Cuando Germán Vargas Lleras estaba presto a presentar su renuncia de la Vicepresidencia de la República y era inevitable que le tocaba soltar los ministerios bajo su control (Transporte y Vivienda y Territorio), soltó en una despedida apoteósica en Barranquilla, una alarmante declaración: “Al puente sobre el río Magdalena le faltan para su culminación $100.000 millones de pesos”. Causó alarma y suspicacias sobre las causas del desfinanciamiento de una obra pactada en su contrato en $600.000 millones de pesos.
Fue precisamente Germán Vargas Lleras quien anunció la adjudicación por parte del Invías, al Consorcio SES Puente Magdalena, para la construcción del nuevo puente. “Es una megraobra”, dijo, “que mejorará notablemente la competitividad de la Región Caribe y la conectará con los principales centros de producción del interior del país. Además, este puente sobre el Río Magdalena, a la altura de Barranquilla, será construido con diseños de alta ingeniería”. Lo más importante que señaló en la presentación del proyecto fue que el proceso se cumpliría dentro de un estricto cronograma por parte del ganador Consorcio SES Puente Magdalena, integrado por Esgamo Ingenieros Constructores (30%), Sacyr Chile S.A. (30%) y Sacyr Construcción Colombia (40%), cuya propuesta económica fue de 614.935 millones de pesos. Finalmente, en ese mismo acto de arrancada, Vargas Lleras indicó que “Estaremos muy atentos para que en el menor tiempo posible se dé inicio a este megaproyecto cuya ejecución se deberá dar en un plazo máximo de 36 meses”.
Primera parálisis de las obras
Sin embargo, en el 2017 la obra se paralizó. La circunstancia específica que constituye hito para revisar el desarrollo ulterior del proyecto fue la falta de pago. Nuevamente aparece Vargas Lleras ofreciendo declaraciones sobre el suceso: “No puede haber ni una queja más de la compañía Sacyr, con la cual tuvimos un incidente hace 15 días. Pararon por 24 horas la construcción del puente Pumarejo con algo de razón porque en estos contratos que no han tenido anticipos y es de obra ejecutada obra pagada. Les estaban debiendo $44.000 millones (de tres meses)”.
Según esta versión que strictu sensu es real, dentro de la programación del contrato los pagos se harían de acuerdo a un cronograma con las etapas cumplidas de la obra avaladas debidamente por la firma interventora. Nuevamente Vargas Lleras anuncia: “Este Gobierno honra sus compromisos y obligaciones, tanto en obra pública como en concesiones. Ya nos pusimos al día, y no hay ningún pretexto para que el puente no cumpla con el cronograma de ser terminado en su totalidad en mayo de 2018”.
Sin embargo, pese a tan alentadoras palabras, el puente no se concluyó en mayo de 2018 quedando pendiente el soporte o justificación del incumplimiento y el diseño de un nuevo cronograma que finalmente, entre cavilaciones, quedó pactado para diciembre de 2019. En términos de tiempo, pasó de 36 meses a 55 meses lo que equivale en términos económicos mayores gastos para los contratistas con toda la infraestructura y logística que ello representa.
La fama de Sacyr
A todas estas, la empresa constructora Sacyr, conocida por un descalabro técnico en el puente de Hisgaura reconocía retrasos y ladinamente indicaba que no se debía a ellos, que por el contrario estaban prestos a responder en las debidas instancias incluso las jurídicas con todas las probabilidades de ganar por los retrasos en pago y traslados presupuestales efectuados por el Invías hacia otras obras tal como se encuentra documentado en el SECOP.
Fue en ese momento en donde la obra empezó a mostrar fisuras, grietas y otras sintomatologías graves que por supuesto fueron minimizadas por la constructora calificándola de normales. Se programan visitas a la obra, desosiego entre ingenieros, comunicados y alboroto nacional de la prensa. Al final, el director del Invías dio su final veredicto: “Los arreglos de las fisuras ya fueron solucionadas y no representan ningún riesgo, Es normal que se presenten este tipo de grietas”.
Perfecto. Lo normal es que NO se presenten grietas, pero lo contrario también se vale. Sobre todo, de parte del funcionario de mayor rango de la entidad contratante de la obra que funge de abogado de oficio de la constructora, eximiéndola y minimizando el impacto de los hallazgos evidentes en la obra. Es que el Invías juega a varios niveles si nos atenemos que el actual representante de la empresa Sacyr en Colombia, Carlos Rosado, estuvo en el manejo de esta entidad hasta el año 2012 saliendo de ella en medio de acusaciones.
El trampolín de Carlos Rosado
Recapitulemos el paso del actual Director de Sacyr cuando fue Director de Invías hasta el año 2012 cuando presentó renuncia en una carta dirigida al Presidente Juan Manuel Santos argumentando que necesitaba tiempo para dedicárselo a su familia, tras la posesión de la cuestionada Ministra de Transporte Cecilia Álvarez-Correa. Protocolo burocrático pues la Contraloría General de la República le había abierto un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto daño patrimonial de $105.675.000 pesos en un proceso en que también estaba implicada la Sociedad Ponce de León y Asociados S.A. Ingenieros Consultores, del Grupo Nule.
