
El Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 es el marco legal de entrada en este estado de emergencia actuando bajo las disposiciones de los artículos 212, 213 y 215 de la Constitución Política. Allí en ese decreto se encuentran las claves de la avalancha de corrupción y el gana gana desatado en toda la estructura del estado colombiano. Estos fondos de disposición para la emergencia son:
- Los recursos que se encuentran a cargo de la Nación y de las Entidades Territoriales, tales como el Fondo de Ahorro y Estabilización -FAE- del Sistema General de Regalías y el Fondo de Pensiones Territoriales -FONPET-, a título de préstamo o cualquier otro que se requiera.
- La creación del Fondo de Mitigación de Emergencias FOME con las subcuentas necesarias para atender las necesidades de atención en salud y los efectos adversos generados a la actividad productiva. Desde este fondo se manejan los recursos que demanda la emergencia.
- La adopción de medidas extraordinarias que permitan la reducción y optimización del capital de las entidades financieras con participación accionaria estatal. De allí la actual posibilidad de venta de participación estatal en empresa como Ecopetrol, apetecida por inversionistas por sus tasas de rentabilidad.
- La emisión de títulos y respaldar su emisión con destino a operaciones de liquidez con el Banco de República.
- Fortalecimiento del Fondo Nacional de Garantías.
- El gobierno se autoriza, así mismo, en la creación de un fondo –ya habían mencionado al FOME- así que este constituiría otro, con destino a la mitigación de la emergencia.
- La descapitalización de entidades financieras con participación estatal lo que implica colocar a la venta sus acciones.
- Medidas de carácter tributario.
Puede apreciarse que es un plato suculento en medio del trafago de una emergencia nunca antes vivida en tiempos recientes, tales disposiciones pues permiten a las volandas, con nulo control, operaciones que en tiempos de normalidad requieren una serie de procesos en el tiempo, tales como la venta de activos del estado (empresas, acciones y control) y en el caso de contratación la convocatoria a licitaciones con multiplicidad de oferentes. Contrario sensu, en la emergencia se adjudica a dedo limpio, sin exámenes rigurosos sobre trayectoria del vendedor en contratación directa. Gran parte de las investigaciones de la Procuraduría apuntan a ese tipo de contratos en la compra de mercaditos cuyo coste no pasa de $20.000 vendidos a al doble y el triple. Una verdadera feria de oportunidades usando los recursos destinados a la población vulnerable.
Apuntalando el Decreto 417 aparece el 418 indicando la autoridad absoluta en manejo del orden público de la presidencia de la republica tras precisas instrucciones por el Ministerio del Interior, previamente coordinadas con alcaldes y gobernadores. Después, en medio de las incoherencias y erráticas políticas del ejecutivo, seguidas además con absoluta devoción por algunos alcaldes y gobernadores, se dispondría exactamente todo lo contrario.
Ante la ola de denuncias y corrupción desatadas en las contrataciones en entidades de servicio público, en el desalmado sistema financiero sacando tajada, aparecieron medidas de corte macondiano desde el despacho de la Vicepresidencia de la República a cargo de Martha Lucía Ramírez, que olvidando todas las nociones de sindéresis, separación de poderes y contrapesos del estado colombiano plasmados en su constitución decide conformar una especie de “bloque de búsqueda” contra la corrupción liderado desde su despacho. Una especie de alta jefatura de los entes de control sobre sus hombros sin ningún soporte constitucional.
La fuente de la información es la misma vicepresidencia el 13 de abril de 2020, justo al mes de declarada el estado de emergencia y donde era evidente la rapiña sobre los presupuestos estatales en sus diversas instancias. Dice en tono triunfal la nota de prensa que se trata de “una unión sin precedentes, arranca la acción articulada de todas las autoridades que tienen la responsabilidad de luchar contra la corrupción, para poner freno y castigo a robos, sobrecostos o abusos en recursos para la contratación directa autorizada en medio de la emergencia sanitaria por el COVID-19”
Las líderes o coordinadoras de este pool anti corrupción serían la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y la Secretaria de Transparencia, Beatriz Elena Londoño Patiño y los entes que trabajarían bajo este esquema estarían constituidos por la Fiscalía General, Contraloría, Procuraduría, Función Pública y Colombia Compra Eficiente. Nadie le dijo a la vicepresidenta dentro de sus funciones no se encuentran la de coordinar entes de control.
Dio sus razones la vicepresidenta Ramírez:
“Se trata particularmente de articular competencias contra la corrupción; cada entidad va a implementar medidas que permiten castigar a los corruptos y blindar los recursos destinados a atender la emergncia sanitaria. Seremos inmisericordes en la persecución y castigo a quienes están robando recursos o que pretendan engañar a las comunidades. No habrá piedad para ladrones, usurpadores ni lugar donde puedan esconderse”.
