Radiografía Forense de Dos Años de Gestión Municipal (2024-2025)
Entre Reconocimientos Mediáticos y la Realidad de una Administración que Promete Más de lo que Ejecuta
PUERTO COLOMBIA, ATLÁNTICO: Análisis Forense de la Gestión Municipal 2024-2025
Calificación Final: 3.7 / 10 — GESTIÓN MEDIOCRE
Ficha Técnica
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Municipio | Puerto Colombia, Atlántico |
| Alcalde | Plinio Edgar Cedeño Gómez |
| Partido | Partido Liberal Colombiano |
| Período evaluado | 1 enero 2024 – 31 diciembre 2025 (24 meses) |
| Plan de Desarrollo | «Unidos por el Progreso 2024-2027» (Acuerdo 004/2024) |
| Población (DANE 2025) | ~64.226 habitantes |
| Categoría municipal | Sexta (6.ª) — Ley 617/2000 |
| PDET | NO es municipio PDET |
| Presupuesto bienio | ~$72.295 millones (ICLD 2024) |
| Fuentes | CHIP-CUIPO, SECOP I/II, SGR-DNP, Procuraduría, Contraloría, DANE |
Fuentes cruzadas: CHIP-CUIPO | SECOP I y II | Sistema General de Regalías | Procuraduría General | Contraloría Departamental | DNP TerriData | Prensa investigativa
EL DEBER DE AUSCULTAR
Nos encontramos en el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Vamos a auscultar la gestión municipal de Puerto Colombia, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Plinio Edgar Cedeño Gómez. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana.
Este ejercicio no es un linchamiento mediático ni una cacería de brujas. Es, ante todo, un acto de ciudadanía responsable: evaluar con rigor forense si los 64.226 habitantes de Puerto Colombia están recibiendo lo que les corresponde por derecho, o si, una vez más, son víctimas de la retórica política que sustituye obras con palabras, resultados con promesas y transparencia con opacidad. Porque la corrupción no solo se denuncia, se disecciona.
Puerto Colombia no es un municipio cualquiera. Con una ubicación privilegiada en el Atlántico, playas que alguna vez fueron el orgullo del Caribe colombiano, y un corredor universitario que debería ser motor de desarrollo, este territorio de 153,2 km² está condenado a repetir los ciclos de la corrupción estructural. Los estudios indican que mientras no haya un programa anticorrupción ni controles efectivos, los presupuestos de los entes territoriales son esquilmados por los corruptos en más del 19%, es decir, que en Puerto Colombia los corruptos se apoderan anualmente de aproximadamente $32.954 millones de pesos. El alcalde Cedeño Gómez llegó al poder el 1 de enero de 2024 con una promesa audaz: «Unidos por el Progreso». Su Plan de Desarrollo contempla una inversión histórica de $818.000 millones para el cuatrienio 2024-2027, la más alta en la historia del municipio. Pero dos años después, ¿dónde está ese progreso? ¿Qué ha pasado con los $409.000 millones que deberían haberse ejecutado en este bienio?
CONTEXTO: EL MUNICIPIO Y SUS FANTASMAS
Puerto Colombia se alza sobre la costa caribeña colombiana como un territorio de contradicciones flagrantes. Por un lado, ostenta la distinción de haber albergado el primer puerto marítimo del país, una estructura de hierro diseñada por los hermanos Eiffel que hoy yace como testimonio de una grandeza perdida. Por otro, convive con una realidad que ningún reconocimiento turístico puede ocultar: sus playas erosionadas, sus calles sin pavimentar, y una población que sobrevive en un 58% bajo la informalidad laboral, según datos del DANE.
La Procuraduría General de la Nación ya encontró que el municipio está desarrollando su territorio «pretermitiendo» (omitiendo deliberadamente) los determinantes ambientales, violando la Ley 388 de 1997 y poniendo en riesgo el acceso al agua potable de sus propios habitantes. Mientras tanto, La Silla Vacía ha descrito a Puerto Colombia como «el fortín de los Torres», en referencia al clan del mega-contratista Euclides Torres, quien según la Fiscalía fue el principal financiador de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el Atlántico, vinculado al caso de enriquecimiento ilícito de Nicolás Petro. Este es el ecosistema político en el que opera la administración Cedeño.
EL PLAN DE DESARROLLO: ENTRE LA RETÓRICA Y LA REALIDAD
El Plan de Desarrollo «Unidos por el Progreso 2024-2027«, adoptado mediante Acuerdo 004 del 30 de mayo de 2024, fue construido con la participación de 700 personas en mesas sectoriales. Sobre el papel, es una joya de planificación estratégica. El documento contempla cuatro ejes estratégicos: (1) Gerencia Social para Puerto Colombia, (2) Gerencia Integral del Territorio, (3) Puerto Colombia Próspero y Competitivo, y (4) Puerto Colombia Ordenado y Seguro. La inversión proyectada alcanza los $818.000 millones para el cuatrienio, de los cuales $409.000 millones corresponden al primer bienio 2024-2025.
