Dos años, un mes y 18 días, han transcurrido desde que concluyeron las audiencias del juicio contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y ex senador, Álvaro Uribe Vélez.
Este tiempo, no ha sido suficiente para que el juez primero penal del Circuito Especializado de Antioquia, Jaime Herrera Niño, tomara una decisión sobre la presunta participación de Uribe Vélez en la conformación del grupo paramilitar conocido como Los 12 apóstoles.
Herrera Niño ha pedido aplazamientos para pronunciarse, muy a pesar de que la Procuraduría pidió que Uribe Vélez fuera condenado por concierto para delinquir agravado y la Fiscalía pidió condena, además, por el homicidio agravado de Camilo Barrientos, conductor de un bus escalera asesinado por el grupo paramilitar.
Sin embargo, el crimen que se le imputa a Santiago Uribe, no prescribe porque las acciones de ese grupo delictivo fueron calificadas como de lesa humanidad.
El 10 de febrero del 2021, día en que se dio pòr finalizado el juicio, el abogado Daniel Pardo, representante de víctimas en el proceso, le pidió al juez Primero Penal Especializado del Circuito de Antioquia darle una respuesta pronta a quienes sufrieron estos actos de violencia.
Y aprovechó para calificar el proceso contra Uribe como una «vergüenza nacional», pues el caso llevaba más de 30 años y todavía no se sabe si se condenará -o no- al ganadero por la presunta comisión de estos delitos.
«Se finalizó el juicio y nos queda aclamar porque haya una pronta respuesta a las alegaciones. Es necesario que haya una pronta decisión para que la comunidad nacional e internacional por fin sepa lo que pasó, y este proceso deje de ser una vergüenza nacional, porque pasar más de 30 años sin darle una respuesta a las víctimas no deja de ser una vergüenza para el país», manifestaba en aquel entonces.
De hecho, el periodista investigativo, Sergio Mesa, autor del libro ‘El apóstol Santiago’, afirmó que la semana pasada (23 de marzo el juez Herrera Niño, además de negarle el acceso al expediente alegando que tenía reserva, lo cual es falso, porque el juicio ya terminó, por lo tanto es de carácter público, le respondió a la pregunta de cuándo pensaba fallar el caso, diciendo que “si me tengo que demorar tres años, lo haré”.
Ni las pruebas han convencido al juez
En el proceso, la Fiscalía presentó pruebas que vinculan a Uribe Vélez con los crímenes, incluyendo la grabación de una llamada entre el mayor Juan Carlos Meneses y el coronel Pedro Benavides –de la estación de Policía de Yarumal–, quienes aceptan que Santiago Uribe los sobornó para que omitieran su labores y se hicieran los de «la vista gorda».
Y aunque la Fiscalía determinó que fueron 533 asesinatos selectivos cometidos en el norte de Antioquia por el grupo Los Doce Apóstoles, todo en connivencia con la fuerza pública, empresarios, políticos e incluso el cura de la región, los campesinos y familiares de los cientos de víctimas de ese grupo aún no consiguen respuestas ni justicia.
El 22 de octubre del 2022, el periodista Yohir Akerman escribía en su columna habitual de la revista Cambio, que “no solo el tema de la asociación de bandas paramilitares con miembros de la fuerza pública corre por la sangre de los Uribe Vélez. También parece que el sobornar testigos o presentar testimonios falsos dentro de los procesos judiciales es parte del tejido genético de los hermanos”.
Y basa su teoría en que durante el proceso de Santiago Uribe, la Fiscalía exhibió un documento que ataca a una banda de testigos falsos que presentó la defensa. El ente investigador dijo: “Lo que en verdad presenciamos fue una sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos, quienes con precarios instrumentos sonaron desafinados, destemplados y hasta descoordinados; comportamiento que se explica en las más diversas motivaciones de cada uno de ellos, unas veces mintieron para favorecer sus propios intereses y otras veces porque inequívocamente querían proteger los intereses jurídicos de Santiago Uribe Vélez”.
Y añadió Hakerman que “es imposible no hacer un paralelismo con la defensa que el expresidente Uribe ha hecho en su proceso en la Corte Suprema de Justicia, y ahora frente a la juez 41 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá. En ese caso los testigos a su favor habían estado muy alineados, hasta que se demostró que uno de los abogados del expresidente imputado les había realizado pagos, subsidios y presiones elaborando, para parafrasear las palabras de la Fiscalía, otra “sinfónica de falsos, inconsistentes e irrelevantes testigos”.
Y también relató que estas situaciones jurídicas, que se veían muy complicadas para los hermanos Uribe, cambiaron con la llegada del fiscal Francisco Barbosa. En ese momento todo mejoró.
En el caso de Santiago “Una vez con Barbosa en el mando, el ente acusador actuó en favor del ganadero Uribe Vélez en dos hechos preocupantes. Para empezar, el 24 de noviembre de 2020, se inhibió de abrirle otra investigación formal al ganadero por hechos correlacionados, como la creación del Bloque Suroeste de las Autodefensas Unidas de Colombia, que delinquió en los municipios de Amagá, Titiribí y Angelópolis, en el suroeste antioqueño».
Y posteriormente hubo otro acto que servía a los intereses del hermano del expresidente por parte de la Fiscalía. “El mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero, uno de los actores principales de Los Doce Apóstoles y un testigo estrella en el proceso, fue capturado ilegalmente por el ente investigador el 17 de marzo de 2021, y dos días después puesto en libertad a regañadientes, porque, un año atrás ya había sido acogido por la Justicia Especial para la Paz (JEP), único organismo de justicia autorizado para revocarle su libertad.
Después de todos estos años, juristas, pero en especial las víctimas de Los 12 Apóstoles, se preguntan ¿qué papel cumple entonces los organismos de fiscalización de los jueces de la República, o los tribunales encargados de disciplinar a quienes de manera negligente niegan la justicia?
Evidentemente para los Uribe Vélez no aplica aquello de que “la demora me perjudica”, todo lo contrario.
