¿Por qué quieren comprometer las vigencias futuras de la estampilla pro-ciudadela de Uniatlántico?

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¿El fin de la autonomía universitaria?

La solicitud de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera de la Esperilla, a la Asamblea Departamental para que apruebe comprometer las vigencias futuras, hasta el 2023, de los recursos de la estampilla pro ciudadela, es un golpe artero que liquida de una vez, la autonomía universitaria en la Universidad del Atlántico.  

Ni los gobernadores más autoritarios, ni los más déspotas, ni los más torpes se atrevieron a tanto, pues, muy a pesar del interés politiquero que tuvieran ellos en la universidad, siempre mantuvieron distancia, respeto y hasta temor por el principio de autonomía universitaria.

Esto se originó en parte, por el rango constitucional y legal que la autonomía contiene; en parte por el significado político que la misma encierra.  Sin embargo, la gobernadora Noguera sí se atrevió, de frente mar.  

Pero, qué más queda por destruir en esta pobre institución, si ya han acabado con todo.  ¿Acaso no fue allí donde en la misma mesa en la que se reúne el honorable Consejo Académico un rector practicaba sexo squirt con una estudiante?  Ya ni la academia, hoy, le pertenece a los académicos. 

El otrora mundo universitario interno, hoy fue reemplazado por una tropilla de militantes y lugartenientes de planillas y listados de cédulas, expertos en comprar votos y en trashumancia electoral, así como mochileros reconocidos de debates electoreros de barrios y comarcas de los grupos políticos de la ciudad. A leguas se nota que no pertenecen al mundo universitario.

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Los que hoy dirigen la universidad son ex funcionarios de entidades públicas de medio pelo, docentes de escuelas de primarias distritales que fueron impuestos como vicerrectores, jefes de departamentos, decanos y hasta rector de esta institución superior.  Ese es el panorama académico y administrativo de la Universidad del momento.  Si a ustedes le muestran otra cosa de la Universidad en las redes,  es pura realidad aumentada o publicidad engañosa.

La propuesta fraudulenta de comprometer los recursos de la estampilla es el fin de la autonomía. Y lo peor, nadie dice nada en su interior.  Sus docentes solo están preocupados porque sus sueldos lleguen a tiempo, otros se dedican a guerras intestinas y otros, los jóvenes investigadores a la corrupción investigativa de esquilmar los recursos públicos, con artículos científicos publicados en revistas depredadoras para obtener unos sueldos astronómicos.

Esa corrupción es tan degradante y denigrante como aquella que se queda con los recursos de la alimentación escolar de los niños pobres.  ¿Cuál es la diferencia? Solo que esta es hecha por dudosos académicos con patente de corso: sus blasones academicos.  De otra parte, la casta parasitaria de sindicatos internos se encuentra atomizada.  Hay un principio que establece que el número de sindicatos que existan al interior de una organización, es proporcional al tamaño de su crisis.  Estos, actúan como grupos de poder que solo buscan conseguir rentas de los rectores de turno y su comportamiento es reflejo del mundo gansteril, aprietan a cambio de beneficios.

Regresemos a nuestro asunto, la estampilla.  Esta es un tributo parafiscal, con destinación específica a la construcción, dotación y mantenimiento de la ciudadela universitaria.  Este proyecto fue ideado y promovido por el desaparecido congresista José Name Theran hace algunos años ya.  Fue el primero en el país. 

La Asamblea Departamental reglamentó la estampilla y posteriormente el gobernador Gerardo Certain mediante un decreto, de su despacho, se quedó con el manejo de estos recursos, como si los mismos fueran departamentales. 

Para tal fin creó una secretaría de despacho con una Junta con cinco representantes que serían elegidos unos y designados otros. La junta la componen representantes de los estudiantes, de los profesores, de los egresados, del Presidente de la República, el gobernador y el rector de la Universidad con voz, pero sin voto.  

Pero como todo lo que no le interesa al Consejo Superior, hoy no hay representantes de los estudiantes, profesores, egresados.  En todos los gobiernos de la Universidad del Atlántico se repite esta situación, ellos, el gobernador y la administración de la Universidad gobiernan sin las representaciones que la ley y los estatutos establece, a ellos no les importa, pues así concentran el poder como los tiranos más despreciables.