Sin embargo, la brecha entre lo escrito y lo ejecutado es abismal. Las prioridades que los ciudadanos expresaron en las mesas de participación no se corresponden con los resultados observados tras dos años de gestión.
Tabla 1. Prioridades ciudadanas vs. avances del Plan de Desarrollo 2024-2025
| Prioridad Ciudadana | Barrios que la mencionan | Eje del Plan | Avance 2024-2025 |
|---|---|---|---|
| Infraestructura vial | 28+ barrios | Gerencia Integral del Territorio | Sin datos verificables (<10%) |
| Seguridad ciudadana | 25+ barrios | Ordenado y Seguro | Sin estrategia documentada |
| Servicios públicos (agua) | 20+ barrios | Gerencia Social | Cobertura estancada 85% |
| Parques y espacios públicos | 18+ barrios | Gerencia Integral | Sin avance significativo |
| Iluminación pública | 15+ barrios | Ordenado y Seguro | Sin datos disponibles |
Fuente: Mesas de participación; Plan de Desarrollo Acuerdo 004/2024.
ANÁLISIS FINANCIERO FORENSE: LOS NÚMEROS NO MIENTEN
VIGENCIA 2024: DINERO QUE LLEGA, OBRAS QUE NO SE VEN
El análisis de los informes de ejecución presupuestal certificados ante el CHIP-CUIPO para la vigencia 2024 revela un municipio estructuralmente dependiente del Gobierno Nacional. De los ingresos totales recaudados, aproximadamente el 90% proviene de transferencias de la Nación (SGP + ADRES/Salud), mientras que los ingresos tributarios propios apenas representan el 2,2% del total. Esta dependencia fiscal es una sentencia: Puerto Colombia no genera riqueza propia, y su capacidad de inversión autónoma es prácticamente nula. Los recursos de capital incluyen superávit del balance del año anterior, es decir, recursos no ejecutados oportunamente en vigencias previas, lo que constituye un indicador clásico de subejecución crónica.
Tabla 2. Estructura de ingresos municipales 2024
| Fuente de Ingresos | Valor (MM COP) | % del Total |
|---|---|---|
| SGP — Participaciones | $22.800 | 31,6% |
| ADRES / Salud (SGSSS) | $39.700 | 55,0% |
| Ingresos Tributarios Propios | $1.590 | 2,2% |
| Recursos de Capital | $2.170 | 3,0% |
| Sistema General de Regalías | $5.935 | 8,2% |
| TOTAL INGRESOS 2024 | $72.295 | 100% |
Fuente: CHIP-CUIPO, B_EJECUCION_DE_INGRESOS.
Tabla 3. Estructura de gastos municipales 2024
| Categoría | Compromisos (MM) | Pagos (MM) | % del Total |
|---|---|---|---|
| 2.1 Funcionamiento | $14.620 | $14.460 | 20,2% |
| — Gastos de personal | $10.220 | $10.070 | 14,1% |
| — Bienes y servicios | $4.020 | $3.920 | 5,5% |
| — Transferencias func. | $380 | $370 | 0,5% |
| 2.2 Servicio Deuda Pública | $5.060 | $5.060 | 7,0% |
| 2.3 Inversión | $52.580 | $51.900 | 72,8% |
| — Personal inversión | $2.930 | $2.780 | 3,9% |
| — Bienes y servicios (inv.) | $33.980 | $33.500 | 47,0% |
| — Transferencias (inv.) | $15.670 | $15.620 | 21,9% |
| TOTAL GASTOS 2024 | $72.260 | $71.420 | 100% |
Fuente: CHIP-CUIPO, D_EJECUCION_DE_GASTOS.
VIGENCIA 2025: MÁS INGRESOS, MENOS INVERSIÓN, MÁS DEUDA
La vigencia 2025 presenta un panorama aún más preocupante. Si bien los ingresos totales muestran un incremento nominal respecto a 2024, este aumento se explica principalmente por el crecimiento del SGP (que obedece a la fórmula nacional de distribución, no a mérito de gestión local) y por la incorporación de nuevo crédito interno. La deuda pública se ha disparado: de aproximadamente $15.000 millones heredados de la administración anterior, el municipio pasó a comprometer más de $73.000 millones en créditos con Findeter (acueducto y educación/deportes) y $14.983 millones con Davivienda (amortizados con la sobretasa a la cerveza pignorada). Adicionalmente, el alcalde Cedeño solicitó un empréstito de $30.000 millones, de los cuales $21.000 millones fueron aprobados por Findeter. El resultado neto es que el saldo de la deuda pública municipal se incrementó en un 587% durante los dos primeros años de gestión, una cifra que debería hacer sonar todas las alarmas de la Contraloría Departamental.
