Un senador, un ministro, dos apellidos iguales y un tribunal de paz desfinanciado: así opera un conflicto de interés a plena luz.
El 17 de septiembre de 2026, el senador Enrique Gómez Martínez, director del partido Salvación Nacional, radicó las proposiciones 409 y 410 al Presupuesto General de la Nación 2027. Las dos pedían lo mismo: quitarle plata a la Jurisdicción Especial para la Paz. Las dos fueron aprobadas en comisión. Y las dos fueron las únicas modificaciones al presupuesto que prosperaron en esa sesión. Resultado: más de 181 mil millones de pesos menos para el tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado.
Hasta aquí, un episodio más de la guerra política contra la JEP. Lo que convierte el caso en materia de corrupcionaldia.com es un detalle que los titulares mencionan de pasada: el proyecto de presupuesto que Enrique Gómez modificó lo radicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. Su hermano.
La demanda de pérdida de investidura, presentada ante el Consejo de Estado por el senador Ariel Ávila y otros congresistas, no discute si la JEP merece o no sus recursos. Discute algo más elemental: si un congresista puede legislar sobre el proyecto estrella del gobierno cuando ese proyecto lleva la firma de su propia sangre. La Constitución dice que no. Enrique Gómez, en la plenaria, también dijo que no. En la comisión, dijo que sí.
El mecanismo: impedido en plenaria, operativo en comisión
Para entender cómo funciona el mecanismo, hay que mirar el calendario. El presupuesto de la Nación se discute primero en las comisiones y luego en las plenarias. En la comisión, el senador Gómez radicó sus proposiciones, las defendió y las vio aprobadas. Semanas después, cuando el mismo proyecto llegó a la plenaria del Senado, el mismo senador Gómez se declaró impedido por su vínculo familiar con el ministro, y la plenaria le aceptó el impedimento.
Es decir: el parentesco que le impide votar en la plenaria no le impidió recortar en la comisión. El hermano era hermano en octubre, pero no en septiembre. Ávila lo resumió con una pregunta que no necesita abogados: si está impedido en la plenaria, por qué no estaba impedido en la comisión.
Este es el corazón del Mecanismo Invisible. La corrupción institucional rara vez necesita un maletín. Le basta con el orden del día. El conflicto de interés se neutraliza donde hay cámaras, en la plenaria, y se ejerce donde la atención pública es menor, en la comisión. El resultado práctico es idéntico: el recorte quedó aprobado antes de que el senador descubriera sus escrúpulos. Declararse impedido después de haber hecho el daño no es ética; es coreografía.
Los actores: una cadena de mando familiar
Los actores tienen nombre y apellido, y el apellido es el mismo. Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda del gobierno de Abelardo de la Espriella, radicó el Presupuesto General de la Nación 2027. Enrique Gómez Martínez, senador y director de Salvación Nacional, el partido que apoyó la candidatura del presidente, modificó ese presupuesto para desfinanciar a la JEP. El presidente celebró públicamente la iniciativa. Según RCN, las proposiciones contaron con el aval previo del Ministerio de Hacienda. Es decir, el ministerio del hermano avaló las proposiciones del hermano contra una entidad que el jefe de ambos quiere ver reducida.
Esto no es una coincidencia desafortunada. Es una cadena de mando familiar operando dentro del Estado. El beneficiario político es el gobierno, que logra su objetivo contra la JEP sin tener que firmar el recorte. El beneficiario personal es el senador, que se exhibe ante su electorado como el hombre que le cortó las alas al tribunal de paz. El costo lo pagan las víctimas que esperan sentencias.
El senador Gómez defiende el recorte con el argumento de que la JEP es un fortín burocrático con un presupuesto cercano a los 813 mil millones de pesos anuales. Es un debate legítimo. Lo que no es legítimo es que lo dé él. Porque claro, «responsabilidad fiscal» suena mucho mejor que «mi hermano radicó el presupuesto y yo lo retoqué».