Nos vamos entendiendo si nos atenemos que en recientes documentos el detenido ex Viceministro de Obras Gabriel García señaló una lista de periodistas que habrían recibidos pagos para “enlodar” a los vinculados del grupo Nule creando ambiente para el aterrizaje de la corrupta empresa brasilera Odebrecht. Pues bien, el juicio fiscal, según la Contraloría, se derivó de las gestiones “antieconómicas, ineficientes e ineficaces”, que ocurrieron en la interventoría al contrato de obra de la pavimentación de algunas vías en el departamento del Cauca. Para ese momento, la Contraloría ordenó embargo de bienes de los implicados, dentro de ellos el salario del director del Instituto Nacional de Vías (Rosado), más sin embargo, el funcionario presentó una póliza que cubrió el valor del presunto detrimento patrimonial. Para el ente de control fiscal, el director del Invías “omitió adelantar actuaciones adecuadas para el cumplimiento de sus funciones y dejó de efectuar un control de tutela adecuado en el manejo de las actuaciones necesarias para la liquidación de este contrato y por lo tanto la recuperación de los recursos del anticipo girado”.
Después la Contraloría le solicitó a la Procuraduría General de la Nación investigar a Rosado por la alteración de la verdad procesal con un boletín de prensa en que decía que la Contraloría General de la República “levantó el embargo del salario del director del instituto por no encontrar méritos para mantenerlo dentro del proceso adelantado por un presunto daño patrimonial por más de 105 millones de pesos”. No fue así y por ello la Contraloría consideró que el boletín faltaba a la verdad porque en la audiencia verbal de descargos se levantó la medida cautelar de embargo al salario al presentar Rosado y su apoderado una póliza de Seguros del Estado garantizando el pago del detrimento patrimonial.
De modo que así fue la cosa en este suceso con Rosado. Fue la época en que decía, dramáticamente, que tendría que cantar en los buses de servicio público para sobrevivir aunque este arrebato artístico le duró muy poco, pues sería nombrado como Director de la Cámara Colombiana de Infraestructura para la costa. También estuvo de paso encargado en el Ministerio y participó en la gestión de documentos Conpes en Planeación Nacional. Al final, llegaría providencial a su actual posición en Sacyr confirmando, en su nombre, con su estilo, la modalidad de saltos de canguro sobre la puerta giratoria: un día estoy en el sector público y al día siguiente en el privado conociendo exactamente del mismo asunto sin ningún recato ético.
Las causas del retraso
Hasta este momento no se conocen las causas del atraso de 19 meses en las obras de construcción del puente ni que movimientos hicieron para que el proyecto tuviese un matiz normal en el desenvolvimiento de los recursos bajo los informes de interventoría que actuaban bajo un cronograma de obras. Los sobresaltos incomodos fueron cuando Vargas Lleras confirmó el faltante del presupuesto y cuando ingenieros y medios de comunicación observaron grietas, fisuras y desorden en la ejecución de la construcción. Los dos superados. Uno con la entrega del faltante por parte del Presidente Duque y el otro con la absolución de la empresa Sacyr en lo relacionado con la calidad de las obras por parte del Invías.
La milagrosa aparición del recurso faltante la anunció, en tono triunfal y justiciero, el Presidente Iván Duque en un acto en donde concurrieron los gobernadores del Atlántico, Eduardo Verano, y del Magdalena, Rosa Cotes. Dijo que “Cuando empezó nuestro gobierno nos encontramos con una realidad, el Puente Pumarejo estaba desfinanciado, le faltaban más de 130.000 millones de pesos. Como Gobierno entendimos la importancia de esta obra, la importancia de este proyecto, el símbolo del Puente Pumarejo y nos pusimos a trabajar con la ministra Ángela Orozco y logramos que, en tiempo récord, en medio de un apretón fiscal, aportar más de 140.000 millones de pesos que nos permiten finalizar esta importante obra para el país”.
Vamos por partes Presidente. El puente no estaba desfinanciado. Por el contrario, estaba absolutamente cubierto su monto, tanto que el inefable Invías disponía de esos recursos para trasladarlo a otras obras, como es el caso del puente de Honda sobre el Magdalena. De allí pasamos a una pregunta pertinente, basado en la suposición presidencial, es sobre las causas de que apareciera un misterioso faltante de más de $100.000 millones pesos en la construcción de la magna obra? Acaso fue la suma destinada a las coimas y ese faltante produjo la desfinanciación? Dudas y cavilaciones al respecto.
Otra pregunta. En medio de un “apretón fiscal”, de dónde aparecieron, de que fondo o disposición presupuestal, los $130.000 millones restantes que permitieron la feliz culminación de la obra? Es una pregunta pertinente, pues no es una cantidad desdeñable ni irrisoria y que parece premiar en el fondo el incumplimiento de Sacyr en lo referente al cronograma pactado de las obras, por un lado y darle aliento a la corrupción dentro de este tipo de megaobras, por otro.
Total, el puente sobre el río Magdalena estaba presupuestado en $600.000 millones pesos y terminó costando, según voceros del gobierno $780.000 millones de pesos. Nada desdeñable el sobrecosto de la obra por $180.000 millones, su atraso de 19 meses y la precaria calidad que muestra la construcción en algunos segmentos. Ahora habrá que esperar los protocolos de las pruebas de carga a ver si la obra, pese a sus altos costos, resiste el paso de vehículos y del tiempo.
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