Iván Contreras
Periodista, miembro del CNP de Colombia
La corrupción en Colombia sigue siendo un monstruo de mil cabezas, y la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) es solo uno de sus muchos tentáculos. En un país donde los elefantes blancos proliferan, las denuncias de corrupción parecen ser ignoradas sistemáticamente, especialmente cuando involucran a altos funcionarios y políticos.
El caso de la UNGRD es particularmente alarmante. El presidente ha sido enfático en que hay que recuperar el dinero y mandar a los delincuentes a prisión, pero las acciones no parecen corresponder a las palabras. En 2022, el ciudadano Onir Anaya denunció ante la Unidad Anticorrupción y la Corte Suprema de Justicia un esquema masivo de corrupción que involucraba a 60 congresistas de partidos de la coalición del entonces gobierno de Duque. Entre los señalados estaban figuras del Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, y, por supuesto, del Centro Democrático.
La respuesta de las autoridades fue, por decir lo menos, desalentadora. Barbosa, el Fiscal de bolsillo del uribismo, simplemente ignoró la denuncia. Más sorprendente aún fue la respuesta de la Corte Suprema de Justicia, que decidió no admitir la denuncia. ¿Por qué? Porque la corrupción en Colombia tiene protectores en los lugares más altos del poder.
El modus operandi de estos corruptos es siempre el mismo: desviar fondos públicos para sus bolsillos mientras las necesidades del pueblo quedan desatendidas. Eduardo González Angulo, miembro del Centro Democrático, robó $120 mil millones de pesos durante el gobierno de Uribe y fue reciclado en el gobierno de Duque. Onir Anaya lo denunció, pero la denuncia fue ignorada.
Lo más escandaloso es que estos actos de corrupción no son aislados. Los mismos 15 congresistas del Centro Democrático que Anaya denunció son los que ahora intentan ocultar las acciones de Olmedo López y Sneider Pinilla, presuntos responsables de seguir robando miles de millones de pesos. Este patrón de corrupción no solo saquea los recursos del país, sino que también socava cualquier intento de gobernar con integridad.
La situación es aún más grave cuando se considera que parte del dinero utilizado en estos esquemas proviene de fondos desviados de proyectos esenciales, como los destinados a la atención de desastres naturales y emergencias. Mientras tanto, la gente sufre y el país sigue hundido en la miseria.
La denuncia de Onir Anaya debería haber sido un llamado a la acción, pero en cambio fue silenciada. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía se han convertido en cómplices de estos crímenes al no tomar medidas. Este nivel de corrupción es una traición a la confianza pública y un insulto a la democracia.
Es imperativo que los colombianos exijan transparencia y rendición de cuentas. La corrupción no puede seguir siendo la norma en nuestro país. Las autoridades deben actuar con firmeza y llevar a los culpables ante la justicia. Solo así podremos comenzar a reconstruir un país verdaderamente democrático y justo.
