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En marzo de este año la Procuraduría General de la Nación, hizo un fuerte cuestionamiento a la labor que viene adelantando la Superintendencia Nacional de Salud en el Hospital Departamental de Villavicencio.

En esa oportunidad el Procurador general Fernando Carrillo Flórez, lamentó que el Hospital Departamental del Meta se haya convertido en “un monumento a la ineficiencia y al desgreño administrativo”, y anunció investigaciones disciplinarias a los funcionarios designados para la inspección, vigilancia y control de la intervención forzosa para administrar el centro asistencial.

“El hospital mantiene la calificación de riesgo alto, después de 3 años y cuatro o cinco meses de tener una intervención por la Superintendencia Nacional de Salud”, dijo el Procurador, por lo que anunció sendas investigaciones a la superintendente delegada para Medidas Especiales de la Superintendencia de Salud, Edna Paola Najar Rodríguez, y el exsuperintendente de esa misma delegada, Javier Antonio Villarreal Villaquirán.

Además, al agente especial interventor del hospital, Luis Óscar Gálvez Mateus, y al representante legal de la Sociedad SAC Consulting SAS, Never Enrique Mejía Matute, quien funge como contralor, es decir reemplaza al revisor fiscal desde octubre del 2015, cuando fue designado por la Supersalud.

Este último personaje cuyo nombre podría pasar desapercibido, tiene la particularidad de ser el contador público con el mayor número de designaciones como contralor en procesos de intervención forzosa y de liquidación de entidades bajo su supervisión y vigilancia.

El papel de la Supersalud

Las contralorías e interventorías que se ejercen sobre los actores que manejan y administran recursos del sector salud, las decide, direcciona y ejecuta la Superintendencia Nacional de Salud.

Dichas intervenciones administrativas se desarrollan acogiendo por analogía las normas de intervención del Estatuto Financiero porque el sistema de salud no cuenta con un estatuto propio.

De ahí se desprenden cuatro formas de intervención:

    1.  La administrativa para liquidar siendo la sanción más fuerte de control, donde se nombra un agente liquidador.
    2. La intervención administrativa con fines de administrar, donde un interventor ejerce funciones de gerente, que es la que hoy enfrenta la EPS Cruz Blanca.
    3. Medida de vigilancia especial donde el revisor fiscal es reemplazado por un contralor. Bajo esta medida están las EPS Medimás, Asmet Salud, Savia Salud y Barrios Unidos de Quibdó.
    4. Y está el plan de recuperación, la más benévola.

El nombramiento de cualquiera de estos funcionarios, contralor o interventor, está reglamentado en la resolución 2599 del 6 de septiembre de 2016, en la que la Superintendencia estableció la conformación de un nuevo Registro de interventores, liquidadores y contralores (Rilco), para la designación y posesión de agentes que cumplan con los estándares más altos posibles, necesarios para adelantar de manera adecuada las medidas que tome la Superintendencia Delegada para las Medidas Especiales.

La creación del aplicativo Rilco de la Supersalud, pretendía mejorar la calidad de los funcionarios que son escogidos para estas tareas, teniendo en cuenta que el revisor fiscal en la EPS o el contralor en una entidad con vigilancia especial, tiene la obligación legal de dar fe pública sobre los actos de manejo financiero de la entidad y advertir a la administración sobre irregularidades o desviaciones en el manejo de los recursos de la salud.

Una vez puesto en funcionamiento el Rilco se convocó a inscripción a los interesados en hacer parte de dicho registro de interventores, liquidadores y contralores, a través de la resolución 1577 del 19 de mayo de 2017.

Se supone que todo este proceso evitaría que la designación de interventores, controladores o liquidadores se diera de manera amañada o que beneficiara a alguien determinado, como aparentemente podría estar sucediendo antes.

Sin embargo, la sola normatividad no ha garantizado la transparencia del proceso ni la idoneidad de quienes siguen siendo nombrados en EPS y hospitales para ejercer cualquiera de estas figuras de la interventoría. A estos funcionarios se les debería investigar y rastrear sus cuentas y propiedades, e igualmente hacerles un peritaje forense de sus declaraciones de renta.

Uno de los casos más evidentes, sobre el que indagó CORRUPCION AL DÍA, es el que hemos denominado “el zar” de los controladores e interventores.

En este punto cabe recordar las denuncias que vienen hacienda distintas organizaciones no gubernamentales sobre el asunto, señalando que a quienes escoge la Superintendencia de Salud para adelantar la labor interventora, aparentemente no dan los resultados esperados, pues buena parte de las entidades liquidadas estuvieron sujetas a vigilancia especial, sin que se lograra el objetivo que era sacarlas de la crisis.

Un “bendecido” por las contralorías

Lo primero por decir es que la firma SAC Consulting SAS, cuyo gerente es el contador público Never Mejía Matute, acaba de ser designada como auditora de las cuentas de campaña de los candidatos avalados por el partido Cambio Radical para las elecciones territoriales próximo 27 de octubre y auditó las cuentas del mismo partido en las pasadas elecciones del 2015.