La Secretaria de Transparencia Beatriz Elena Londoño hiló más fino y advirtió a “alcaldes, gobernadores y en general, funcionarios, que tengan a su cargo la ejecución de dineros públicos estarán obligados a reportar, sin falta, el minuto a minuto de la contratación, y a contratar cumpliendo la ley; sólo así mostrarán que actúan con total apego a los principios de transparencia e integridad. Tendrán ahora los ojos del control fiscal, disciplinario, administrativo y penal sobre ellos. Nuestra acción es rodear su actuar”.
No habían pasado unas horas después de esta declaratoria de buen gobierno por parte de la vicepresidencia y la secretaría de transparencia cuando el procurador, contralor y fiscal desmintieron rotundamente esta idea por abiertamente anti constitucional y que, además, colocaba en una especie de sumisión sus respectivos despachos por oficinas estatales sin competencia para ello.
La secretaria de transparencia, en ese momento dijo que había requerido a los gobernadores de los departamentos de Magdalena, Santander, Atlántico, Casanare, Sucre, Tolima, Norte de Santander, Arauca, Caldas y Cundinamarca, para “fines de investigación, la evidencia que soporta la contratación de emergencia que están llevando a cabo, y verificación del cumplimiento efectivo de la tarea de control interno, ante las alertas que evidencian la magnitud del riesgo en el cual se encuentran los dineros destinados para esta emergencia”. Se refiere a sobrecostos, repartición de mercados de forma irregular, cobros por retiro de subsidios y contratos sin ninguna relación con la causa sanitaria marco de la emergencia, por ejemplo, de construcción de imagen publicitaria del funcionario público.
En mayo el portal Infobae se informa que por corrupción y tráfico de medicamentos en medio de la pandemia en Colombia se investigan 56 contratos por USD 35 millones. Una buena cantidad, por cierto y solo en el rubro de compras de medicinas. Otros informes señalan que hasta ese mes estaban en plan de revisión 31.938 contratos. En las alcaldías habían por su parte 70 casos en 56 municipios, y en las entidades del orden nacional 24 expedientes.
Uno de estos expedientes de investigación es contra un miembro del gabinete presidencial, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, por presuntas irregularidades en Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, creada por el Gobierno Nacional para dar respuesta a la emergencia sanitaria. Según la Contraloría el ministro debe responder por la falta de control en los créditos subsidiados creados por el Gobierno, que destinó un total de 226 mil millones de pesos al sector. De estos los pequeños productores solo recibieron $4.200 millones, los medianos $8.300 millones y los grandes agroindustriales 213.566 millones concentrando el 90% de los recursos.
Tras las denuncias e investigaciones aparecieron los primeros sancionados con un ingrediente curioso de selectividad que obedece seguramente a presiones y lobbys de los que tienen mayor “vara alta”, mientras que las pulgas se le pegarían a los endebles o los que sostengan posiciones ideológicas diferentes tal es el caso Caicedo en el departamento del Magdalena. Algunos mandatarios fueron sancionados por irregularidades en la disposición de recursos públicos: el alcalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balcero; suspendido por un contrato suscrito con un comerciante de su municipio para repartir mercados que empezó por un monto de 15 millones de pesos y fue, lentamente, inflándose, hasta legar a los 396 millones de pesos.
El caso del gobernador Ariel Palacios, de Chocó, participó en la firma de un contrato por $2000 millones de pesos hecho, según la Procuraduría, sin el cumplimiento de las normas de contratación. Su objeto era realizar actividades relacionadas con jornadas educativas de dos horas sobre temas de limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado, salud mental, lactancia materna, sexualidad, prevención de enfermedades y tuberculosis, todas estas enfocadas en el Covid-19. Para la Procuraduría, estas actividades no eran prioritarias en un departamento pobre de recursos y con necesidades concretas en materia de seguridad alimentaria, el pago de los salarios y la dotación de insumos al personal médico.
Otra investigada y sancionada fue la alcaldesa de El Socorro, Santander, Claudia Luz Alba Porras, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos por más de $325 millones de pesos. Según el Procurador “Se investiga un aparente sobrecosto en un primer contrato por $200 millones para la entrega de mercados a 2.000 familias del municipio, y aparentes irregularidades en un segundo contrato, celebrado con la esposa del primer contratista, por más de $125 millones para el apoyo a la atención del adulto mayor vulnerable en la modalidad centro vida, a través de la Corporación Rayos de Esperanza, creada 30 días antes de la celebración del contrato”.