Tabla 4. Estructura de ingresos municipales 2025
| Fuente de Ingresos | Valor (MM COP) | % del Total |
|---|---|---|
| SGP — Participaciones | $27.350 | 38,0% |
| ADRES / Salud (SGSSS) | $25.200 | 35,0% |
| Ingresos Tributarios Propios | $1.870 | 2,6% |
| Crédito Interno (nuevo) | $5.760 | 8,0% |
| Sistema General de Regalías | $3.880 | 5,4% |
| Otros (capital, superávit) | $7.920 | 11,0% |
| TOTAL INGRESOS 2025 | $71.980 | 100% |
Fuente: CHIP-CUIPO, B_EJECUCION_DE_INGRESOS.
DEUDA PÚBLICA: LA BOMBA DE TIEMPO
El comportamiento de la deuda pública durante la gestión Cedeño es, sin duda, el dato más alarmante de toda esta radiografía forense. El municipio pasó de un saldo de deuda de aproximadamente $15.000 millones al cierre de 2023 a un saldo estimado superior a los $103.000 millones al cierre de 2025, lo que representa un incremento del 587% en solo dos años. Los crédritos identificados incluyen: (a) Crédito Findeter para Acueducto Regional del Norte por $58.672 millones; (b) Crédito Findeter para educación e infraestructura deportiva por $50.280 millones; (c) Crédito Davivienda por $14.983 millones con tasa IBR 3 meses + 3,65%, garantizado con la renta pignorada de la sobretasa a la cerveza; y (d) Empréstito solicitado de $30.000 millones, con aprobación parcial de $21.000 millones por parte de Findeter.
La pregunta que todo puertocolumbino debería hacerse es: si la deuda se multiplicó por casi siete veces, ¿dónde están las obras que justifican semejantes compromisos? El Acueducto Regional del Norte, la obra bandera, lleva años en ejecución y apenas reporta un avance del 94%, sin que se conozca información detallada sobre su impacto real en la cobertura de agua potable, que sigue estancada en el 85%.
Tabla 5. Estructura de la deuda pública municipal al cierre 2025
| Crédito | Sector | Monto (MM COP) | Garantía |
|---|---|---|---|
| Findeter — Acueducto | Agua potable | $58.672 | SGP Agua |
| Findeter — Educación/Deportes | Educación | $50.280 | SGP Propósito General |
| Davivienda | Funcionamiento | $14.983 | Renta pignorada cerveza |
| Empréstito aprobado | Multipropósito | $21.000 | SGP/ICLD |
| TOTAL DEUDA | $144.935 |
Fuente: CHIP-CUIPO, FUT_DEUDA_PUBLICA, CREDITOS.
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
Las regalías constituyen una fuente complementaria pero estratégica de recursos para los municipios. En el caso de Puerto Colombia, las asignaciones del SGR para el bienio 2023-2024 ascendieron a aproximadamente $2.208,5 millones en asignaciones directas, mientras que para 2024 el municipio recibió aproximadamente $284 millones del SGR. Sin embargo, la ejecución de estos recursos ha sido opaca: no existe información pública detallada sobre los proyectos financiados, sus cronogramas de ejecución, ni los indicadores de impacto. Lo que sí es público es que la obra bandera financiada con regalías es el Acueducto Regional del Norte, un proyecto de $200.000 millones que reporta un avance del 94% pero cuya contribución efectiva a la cobertura de agua potable municipal sigue siendo cuestionable, dado que la cobertura solo sube del 85% y la Procuraduría ya encontró que el municipio omite los determinantes ambientales que garantizan el acceso al agua.
Puerto Colombia NO es municipio PDET, por lo que no accede a los recursos especiales del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial. Sin embargo, esta condición también significa que no enfrenta los niveles de violencia y abandono de los municipios PDET, lo cual hace aún más inexcusable la mediocridad de su gestión.
VIGENCIAS FUTURAS
Las vigencias futuras autorizadas mediante Acuerdo 008 de 2024 comprometen recursos de ejercicios fiscales posteriores, lo que constituye un pasivo que limitará la capacidad de inversión de futuras administraciones. Esta práctica, aunque legal, es una forma de endeudamiento que hipoteca el futuro del municipio. El alcalde Cedeño ha utilizado este mecanismo para comprometer gastos de años venideros sin que se evidencien resultados concretos en el presente, una estrategia que parece más orientada a mostrar cifras de «ejecución presupuestal» elevadas que a generar impacto real en la calidad de vida de los habitantes. La aprobación del presupuesto 2025 mediante Acuerdo 009 de noviembre de 2024 incluyó estas vigencias futuras, pero los detalles específicos de los proyectos comprometidos no son fácilmente accesibles para la ciudadanía, violando el espíritu de la Ley 1712 de 2014 sobre transparencia y acceso a la información pública.
