La Contraloría General de la República acaba de proferir un fallo con responsabilidad fiscal por $5.443 millones de pesos contra la Caja de Compensación Familiar Comfenalco-Santander, por el daño patrimonial causado al Fondo Adaptación al incumplir un contrato con esta entidad para la construcción y dotación urbanística de 138 soluciones de vivienda destinadas a familias afectadas por el fenómeno de La Niña que se presentó en 2010 y 2011.    

Según la investigación adelantada por la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, profirió el fallo contra Comfenalco-Santander, a título de culpa grave, debido a que luego de reiterados e incumplidos compromisos para finalizar las obras, más de 10 años después de ocurrida la emergencia, estas 138 familias aún no han recibido una solución ágil y completa, como esperaban.  

El proceso tuvo su origen en un hallazgo fiscal detectado por la Gerencia Departamental de la CGR en Santander, que a su vez resultó del trámite de una denuncia sobre presuntas irregularidades en el manejo y ejecución de recursos del Fondo Adaptación, entregados en desarrollo del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado “Enraizar II”, desarrollado en el Municipio de San Pablo (Bolívar) y donde Comfenalco Santander actuaba como Operador Zonal.  

Proyecto Enraizar II, toda una porquería.

Hasta aquí, da la impresión que la Contraloría está actuando con todo el rigor del caso para cumplir con su labor de proteger los recursos públicos. 

Sin embargo, la realidad es que la función fiscalizadora que debe ejercer este organismo de control deja mucho que desear. 

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En el caso concreto, el monto de daño fiscal causado no solo por la Caja Compensar, sino por varias cajas de compensación en distintos departamentos, con recursos que destinó el Fondo de Adaptación para superar los estragos causados durante la ola invernal del 2010, supera con creces el monto del fallo proferido. 

De hecho, la misma Contraloría en el 2020 evidenció que en total, 59 proyectos que fueron contratados por el Fondo de Adaptación para construir o recuperar viviendas afectadas por la ola invernal del 2010, estaban en estado crítico, y que, vaya descaro, podían «convertirse en obras inconclusas y en las que se habría invertido ya para esa época, la nada despreciable suma de $166 mil millones, y sus supuestos beneficiarios, aún 10 años después, seguían sin techo». 

Así quedaron miles de viviendas por los estragos del fenómeno de La Niña en el año 2010.

Pasados dos años de esta advertencia de la Contraloría, no es sólo el proyecto Enraizar II en San Pablo (Bolívar), el que aún no se entrega, sino otros 77 proyectos que se mantienen en un limbo jurídico, por demandas y contrademandas en despachos judiciales. Todos por incumplimiento en tiempos de entrega y de especificaciones técnicas. 

Por citar algunos ejemplos, están el proyecto para la construcción inicial de 333 viviendas en Olaya Herrera (Nariño), por $20 mil millones; y en Guapi (Cauca), un contrato por $18.331 millones para construir inicialmente 267 viviendas. 

En el municipio de Sucre (Sucre) está un proyecto por $18.310 millones para construir 355 viviendas; y en Montecristo (Bolívar), un proyecto de 300 viviendas por un valor de $17 mil millones. 

Hace dos años la misma Contraloría identificó que el promedio de avance físico de estos proyectos es del 61%, es decir se han demorado 40% más del tiempo señalado para su terminación. 

El organismo fiscalizador señalaba entonces que algunos contratistas no acudían a las citaciones y varios proyectos sencillamente estaban suspendidos. 

El departamento con más obras en este estado es La Guajira, seguido de Chocó, Nariño, Magdalena y Sucre. 

Es decir que, miles de habitantes de distintas regiones del país, que resultaron afectados por un fenómeno climático ocurrido hace 12 años, se mantienen a la espera de una solución a su problemática, mientras que los corruptos de siempre, han utilizado sus desgracias para enriquecerse. 

CATACAOS 28 DE MARZO DEL 2017. ZONA EL PEDREGAL GRANDE , DISTRITO DE CATACAOS INUNDADA POR DESBOREDE DEL RIO PIURA. FOTO: LINO CHIPANA / EL COMERCIO

Sin control ni vigilancia

Pero además, si por un lado los organismos de control y vigilancia evidentemente no han hecho su tarea, mucho menos los encargados de los proyectos. 

Empezando por el propio Fondo de Adaptación, que en 11 años no ha cumplido con los fines para los que fue creado, pues no solo en materia de vivienda, sino en otras áreas, demostró su incapacidad para manejar de forma transparente los más de un billón de pesos que le fueron asignados para dar solución a la cantidad de daños que dejó la ola invernal del 2010. 

En el tema específico de construcción o reconstrucción de viviendas el Fondo, determinó dejar en manos de cajas de compensación la contratación de dichos proyectos. 

Hoy día Comfenalco Valle, Comfenalco Santander, Confaguajira y Comfachocó, figuran como las más cuestionadas junto a los contratistas. Varios de estos proyectos tienen un mínimo avance, y otros que están con un porcentaje mayor al 80% en su ejecución, aún no se entregan por líos judiciales. 

En otras palabras el Fondo lleva unos 5 años prácticamente envuelto en querellas judiciales, por el incumplimiento en la entrega de las viviendas a lo largo y ancho del territorio. 

Y entonces cabe preguntar: ¿para qué se firma un contrato con cláusulas de períodos de entrega de obra o producto, si al final no se cumplen, ni la justicia opera para que se cumplan? 

Lo más absurdo del caso es que tanto la Contraloría como la Procuraduría, se han dedicado todo este tiempo, única y exclusivamente a organizar y convocar “mesas temáticas”, reuniones, o hacer de intermediarios para “solucionar” los problemas, pero, poco o nada han hecho por evitar la corruptela alrededor de los recursos que se destinaron para enfrentar aquellos desastres dejados por la ola invernal. 

Así que este anunciado fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría, no solucionará, y tal vez no conseguirá tampoco recuperar los recursos que a estas alturas, quien sabe en qué bolsillos terminaron. 

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