El impacto: 181 mil millones que nadie vio salir
Hablemos de lo que son 181 mil millones de pesos. Son aproximadamente 45 millones de dólares. Equivalen a unos 7.700 salarios mínimos anuales con todas las prestaciones, es decir, un año completo de sueldo para 7.700 familias. Equivalen a unos 45 millones de almuerzos escolares del PAE. Esa es la plata que salió de la JEP en una sesión de comisión que casi nadie vio.
Para el tribunal, la cifra no es abstracta. La JEP advirtió que, sumando la propuesta de Gómez y los ajustes del propio proyecto del gobierno, el desfinanciamiento llega a 185 mil millones de pesos, cerca del 62 por ciento de los recursos que el presupuesto proyectaba para 2027. Su presidente, Alejandro Ramelli, lo llamó asfixia económica y anunció que acudiría a la Corte Penal Internacional y a la ONU. Con ese hueco, el tribunal no paga contratistas, no sostiene sedes, no termina macrocasos. Y detrás de cada macrocaso hay miles de víctimas de secuestro, reclutamiento de menores y falsos positivos que llevan años esperando una sentencia. El recorte no castiga a la burocracia de la JEP. Castiga a quienes la necesitan.
Pero el daño mayor es otro. Si el Consejo de Estado concluye que el recorte se aprobó con un vicio de conflicto de interés, la modificación presupuestal queda bajo sospecha jurídica. Un senador que se declara impedido tarde contamina su propia obra.
El sistema: impedimentos a la carta
Por qué esto pasa y por qué seguirá pasando. El artículo 182 de la Constitución obliga a los congresistas a informar a su cámara las situaciones morales o económicas que los inhiben para participar en un trámite. El artículo 183 establece que la violación del régimen de conflicto de intereses es causal de pérdida de investidura. El artículo 184 ordena al Consejo de Estado decidir en un término no mayor a veinte días hábiles. Las normas existen. El problema es que el sistema las aplica por etapas, y los congresistas aprendieron a jugar con las etapas.
El Congreso colombiano convirtió el impedimento en un trámite decorativo. Se declara cuando conviene, se omite cuando estorba y casi nunca tiene consecuencias. La Ley 2003 de 2019 redujo el alcance del conflicto de interés y dejó en manos de la propia corporación la decisión de aceptar o negar un impedimento. El resultado es un sistema que le pide al zorro que decida si puede cuidar el gallinero. Este caso tiene algo que la mayoría no tiene: el propio senador reconoció el impedimento. En la plenaria. Con su firma. Ese reconocimiento es la prueba que normalmente nunca existe. Lo que el Consejo de Estado debe decidir es si un impedimento parcial, selectivo y tardío equivale a un impedimento. Si la respuesta es que sí, el mecanismo queda legalizado: cualquier congresista podrá votar en comisión lo que no puede votar en plenaria, siempre que recuerde declararse impedido cuando ya no importe.
Y aquí entra la psicología del poder. El impedimento tardío cumple una función: produce la apariencia de rectitud justo cuando el público mira. Es el mismo reflejo del funcionario que devuelve el regalo frente a las cámaras después de haberlo disfrutado en privado. La ciudadanía ve el gesto y olvida el acto. El Mecanismo Invisible no oculta los hechos; los exhibe en un orden que impide verlos.
La pregunta que queda
Este caso le pone un espejo al Congreso. Un senador supo que tenía un conflicto de interés, lo admitió por escrito y, antes de admitirlo, hizo lo que el conflicto le prohibía. Si el Consejo de Estado le da la razón, se sienta un precedente útil: el parentesco no se enciende y se apaga según la sala donde uno vota. Si no, el país aprende otra lección, mucho más cara: que basta con ordenar bien los impedimentos para legislar en familia.
La pregunta no es si hubo conflicto de interés. Eso lo dijo el propio senador. La pregunta es si vamos a seguir aceptando que la ética parlamentaria se active solo cuando prenden las cámaras. Cada peso que sale de un tribunal de víctimas por una votación viciada es una sentencia que nunca llega. Cada impedimento tardío que se tolera es una invitación al siguiente. El sistema no se cambia solo. Pero tampoco cambia mientras nosotros miremos la plenaria y ellos voten en la comisión.