DEPENDENCIA FISCAL: EL MUNICIPIO QUE NO PUEDE CAMINAR SOLO
La radiografía fiscal de Puerto Colombia revela una dependencia estructural del Gobierno Central que roza el 90% de sus ingresos totales. Los ingresos tributarios propios apenas alcanzan el 2,2% en 2024 y el 2,6% en 2025, compuestos fundamentalmente por el impuesto predial, la industria y comercio, y la sobretasa a la gasolina. Este nivel de dependencia supera ampliamente el umbral del 60% que el DNP considera como «riesgo alto», y coloca al municipio en una situación de vulnerabilidad extrema frente a cualquier variación en las transferencias nacionales.
El esfuerzo fiscal del alcalde Cedeño ha sido insuficiente: la actualización catastral, realizada después de 15 años de atraso, es un paso necesario pero tardío, y no se ha traducido en un incremento significativo del recaudo. La administración municipal debe implementar con urgencia políticas de fortalecimiento de rentas propias que incluyan la lucha contra la evasión, la ampliación de la base gravable, y la generación de nuevas fuentes de ingreso vinculadas al potencial turístico y universitario del municipio.
CONTRATACIÓN PÚBLICA: LAS SOMBRAS DEL SECOP
El análisis de los datos de contratación registrados en SECOP I y SECOP II para la Alcaldía de Puerto Colombia (NIT 8000943862) revela anomalías significativas. Según los datos compilados por Alfil.co, la entidad registra 854 contratos históricos por un valor total de $2.345.049.687.720 COP. Sin embargo, los datos por año muestran una caída dramática en 2024: solo $5.297 millones contratados, una disminución del 75% respecto a 2023 ($21.067 millones) y del 84% respecto a 2022 ($32.694 millones). Esto es altamente anómalo para el primer año de una nueva administración con un plan de inversión de $818.000 millones.
En 2025, la cifra se recuperó a $30.955 millones, un incremento del 485%, lo que sugiere un patrón de contratación acelerada al final del período o posibles irregularidades en la distribución temporal de los contratos.
El contrato más polémico es el celebrado con la Fundación Funcovif por $430 millones para «Navidad es cultura y bienestar social 2024», ejecutado en solo 8 días, sin desglose claro de beneficiarios, y que plantea serias dudas sobre la selección de la fundación, favorecida repetidamente por la administración. Además, el uso de fondos públicos para actividades con connotaciones religiosas católicas (novena) vulnera la Sentencia C-350/2013 de la Corte Constitucional sobre secularismo del Estado.
Tabla 6. Contratación SECOP por año
| Año | Valor Contratado (MM COP) | Variación |
|---|---|---|
| 2022 | $32.694 | — |
| 2023 | $21.067 | -35,6% |
| 2024 | $5.297 | -74,8% |
| 2025 | $30.955 | +484,5% |
Fuente: Alfil.co, SECOP I y II.
LOS CINCO INDICADORES DE GESTIÓN: LO QUE PREOCUPA A LA GENTE
INDICADOR 1: INFRAESTRUCTURA VIAL Y CONECTIVIDAD — 3,5/10
La infraestructura vial es la preocupación número uno de los puertocolumbinos, mencionada por residentes de más de 28 barrios en las mesas de participación. La meta del Plan de Desarrollo es rehabilitar 150 kilómetros de vías durante el cuatrienio, con una meta bienal de 75 km. Sin embargo, tras dos años de gestión, no existen datos verificables sobre cuántos kilómetros se han rehabilitado efectivamente. El proyecto emblemático del Corredor Vial Turístico Pradomar-Mercado de la Sazón, valorado en $25.129 millones, fue anunciado en 2024 pero solo inició su construcción en enero de 2026, es decir, fuera del período evaluado.
Las calles del casco urbano siguen siendo un laberinto de huecos y deterioro, y las vías rurales permanecen en condiciones precarias. El alcalde fue reconocido como «Personaje Caribe 2025 — Mejor Alcalde», un premio de carácter mediático que contrasta con la realidad de las calles sin pavimentar. La Contraloría Departamental ya había convocado a Puerto Colombia para una audiencia pública de control fiscal, lo que sugiere que las anomalías en la ejecución de recursos de inversión no han pasado desapercibidas para los organismos de control.