Como quiera que sea, y por disposición de la ley, estos recursos el legislativo los creó para financiar la construcción de la ciudadela de la Universidad del Atlántico y se convirtieron, mediante la Ley, en ingresos de la Universidad, el acuerdo de gobernador Certain es ilegal y asalta descaradamente el presupuesto de la Universidad.  El ente departamental solo debe recaudar los recursos y entregar a la Universidad los dos porcentajes, el de construcción, dotación y mantenimiento y el de pensiones, para que, con la autonomía presupuestal y contractual, la Universidad decida cómo ejecutar los mismos.

Tanto en la gobernación del Atlántico con su equipo de rábulas, como los altos directivos de la Universidad ignoran el concepto de Autonomía Universitaria.  Llama poderosamente la atención que la única universidad estatal del país en la que los recursos de la estampilla sean manejados por fuera de la institución, sea Uniatlantico, las 33 universidades restantes, en lo que respeta a la Estampilla, defienden y desarrollan la autonomía universitaria.   

Sin embargo, la Junta Pro ciudadela ha sido la encargada de diseñar el plan de inversión de dichos recursos año tras año de las propuestas que la Universidad presenta y debate las asignaciones de acuerdo a las necesidades de la institución.  Y así se ha hecho por más de 30 años de existencia de la Junta, que a pesar de lo que hemos señalado, esta toma las decisiones en junta por votación o por consenso.

Zarpazo  

Ha trascendido a los medios el proyecto de ordenanza departamental, consúltelo aquí, dirigido al presidente de esa corporación, Gersel Pérez Altamiranda por la gobernadora del Atlántico,  Elsa Noguera, quien desconoce a la Junta y decide por ella, el proyecto de ordenanza, que incluye la exposición de motivos y que reza: “Por medio de la cual se autoriza a la administración departamental para comprometer recursos de vigencias futuras de los años 2021, 2022 y 2023, y celebrar contratos y/o convenios para la ejecución de obras públicas en la Universidad del Atlántico y se dictan otras disposiciones”.  Todo esto por la bicoca de $40.000 millones de pesos que serán ejecutados este año con pandemia y todo.    

En la exposición de motivos y en la propuesta, no se menciona a la Universidad del Atlántico por cuanto se parte del hecho ilícito, de creer malintencionadamente que los recursos de la estampilla forman parte del presupuesto de rentas y gastos del Departamento del Atlántico y no de la Universidad.  En la exposición que motiva la propuesta se tuercen los hechos y los conceptos y así se evita mencionar la Universidad porque son conscientes que allí tendrían que dar explicación sobre el rango constitucional de la autonomía universitaria contenida en el artículo 69 de la CPN.

Este articulo desarrollado por el legislativo en la Ley 30 de 1992, declara en el artículo 28,  que  la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión, poseer autonomía presupuestal, contractual e incluso su propio régimen disciplinario. 

Muchas sentencias de las altas cortes se han cansado de repetir esto, para que los déspotas autoritarios no crean que las universidades son un vulgar apéndice administrativo de los despachos municipales y departamentales.

Este “mico” monstruoso viola la autonomía universitaria de manera impune y le da trato de establecimiento público departamental a la Universidad del Atlántico, el que es un ente autónomo especial por disposición constitucional que no pertenece a ninguna de las tres ramas del poder público, por ser un ente con régimen jurídico especial, de carácter público, con capacidad de designar sus directivas y de regirse por sus propios estatutos de acuerdo con la ley especial que lo regula.

Pero, cuál autonomía universitaria dicen algunos, si la gobernadora actual, no ha entendido que ella es solo la presidente del Consejo Superior y como tal no es autoridad ni administrativa, ni académica, ni legal, ni disciplinaria, ni presupuestal en la universidad. Por eso no es raro verla presidiendo las ceremonias de grados en la universidad, entregando tabletas digitales y ayudas a los estudiantes, comunicando los hechos de la institución y presidiendo los Consejo Académicos, decidiendo su calendario académico o sugiriendo vincular la universidad a personas que por demandas perdieron el cargo de decano. Otro gobernador concedió, públicamente y sin sonrojarse, vacaciones a un rector.   