Su intervención en empresas privadas data de años atrás. Never Mejía fungió como revisor fiscal de Aguas Kapital Macondo y Gas Kapital, de los hermanos Nule. De hecho fue quien avaló los estados financieros con los que la Superintendencia de Sociedades dio vía libre a la liquidación de ambas compañías, tras el sonado caso de corrupción de los Nule.

Paralelamente su incursión en el sector salud también ocurrió para la época. En mayo del 2008 la Superintendencia Nacional de Salud mediante la resolución 00444 lo designó agente interventor del Departamento Administrativo de Salud de Putumayo, cargo que ocupó hasta octubre del 2009, cuando se levantó la intervención.

El citado contador público también pasó por el sector educación, antes de afincarse totalmente en el sector salud. En el 2014 firmó el contrato (2014-297 S.G.P) con la Secretaría de Educación de Córdoba por un monto inicial de 200 millones de pesos con una prórroga de 100 millones de pesos, con el objeto de “prestar servicios profesionales y de apoyo a la gestión, asesoría profesional especial con el objeto de brindar apoyo a la gestión de verificación, depuración, y determinación del pasivo prestacional, cuotas partes pensiónales y cuotas de afiliación reconocidas a favor del fondo de prestaciones sociales del magisterio en el acuerdo de reestructuración celebrado por la Gobernación conforme a la ley 550 de 1999”.

Ya en el sector salud en marzo de 2017 mediante la resolución 02262, Never Mejía con su firma SAC Consulting SAS fue designado como contralor para la medida preventiva de vigilancia especial adoptada por la Superintendencia de Salud a la Asociación de Cabildos del Resguardo lndígena Zenú de San Andrés de Sotavento Córdoba y Sucre Manexka EPSI. Posteriormente en marzo del 2017 mediante resolución 000527 la Supersalud ordena la toma de posesión inmediata de la EPS Manexka y nombra como contralor a SAC Consulting SAS. En mayo del mismo año por una acción de tutela se suspende el proceso de liquidación y por ende la labor del contralor. En enero de este año se retoma la medida de intervención con fines de liquidación y la Supersalud lo reintegra como contralor en Manexca.

Antes, en octubre del 2015 la Supersalud cuando asumió vigilancia especial sobre la EPS Capital Salud, nombró como contralor del proceso a la Sociedad de Auditorías y Consultorías S.A.S., representada por Never Mejía Matute, a la cual por esta labor en un año le pagaron 33 millones de pesos mensuales, es decir 264 millones de pesos anuales. La vigilancia especial sobre Capital Salud ha sido prorrogada en cuatro oportunidades y se mantiene, al igual que el contralor el señor Mejía Matute.

Otro caso similar es del hospital San Andrés ESE de Chiriguaná (Cesar) intervenido con medida de vigilancia especial por la Supersalud en diciembre de 2016. Allí mediante Resolución 003927 del 12 de diciembre 2016, se designó como Contralor para esta medida a la firma RG Auditores LTDA., firma que fue removida mediante Resolución 001488 de 18 de mayo de 2017, por la firma SAC Consulting SAS. La Supersalud a través de la resolución 06063 del pasado mes de junio, levantó la vigilancia especial y ordenó “la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios para  administrar el hospital” y ratificó como contralor a la firma de Never Mejía.

En la EPS Savia Salud Never Mejía con su firma, funge también como contralor, desde agosto de 2017, cuando la Superintendencia Nacional de Salud intervino a la EPS, medida que ha venido siendo prorrogada por la entidad de vigilancia y control.

Su paso por Emdisalud

De no muy grata recordación ha sido el paso de este “exitoso” contralor de entidades de salud en por la EPS Emdissalud, donde aún hoy se mantiene como contralor en el marco del proceso que inició la Superintendencia Nacional de Salud con fines de liquidarla.

Allí llegó contratado como asesor de revisoría fiscal en el año 2012 cuando la entidad fue intervenida por la Supersalud y designado como agente especial interventor Eduardo Espinosa Facciolince. La medida fue luego derogada y desde el 2013 esta EPS se mantiene bajo vigilancia especial por parte de la Supersalud, y solo hasta este año decidió nuevamente iniciar el proceso para su liquidación.

En el 2016 en septiembre la Supersalud designó mediante la resolución 2923 a la firma de Never Mejía, es decir Sac Consulting SAS, para el cargo de contralor, el cual aún hoy desempeña. Sin embargo, la EPS en el 2017 interpuso una recusación contra Never Mejía y solicitó su cambio, ya que en el 2012, justo cuando estaba intervenida para ser liquidada, la EPS había contratado sus servicios profesionales como asesor en el proceso de revisoría fiscal, po5r lo que estaría incurriendo en un conflicto de intereses, puesto que conocía en opinión de las directivas de la EPS sus fortalezas y debilidades en materia financiera y sus juicios y seguimientos podrían ser influenciados.