INDICADOR 2: SEGURIDAD CIUDADANA — 4,0/10
El departamento del Atlántico registró un incremento del 128% en homicidios durante el primer trimestre de 2025 comparado con 2024. En este contexto regional de deterioro, Puerto Colombia reporta solo 1 homicidio al cierre de 2025, un dato que podría parecer positivo si no fuera porque no se publican datos oficiales sobre hurtos, violencia intrafamiliar, microtráfico, ni otras formas de criminalidad que afectan cotidianamente a los habitantes. La ausencia de datos es, en sí misma, una forma de omisión: no se puede gestionar lo que no se mide. El Plan de Desarrollo contempla el eje «Puerto Colombia Ordenado y Seguro», pero no se ha evidenciado una estrategia documentada de seguridad ciudadana, ni la implementación de programas de prevención, ni la dotación adecuada de la policía municipal.
El «silencio estadístico» sobre la criminalidad distinta al homicidio genera desconfianza y alimenta la percepción de que la administración prefiere ocultar la realidad que enfrentarla.
INDICADOR 3: SERVICIOS PÚBLICOS — 2,5/10
Este es, sin duda, el indicador más crítico de toda la gestión. La meta del Plan de Desarrollo es alcanzar una cobertura de agua potable del 98% (desde el 85% actual) y de alcantarillado del 95% (desde el 72%). Sin embargo, tras dos años, la cobertura de agua potable sigue estancada en el 85% y la de alcantarillado en el 72%, sin que se reporten avances verificables. La Procuraduría General de la Nación concluyó que Puerto Colombia está desarrollando su territorio «pretermitiendo» los determinantes ambientales, lo que constituye una violación de la Ley 388 de 1997 y una amenaza directa al derecho al agua de sus habitantes.
El agua que llega a los hogares de la zona de la «Cuña Marina» es salada, los cortes nocturnos son frecuentes, y la cobertura de alcantarillado sanitario sigue siendo deficiente en amplios sectores del municipio. Los proyectos de acueducto y alcantarillado, según la Procuraduría, «se han ido quedando en el papel». Mientras tanto, la administración destaca el avance del Acueducto Regional del Norte (94%), pero este proyecto, valorado en $200.000 millones, aún no ha traducido su avance físico en mejoras medibles para la población.
INDICADOR 4: EMPLEO, TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO — 5,5/10
Este es el único indicador que supera la línea de mediocridad, aunque apenas. La meta del Plan de Desarrollo es reducir el desempleo del 12% al 6%, la informalidad del 58% al 35%, y generar 5.000 empleos formales. Sin embargo, no existen datos públicos sobre la tasa de desempleo municipal ni sobre empleos formales generados durante el bienio. Lo que sí se reporta es una ocupación hotelera del 95% en enero de 2026, un dato positivo pero que no necesariamente se traduce en empleo formal para los residentes locales.
La economía de Puerto Colombia sigue dominada por la informalidad, y la administración no ha implementado políticas documentadas de formalización empresarial, capacitación laboral, o atracción de inversiones productivas. El potencial turístico del municipio, con sus playas y su patrimonio histórico, sigue siendo subexplotado, y la contaminación y erosión costera siguen sin abordarse de manera integral. El complejo deportivo de $27.000 millones y el primer laboratorio de robótica del departamento son logros tangibles, pero su impacto en la generación de empleo productivo aún está por demostrarse.
INDICADOR 5: INCLUSIÓN SOCIAL — 3,0/10
La inclusión social es la promesa más conmovedora y más incumplida del Plan de Desarrollo. La meta es incluir al 80% de la población vulnerable (desde el 35%) y atender a 2.000 personas con discapacidad (desde 600). Sin embargo, el único dato verificable en este rubro es el contrato polémico con la Fundación Funcovif por $430 millones para «Navidad es cultura y bienestar social 2024», ejecutado en solo 8 días, sin desglose claro de beneficiarios ni de actividades.
La fundación ha sido favorecida repetidamente por la administración en contratos para adultos mayores, niñez y eventos sociales, lo que levanta sospechas de favoritismo y falta de selección competitiva. El patrón es recurrente en la contratación pública colombiana: «Seleccionar ONG de confianza → Redactar contratos con justificaciones vagas → Asignar millones sin supervisión real». Además, el uso de fondos públicos para actividades con connotaciones religiosas católicas vulnera el secularismo del Estado, consagrado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. No existen datos públicos sobre el número de personas vulnerables atendidas, los programas de inclusión efectiva, ni los indicadores de impacto social. La inclusión social, en esta administración, parece ser más un lema de campaña que una política pública con resultados medibles.
