La Procuraduría General de la Nación destituyó y le impuso una inhabilidad de 12 años para ejercer cargos públicos al exsenador del Partido de la U, Eduardo Pulgar Daza, en una decisión de primera instancia. 

Tras finalizar el juicio disciplinario en contra del político que permanece privado de su libertad desde 2020, el Ministerio Público lo encontró responsable por el cargo de cohecho (soborno), al intentar torcer a un juez para darle la mano a un aliado político. 

El chantaje buscaba favorecer a Luis Fernando Acosta Osio, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Metropolitana de Barranquilla en un proceso judicial.  

Según la ley de procedimiento penal, el delito que este cometió fue el de cohecho y debido a que la defensa no apeló el fallo disciplinario que puso la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, este siguió en pie. 

Todo inició con la designación del órgano directivo para el periodo 2016-2017 de la Unimetro, centro educativo de la fundación Acosta Bendeck. Los nombramientos lograron un conflicto entre dos grupos de una familia heredera, las cuales se estaban disputando el control del centro educativo. En uno de los bandos estaba Luis Fernando Acosta Osío, quien había apoyado la campaña de Pulgar al Congreso y quien en junio de 2016 fue retirado de la junta directiva de la Unimetro, por orden de Ivon Acosta Acero. 

La disputa familiar llevó incluso a nombrar a dos rectores en la institución, por lo que la confrontación llegó a los estrados judiciales. El caso cayó en las manos del juez Andrés Rodríguez Cáez. Entonces, Pulgar buscó la forma de torcerlo. 

«El entonces senador Pulgar Daza, por medio del alcalde de Usuacurí, Ronald Padilla, logró que el juez Rodríguez Cáez aceptara reunirse con él en su lugar de residencia en Barranquilla. En la mencionada reunión, Pulgar Daza inició la conversación informando al juez el contexto del conflicto entre los herederos de la fundación Acosta Bendeck que antecedía a las audiencias. Mencionó el asunto de la Unimetro y le solicito ayuda con dicho tema, lo que denominó sería ‘un negocio», explicó la Procuraduría. 

El ofrecimiento consistió en que el juez Rodríguez Cáez debería actuar en sus diligencias a favor de los patrocinadores políticos del entonces congresista y a cambio tendría una prebenda económica. “200 barras”, como quedó registrado en una grabadora que el juez llevó a la reunión, audios que reveló a medios de comunicación tres años después. El togado rechazó la oferta económica, pero Pulgar Daza le insistió. Su interés radicaba, según consideró la Procuraduría, en que Acosta Osío representaba una alianza en términos de dinero, puestos y votos. 

En la justicia penal, Pulgar negoció un preacuerdo en el cual aceptó su responsabilidad por intentar torcer a Rodríguez Cáez. La Corte Suprema de Justicia lo condenó el 25 de junio del año pasado a cuatro años de prisión. 

«Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias (…) que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad», señaló el alto tribunal en la sentencia. 

Meses después, Pulgar Daza, quien estaba recluido en La Picota, consiguió ser trasladado al Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad EJEMA de Malambo (Atlántico), un centro de reclusión para miembros de la Fuerza Pública, ubicado en el Batallón de Ingenieros Número 2 del Ejército. No obstante, recientemente el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenó su regreso a La Picota, pero su esposa, a través de una acción de tutela, logró frenar esa decisión el pasado 8 de marzo. 

En septiembre de 2021, el Consejo de Estado lo despojó de su investidura de congresista, en primera instancia y ahora, en el ámbito disciplinario, la Procuraduría lo inhabilita por 12 años para ejercer cualquier cargo público.

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