Mediante la resolución 140 del 26 de febrero del 2016, la Sociedad de Activos Especiales SAE, entidad encargada de administrar los bienes incautados por orden de la Fiscalía General de la Nación, por narcotráfico y enriquecimiento ilícito, designó a Hernán Román González Pardo como depositario con funciones de liquidador, de los activos de la Fundación Centro de Investigación, Docencia y Consultoría Administrativa, F-CIDCA que funciona en Bogotá.
Posteriormente le fue asignada también la administración del Centro Colombiano de Estudios Profesionales-CECEP, que funciona en Cali.
Ambos institutos le fueron incautados a Álvaro Barrera Marín, testaferro del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias ‘Chupeta’ en los años 2007 y 2008.
Desde entonces han sido administrados por el Estado a través, primero, de la desaparecida Dirección Nacional de Estupefacientes y luego de la SAE.
Sin embargo, lejos de lo que se puede pensar que por estar bajo el cuidado del Estado, iban a contar con un manejo financiero adecuado y probo, pasados más de 13 años desde que fueron incautadas, este par de institutos tecnológicos han ido desmejorando sus actividades y prácticamente hoy están a punto de ser liquidados debido a los malos manejos administrativos.
Las denuncias contra el depositario González Pardo comenzaron desde el mismo momento en que asumió el cargo, y fueron aumentando a través de los años.
Un paréntesis en el pasado
Pero antes de avanzar en este cargo, cabe recordar que en el 2012 González Pardo para la época se desempeñaba como gerente general de la Imprenta Nacional, de donde salió cuestionado.
Allí Hernán González Pardo, firmó con los representantes legales de la empresa Urbano Express Logística y Mercadeo Limitada, tres millonarios contratos.
Coincidencialmente se trata de empresas de cuya composición accionaria formaron parte él y su hermana Patricia, y que resultaron favorecidas para la ejecución de tres contratos, el primero, por casi $800 millones, firmado el 28 de octubre del 2011, tenía como finalidad prestar el servicio de transporte y distribución del Diario Oficial. El segundo, por un valor de $2.418 millones, fue para el almacenamiento, alistamiento, empaque y distribución de textos y maletines que se enviaron a diferentes regiones del país. El tercero, con la misma finalidad, se firmó por $2.743 millones. Sumados, los tres contratos alcanzan casi los $6.000 millones.
En aquella ocasión el gerente de la Imprenta Nacional afirmó que su influencia en la entrega de los contratos de la entidad era nula, pues él sólo firma los que cuentan con el concepto favorable del comité asesor de contratación, compuesto por la oficina jurídica y las subgerencias administrativa y financiera, comercial, de divulgación y de producción.
La historia de la cercanía entre González Pardo y los propietarios de Urbano Express Logística y Mercadeo Limitada se remonta al año 2000, cuando él ocupaba el cargo de gerente general de Envinet Courier, empresa cuya composición accionaria era compartida por Urbano Express Limitada y Germán Enrique López (actual representante legal de la entidad a la que le adjudicaron los contratos), según consta en la certificación 0002088 de la Cámara de Comercio de Bogotá.
Envinet Courier, de acuerdo con la escritura pública 2.088, fue creada en julio de 1999 como una sociedad entre Juan David Rodríguez y Patricia González Pardo. Más adelante, de acuerdo con el acta de la junta de socios 003, del 26 de enero del 2000, Hernán González Pardo fue nombrado subgerente y suplente de su hermana en la empresa.
En marzo de 2001, la sociedad Envinet Courier fue absorbida, a través de un acto de cesión de cuotas, por Urbano Express, propiedad de Germán Enrique López, que por medio de su empresa ha resultado beneficiado con los tres contratos que redondean los casi $6.000 millones, cerrando de este modo el círculo de relaciones familiares, de amistad y negocios.
“Hace diez o doce años yo no sabía que iba a trabajar en la Imprenta Nacional de Colombia. En ese momento fui representante legal de una empresa de mi hermana, que no tiene nada que ver con quien se ganó el contrato. Él tuvo alguna relación con mi hermana, pero pensar que ese argumento me hubiese motivado a no firmar un contrato o a vetar la empresa, es algo que no tiene sentido”, sostuvo
Volviendo al presente
Los primeros en denunciar que las cosas cambiaron en el par de instituciones desde que empezó la administración de González, fueron los mismos empleados, pues comenzaron a demorarles los salarios y a prácticamente dejarlos sin seguridad social.