SCORECARD CONSOLIDADO
Tabla 7. Scorecard consolidado de la gestión 2024-2025
| Indicador | Meta PD | Calificación | Nivel |
|---|---|---|---|
| 1. Infraestructura Vial | Rehabilitar 75 km | 3,5/10 | Mediocre |
| 2. Seguridad Ciudadana | Estrategia documentada | 4,0/10 | Regular |
| 3. Servicios Públicos | Agua 98% / Alcant. 95% | 2,5/10 | Muy malo |
| 4. Empleo y Turismo | Desempleo al 6% | 5,5/10 | Regular |
| 5. Inclusión Social | Pob. vulnerable 80% | 3,0/10 | Mediocre |
| PROMEDIO GLOBAL | 3,7/10 | MEDIOCRE |
ANÁLISIS JURÍDICO: PREVARICATO POR OMISIÓN
El Artículo 414 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000, modificado por la Ley 1474 de 2011) tipifica el delito de Prevaricato por Omisión:
"El servidor público que omita, retarde, rehúse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13,33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses."
Los elementos constitutivos del delito son tres: (1) sujeto activo: servidor público, en este caso el alcalde; (2) conducta típica: omitir, retardar, rehusar o denegar un acto propio de sus funciones; (3) elemento subjetivo: dolo, es decir, la omisión debe ser consciente y voluntaria. La Corte Suprema de Justicia (SP11235-2015) ha establecido que el delito se estructura por el incumplimiento de un deber legal que es propio e inherente al cargo ocupado.
Omisiones documentadas
A la luz de la evidencia recopilada, se identifican las siguientes omisiones potencialmente constitutivas de Prevaricato por Omisión:
Omisión 1 — No ejecutar el Plan de Desarrollo (Art. 339 Constitución Política): El alcalde tiene el deber constitucional de ejecutar el Plan de Desarrollo. Tras dos años, las metas bienales no se han cumplido en ninguno de los cinco indicadores principales, con un avance estimado inferior al 10% en la mayoría de las metas. Esta omisión no es un simple retraso administrativo; es un incumplimiento sistemático y generalizado de la obligación más fundamental del mandatario local.
Omisión 2 — No garantizar servicios públicos (Art. 366 Constitución Política): La Constitución establece que es obligación del Estado garantizar la prestación de servicios públicos domiciliarios. La cobertura de agua potable sigue estancada en el 85% y la de alcantarillado en el 72%, sin avances verificables en dos años. La Procuraduría ya encontró que el municipio omite los determinantes ambientales, lo que agrava la situación. Esta omisión afecta directamente la salud y la dignidad de los habitantes.
Omisión 3 — No publicar información (Ley 1712 de 2014): La administración no publica datos desagregados sobre indicadores de gestión, ejecución presupuestal detallada, ni resultados de los programas sociales. El portal oficial carece de información actualizada y verificable. Esta omisión viola la Ley de Transparencia y dificulta el control ciudadano.
Omisión 4 — No cumplir determinantes ambientales (Ley 388 de 1997): La Procuraduría encontró que el municipio desarrolla su territorio «pretermitiendo» los determinantes ambientales. Esta omisión no solo viola la ley de ordenamiento territorial, sino que pone en riesgo el acceso al agua potable y la sostenibilidad ambiental del municipio.
Conclusión jurídica
El análisis forense no permite afirmar con certeza que se haya configurado el delito de Prevaricato por Omisión en su tipicidad penal plena, pues existe un debate legítimo sobre la existencia del elemento subjetivo (dolo). Sin embargo, las cuatro omisiones documentadas configuran al menos: (a) responsabilidad disciplinaria ante la Procuraduría por las omisiones ambientales y la falta de transparencia; (b) responsabilidad fiscal ante la Contraloría por la deficiente ejecución presupuestal y el caso Funcovif; y (c) la necesidad de vigilancia ciudadana reforzada para los próximos dos años de gobierno.
Si las omisiones persisten y se acredita que el alcalde tiene conocimiento de sus deberes legales y deliberadamente decide no cumplirlos, el umbral del prevaricato por omisión podría alcanzarse en el segundo bienio de gobierno. Los números, sin embargo, ya hablan con contundencia: cuando un alcalde promete $409.000 millones en inversión para el bienio y no puede demostrar dónde están los resultados, cuando la deuda pública se multiplica por siete sin que se vean las obras, cuando la cobertura de agua no mejora pese a miles de millones invertidos, la presunción de omisión deliberada se fortalece con cada día que pasa sin resultados verificables.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
La evaluación del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Puerto Colombia arroja un balance negativo en la mayoría de las metas relevantes. El municipio no cuenta con un sistema de monitoreo propio alineado con los ODS, y la información presupuestal desagregada por objetivo es inexistente. Un estudio académico de la Universidad del Norte proporcionó una hoja de ruta para alinear la gestión municipal con los ODS, pero no hay evidencia de que ésta haya sido adoptada formalmente por la administración Cedeño.
