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La desmesura y el raponeo administrativo en los manejos de la entidad ambiental Cardique responden a la misma perversa lógica política del departamento de Bolívar donde no se salva casi nadie en materia de cómo esquilmar al estado y a las comunidades en materia de contratación falsa.

Cardique es una entidad ambiental creada con la expedición de la ley 99 de diciembre de 1993 bajo funciones administrativas del Ministerio del Medio Ambiente, para reordenar el sector público encargado de la Gestión y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables con la organización del Sistema Nacional Ambiental, S.I.N.A.

Cardique es un ente corporativo de carácter público integrado por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo ecosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica.Se encuentra dotada de autonomía administrativa, financiera, patrimonio propio y personería jurídica.

La idea de su función ambiental es el control funcional del área del canal del Dique conocida por sus inundaciones, el aprovechamiento del recurso hidrográfico, el transporte y sobre todo, teniendo en cuenta que este brazo artificial del río Magdalena desemboca en la bahía de Cartagena, el control de la alta carga de sedimentos que amenaza destruir ecosistemas coralinos en las islas cercanas.

Loables propósitos que en la práctica se han ido desdibujando por los inescrupulosos funcionarios que han montado una especie de cartel de canalizaciones falsas. El 22 de mayo de 2018 la Fiscalía General de la Nación libró ordenes de captura emitidas por un juez de garantías de Cartagena por la desviación de recursos por más de $27.900.000 (veintisiete mil novecientos millones de pesos).

El caso se inició en el 2016 dentro de una investigación por presuntas irregularidades en 220 contratos tras un informe de auditoría de la Contraloría General de la Nación. Los capturados fueron el director de Cardique, tres de sus funcionarios de mayor rango y dos particulares.

Según pudo investigar el fiscal del caso, hubo un acuerdo para direccionar los contratos de limpieza y mantenimiento de arroyos, caños y reservorios, actividades que no se realizaron. En las indagaciones, fueron encontrados, documentos falsos, entre ellos: facturas, planos topográficos y registros fotográficos, los cuales fueron usados para certificar la presunta ejecución de los contratos. Con el material probatorio recaudado, la Fiscalía pudo constatar que no existieron los estudios técnicos que respaldarían la necesidad del objeto de cada uno de los contratos. En otras palabras, las necesidades de canalización eran mentiras justificadas con un supuesto documento técnico del año 2010 elaborado por una universidad de Costa Rica sin ninguna función ni relación con Cardique.

Los capturados por la contratación falsa fuero Olaf Puello Castillo, director de Cardique: a quien se le imputaron cargos por los delitos de peculado por apropiación agravado por la cuantía, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.

Los otros funcionarios de Cardique implicados fueron Katherine Martelo Fernández, subdirectora de Planeación de Cardique a quien se le imputaron cargos por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir; Saray Cecilia Hernández Durán, funcionaria de la corporación y supervisora de los contratos de Cardique, a quien se le imputaron cargos por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir y Dalis Esther Herrera Vargas, funcionaria de la corporación y supervisora de los contratos le imputaron cargos por los delitos de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia y concierto para delinquir.

Los particulares vinculados fueron Bernabé Maldonado Maldonado, de profesión contador que habría participado en la articulación de los contratos, imputándosele cargos por peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, acuerdos restrictivos de la competencia, concierto para delinquir, y falsedad en documento privado y Fredy Javier Rodgers, topógrafo a quien le imputaron cargos por los delitos de peculado, concierto para delinquir, falsedad en documento privado.

Las investigaciones continuaron en una segunda fase y es así como el 20 de septiembre de 2019 la Fiscalía nuevamente imputa cargos a 8 ex contratistas relacionados con irregularidades en la ejecución de 35 contratos en 2016, representando un detrimento patrimonial para Cardique por más de $4.300 millones que sumados a los $27.900.000 millones da una suma $32.200.000 (treinta y dos mil doscientos millones de pesos).  Los encartados en la operación son Jonathan Alberto Sanguinete Peña, Carlos Guete Rodríguez, Oswaldo Jurado Cumplido, Ana Milena Herrera Osorio, Gustavo Cardona Vergara, Luis Francisco Pérez Correa, Jonathan Farith Maldonado Jaimes, y Alba Marina Jaimes Rodríguez.

El detrimento a las finanzas públicas se habría dado tras la celebración de contratos para la limpieza de arroyos y reservorios en un procedimiento en el cual alteraron documentos privados, omitiendo el cumplimiento de los requisitos legales en la celebración de los contratos. En consecuencia, la Fiscalía les imputa a los implicados los delitos de acuerdo restrictivo de la competencia, falsedad documento privado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento requisitos legales. En esta fase, hay que sumar 40 contratistas sindicados por las mismas irregularidades contractuales.

En la primera fase fueron imputados seis exempleados de Cardique.  Su exdirector Olaf Puello Castillo, y a la exsubdirectora, Katherine Martelo Fernández, fueron enviados a la cárcel. Los otros imputados fueron cobijados con medidas no privativas de la libertad.

El 27 de septiembre continua la Fiscalía con segunda fase de investigación. Sigue imputando cargos a los excontratistas de Cardique en las irregularidades contractuales detectadas en el 2016. Esta vez la suma es por $15.000 millones de pesos que se suman a $27.900.000 y $4.300 para un total de $46.200.000 millones (cuarenta y dos mil doscientos millones de pesos).

Para el desarrollo de la actividad delictiva habrían seguido el mismo modus operandi, adulterando documentos privados y omitiendo el cumplimiento de los respectivos requisitos de ley.  Esta vez fueron 21 los imputados: César Augusto Angulo, Vicente Román Cumplido Hernández, Norma Hernández Castillo, Abraham Álvarez Díaz, Juan Carlos Sánchez, José David Díaz, Yelena Patricia Guerra, Clara Luz Zollmer, Alexis Vega Vega, Vladimir Marrugo, Álvaro Alfonso Arrieta, Joiser Martínez Álvarez, Sujey María Bermúdez, Merlys Johana Terán, Mercy Adela Payares, Lilibeth Nayibe Ariza, Moisés Armando Martín Padilla, Edilberto Julio Padilla, Rubén Darío Gómez, Samir del Cristo Zirene, Esperanza Hueje Lozada.

En total, relacionada con este desbarajuste a las finanzas de Cardique y por supuesto a las acciones ambientales que debieron hacerse y no se llevaron a cabo, van 29 acciones judiciales de la Fiscalía. Nuevamente se muestra en toda intensidad, la voraz y corrupta clase política del departamento de Bolívar haciendo de las suyas. Con justa razón los dramas anuales de los campesinos y vecinos ribereños del canal del Dique, los temores de siempre ante las inundaciones y los atentados ambientales en contra de esta corriente acuática del Magdalena.  Cardique fue diseñada para el control de inundaciones y  sedimentos, pero no de ladrones profesionales.

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