Chanchullos a la lata y por todas partes. En la gobernación del Cesar, a cargo de Luis Alberto Monsalve Gnecco se metieron, en conjunto Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, buscando evidencias por la suscripción de 37 contratos por un valor de $14.000 millones para adquirir 88.700 kits de mercados o bonos para redimir en establecimientos de comercio los cuales deberían estar destinados a la población más vulnerable. Los sobrecostos en alimentos oscilan entre un 40% y 100% y más de su valor.
En Maicao, Guajira, se incautaron medicamentos avaluados en $8000 millones pesos ingresados de contrabando y que serían distribuidos por una cadena de droguerías en los departamentos de Guajira y el Cesar. En ese mismo municipio se incautó otro cargamento de medicina introducidas ilegalmente por un monto de 28 millones de pesos que serían destinados a provisión de IPS y EPS, entidades dedicadas a la prestación del servicio de salud. Hasta inicios del mes de junio se habían iniciado 1393 acciones de control sobre el contrabando de medicinas.
Se llamó a juicio disciplinario al alcalde de Guaduas, Cundinamarca, Germán Herrera, por sobrecostos en dos contratos, por $560 millones de pesos, para el suministro de mercados y elementos de aseo y la falta de idoneidad del contratista. Igualmente se abrió investigación disciplinaria al alcalde de La Palma, Cundinamarca, John Jairo Pulido, por sobrecostos e irregularidades en la selección de contratistas por $65 millones de pesos para la entrega de productos básicos a las familias más vulnerables del municipio. En Armenia se abrió indagación al Alcalde por suscribir un contrato con la empresa ‘Guitarra & Coffee’ por $300 millones de pesos.
El alcalde Rumennigge Monsalve de Malambo, Atlántico, fue suspendido por la procuraduría y la fiscalía le imputó dos delitos: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. En esa misma diligencia se le imputaron cargos a María Macías Beleño, de la Fundación Lirio de los Valles, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento público.
No se salva en la rapiña casi nadie. La procuraduría abrió indagación por irregularidades y sobrecostos en la entrega de un millón de mercados por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo en cabeza de su director Eduardo José González.
El gobernador de Arauca cuenta con cinco procesos: dos disciplinarios, uno fiscal y dos penales, anunciados por el fiscal general, Francisco Barbosa que también dijo que “Tenemos en este momento dos indagaciones preliminares abiertas de entidades del orden nacional: Departamento Nacional de Planeación y Finagro, en el marco de un trabajo con la Contraloría y la Procuraduría. La Fiscalía General de la Nación ha adelantado una verificación sobre 909 contratos, de los cuales se adelantan 63 iniciativas investigativas, se han abierto 38 procesos en etapa de indagación preliminar por presunta violación a los principios de la contratación estatal en contratos celebrados entre municipios y gobernaciones, y se abrió noticia criminal contra 41 funcionarios municipales en Atlántico, Valle del Cauca, Cundinamarca, Cesar, Sucre, Bolívar, La Guajira, Nariño”.
Por su parte, la Contraloría General informó que continúa en la acción preventiva sobre 17.486 contratos a nivel nacional relacionados con la emergencia. “Se tienen 50 casos en análisis, de las cuales se han iniciado 21 actuaciones especiales en la Unidad de Reacción Inmediata de la DIARI, 7 indagaciones preliminares en la Unidad de Responsabilidad Fiscal, y en la Unidad de Investigaciones Especiales se tramitan 21 indagaciones y un proceso de responsabilidad fiscal en la Unidad Anticorrupción”.
La corrupción privada, en modalidades de usura no se queda atrás. El sistema financiero niega créditos, cobra sin atenuantes y han tomado una sustanciosa tajada del ponqué propuesto por el gobierno por su labor de intermediación. Las empresas de servicios públicos aprovecharon para subir tarifas, mientras públicamente se ufanaban de bajarlas. Algunas de ellas se encuentran en investigación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
La emergencia fue una perfecta coartada para soltar presupuestos al instante, contratando sin controles de convocatorias públicas y aunque el procurador Carrillo afirme que estos existen, las evidencias muestran que en 100 días de pandemia en Colombia la corrupción se tomó, literalmente, la administración pública en todos sus niveles. Todo es susceptible de corrupción: en las entidades de salud y en las funerarias, en donde todo tiene un sobrecosto y unos ganadores del baloto extraordinario de la pandemia.
Tan grave es el proceso de corrupción que el viernes 12 de junio se efectuará un foro virtual denominado “La corrupción en tiempos de pandemia” en donde intervendrán el procurador Carrillo, Ariel Avila de la fundación Paz y Reconciliación, Cecilia López, Diana Salina, de Cuestión Pública; entre otras.
Estamos en la olla con la corrupción y de ella; si no alcanzan a llevársela en acto final mágico de desaparición, solo quedará el raspe del costeño cucayo. Más nada.