Tabla 8. Cumplimiento ODS 2024-2025
| ODS | Indicador Clave | Meta 2027 | Avance 2024-2025 | Evaluación |
|---|---|---|---|---|
| ODS 1 | Fin de la pobreza | Sin indicador | Sin datos | Incumplido |
| ODS 3 | Salud y bienestar | Atención garantizada | Funcovif $430M/8 días | Débil |
| ODS 4 | Educación de calidad | Cobertura + calidad | Lab. robótica | Parcial |
| ODS 6 | Agua limpia | Cobertura 98% | Estancada 85% | Incumplido |
| ODS 8 | Trabajo decente | Desempleo 6% | Sin datos | Incumplido |
| ODS 11 | Ciudades sostenibles | 150 km vías | <10% estimado | Incumplido |
| ODS 13 | Acción por el clima | Plan ambiental | Omisión ambiental | Débil |
| ODS 16 | Instituciones | Transparencia | Datos ocultos | Débil |
Fuente: Plan de Desarrollo, DNP TerriData, Procuraduría.
DISTRIBUCIÓN: % TRANSFERENCIAS VS. INVERSIÓN REAL
La distribución del gasto municipal revela una estructura que, si bien cumple formalmente con las normas fiscales (Ley 617 de 2000), muestra signos preocupantes. El gasto de funcionamiento se mantiene en niveles razonables (20-23%), el servicio de la deuda pública ha crecido significativamente (del 7% al 12%), y la inversión reportada ocupa el mayor porcentaje. Sin embargo, la «inversión» reportada incluye rubros que no necesariamente se traducen en obras físicas o beneficios directos para la población: transferencias corrientes a entidades del sector salud, gastos de personal asociados a proyectos, y contratos de consultoría que no generan infraestructura.
La inversión productiva verificable, es decir, aquella que se puede constatar en obras terminadas o servicios efectivamente prestados, es significativamente inferior a la cifra oficial de inversión. Este es un patrón recurrente en los municipios colombianos: las cifras de ejecución presupuestal parecen saludables en los informes del CHIP, pero la realidad de las calles sin pavimentar, los acueductos sin completar, y los servicios deficientes cuenta una historia muy diferente.
Tabla 9. Distribución de transferencias vs. inversión real
| Concepto | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Total ingresos | $72.295M | $71.980M |
| Transferencias de Nación (SGP+ADRES) | ~90% | ~88% |
| Inversión «directa» (ex-salud) | ~$8.300M | ~$6.700M |
| Inversión productiva verificable | Indeterminada | Indeterminada |
| Recursos propios / Total ingresos | 2,2% | 2,6% |
| Deuda pública (saldo estimado) | $72.952M | $102.952M |
Fuente: CHIP-CUIPO, SECOP.
LO QUE FUNCIONA Y LO QUE NO FUNCIONA
Lo que funciona
El municipio ocupó el segundo lugar en desempeño institucional en el Atlántico (80,5%), lo que sugiere una capacidad administrativa básica que no se traduce en resultados para la ciudadanía. El complejo deportivo de $27.000 millones y el primer laboratorio de robótica del departamento son logros tangibles. La actualización catastral, después de 15 años de atraso, es un paso necesario. La ocupación hotelera del 95% demuestra el potencial turístico del municipio. El Acueducto Regional del Norte, al 94% de avance, podría ser transformador si finalmente se conecta con los hogares que necesitan agua.
Lo que no funciona
La opacidad informativa es la característica más marcada de esta administración. No se publican datos desagregados sobre indicadores de gestión, ejecución presupuestal detallada, ni resultados de programas sociales. La contratación es cuestionable: el caso Funcovif ($430 millones en 8 días) es solo la punta del iceberg de un patrón de favoritismo hacia ONGs «de confianza». Las omisiones ambientales documentadas por la Procuraduría son graves y ponen en riesgo el acceso al agua. Los proyectos emblemáticos se retrasan: el Corredor Pradomar se anunció en 2024 y empezó en 2026. El cumplimiento de los ODS es deficiente en la mayoría de las metas. La deuda pública se ha multiplicado por siete sin que se evidencien las obras que la justifiquen. Y lo más grave: los cinco problemas que más preocupan a los ciudadanos (vías, seguridad, agua, espacios públicos, iluminación) no muestran avances verificables tras dos años de gobierno.
