Mecanismo invisible | Barrancabermeja, Santander
Pistola contra lápiz: la pelea que tapa $119.000 millones en Barrancabermeja
El presidente denunció con cámaras, el alcalde respondió con metáforas y ninguno habló del túnel legal por donde salieron las regalías. corrupcionaldia.com lo había documentado trece días antes y ya radicó sus denuncias ante los organismos de control.
Por Hipólito Palencia | 20 de noviembre de 2026
Nos encontramos en Barrancabermeja, Santander, el puerto petrolero donde una refinería alumbra la noche y uno de cada cinco trabajadores busca empleo. Aquí gobierna Jonathan Vásquez, alcalde de Barrancabermeja desde 2024. Y aquí, el miércoles 18 de noviembre de 2026, el país se enteró por boca del presidente Abelardo de la Espriella de algo que la ciudad comentaba hace meses: según su denuncia ante la Fiscalía, más de $119.000 millones de regalías salieron de la Alcaldía hacia Foncolombia, un fondo mixto que contrata con reglas de derecho privado, y terminaron en siete procesos que nadie encontró en SECOP II. Seis tuvieron un solo oferente. Cuatro de los cinco contratos de obra quedaron en empresas vinculadas a Jorge Humberto Argüello Beltrán, a quien el puerto conoce como «el Bachiller».
El alcalde contestó con literatura. Escribió que el presidente anda con una pistola y él con un lápiz, remató con un «ya veremos si la pistola puede contra el lápiz», corrigió el mensaje dos veces y lo borró. Su oficina de prensa lo llamó reacción impulsiva. Desde ese momento el país discute la metáfora. Nadie discute la hoja de cálculo.
Trece días antes de la denuncia presidencial
Más allá de los titulares hay una fecha que ordena todo. El 5 de noviembre, trece días antes de la visita presidencial al búnker, corrupcionaldia.com publicó la evaluación forense de esta administración: 4,3 sobre 10, gestión mediocre, con 2,5 en transparencia contractual. En ese texto ya estaban la resolución del 30 de diciembre de 2025 que entregó proyectos de regalías a Foncolombia, las licitaciones de febrero con oferente único, la Unión Temporal Solar Barranca 2026 y el apellido Argüello. Con base en ese análisis forense del manejo de los recursos públicos, este medio, al amparo del artículo 270 de la Constitución y de la Confederación Colombiana de Ciudadanos Contra la Corrupción, ya entabló denuncias ante los organismos de control. Tampoco fuimos los primeros en la fila: la Personería Distrital había suspendido el 4 de noviembre a seis funcionarios del gabinete por estos contratos, y Vanguardia seguía el rastro desde septiembre. El presidente llegó a la Fiscalía con cámaras. Los documentos habían llegado antes, sin ellas.
El mecanismo: tres pasos con sello de legalidad
El mecanismo cabe en tres pasos y por eso funciona. Uno: la Alcaldía no contrata, designa un ejecutor. Dos: el ejecutor es un fondo mixto, que no licita con el estatuto de contratación pública sino con su propio manual. Tres: el proceso se convoca en una página que casi nadie visita, llega un proponente y gana el proponente. Cada paso lleva sello de legalidad. La Ley 2056 de 2020 permite designar entidades ejecutoras de proyectos de regalías, y el alcalde lo repite en cada entrevista. Lo que ninguna ley permite es que la plata pública pierda su condición de pública por cambiar de cuenta bancaria. La Ley 1712 de 2014 y el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 ordenan a las entidades de régimen especial que manejan recursos del Estado publicar su actividad contractual en SECOP II. El túnel es legal. Apagarle la luz, no.
