Tras haber contemplado la posibilidad de archivarlo en primera instancia a principios de este año y cuando ya se vencía el término para reversar o confirmar lo actuado, el nuevo contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, decidió ordenar reabrir el proceso de responsabilidad fiscal contra la firma Navelena, por el frustrado proyecto de navegabilidad del río Magdalena. 

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De esta manera el contralor declaró esta semana de impacto nacional los procesos de contratación, ejecución, pago de los estudios, diseño y estructuración del proyecto de Navegabilidad del río Magdalena efectuados por el Ministerio de Transporte, Cormagdalena y la Agencia Nacional de Infraestructura. 

Carlos Hernán Rodríguez, Contralor General de la Repúblicas.

El estudio costó casi 200 mil millones de pesos, y el contrato que arrancó a medias fue realizado pun un monto de $1.3 billones de pesos. 

En febrero de este año, la entonces delegada número 5 de la Unidad de Investigaciones Especiales de la Contraloría, Viviana Domínguez, emitió un concepto, que debía ser ratificado o no por el entonces contralor Carlos Felipe Córdoba, en el que se consideró que “en el presente caso se encuentra demostrado, que no existió pago injustificado de los valores reconocidos en la liquidación a título de compensación por la terminación anticipada del contrato a 001 de 2014 en la etapa de preconstrucción”. 

Para el ente de control el proyecto se adjudicó por la suma total de 1,3 billones de pesos pero no se estableció un valor estimado para la etapa de preconstrucción, por lo cual no existe ningún referente en lo pactado en el contrato para determinar cuánto se debía gastar en dicha etapa, y que los dineros pagados por Cormagdalena al consorcio Navelena fueron por concepto de operación mantenimiento y nómina. 

Y ya con anterioridad, en el 2018, en el plano penal, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez había cerrado el caso antes de iniciar una investigación “Hoy la Fiscalía ha descartado la posibilidad de corrupción en el caso de la adjudicación de las obras del río Magdalena”, anunció en su momento. 

El mencionado contrato había sido liquidado hace 5 años y a las 12 de la noche esta semana vencía el plazo para decidir si se avanzaba o no en la investigación por parte de la Contraloría. 

La reapertura de esta investigación involucra entonces a la corrupta constructora Odebrecht y a la firma barranquillera Valores y Contratos, Valorcon de la familia Gerlein, así como presuntos responsables a cinco directores ejecutivos de Cormagdalena incluyendo a Luis Fernando Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, quien estuvo encargado unos meses de Cormagdalena. 

Aquí cabe anotar, por elemental justicia, que en su momento Andrade advirtió sobre irregularidades en el proceso y multó a Navelena por incumplir las condiciones del servicio. 

Además de Luis Fernando Andrade, el auto que abre el proceso fiscal menciona como presuntos responsables a Alfredo Varela de la Rosa, Luis Álvaro Mendoza Mazzeo, Lucas Ariza Buitrago y Pedro Pablo Jurado Durán. 

En este punto, llama la atención que no se haya vinculado en ninguna etapa de la investigación al ex director de Cormagdalena, Augusto García, quien prácticamente fue el artífice y quien direccionó y firmó el contrato inicial. 

Mediante la resolución 262 del 2014, García adjudicó al Consorcio Navelena el contrato de 1,3 billones de pesos.  

La Contraloría estima el daño causado a los recursos públicos en más de $189.000 millones de pesos. 

En una alerta temprana enviada por la Unidad de Información, Análisis y Reacción Inmediata, Diari, a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dos dependencias de la Contraloría, se señaló que desde 2017 se han firmado 8 contratos relacionados con el tema y no hay claridad sobre la intervención de las entidades. 

Navelena incumplió reiteradamente sus obligaciones con Cormagdalena. La empresa de Odebrecht y los Gerlein no logró el cierre financiero del proyecto que tuvo que ser liquidado tempranamente. 

El auto de la Contraloría señala que, pese a las presuntas irregularidades, la Corporación Autónoma Regional del río Magdalena Cormagdalena, autorizó pagos por más de $190 mil millones de pesos que “no han prestado utilidad alguna para dar cumplimiento al proyecto de navegabilidad del río Magdalena”. 

Por esa razón vincula al proceso a los contratistas y a quienes ocuparon la dirección de Cormagdalena desde septiembre de 2015 hasta el 6 de agosto de 2022, pero por fuera a García. 

La acción fiscal estuvo a pocas horas de entrar en caducidad y prescripción, porque el contrato había sido liquidado el 12 de octubre de 2017.  

Esta decisión de la Contraloría se da al mismo tiempo que el FBI adelanta indagaciones en Colombia sobre presuntos receptores de pagos irregulares y sobornos por parte de Odebrecht. 

La Unidad Internacional Anticorrupción del FBI comisionó al agente especial Michael Lewandowski para adelantar pesquisas sobre episodios no aclarados y sobornos de alto nivel en Colombia. 

Lewandowski es el mismo que consiguió la extradición a Estados Unidos de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, los hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli.

Ya los Martinelli confesaron que recibieron $28 millones de dólares en coimas de Odebrecht, por instrucción de su padre. 

Tanto Martinelli como sus hijos han tenido amigos y negocios con pares suyos en Colombia. 

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