Sin embargo, la Supersalud no le dio la razón a la EPS y Mejía continúa hoy siendo el contralor ahora en el proceso iniciado de liquidación de esta EPS. Mientras se surtía el proceso de la recusación Emidisalud dejó de pagarle al contralor sus honorarios, que fueron tasados en el 2017, en 31’881.600 pesos mensuales, por lo que Mejía embargo las cuentas de la EPS para exigir el pago de dichos honorarios. En síntesis su historia con Emdisalud no fue la más plancentera.

También este año mediante la resolución 7184 de 2019 la Supersalud ordena la medida de intervención con fines de liquidación de la EPS de Comfacor y designa como Liquidador a Jorge Orlando Bernal Guacaneme, actual representante legal de Comfacor y, como contralor, a Never Enrique Mejía, representante legal de la firma Sociedad de Auditorías & Consultorías S.A.-SAC Consulting S.A.S.

Vale decir en este punto que el saliente revisor fiscal de Comfacor Carlos Ramírez Mejía es familiar de Never Mejía.

El exitoso contador público también participó apenas el mes pasado en una convocatoria de la EPS Convida de Bogotá, para realizar unas auditorías en esa entidad, a la cual ha prestado sus servicios en otras oportunidades, así como a un sinnúmero de empresas porque aparece registrado en la lista de contralores o interventores de la Superintendencia de Sociedades.

Hospital de Villavicencio

Y pese a que su papel podría haber sido determinante en los procesos de intervención administrativa de entidades de salud que a la postre terminaron siendo liquidadas, porque la intervención o la toma de posesión por parte de la Superintendencia no tuvieron los efectos deseados, Never Mejía sigue siendo el contador con más cargos de contralor nombrado por la Supersalud en entidades intervenidas.

Su nombre solo ha salido a relucir luego de que el Procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, en el mes de marzo lamentó que el Hospital Departamental del Meta se haya convertido en “un monumento a la ineficiencia y al desgreño administrativo”, y anunció investigaciones disciplinarias a los funcionarios designados para la inspección, vigilancia y control de la intervención forzosa para administrar el centro asistencial.

Aterrizaje en Medimás

Pero sin duda el último gran logro de Mejía Matute es haber aterrizado en Medimás, es decir, como si ya no fuera suficiente tener que lidiar con la liquidación de cuatro entidades del sector salud, llega a la EPS más cuestionada en el país, en los últimos tiempos.

La Supersalud lo nombró contralor mediante la resolución 5089 del 18 de mayo del 2017, en la cual además se le asignaron unos ingresos de 41 millones 328 mil pesos mensuales.

Uno de los informes más contundentes que presentó Never Mejía desde ese cargo, fue un informe de 104 páginas en octubre del 2018 en el que señala que “La EPS no cumple con los indicadores de permanencia, como condiciones financieras y de solvencia. De igual forma, presenta dificultades en la gestión del riesgo en salud de la población afiliada por deficiencias en el proceso de caracterización de la población, indicadores de impacto en salud y la deficiente red de prestadores de servicios de salud”.

Entre sus hallazgos reveló una radiografía de la EPS que se sumaba al cierre en los últimos meses de ocho de las 19 clínicas de la red básica. Unos 4 millones de usuarios de Medimás estarían afectados.

De ahí en adelante se dieron una seguidillas de hechos de todo tipo desde jurídicos hasta mediáticos.

Pero curiosamente en abril de 2019, la propia Superintendencia expide la resolución 4344, ordenando la suspensión del giro directo autorizado que hace la ADRES, a las IPS vinculadas económicamente con Medimás.

En respuesta, la EPS se trenzó en una discusión con la ADRES exigiendo el pago a las IPS, para lo cual argumentó que “La firma contralora designada por la Superintendencia Nacional de Salud ha expedido dichas certificaciones que evidencian la efectiva prestación de los servicios por parte de la red de prestadores y, por ende, la oportuna y correcta atención en salud a nuestros usuarios. Así se evidencia en las seis comunicaciones suscritas por el doctor Never Enrique Mejía Matute, contralor designado con funciones de revisor fiscal; el 22 de abril, y el 6 y 7 de mayo de 2019, con destino al Superintendente Delegado para la Gestión del Riesgo, doctor Germán Augusto Guerrero, las cuales tienen como asunto el análisis y confirmación del Giro Directo de Medimás EPS a su red prestadora”.

El tiempo ha transcurrido y aún se desconoce la suerte real de la EPS, pues después del escándalo y la exposición en los medios, poco se ha vuelto a ventilar del tema.

En cambio, lo que sí está es que el “zar” de los contralores de las interventorías que ejerce la Supersalud sobre sus vigilados, ostenta ese cargo en ocho entidades distintas, dos hospitales y seis EPS, con unos honorarios que bien podrían alcanzar los 300 millones de pesos mensuales, si se incluyen gastos de representación y otras prebendas.

Valdría la pena que el organismo de vigilancia y control del sector salud replanteara la labor que desempeñan en beneficio de los afiliados, no solo los agentes interventores, sino los contralores, y si en realidad están dando los resultados esperados a la hora de supuestamente mostrar una mejoría en las instituciones tras un proceso de intervención de la Supersalud.

 

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