La prensa regional ha identificado cuatro de esos contratos: granjas solares por más de $28.000 millones, mantenimiento vial por $22.000 millones, el Colegio Los Laureles por $23.000 millones y la sede B del Colegio 26 de Marzo por $31.000 millones. Suman cerca de $104.000 millones. El resto de la cifra presidencial corresponde a procesos que nadie ha detallado en público, ni el denunciante ni el denunciado.
| Objeto | Valor aproximado | Dato de trazabilidad |
|---|---|---|
| Cuatro granjas solares | $28.000 millones | Unión Temporal Solar Barranca 2026, oferente único |
| Mantenimiento de infraestructura vial | $22.000 millones | Convocado el 4 de febrero de 2026 |
| Colegio Los Laureles | $23.000 millones | Sin detalle público del proceso |
| Sede B del Colegio 26 de Marzo | $31.000 millones | Sin detalle público del proceso |
| Otros procesos de la denuncia | Cerca de $15.000 millones | Sin identificar en fuentes abiertas |
Fuentes: denuncia presidencial del 18 de noviembre de 2026, Vanguardia, Metropolitano y evaluación forense de corrupcionaldia.com. Valores redondeados.
Los seis argumentos del alcalde frente a los documentos
La defensa de Vásquez merece una lectura lenta, porque está diseñada para oírse rápido. Primer argumento: todo es legal. Cierto en la designación, y nadie preguntó eso. La pregunta es por qué seis de siete procesos tuvieron un solo interesado en una ciudad llena de ingenieros, y por qué ninguno apareció en la plataforma pública. Segundo argumento: él no contrató. Ante Noticias Caracol dijo desconocer cómo se adelantó la selección; ante Metropolitano dijo que su papel es exigir cumplimiento a tiempo y a precios justos. Las dos frases no caben en la misma boca. Nadie vigila el precio de un proceso que declara no conocer. Y la resolución que escogió al ejecutor salió de su Secretaría General.
Tercer argumento: persecución política, porque su esposa, la senadora Laura Ahumada García, hace oposición al Gobierno. Es posible que al presidente le resulte cómodo el blanco. Eso no mueve un folio. La Fiscalía acusó a Vásquez en julio de 2025 por presunta compra de votos en las elecciones de 2023, y la Procuraduría lo suspendió tres meses en octubre de 2025 por presunta participación en política. En esas fechas De la Espriella era candidato, no jefe de Estado. La Personería que suspendió a sus secretarios de Planeación, Hacienda e Infraestructura tampoco despacha desde la Casa de Nariño.
Cuarto argumento, el más frágil: las adjudicaciones están lejos de las fechas electorales, así que no hubo plata para campañas. Las licitaciones de granjas solares y vías se convocaron el 3 y el 4 de febrero de 2026. Las elecciones legislativas fueron el 8 de marzo. Son 33 días. En esa elección el hijo del contratista, Cristian Argüello, aspiraba a la Cámara, y la esposa del alcalde aspiraba al Senado. La queja que tramita la Personería sostiene que los contratos se movieron en plena Ley de Garantías. Si eso es lejos, el calendario de Barrancabermeja tiene meses que el resto del país desconoce.
Quinto argumento: las obras avanzan y no hubo anticipos. Ojalá. Es verificable y este medio lo verificará. Pero nadie preguntó si hay ladrillos; se preguntó quién escogió al que los pega y con cuánta competencia. La misma administración que hoy invita a visitar obras tiene $24.817 millones de regalías congelados por Planeación Nacional en cuatro proyectos, entre ellos la protección del río Magdalena, parada desde julio de 2025. Sexto argumento: no tiene cercanía con el Bachiller. Él mismo reconoció que el contratista aparece en siete de las más de veinte obras de su gobierno. Semana publicó imágenes, suministradas por terceros y sin contexto verificado de forma independiente, de su hermano junto al hijo de Argüello en un acto de campaña. Séptimo: que el presidente explique el Fondo Milagro y que denuncie al exalcalde del malecón inconcluso. Eso tiene nombre en lógica y no es defensa.