Los institutos cayeron en malos manejos administrativos y para el año pasado sus empleados no aguantaron más y decidieron emprender una lucha por reivindicar sus derechos laborales.
El CIDCA por ejemplo, con sedes en Bogotá, Pereira y Villavicencio y con convenios con la Universidad la Gran Colombia y con el Municipio de Tocancipá pasó en tres años, de tener 4.000 estudiantes a 800, y hoy, su planta de personal no supera los 70 profesores y 31 funcionarios para el área administrativa.
De acuerdo con las denuncias, aunque la fundación CIDCA siempre tuvo graves inconvenientes administrativos y denuncias de corrupción y malos manejos por parte de la depositaria que puso la Dirección Nacional de Estupefacientes, María Eugenia Correa Olarte, hoy Embajadora en Sudáfrica, con la llegada de Hernán Ramón González Pardo en 2016 no cambiaron mucho las cosas y hasta comenzó la gran debacle.
A algunos docentes los han retirado y aún dos años después les adeudan liquidaciones y salarios.
Cabe entonces el interrogante ¿cómo una empresa, entidad, compañía, administrada por el Estado, se da el lujo de dejar de pagar la seguridad social de sus empleados? ¿Dónde está en el Ministerio del Trabajo y las entidades de control?
A este panorama se suma que CIDCA estaba ofreciendo programas sin registro calificado por parte del Ministerio de Educación en sedes diferentes a la de Bogotá, como Villavicencio y Tocancipá. Es decir, estaba incurriendo en una falta.
En el 2019, una ciudadana interpuso una queja ante la Contraloría General de la República contra los administradores de la SAE por la presunta irregularidad en la compra de un laboratorio de energía eólica por 498 millones de pesos, que dos años después de adquirido no había sido optimizado para su uso.
También denunció sobre los recursos que de manera irregular se invirtieron en cambios de programas y registros calificados de dos programas que nunca tuvieron estudiantes porque no eran pertinentes para las regiones donde se ofertaban.
La Contraloría, atendiendo la queja y tras “auditorías en ambas entidades, no se determinó detrimento del patrimonio público, ni una indebida gestión fiscal en la administración de los recursos de la Nación”, por tanto se abstuvieron de adelantar cualquier otro trámite en ambas instituciones.
Lo cierto es que hoy estudiantes y trabajadores de ambas instituciones se mantienen a la espera de dicisiones de fondo que permitan rescatarlas o al menos ofrecerlas en venta.
En este punto toca señalar que actualmente la SAE solo cuenta con 187 depositarios registrados, para administrar la bicoca de más de 21.000 inmuebles, casi 2.000 sociedades (activas y en liquidación) y unos 5.300 muebles (lo que incluye animales, vehículos de transporte y dinero, entre otros).
La cifra refleja el poder que pueden llegan a manejar un puñado de personas sobre bienes incautados por el Estado y la dudosa capacidad operativa de la SAE a la hora de administrar bienes.
La preocupación se torna mayor, pues si se trata de un vehículo o un local comercial, la posibilidad de transacción comercial no demandaría mayores inconvenientes, pero el manejo de empresas como la Triple A de Barranquilla que ya lleva dos años bajo la tutela de un depositario de la SAE, no deja de causar reparos.
Hoy, la empresa que presta servicios de agua, alcantarillado y aseo en Barranquilla, la cuarta ciudad en importancia en el país, está controlada por el estado colombiano a través de la SAE, una entidad del Ministerio de Hacienda –que maneja números, cifras y estadísticas- y pese a eso, no aparecen los dichosos balances de gestión del 2019 y solo señala escuetamente que su página web se encuentra en proceso de construcción.
Hoy, la realidad de las quejas en redes sociales y medios de comunicación son las alzas entre el 10 y el 20% de las tarifas, interrupción del servicio, escorrentías de aguas por las calles, mientras la empresa se debate entre sindicatos contrapuestos, la simultaneidad de dos contratos de aseo –según información suministrada por la veedora Restrepo- y la negativa de bancos a apalancar créditos dada la incertidumbre sobre las acciones en disputa.
El futuro para la Triple A, en vez de haberse esclarecido, con la intervención del Estado colombiano, se denota incierto y más aún para los usuarios que esperan no convertirse en unas víctimas más – al igual que los trabajadores de las dos instituciones de educación técnica- de los manejos nada claros de la SAE sobre bienes bajo su cuidado.