Nunca se había visto que la Asamblea Departamental diseñara y aprobara planes de inversión para la Universidad, porque en cristiano, ni le corresponde, ni tiene las competencias para hacerlo y porque además la universidad tiene un régimen de autonomía con capacidad para regular con independencia y lejos del poder político como lo ha manifestado la Corte Constitucional en muchas sentencias, y con sujeción a la Constitución Política y a la Ley todas las materias de naturaleza académica, financiera, organizativa y administrativa, presupuestal indispensables para el cumplimiento de su objeto.  

Comprometer las vigencias futuras de la Estampilla por ciudadela universitaria a través de la Asamblea Departamental y desconocer la autonomía presupuestal de la universidad, podría constituir posibles conductas de tipo penal, disciplinarias y fiscales, como prevaricato, extralimitación de funciones, abuso de poder, peculado por destinación oficial diferente, falsedad ideológica y violación del régimen de conflicto de intereses.  

El Departamento tiene deudas con la universidad por un fallo judicial a favor de los pensionados.  El gobierno departamental se apropió del antiguo edificio del Colegio de Barranquilla y aún no ha resarcido ese bien a la Universidad. Por el uso de esos recursos de manera arbitraria la Corte Suprema investiga actualmente a un ex gobernador.   

Coda

En la Universidad del Atlántico estos desafueros -y otros más- se han realizado bajo la sombrilla de la pandemia, como si con la llegada de la misma, hubiesen desaparecido todos los derechos y apareciera el totalitarismo legal y administrativo.

En este lapso han modificado parcialmente los estatutos, modificado acuerdos, han elegido representante del sector productivo en el Superior, convocado a elecciones (virtuales, ni tontos que fueran) de estudiantes, de docentes, de egresados y todo esto sin el quorum requerido en este órgano de gobierno, sin la representación estudiantil.  Los peores enemigos de la democracia son los que no reconocen el imperio de ley, aquellos que requieren la inseguridad jurídica para cometer todas sus arbitrariedades y eso es lo que hoy vive Uniatlantico.

 Uno de los mecanismos de control institucional para que los actores políticos no destruyan a las instituciones como nubes de langostas, es el imperio de ley.  Pero el Consejo Superior y sus rábulas de cabecera continúan actuando en contra de la institución.  No han entendido que la democracia y las instituciones, como la educación superior y más específicamente la Universidad del Atlántico, no pueden funcionar sin que exista un sistema legal eficaz por el que se hagan cumplir las normas diseñadas por el legislativo (ley 30 de 1992) y las del gobierno universitario (los estatutos internos), por el que se hagan valer los derechos de los estudiantes, profesores y trabajadores y se resuelvan las disputas de manera civilizada.  Pero esto no es lo que hace hoy el Consejo Superior de la Universidad, ni lo que hacen los rectores pasajeros, el ultimo rector pasajero resultó ser un chiste, puestos allí por la clase política, los que tampoco defienden la autonomía universitaria ni a la universidad.    

Lo que se vive hoy Uniatlantico es la concreción del poder de las elites de la ciudad orientadas a la persecución de rentas para un proyecto político externo.  En el alma mater no está funcionando el gobierno universitario consignado en la Ley 30 que se expresan en los consejos Superior, Académico y de Facultad. Lo que hay son cortesanos obedientes ante un mal gobierno y ante el rey del piso 11.  Nuestro parlamento universitario no funciona o funciona para perpetuar un modelo anti universitario clientelar y contratista. 

El parlamento universitario, donde se diseñan y aprueban las normas internas, estructura y súper estructura institucional ha sido reemplazada por representantes de la política local y gremial externa e interna. Por eso nunca el Consejo Superior y sus presidentes reformarán institucionalmente la universidad porque sencillamente esto no le conviene a la clase política, lo que, además, controla al Ministerio de Educación y a todo el ramo.   

La universidad camina derecho a la inviabilidad financiera e institucional, en ella se ha roto el contrato social entre gobernados y el soberano.  No hay voluntad general para funcionar como sociedad solo hay autoritarismo de quien dicta todo, y modifica todo desde el piso 11.  El imperio de la ley que hoy reina en la universidad, es rey de burlas y no de admiración. Prevalece la degeneración institucional. Mientras no se entienda quienes son verdaderamente los enemigos del imperio de la ley, los degeneradores institucionales, todo seguirá igual.  Mientras la clase política local pre moderna con sus “lava perros”, mantengan capturada la institución, todo lo que se haga serán remedios de curanderos a los síntomas del Covid 19.  

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