CALIFICACIÓN FINAL DE LA GESTIÓN 2024-2025
La calificación final de la gestión del alcalde Plinio Edgar Cedeño Gómez en sus dos primeros años de gobierno (2024-2025) es de 3,7 sobre 10, lo que la ubica en la categoría de GESTIÓN MEDIOCRE. No es criminal en el sentido penal estricto, pero tampoco es competente. Es una gestión de promesas incumplidas, opacidad informativa y ejecución deficiente. El alcalde fue reconocido como «Personaje Caribe 2025 — Mejor Alcalde», un premio de carácter mediático que, a la luz de los datos, resulta más propio de una campaña de relaciones públicas que de un reconocimiento basado en resultados verificables. La percepción no es la realidad, y los números no mienten.
3,7 / 10 — GESTIÓN MEDIOCRE
Tabla 10. Calificación por indicador de gestión
| Problema Prioritario | Indicador | Calificación | Adjetivación |
|---|---|---|---|
| 1. Vías sin pavimentar | Infraestructura Vial | 3,5/10 | Mediocre |
| 2. Inseguridad | Seguridad Ciudadana | 4,0/10 | Regular |
| 3. Agua salada/cortes | Servicios Públicos | 2,5/10 | Muy malo |
| 4. Desempleo/informalidad | Empleo y Turismo | 5,5/10 | Regular |
| 5. Exclusión social | Inclusión Social | 3,0/10 | Mediocre |
| PROMEDIO GLOBAL | 3,7/10 | MEDIOCRE |
Escala: 0-2,9 Muy malo | 3,0-3,9 Mediocre | 4,0-5,9 Regular | 6,0-7,9 Aceptable | 8,0-10 Bueno.
VEREDICTO: ENTRE LA OMISIÓN Y LA NEGLIGENCIA
Los números no mienten. El dinero llegó. Las obras, en la mayoría de los casos, no. Puerto Colombia recibe miles de millones anuales en transferencias, regalías y crédito, pero sus calles siguen sin pavimentar, su agua sigue siendo salada en amplios sectores, su cobertura de alcantarillado sigue siendo deficiente, su seguridad carece de estrategia documentada, y su inclusión social se reduce a contratos de 8 días con fundaciones favorecidas. La deuda pública se ha multiplicado por siete sin que se evidencien las obras que la justifiquen. La Procuraduría ha encontrado omisiones ambientales graves. Los ODS se incumplen sistemáticamente. Y la administración no publica los datos que permitirían a la ciudadanía verificar si las cosas están mejorando o empeorando.
Si ésta no es una gestión criminal en el sentido penal del término, sí lo es en el sentido ético y social: es una gestión que desperdicia los recursos de un municipio que necesita urgentemente inversión efectiva, transparencia real, y liderazgo transformador. El Prevaricato por Omisión, tipificado en el Artículo 414 del Código Penal, no se configura plenamente hoy, pero las condiciones están dadas para que, de persistir las omisiones documentadas, la responsabilidad penal del alcalde pueda ser llamada a cuentas en el segundo bienio de gobierno.
La pregunta que todo puertocolumbino debería hacerse es: si el alcalde no cumple con su obligación constitucional de ejecutar el Plan de Desarrollo y garantizar los servicios públicos, ¿quién responde ante los niños que beben agua salada, los ancianos que caminan por calles destruidas, y los jóvenes que no encuentran empleo formal? La corrupción por omisión también es corrupción, y sus víctimas no aparecen en los titulares, pero padecen sus consecuencias todos los días.
«La verdad no solo se lee, se siente. Porque la verdad no se negocia.»
Metodología
Este análisis forense se sustenta en los Informes de Ejecución Presupuestal certificados ante el CHIP-CUIPO (vigencias 2024 y 2025), los reportes del Sistema General de Regalías (SGR), los registros del SECOP I y SECOP II, las actuaciones de la Procuraduría General de la Nación, los datos del DANE y el DNP TerriData, la información de la web institucional puertocolombia-atlantico.gov.co, y la consulta de portales periodísticos de investigación incluyendo corrupcionaldia.com, La Silla Vacía, El Tiempo, El Colombiano, y W Radio. Se cruzaron mínimo cinco fuentes independientes para cada hallazgo significativo. La metodología es transparente y replicable.
Recomendaciones
A los Entes de Control: Procuraduría, iniciar investigación disciplinaria por omisiones ambientales y falta de transparencia; Contraloría, auditar caso Funcovif y ejecución presupuestal del bienio; Personería, ejercer control preventivo sobre contratos 2026+.
A la Ciudadanía: Exigir datos vía derechos de petición; vigilar contratos en SECOP II; participar activamente en rendiciones de cuentas.
Al Alcalde: Publicar sistema de información con indicadores trimestrales; acelerar ejecución de obras; transparentar contratación; cumplir con los determinantes ambientales; y demostrar, con datos verificables, que los $409.000 millones del bienio no fueron una promesa vacía.