| Argumento de Vásquez | Contraste documental |
|---|---|
| La designación de ejecutores es legal | La legalidad de designar no responde por el oferente único en seis de siete procesos ni por la ausencia en SECOP II |
| La Alcaldía no contrató y él desconoce cómo se seleccionó | La resolución del 30 de diciembre de 2025 salió de su Secretaría General; él mismo afirma que vigila precios y plazos |
| Es persecución por la oposición de su esposa | Fiscalía, Procuraduría y Personería actuaron antes de la denuncia presidencial; dos de ellas antes del cambio de gobierno |
| Las fechas están lejos de las elecciones | Convocatorias el 3 y 4 de febrero de 2026; elecciones el 8 de marzo: 33 días |
| Las obras avanzan y no hubo anticipos | Verificable en terreno; no explica la selección. Planeación Nacional mantiene $24.817 millones congelados en otros cuatro proyectos |
| No tiene cercanía con el Bachiller | Reconoce que el contratista está en siete de más de veinte obras; Semana publicó imágenes de ambas familias, sin verificación independiente |
| Que el presidente explique el Fondo Milagro | Las dudas sobre ese fondo son reales y no borran un solo dato de Barrancabermeja |
Elaboración: corrupcionaldia.com con base en declaraciones públicas del alcalde y documentos citados.
El Fondo Milagro también debe explicaciones
Ahora la simetría, porque aquí no se le lava la cara a nadie. En el reproche del Fondo Milagro el alcalde roza una verdad. El Gobierno creó ese vehículo tras el terremoto del 10 de agosto, lo dotó en el papel con $624.600 millones y tardó más de dos meses en ponerlo a operar. Transparencia por Colombia emitió alertas tempranas. Su gerente no habla con la prensa por directiva presidencial. Y el 12 de noviembre el propio De la Espriella ordenó reversar una nómina de $765 millones mensuales para 27 funcionarios, después de que una senadora la reveló con un derecho de petición. El presidente que estrenó su Bloque de Búsqueda contra la Corrupción con el esposo de una congresista opositora le debe al país la misma lupa puertas adentro. Dicho esto: que el acusador tenga cuentas pendientes no absuelve al acusado. Dos opacidades no suman una transparencia.
Lo que pagan $119.000 millones de regalías en Barrancabermeja
Mientras ellos comparan armas, conviene traducir la cifra. Con $119.000 millones Barrancabermeja pagaría más de catorce años de alimentación escolar al valor del contrato de 2025. Hoy el programa atiende a 24.621 estudiantes, 2.544 por debajo del mínimo que fijó el Ministerio de Educación, y en 2025 arrancó en agosto. La ciudad cerró ese año con una deuda de $240.939 millones, pagó $47.830 millones en intereses en dos vigencias y dejó $83.000 millones sin ejecutar. No es un municipio pobre. Es un municipio rico que terceriza hasta la vergüenza.
Los controles llegaron todos y ninguno frenó nada
El sistema que lo permite no es barranqueño. El fondo mixto es una franquicia nacional: cualquier alcalde con regalías aprobadas y un ejecutor amigo repite la operación, y los controles llegan cuando el contrato ya está firmado. En este caso llegaron todos y ninguno frenó nada. La Fiscalía acusó, la Procuraduría suspendió, la Personería suspendió, Planeación congeló, y la resolución del 30 de diciembre se firmó igual. El castigo posterior, con o sin presidente en la puerta del búnker, deja intacto el incentivo. Por eso este medio insiste en las Zonas Libres de Corrupción: veeduría ciudadana con dientes antes de adjudicar, cada peso trazable en un portal y un índice público que mida al gobernante mientras gobierna, no cuando ya se fue.
Precisión obligatoria. Jonathan Stivel Vásquez Gómez, Jorge Humberto Argüello Beltrán, sus familiares y los funcionarios suspendidos gozan de presunción de inocencia. Una denuncia no es una imputación, una acusación no es una condena y una suspensión provisional no es una sanción en firme. Lo que aquí se afirma consta en documentos públicos, en decisiones de autoridades y en declaraciones de los propios protagonistas.
El alcalde tiene razón en algo: la historia la cambia el lápiz. El que firmó la resolución del 30 de diciembre, por ejemplo. La pregunta para Barrancabermeja no es quién gana el duelo entre un presidente con micrófono y un alcalde con metáforas. Es más sencilla y más incómoda: si los siete procesos estaban tan limpios, ¿por qué no se publicaron donde todos pudieran verlos?
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Lee la evaluación forense completa: Barrancabermeja, 4,3 sobre 10






